El ex agente civil de inteligencia del Ejército en la última dictadura será juzgado a partir del próximo 3 de junio, junto a otros ex altos militares por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención "Automotores Orletti", que funcionó bajo la órbita de la SIDE en 1976 en el barrio porteño de Floresta.
El juicio comenzará el próximo jueves a las 10 en los tribunales de Retiro a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1, integrado por los jueces Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Jorge Gettas, confirmaron a Télam fuentes judiciales.
De acuerdo a la investigación llevada a cabo por el juez federal de primera instancia Daniel Rafecas, "Orletti" estuvo bajo la órbita del fallecido ex jefe de la Triple A, Aníbal Gordon, y dependía funcionalmente de la Secretaría de Inteligencia del Estado, a cargo entonces del también fallecido Otto Paladino.
Esta será la primera vez que Guglielminetti, apodado "mayor Guastavino", enfrente un juicio oral por delitos cometidos en la dictadura, tras ser detenido en 2006 por orden de Rafecas y luego de que en democracia se reciclase como jefe de la custodia presidencial de Raúl Alfonsín.
Además de Guglielminetti serán juzgados el ex vicecomodoro de la Fuerza Aérea, Néstor Guillamondegui; el ex coronel del Ejército Rubén Visuara, el ex general Eduardo Cabanillas y los ex agentes de la SIDE Honorio Martínez Ruiz y Eduardo Ruffo.
Todos están procesados con prisión preventiva por privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado, en perjuicio de 65 víctimas, cargos que prevén condenas máximas de prisión perpetua.
En el caso de Guglielminetti, la Justicia consideró probado que el ex agente de inteligencia del Batallón 601 del Ejército estuvo en "Orletti" y fue acusado por "privación ilegal de la libertad agravada por su comisión mediante violencia o amenazas, reiterado en 25 oportunidades -dos de ellas calificadas además por su duración superior a un mes- en concurso real con el de imposición de tormentos, reiterado en 25 ocasiones, en calidad de autor material".
El juez Rafecas acusó también a los detenidos por el homicidio de seis personas, entre ellas el hijo del poeta Juan Gelman, Marcelo, cuyos restos aparecieron dentro de tambores hundidos en el Río Luján.
La causa por "Automotores Orletti" es un desprendimiento de la megacausa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito del Primer Cuerpo del Ejército, reabierta tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Este centro clandestino funcionó desde mayo a noviembre de 1976 en Venancio Flores 3519/21, entre Emilio Lamarca y San Nicolás, emplazado en medio de casas bajas de familia en el barrio de Floresta.
Por allí pasaron unos 200 secuestrados, muchos uruguayos como Jorge Zaffaroni y Maria Emilia Islas, padres de Mariana Zaffaroni Islas, una de las nietas recuperadas por Abuelas de Plaza de Mayo.
La vieja casa de dos plantas con frente similar a la fachada de un taller mecánico, hoy conservado como "sitio recuperado para la memoria" era también conocido como "El Jardín" y había sido alquilada por agentes de la SIDE para ser base operativa durante pocos meses del llamado "Plan Cóndor", diseñado por las dictaduras latinoamericanas para perseguir y secuestrar en distintos países.
En el juicio, el Tribunal evaluará como prueba un informe de la Comisión de la Memoria bonaerense referido a 62 victimas y que detalló un organigrama de la SIDE que demuestra que el organismo de inteligencia estatal estuvo a cargo de secuestrar extranjeros, principalmente chilenos, uruguayos, bolivianos y cubanos, muchos de los cuales fueron llevados a "Orletti".
La primera jornada del proceso será en la Sala de Audiencias de los tribunales de Comodoro Py 2002 y luego habrá juicio los jueves, viernes y un miércoles semana por medio en el Salón de Usos Múltiples.
La acusación estará representada por la Unidad para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación, a cargo del fiscal general Guillermo Enrique Friele.
Como querellantes intervendrán la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y abogados de organismos de derechos humanos o familiares de víctimas, entre ellos los letrados Carolina Varsky, Alcira Ríos, Rodolfo Yanzón y Pablo Llonto, entre otros.
El juicio comenzará el próximo jueves a las 10 en los tribunales de Retiro a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1, integrado por los jueces Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Jorge Gettas, confirmaron a Télam fuentes judiciales.
De acuerdo a la investigación llevada a cabo por el juez federal de primera instancia Daniel Rafecas, "Orletti" estuvo bajo la órbita del fallecido ex jefe de la Triple A, Aníbal Gordon, y dependía funcionalmente de la Secretaría de Inteligencia del Estado, a cargo entonces del también fallecido Otto Paladino.
Esta será la primera vez que Guglielminetti, apodado "mayor Guastavino", enfrente un juicio oral por delitos cometidos en la dictadura, tras ser detenido en 2006 por orden de Rafecas y luego de que en democracia se reciclase como jefe de la custodia presidencial de Raúl Alfonsín.
Además de Guglielminetti serán juzgados el ex vicecomodoro de la Fuerza Aérea, Néstor Guillamondegui; el ex coronel del Ejército Rubén Visuara, el ex general Eduardo Cabanillas y los ex agentes de la SIDE Honorio Martínez Ruiz y Eduardo Ruffo.
Todos están procesados con prisión preventiva por privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado, en perjuicio de 65 víctimas, cargos que prevén condenas máximas de prisión perpetua.
En el caso de Guglielminetti, la Justicia consideró probado que el ex agente de inteligencia del Batallón 601 del Ejército estuvo en "Orletti" y fue acusado por "privación ilegal de la libertad agravada por su comisión mediante violencia o amenazas, reiterado en 25 oportunidades -dos de ellas calificadas además por su duración superior a un mes- en concurso real con el de imposición de tormentos, reiterado en 25 ocasiones, en calidad de autor material".
El juez Rafecas acusó también a los detenidos por el homicidio de seis personas, entre ellas el hijo del poeta Juan Gelman, Marcelo, cuyos restos aparecieron dentro de tambores hundidos en el Río Luján.
La causa por "Automotores Orletti" es un desprendimiento de la megacausa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito del Primer Cuerpo del Ejército, reabierta tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Este centro clandestino funcionó desde mayo a noviembre de 1976 en Venancio Flores 3519/21, entre Emilio Lamarca y San Nicolás, emplazado en medio de casas bajas de familia en el barrio de Floresta.
Por allí pasaron unos 200 secuestrados, muchos uruguayos como Jorge Zaffaroni y Maria Emilia Islas, padres de Mariana Zaffaroni Islas, una de las nietas recuperadas por Abuelas de Plaza de Mayo.
La vieja casa de dos plantas con frente similar a la fachada de un taller mecánico, hoy conservado como "sitio recuperado para la memoria" era también conocido como "El Jardín" y había sido alquilada por agentes de la SIDE para ser base operativa durante pocos meses del llamado "Plan Cóndor", diseñado por las dictaduras latinoamericanas para perseguir y secuestrar en distintos países.
En el juicio, el Tribunal evaluará como prueba un informe de la Comisión de la Memoria bonaerense referido a 62 victimas y que detalló un organigrama de la SIDE que demuestra que el organismo de inteligencia estatal estuvo a cargo de secuestrar extranjeros, principalmente chilenos, uruguayos, bolivianos y cubanos, muchos de los cuales fueron llevados a "Orletti".
La primera jornada del proceso será en la Sala de Audiencias de los tribunales de Comodoro Py 2002 y luego habrá juicio los jueves, viernes y un miércoles semana por medio en el Salón de Usos Múltiples.
La acusación estará representada por la Unidad para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación, a cargo del fiscal general Guillermo Enrique Friele.
Como querellantes intervendrán la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y abogados de organismos de derechos humanos o familiares de víctimas, entre ellos los letrados Carolina Varsky, Alcira Ríos, Rodolfo Yanzón y Pablo Llonto, entre otros.
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