Por Adriana Meyer
Representantes de organismos de derechos humanos coincidieron en ponderar la detención de José Alfredo Martínez de Hoz, a quien definieron como un emblema de la dictadura cívico-militar. “Fue uno de los responsables directos del genocidio, quizá más que Videla”, opinó Adriana Calvo, de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD). Esa organización, junto con la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, hizo hace cuatro años el pedido de imputación contra el ex ministro de Economía del último gobierno de facto. “Fue parte de los civiles partícipes de diagramar junto a las Fuerzas Armadas lo que fue la opresión de un pueblo”, dijo Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, al expresar su satisfacción por la decisión judicial.
“Esperamos que los médicos que están evaluando su estado de salud certifiquen sin condicionamientos que si ayer paseaba por (la avenida) Santa Fe, hoy no puede estar enfermo”, agregó Carlotto. Para Taty Almeyda, de Madres Línea Fundadora, es “maravilloso” haber logrado “detener a este individuo que ha sido la cabeza del desastre económico y cómplice total de la dictadura”. Dijo Almeyda a Página/12 que las Madres “esperan que sea el inicio de un avance hacia los civiles, ahí está la esperanza, que se siga haciendo justicia porque los milicos no hicieron el golpe solos, hay una larga fila de civiles cómplices”.
La abogada Andrea Pochak, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), consideró que “cualquier persona tiene que rendir cuentas por los crímenes de lesa humanidad, esto no es una investigación política ni una revancha ideológica, sino una investigación penal y Martínez de Hoz está siendo investigado como responsable directo de un delito, haber sido partícipe de un secuestro”. Pochak hizo esta aclaración en respuesta a quienes piensan que el ex funcionario de la dictadura está siendo juzgado por su responsabilidad como ministro de Economía. “Se lo acusa de un delito aberrante, no por su responsabilidad en el sometimiento económico de un pueblo, lo cual sería fantástico, pero no es el caso, porque la Justicia investiga personas y delitos”, apuntó la letrada del CELS.
“Es un paso importantísimo y nos alegramos de haber conseguido que un personaje como Martínez de Hoz vaya preso”, dijo Calvo (AEDD). Sin embargo, la sobreviviente recordó que “hicieron falta 4 años y tres días desde la presentación de Justicia Ya! para que se anule su indulto, cuando al ex presidente Néstor Kirchner le hubiera demandado cinco minutos firmar un decreto para anular ese indulto”. Para Calvo, es probable que Martínez de Hoz no viva lo suficiente como para recibir su condena, porque “la causa recién empieza”, y lamentó que, en caso de ser sentenciado, “sólo sea por la privación ilegal de dos personas”. A su criterio, “en este país sólo se juzga a los que actuaron directamente en los hechos, no se juzga el genocidio, está claro que las órdenes las daba Martínez de Hoz a Videla”.
Por su parte, el abogado Rodolfo Yanzón hizo un reconocimiento “al que hizo la investigación”, el fiscal Ricardo Molinas. Y opinó que “esto nos tiene que abrir las puertas para discutir otro tipo de responsabilidad, y la relación directa entre delitos económicos, la picana, la capucha y los centros clandestinos de detención es el primer paso para empezar a discutir la responsabilidad de los civiles”.
“Esperamos que los médicos que están evaluando su estado de salud certifiquen sin condicionamientos que si ayer paseaba por (la avenida) Santa Fe, hoy no puede estar enfermo”, agregó Carlotto. Para Taty Almeyda, de Madres Línea Fundadora, es “maravilloso” haber logrado “detener a este individuo que ha sido la cabeza del desastre económico y cómplice total de la dictadura”. Dijo Almeyda a Página/12 que las Madres “esperan que sea el inicio de un avance hacia los civiles, ahí está la esperanza, que se siga haciendo justicia porque los milicos no hicieron el golpe solos, hay una larga fila de civiles cómplices”.
La abogada Andrea Pochak, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), consideró que “cualquier persona tiene que rendir cuentas por los crímenes de lesa humanidad, esto no es una investigación política ni una revancha ideológica, sino una investigación penal y Martínez de Hoz está siendo investigado como responsable directo de un delito, haber sido partícipe de un secuestro”. Pochak hizo esta aclaración en respuesta a quienes piensan que el ex funcionario de la dictadura está siendo juzgado por su responsabilidad como ministro de Economía. “Se lo acusa de un delito aberrante, no por su responsabilidad en el sometimiento económico de un pueblo, lo cual sería fantástico, pero no es el caso, porque la Justicia investiga personas y delitos”, apuntó la letrada del CELS.
“Es un paso importantísimo y nos alegramos de haber conseguido que un personaje como Martínez de Hoz vaya preso”, dijo Calvo (AEDD). Sin embargo, la sobreviviente recordó que “hicieron falta 4 años y tres días desde la presentación de Justicia Ya! para que se anule su indulto, cuando al ex presidente Néstor Kirchner le hubiera demandado cinco minutos firmar un decreto para anular ese indulto”. Para Calvo, es probable que Martínez de Hoz no viva lo suficiente como para recibir su condena, porque “la causa recién empieza”, y lamentó que, en caso de ser sentenciado, “sólo sea por la privación ilegal de dos personas”. A su criterio, “en este país sólo se juzga a los que actuaron directamente en los hechos, no se juzga el genocidio, está claro que las órdenes las daba Martínez de Hoz a Videla”.
Por su parte, el abogado Rodolfo Yanzón hizo un reconocimiento “al que hizo la investigación”, el fiscal Ricardo Molinas. Y opinó que “esto nos tiene que abrir las puertas para discutir otro tipo de responsabilidad, y la relación directa entre delitos económicos, la picana, la capucha y los centros clandestinos de detención es el primer paso para empezar a discutir la responsabilidad de los civiles”.
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