El Tribunal Oral Federal prosiguió ayer con los alegatos en el juicio por delitos de lesa humanidad, y se resalt óque se trata de “la única causa en el país donde se juzga a jueces y fiscales cómplices de la dictadura militar”.
“Estamos siendo emblema en Mendoza en algo positivo porque es la única provincia que está juzgando a jueces y fiscales que impidieron que estos juicios se realizaran".
A la vez, criticó la complicidad de los magistrados y fiscales porque motivó que "35 años después estemos llegando al final del primer juicio del año 2011”.
En otro orden, al evaluar los alegatos, Peñaloza especificó que “lo que estamos planteando es el rol que el Estado Nacional tiene al estar presente en estas causas mediante la Secretaria de Derechos Humanos”.
El Tribunal Oral Federal mendocino realizó ayer la tercera jornada de alegatos presidido por Juan Antonio González Macías, a quien acompañaban Alejandro Piña y Héctor Cortés, en el contexto del juicio por delitos de lesa humanidad iniciado el 17 de noviembre de 2010 con 10 imputados, de los cuales solo continúan 6 en las causas procesados por asesinatos, violaciones, torturas y desapariciones, entre otros hechos.
En la apertura de los alegatos por la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, los abogados Fernando Peñaloza y Pablo Garciarena pidieron que “los hechos investigados queden consignados en la sentencia como que han sido cometidos en el marco de un genocidio que se llevó a cabo en la Argentina en la última dictadura cívico-militar”.
Luego de la extensa exposición, Peñaloza explicó que “se está analizando minuciosamente y con mucha prueba el aparato represivo en Mendoza", con el fin de que en el alegato "quede probado el terrorismo de Estado y su estructura en la desaparición y privación ilegítima de libertad de muchos compañeros”.
En otro aspecto, el letrado resaltó que "como desde 2003 en adelante se marca un cambio político en la Argentina, marcamos la diferencia en nuestros alegatos porque lo sucedido entre finales de los 80´ y los 90´ fue terrible para este proceso”.
“Era necesario marcar el quiebre y la diferencia, la bisagra desde el 2003 en adelante”, puntualizó el representante de la Secretaría de Derechos Humanos.
La ronda de alegatos continuará el próximo martes con la presentación del fiscal Dante Vega, en la sede del Juzgado Federal de esta capital.
“Estamos siendo emblema en Mendoza en algo positivo porque es la única provincia que está juzgando a jueces y fiscales que impidieron que estos juicios se realizaran".
A la vez, criticó la complicidad de los magistrados y fiscales porque motivó que "35 años después estemos llegando al final del primer juicio del año 2011”.
En otro orden, al evaluar los alegatos, Peñaloza especificó que “lo que estamos planteando es el rol que el Estado Nacional tiene al estar presente en estas causas mediante la Secretaria de Derechos Humanos”.
El Tribunal Oral Federal mendocino realizó ayer la tercera jornada de alegatos presidido por Juan Antonio González Macías, a quien acompañaban Alejandro Piña y Héctor Cortés, en el contexto del juicio por delitos de lesa humanidad iniciado el 17 de noviembre de 2010 con 10 imputados, de los cuales solo continúan 6 en las causas procesados por asesinatos, violaciones, torturas y desapariciones, entre otros hechos.
En la apertura de los alegatos por la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, los abogados Fernando Peñaloza y Pablo Garciarena pidieron que “los hechos investigados queden consignados en la sentencia como que han sido cometidos en el marco de un genocidio que se llevó a cabo en la Argentina en la última dictadura cívico-militar”.
Luego de la extensa exposición, Peñaloza explicó que “se está analizando minuciosamente y con mucha prueba el aparato represivo en Mendoza", con el fin de que en el alegato "quede probado el terrorismo de Estado y su estructura en la desaparición y privación ilegítima de libertad de muchos compañeros”.
En otro aspecto, el letrado resaltó que "como desde 2003 en adelante se marca un cambio político en la Argentina, marcamos la diferencia en nuestros alegatos porque lo sucedido entre finales de los 80´ y los 90´ fue terrible para este proceso”.
“Era necesario marcar el quiebre y la diferencia, la bisagra desde el 2003 en adelante”, puntualizó el representante de la Secretaría de Derechos Humanos.
La ronda de alegatos continuará el próximo martes con la presentación del fiscal Dante Vega, en la sede del Juzgado Federal de esta capital.
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