En una resolución de 1300 páginas que da por terminada esta parte de la pesquisa, Rafecas sostiene que está probada la intervención de los diez imputados en 95 privaciones de la libertad y torturas, además del homicidio de una pareja (Oscar Varela y Elsa Ramona Radisic). Describe que los detenidos eran sometidos a “condiciones de existencia inhumanas y degradantes, como el tabicamiento, la sujeción e inmovilización, la exposición a desnudez, las constantes amenazas a ser torturado o asesinado, la prohibición del habla, el alojamiento de los detenidos en lugares insalubres, la tortura con picana, la aplicación de golpes, y en este particular caso se verificó el sometimiento en el caso de catorce personas –doce de ellas mujeres– a torturas de carácter sexual, signadas por violencia de género”.
En el circuito represivo investigado, destaca Rafecas, se registró en forma generalizada el sometimiento de las detenidas a distintos tipos de abusos, prácticas que fueron consideradas como “torturas de carácter sexual”.
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