Todos los represores imputados por delitos de lesa humanidad en la denominada “Causa Goya”, fueron condenados ayer por el Tribunal Oral Federal de Corrientes a 25 años de prisión por la desaparición forzada de personas, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos, durante la última dictadura militar.
Se trata de dos ex policías, Juan Antonio Obregón y Romualdo Baigorria; tres ex militares: Juan Ramón Alcoberro, Alberto Silveira Escamendi, y Norberto Leopoldo Cao, y el ex efectivo de la Prefectura Naval Luis Leónidas Lemos.
La pena fue dispuesta por 27 hechos de violaciones a los derechos humanos, entre ellos las desapariciones del soldado Abel Arce y de la docente y estudiante de Medicina Elida Olga Goyeneche de Sobko, además de hechos de privación ilegítima de la libertad agravados por tormentos.
El abogado de la Asociación Memoria, Derechos Humanos y Solidaridad (ME.DE.S.H), Juan Rajoy, dijo que esperaban “confiados la sentencia. Esto es para nosotros un gran espaldarazo moral, al trabajo honesto y empuje de mucha gente”.
El letrado de la querella dijo que tanto su organización, como los familiares de las víctimas “estamos muy reconfortados porque la Justicia se manifestó a la altura de las circunstancias”.
Luego de la lectura, el Tribunal informó que el 31 de agosto se realizará la lectura completa del fallo, con los respectivos fundamentos.
Rajoy, manifestó también que esperan que tanto Casación como la Corte, confirmen el fallo y se pronuncien en el mismo sentido.
La querella, integrada por los letrados representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Mario Bosch y Daniel Domínguez Henaín; del MEDEHS, Juan Rajoy y de los familiares de las víctimas, además de la Fiscalía, habían pedido la pena máxima de 25 años de prisión con inhabilitación absoluta y perpetua.
En tanto, las defensas había solicitado la absolución para todos los imputados.
La mayoría de los presos políticos eran militantes de las Ligas Agrarias, docentes y militantes de la Juventud Peronista en la zona del Departamento Goya, distante a 220 kilómetros de la capital provincial, donde fueron detenidos en los años 1976 y 1977.
Los grupos de tareas, tuvieron centros clandestinos de detención en Goya en la Compañía de Ingenieros 7, Comisaría Departamental, Prefectura Naval Argentina, Casa del Hípico frente al Regimiento, Destacamento Policial en el Puerto; la Compañía de Telecomunicaciones 121, el Hípico y dentro de él “La Pajarera” actual guardería de lanchas.
En el transcurso del juicio se escuchó el testimonio de unas 60 personas, entre ellos al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien se refirió al plan sistemático represivo aplicado por el Gobierno militar.
“Su visión fue fundamental”, afirmó el titular de la Asociación Memoria, Derechos Humanos y Solidaridad (ME.DE.S.H), Osmar Bello en declaraciones a Télam, a la vez que agregó que “es importante que el país salde sus deudas, para que los jóvenes vivan en libertad”.
El juicio incluyó durante su proceso, la fuga de uno de los imputados Leopoldo Cao, que se mantuvo prófugo por dos semanas, tiempo que tuvieron que suspenderse las audiencias, hasta que fue capturado el 11 de junio por las fuerzas federales.
La causa “Panetta”, más conocida como “Causa Goya”, fue el tercer juicio por delitos de lesa humanidad que se realizó en la provincia de Corrientes.
El primero fue en 2008, la causa Regimiento 9, como centro clandestino de detención y por el cual fueron sentenciados con distintas penas, los militares Manuel Barreiro y Horacio Losito, el capitán Juan Carlos De Marchi y el gendarme Raúl Alfredo Reynoso, por desapariciones, entre ellas la del joven estudiante de abogacía, Romulo Artieda, y torturas.
El día de la sentencia, es recordado además por la amenaza de muerte que la activista Cecilia Pando, hizo en la Sala al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde.
El segundo juicio, se realizó en 2009, fue el denominado “Causa Ayala”, en el que fue condenado a 25 años de prisión el ex funcionario policial de la provincia, Diego Manuel Ulibarrie, por la desaparición de Vicente “Cacho” Ayala, Julio César Barozzi, Orlando Romero y Jorge Saravia Acuña.
Se trata de dos ex policías, Juan Antonio Obregón y Romualdo Baigorria; tres ex militares: Juan Ramón Alcoberro, Alberto Silveira Escamendi, y Norberto Leopoldo Cao, y el ex efectivo de la Prefectura Naval Luis Leónidas Lemos.
La pena fue dispuesta por 27 hechos de violaciones a los derechos humanos, entre ellos las desapariciones del soldado Abel Arce y de la docente y estudiante de Medicina Elida Olga Goyeneche de Sobko, además de hechos de privación ilegítima de la libertad agravados por tormentos.
El abogado de la Asociación Memoria, Derechos Humanos y Solidaridad (ME.DE.S.H), Juan Rajoy, dijo que esperaban “confiados la sentencia. Esto es para nosotros un gran espaldarazo moral, al trabajo honesto y empuje de mucha gente”.
El letrado de la querella dijo que tanto su organización, como los familiares de las víctimas “estamos muy reconfortados porque la Justicia se manifestó a la altura de las circunstancias”.
Luego de la lectura, el Tribunal informó que el 31 de agosto se realizará la lectura completa del fallo, con los respectivos fundamentos.
Rajoy, manifestó también que esperan que tanto Casación como la Corte, confirmen el fallo y se pronuncien en el mismo sentido.
La querella, integrada por los letrados representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Mario Bosch y Daniel Domínguez Henaín; del MEDEHS, Juan Rajoy y de los familiares de las víctimas, además de la Fiscalía, habían pedido la pena máxima de 25 años de prisión con inhabilitación absoluta y perpetua.
En tanto, las defensas había solicitado la absolución para todos los imputados.
La mayoría de los presos políticos eran militantes de las Ligas Agrarias, docentes y militantes de la Juventud Peronista en la zona del Departamento Goya, distante a 220 kilómetros de la capital provincial, donde fueron detenidos en los años 1976 y 1977.
Los grupos de tareas, tuvieron centros clandestinos de detención en Goya en la Compañía de Ingenieros 7, Comisaría Departamental, Prefectura Naval Argentina, Casa del Hípico frente al Regimiento, Destacamento Policial en el Puerto; la Compañía de Telecomunicaciones 121, el Hípico y dentro de él “La Pajarera” actual guardería de lanchas.
En el transcurso del juicio se escuchó el testimonio de unas 60 personas, entre ellos al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien se refirió al plan sistemático represivo aplicado por el Gobierno militar.
“Su visión fue fundamental”, afirmó el titular de la Asociación Memoria, Derechos Humanos y Solidaridad (ME.DE.S.H), Osmar Bello en declaraciones a Télam, a la vez que agregó que “es importante que el país salde sus deudas, para que los jóvenes vivan en libertad”.
El juicio incluyó durante su proceso, la fuga de uno de los imputados Leopoldo Cao, que se mantuvo prófugo por dos semanas, tiempo que tuvieron que suspenderse las audiencias, hasta que fue capturado el 11 de junio por las fuerzas federales.
La causa “Panetta”, más conocida como “Causa Goya”, fue el tercer juicio por delitos de lesa humanidad que se realizó en la provincia de Corrientes.
El primero fue en 2008, la causa Regimiento 9, como centro clandestino de detención y por el cual fueron sentenciados con distintas penas, los militares Manuel Barreiro y Horacio Losito, el capitán Juan Carlos De Marchi y el gendarme Raúl Alfredo Reynoso, por desapariciones, entre ellas la del joven estudiante de abogacía, Romulo Artieda, y torturas.
El día de la sentencia, es recordado además por la amenaza de muerte que la activista Cecilia Pando, hizo en la Sala al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde.
El segundo juicio, se realizó en 2009, fue el denominado “Causa Ayala”, en el que fue condenado a 25 años de prisión el ex funcionario policial de la provincia, Diego Manuel Ulibarrie, por la desaparición de Vicente “Cacho” Ayala, Julio César Barozzi, Orlando Romero y Jorge Saravia Acuña.
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