“Un modus operandi que perduró en el tiempo”
Fue acusado por unanimidad de haber “omitido en forma reiterada y prolongada” la investigación de “delitos de lesa humanidad de los que habría tomado conocimiento en su condición de fiscal federal y de juez federal subrogante”, entre 1975 y 1983.
Por Irina Hauser
Quedará suspendido hasta que termine su juicio político, algo que deberá ocurrir antes de que se cumplan 180 días hábiles.
Romano quedará suspendido como camarista hasta que termine su juicio político, algo que deberá ocurrir –según la Constitución– antes de que se cumplan 180 días hábiles contados a partir de la sesión de ayer. La decisión del Consejo señala sospechas de “mal desempeño” y la “posible comisión de delitos” en función de un dictamen que propuso el representante del Poder Ejecutivo, Hernán Ordiales, quien estuvo al frente del expediente. A su vez, este consejero se basó en los fallos judiciales, de primera instancia y de Cámara, por los que Romano está procesado como partícipe primario en 103 delitos de lesa humanidad que van desde secuestros, torturas, allanamientos ilegales y robo de bienes hasta el archivo de la causa por la apropiación de una hija de desaparecidos que impulsó invocando las leyes de impunidad (pese a que no eran aplicables a ese delito). Se le adjudican conductas como no haber denunciado o investigado evidentes violaciones a los derechos humanos de las que habría tenido conocimiento por los detenidos o por visitas a los centros de detención como el D2 –el del Departamento de Policía de Mendoza– y la U9 de La Plata (ver testimonios aparte), e incluso haberse basado en testimonios obtenidos bajo tortura para promover causas por la llamada “ley antisubversiva”, de los tiempos de la Triple A.
La acusación y suspensión fueron votadas por integrantes de todos los sectores y fuerzas políticas representados en el Consejo: el camarista laboral y presidente del cuerpo, Mario Fera; el académico Manuel Urriza, el representante del Poder Ejecutivo, Hernán Ordiales; los senadores kirchneristas Ada Iturrez y Marcelo Fuentes y el radical Mario Cimadevilla; el diputado oficialista Carlos Moreno y el de la UCR Oscar Aguad, y los abogados Alejandro Fargosi y Daniel Ostropolsky. Este último, un mendocino que había sido cuestionado por vínculos con el acusado, apoyó la suspensión, pero acotó que había que investigar y juzgar por igual a jueces que pudieran tener “claudicación en la independencia judicial” cualquiera fuera el gobierno de turno. Los únicos ausentes fueron el camarista Ricardo Recondo –asumido militante antikirchnerista y referente de la Asociación de Magistrados– y la diputada del Frente para la Victoria Stella Maris Córdoba, de campaña por Tucumán, donde es candidata a gobernadora.
En el recinto, que desbordaba de gente, estaban la secretaria de Derechos Humanos de Mendoza, María José Ubaldini; el subsecretario de Gobierno, Ariel Pringles; representantes de organismos de derechos humanos como el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) –que impulsó la causa–, algunas de las víctimas que comprometieron a Romano con sus relatos, el abogado Rodolfo Yanzón y Angela Urondo, secuestrada junto con sus padres, el escritor Paco Urondo, asesinado, y Alicia Raboy, desaparecida. Había un grupo encabezado por el secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato, y unos cuantos curiosos del Poder Judicial. A medida que los consejeros encendían su micrófono y anunciaban su voto, la platea iba ganando sonrisas, que terminaron en un intenso aplauso ante el anuncio de la suspensión.
Si hay algo que desconcierta a los mendocinos es haber pasado de ser una de las provincias más rezagadas en los juicios de lesa humanidad, con record de represores sueltos, a tener audiencias y condenas y en menos de un año dos jueces suspendidos por haber actuado en complicidad con la maquinaria dictatorial. Uno de ellos, Luis Miret, juez durante la última dictadura, fue destituido en marzo último. Tenía imputaciones y hechos en común con Romano, quien en forma contemporánea era fiscal. El caso de Miret abrió un nuevo ciclo donde crece el número de investigaciones que involucran a jueces en acciones colaboracionistas con la dictadura y/o en conductas tendientes a evitar el juzgamiento del terrorismo de Estado aún en la actualidad. Pero Romano recurrió a todo a su alcance para frenar su juicio penal y su proceso de destitución, y lo logró por un tiempo: con una medida cautelar de un conjuez abogado puso stop en el Consejo hasta hace poco. En la causa judicial hizo apartar al juez que lo procesó, algo que llevó meses revertir. Los consejeros Ordiales y Moreno, que fueron fiscales en el jury a Miret, también lo serán en el juicio a Romano.
El dictamen acusatorio aprobado propone siete cargos contra Romano, que precisan algunos casos concretos de omisión de denuncias y requerimiento de medidas, pero confluyen en una conclusión: “La conducta omisiva del Dr. Romano respecto de delitos de lesa humanidad resulta sistemática, ya que no se reduce a uno o pocos casos aislados, sino que por su reiteración demuestra un patrón de conducta, un modus operandi, y por otra parte resulta prolongada, ya que ha perdurado en el tiempo. Ello se registra no sólo (...) entre 1975 y 1983 sino que (...) hasta el día de hoy nada hizo el juez Romano para promover la investigación de los delitos de los que tuvo conocimiento mientras se desempeñaba en el cargo de fiscal federal de primera instancia, sin perjuicio de haber continuado ininterrumpidamente siendo funcionario, ya sea como miembro del Ministerio Público Fiscal o del Poder Judicial de la Nación”.
Las voces de las víctimas
“Después de visitarme en la celda, Romano le dijo a Miret que yo era una delincuente subversiva”, cuenta Luz Faingold, que fue detenida en 1975. La denuncia de Fernando Rule ante el Consejo de la Magistratura que permitió la aparición de otros testimonios.
Por Irina Hauser
Romano y otros funcionarios del Poder Judicial aplicaron desde 1975 la “ley antisubversiva”.
Fernando Rule tiene una barba gris muy tupida y anteojos pequeños, ovalados. Estuvo siete años detenido desde febrero de 1976 en el D2 (el centro de detención del Departamento de Policía de Mendoza), en la cárcel provincial, la U9 de La Plata y en Caseros. Sufrió torturas, vio morir a varios amigos y presenció la violencia sexual a su propia compañera a pocas celdas de la suya. Cuenta que hace algunos años, reunido con el abogado de derechos humanos Pablo Salinas, intentaban descifrar qué pasaba en Mendoza que no lograban que avanzaran los juicios por los crímenes de la última dictadura, que todo se dilataba y hasta los represores salían libres. Le dieron vueltas al tema, hasta que cayeron en la cuenta de que “la clave estaba en la Cámara Federal”, dice. “Los mismos jueces de ese tribunal que ponían escollos para avanzar habían sido jueces o fiscales durante el terrorismo de Estado. Es más, vimos que Luis Miret defendía como profesor de Etica en la Universidad de Cuyo a la dictadura porque había puesto orden; Miret había sido juez antes de camarista, Otilio Romano, su fiscal”, cuenta. Fue así como se convirtió en el primero en denunciarlos junto con David Blanco, quien falleció, ante el Consejo de la Magistratura.
Miret fue destituido en marzo último por el jurado de enjuiciamiento, por haber omitido investigar denuncias de torturas y secuestros. Romano fue suspendido por las mismas razones, y por más hechos todavía. A Rule aún le parece increíble haber estado preso en calabozos del palacio policial cuyo diseño había seguido de cerca, ya que era técnico en electrónica y proyectaba las comunicaciones de los edificios públicos. No recuerda haberse cruzado personalmente con Romano o Miret, aunque sí que este último, quien actuó como su defensor oficial, les dijo a sus padres: “Si su hijo atentó contra el Estado, tenga en cuenta que a mí me paga el Estado”. La denuncia de este ex detenido dio pie a la aparición de otros testimonios que fueron ayudando a reconstruir el papel que estos funcionarios del Poder Judicial tuvieron ya desde 1975, cuando aplicaban la llamada “ley antisubversiva”.
Invocando esa norma fue como detuvieron a Luz Faingold, en 1975, cuando militaba en la escuela secundaria, en la Organización Revolucionaria Poder Obrero y era delegada de su curso, en quinto año. Luz, de pelo lacio y ojos color miel, era menor de edad, tenía 17 años, pero la mandaron al D2, una cárcel de adultos, donde estuvo una semana. Un día –le cuenta a Página/12–, alguien abrió la puerta de su celda. “Pensé que venían a buscarme, para irme a casa. Vi un hombre con aspecto de abogado”, repasa, junto a su hija.
–¿Me voy? –preguntó Luz, ilusionada. El hombre hizo un “no” con la cabeza.
“Nunca supe quién era verdaderamente ese señor –dice Luz–, hasta hace un tiempo, cuando vi en los diarios de Mendoza una foto de Romano que había salido a festejar con champán en un restaurante con otro camarista, Julio Petra Fernández, que habían apartado al juez que lo había llamado a indagatoria por crímenes de lesa humanidad. Hasta ese día, la única foto que circulaba de Romano no se parecía a la imagen que yo recordaba. Esta sí.” Durante su cautiverio, Luz sufrió ataques sexuales que incluso eran oídos desde otros calabozos. En uno de ellos estaba su pareja, quien denunció lo que sucedía, además de las torturas a otros detenidos. Ni el fiscal Romano ni el juez Miret, dice Luz, investigaron nada. “Después de visitarme en la celda, Romano le dijo a Miret que yo era una delincuente subversiva y que desaconsejaba la restitución a mis padres, que me buscaban. Estuve en un hogar de niños por tres semanas, hasta que pude volver a casa”, cuenta.
Luis Toledo también fue detenido en Mendoza a los 18 años, cuando militaba en la Juventud Peronista. Su primera parada fue también el D2, donde un suboficial que le fue a tomar los datos le leyó lo que le imputaban: “Delincuente subversivo sin Dios y sin Patria, al servicio de la sinarquía internacional y en contra de la Iglesia Católica y el Ejército Argentino”. Lo conoció a Romano, cuenta a este diario, pero no fue en Mendoza, sino mucho más lejos, en la U9 de La Plata, donde lo trasladaron. “Primero vinieron a verme unos tipos, que me querían hacer firmar unos papeles. Con el tiempo entendí que eran para armarme una causa, pero en ese momento estaba muy golpeado y no tenía claridad para pensar. Después aparecí en un expediente con otras tres personas sobre un allanamiento a una casa donde habían encontrado cientos de panfletos. Luego apareció Romano, que me pidió el nombre, me informó de la causa y preguntó si tenía algo que decir. Dijo que si firmaba un arrepentimiento tendría una condena menor. Para esto me sacaban de la celda, me llevaban a otro lugar dentro del mismo centro. Más adelante me vino a tomar declaración el juez Gabriel Guzzo. Cuando me están llevando a una oficina, me cruzo con Romano otra vez”, repasa Luis, con mezcla de acento norteamericano, producto de haberse exiliado a Wa-shington cuando recuperó la libertad. Allí terminó el secundario, estudió sociología y construyó su vida hasta hace dos meses, cuando volvió a la Argentina.
Eugenio Pais, quien también estuvo ayer en la audiencia en el Consejo de la Magistratura, es otra de las víctimas que se sumaron a las denuncias contra los camaristas por no haber investigado ni su secuestro, en el D2, ni el de sus compañeros. Angela Urondo pudo reconstruir que estuvo al menos una noche en el D2 con apenas un año (luego la llevaron a Casa Cuna), mientras mataban a su papá, el escritor Paco Urondo, y desaparecían a su mamá, Angela Raboy. “¿Cómo es que nadie investigó mi paso por ahí?”, se pregunta.
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