La Fiscalía del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Misiones solicitó que las causas donde se investigan delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la Jefatura de Policía y en el Regimiento de Infantería de Monte 30 de Apóstoles, sean ventilados en un único juicio oral y público. Fuentes judiciales dijeron que el pedido obedece a que muchas de las víctimas deben declarar en ambas causas y con esta unificación se intenta la revictimización. El planteo ya fue elevado a los camaristas que iban a juzgar a cinco integrantes de la Policía de Misiones que están acusados de la aplicación de tormentos al menos contra 42 personas y privaciones ilegítimas de la libertad.
Más allá de lo que resuelvan los camaristas Rubén David Quiñones, Alfredo García Wenk y Eduardo Ariel Belforte, está claro que el o los juicios orales recién se realizarán el próximo año pese a que la causa de la Jefatura de Policía debía realizarse en el transcurso de 2011.
La primera
Más allá de lo que resuelvan los camaristas Rubén David Quiñones, Alfredo García Wenk y Eduardo Ariel Belforte, está claro que el o los juicios orales recién se realizarán el próximo año pese a que la causa de la Jefatura de Policía debía realizarse en el transcurso de 2011.
La primera
La primera en llegar a debate fue el expediente 87/10, en el que están imputados el ex coronel del Ejército y jefe de la Policía de Misiones, Carlos Omar Herrero; el ex comisario Felipe Nicolás Giménez; y el ex médico de esa fuerza, Guillermo Roque Mendoza. Este último deberá responder por privaciones ilegítimas de la libertad agravada y de aplicación de tormentos agravados en tres hechos.
En un primer momento el expediente fue elevado a juicio con estos tres procesados, pero luego se sumaron el ex sargento Julio Argentino Amarilla y ahora su camarada Carlos Alberto Pombo. Los expedientes fueron unificados por el Tribunal para evitar el desgaste que implica realizar dos juicios más en casos que tienen relación.
En los juicios por delitos de lesa humanidad que ya se realizaron en Misiones, las víctimas sobrevivientes relataron que eran alojadas esposadas y encapuchadas en dependencias de la Jefatura de Policía antes de ser conducidos a otros centros clandestinos de detención. Y que en ese lugar eran picaneados por policías que contaban con la supervisión del médico Mendoza, quien revisaba a las víctimas y autorizaba o no la continuidad de la sesión de tortura, de acuerdo con el testimonio de las víctimas.
El “graduado de Honor”
El otro expediente que podría llegar a debate en forma simultánea con el de la Jefatura de Policía tiene como único imputado al general de brigada retirado Leopoldo Héctor Flores (80), un graduado de honor de la tristemente célebre Escuela de las Américas. El militar está considerado autor mediato de 21 hechos de tormentos y un homicidio calificado.
El por entonces teniente coronel Flores se desempeñó como jefe del Regimiento de Apóstoles entre octubre de 1975 hasta octubre de 1977, cuando fue reemplazado por su camarada Antonio José Deimundo Piñeiro. Para los investigadores está claro que las denominadas “operaciones militares sobre el terreno” estuvieron a cargo del Ejército y no de la Marina pese a que esa fuerza se había hecho cargo de la gobernación tras el golpe militar.
En base a la documentación reunida por la Justicia Federal, se estableció que Flores encabezó muchos de los operativos en distintos puntos de la provincia, siempre bajo control del Jefe del Distrito Militar Misiones, que actuaba como enlace con el comandante de la Brigada de Infantería VII, que tenía su asiento en Corrientes.
“A cargo del Regimiento de Monte 30 estuvieron todos los procedimientos de secuestro y detención de personas en el interior de la provincia, traslados y disposición de las mismas con control jerárquico correspondiente”, señaló el fiscal al momento de pedir la elevación a juicio del expediente.
Uno de los principales objetivos del Regimiento y del Ejército en Misiones fueron los miembros del Movimiento Agrario de Misiones, considerados verdaderos terroristas por las fuerzas armadas, que los vinculaban al grupo armado Montoneros.
Otro policía a juicio
El Juzgado Federal de Posadas remitió al Tribunal Oral en lo Criminal Federal el expediente en el que se halla procesado el ex suboficial de la Policía Carlos Alberto Pombo. El uniformado está acusado de haber cometido diez hechos de tortura.
En el departamento Informaciones de la Jefatura de Policía, sobre la calle Santiago del Estero funcionó durante la última dictadura militar un centro clandestino de detención donde los presos políticos eran sometidos a sesiones de tortura para obtener datos sobre el movimiento de supuestos subversivos en la Tierra Colorada.
Identidad de inocentes
La nieta recuperada Nº 78, Victoria Montenegro, estuvo en Misiones para participar del señalamiento de un centro clandestino de detención en los años de la última Dictadura Militar en lo que es la sede física de la Policía Federal. En ese lugar se colocó una placa recordatoria.
"A mí me costó muchísimo caer sobre mi situación. Yo me creía hija del matrimonio que me crió y gracias a las Abuelas de Plaza de Mayo que me buscaron y que pidieron el ADN sabiendo que yo no lo quería, pude recuperar mi identidad. Me costó. Más de ocho años". En la ocasión, familiares de las víctimas de la dictadura militar destacaron la posibilidad de "conocer la verdad a través de los juicios".
"A uno de mis hijos lo mataron y al otro lo detuvieron durante 8 años. El detenido estuvo acá (Policía Federal). Es muy importante esto porque quedará para el recuerdo de toda la sociedad y jóvenes", expresó una mujer que también participó del acto realizado en la repartición policíaca ubicada sobre la calle Ayacucho.
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