Los crímenes cometidos en Acindar son de lesa humanidad

El principal acusado es el ex ministro José Alfredo Martínez de Hoz

El juez federal Norberto Oyarbide incorporó a los representantes de la UOM de Villa Constitución como querellantes en la causa en la cual investiga los delitos de lesa humanidad cometidos con la complicidad de los directivos de la empresa Acindar y que tienen como principal involucrado al ex ministro José Alfredo Martínez de Hoz. Con esta decisión, el magistrado, además, confirmó que los crímenes que se realizaron en ese contexto son considerados de “lesa humanidad” y por lo tanto resultan imprescriptibles.

La UOM de Villa Constitución se suma como querellante a los organismos que ya intervienen en la causa, como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, organismo que ya había sido reconocido en tal rol.

El viernes, el magistrado –titular de Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 5 de esta Capital– dispuso el comienzo de la instrucción penal para la investigación de los crímenes cometidos en el marco de la “Operación Serpiente Roja del Paraná” perpetrada por fuerzas armadas, de seguridad y civiles del Ministerio de Bienestar Social y la dirección de la empresa metalúrgica Acindar en la ciudad santafesina de Villa Constitución en el mes de marzo de 1975.

El juez Oyarbide escuchó los testimonios de los dirigentes gremiales y víctimas directas del operativo represivo como Alberto Piccinini y Juan Jesús Actis. Luego de recibir las declaraciones que realizaron los dirigentes, Oyarbide confirmó la reciente decisión de considerar los hechos delictivos denunciados como realizados con la tolerancia y aquiescencia del poder del Estado y por ende “crímenes de lesa humanidad” de carácter imprescriptible.

La resolución del magistrado luego de las medidas procesales que fue tomando, sumó ahora un nuevo elemento al permitir que la UOM de Villa Constitución se pueda incorporar como querellante en la causa 16.251/10 y que está caratulada como “Martínez de Hoz, José Alfredo y otros sobre/ Allanamiento ilegal y otros”.

La medida adoptada por el magistrado debe continuar ahora con el avance de la causa. Se espera que la fiscalía dictamine sobre las medidas de prueba a realizar para poner definitivamente en marcha la investigación. El hecho, ocurrido hace casi 37 años, significó un antecedente directo de los métodos que luego se aplicarían durante la dictadura que se instauró a partir del 24 de marzo de 1976, que colocó a Jorge Rafael Videla como presidente de facto.

La denuncia por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la empresa Acindar había sido promovida por la Liga en diciembre de 2010 en forma conjunta con los representantes de la UOM de Villa Constitución y la CTA de esa ciudad. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos buscaron “poner en claro la participación directa de las grandes empresas locales y trasnacionales en la construcción y desarrollo, tanto ideológico como material, del terrorismo de Estado y el genocidio”, según indicó la Liga.

Por medio de un comunicado, agregaron que “la demorada pero necesaria apertura del proceso de instrucción debe verse como un paso fundamental en la labor colectiva de luchar por el juicio y castigo a todos los responsables del terrorismo de Estado, con especial énfasis en el bloque social integrado por civiles y militares”.