La Federación Judicial Argentina pide la remoción del Juez Hooft por delitos de lesa humanidad La Mesa Directiva Nacional de la Federación Judicial Argentina (FJA) manifestó su “repudio” ante la “indeseable permanencia de jueces comprometidos con la dictadura militar” como el caso del Magistrado Pedro Hooft. Desde la entidad se exigió que la Legislatura bonaerense avance en su remoción a través del juicio político. En numerosas oportunidades, la Federación Judicial Argentina expresó su opinión en relación con la situación del sistema judicial en nuestro país, y puntualmente con la persistencia de jueces y funcionarios que fueron partícipes del Estado terrorista y cómplices del genocidio perpetrado durante la dictadura cívico-militar. En ese sentido, desde la FJA se indicó que “a pesar de que existen normas constitucionales y mecanismos institucionales para desplazar definitivamente a esos nefastos personajes, no se ha llegado a fondo en problema.
Es así como nos encontramos a veces con la ‘sorpresa’ de que camaristas u otros magistrados ‘huyen’ a otros países cuando se encuentran que están a punto de ser procesados en causas por violaciones a los derechos humanos, siendo que, sin embargo, podrían haber sido destituidos o removidos legítimamente mucho antes”. A renglón seguido, se detalló: “Ese fue el caso de Otilio Roque Romano. Y sería el de muchos otros si los juicios que están en marcha profundizan en la investigación de la manera en que la farsa de poder judicial que actuó en aquel período se encargó de encubrir los crímenes rechazando habeas corpus, denegando libertades, ocultando de todas las maneras posibles la acción del terrorismo de Estado”. “No se trata de un problema solo de justicia retroactiva o deber moral, lo que no sería poco decir. Se trata también de un problema que incide en nuestra vida judicial de modo cotidiano porque estos personajes siguen actuando muchas veces con la misma impunidad y autoritarismo que en los viejos tiempos.
Son parte de un poder judicial que aún hoy promueve la brutalidad policial, la degradación de las cárceles, la violación de los derechos humanos, la criminalización de la protesta y todas las injusticias imaginables. Tales son los casos, por ejemplo, de los jueces Julio Casanello (en Quilmes), Pedro Federico Hooft (en Mar del Plata), Néstor Montezanti (Bahía Blanca), entre otros. Es nuestro deber, remover a estos magistrados inmediatamente. Así habremos dado un paso más en dirección a una auténtica democracia”, destacaron desde la Mesa Directiva Nacional de la Federación Judicial Argentina.
Cabe recordar que hace pocos días, tal como adelantó 0223.com.ar, el fiscal federal subrogante de Mar del Plata, Claudio Kishimoto, le solicitó al juez Alfredo López que cite a declaración indagatoria a su par de primera instancia Pedro Federico Hooft por su supuesta participación en violaciones a los derechos humanos cometidas en esa ciudad balnearia durante la pasada dictadura militar. El pedido de Kishimoto contra Hooft refiere al secuestro y posterior desaparición de un grupo de abogados marplatenses, entre los que figuran Tomás Fresneda y su esposa, Mercedes Argañaraz; Norberto Centeno, redactor de la Ley de Contrato de Trabajo; Raúl Hugo Alais, Salvador Arestín y Jorge Candeloro y su esposa Marta García –una de las pocas sobrevivientes– en lo que se iba a conocer como La Noche de las Corbatas. El hecho ocurrió entre el 6 y el 8 de julio de 1977.
Se trata de la acusación central que utilizó el fiscal para imputarle a Hooft los delitos de “prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de promover la persecución y represión” de víctimas del terrorismo de Estado, así como la sustracción de medios de prueba, dada la desaparición de la mayoría de los expedientes que se tramitaron en su juzgado. Por esos hechos, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenó a la pena de prisión perpetua a Gregorio Rafael Molina, un ex suboficial de la Fuerza Aérea que integró la patota represiva y era uno de los encargados de la tortura. Por esos mismos hechos, en la actualidad, está siendo juzgada entre otros, parte de los integrantes de la plana mayor de la agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601 y de los policías que estuvieron a cargo de la ex Regional Cuarta de la Policía Bonaerense en esta ciudad. Además de la denuncia penal promovida contra el magistrado tanto por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, como por los organismos de derechos humanos marplatenses, se sumó un pedido de jury de enjuiciamiento que logró avanzar en la Justicia y que Hooft se encargó de entorpecer con presentaciones de todo tipo, que fueron rechazadas sucesivamente. En ese sentido, si bien la ley en la materia establece que una vez abierto el proceso el juez cuestionado debe quedar automáticamente suspendido, eso no ocurrió en este caso y aún está pendiente su fecha de debate
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