Piden que se acelere el jury contra Pedro Federico Hooft
Ocupa el juzgado en lo Criminal y Correcional Nº 4 de Mar del Plata. Fue considerado por los querellantes como un “engranaje funcional” de los crímenes de lesa humanidad. Reclaman que no se lo deje abandonar el país.
Denunciado penalmente por delitos de lesa humanidad y a la espera del juicio político en el Consejo de la Magistratura, el juez Pedro Federico Hooft continúa al frente del Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 4 de Mar del Plata, a pesar de los constantes reclamos de organismos de Derechos Humanos para que se lo aparte.
El célebre Hooft es el último juez acusado por graves delitos cometidos durante la última dictadura que continúa en funciones, luego de las renuncias de los camaristas de Mendoza Otilio Romano, Luis Miret y Julio Petra. El marplatense es considerado por la querella de esas causas como “un engranaje funcional, un partícipe necesario, de los crímenes de lesa humanidad cometidos dentro del sistema represivo que funcionó en la Subzona 15”.
La permanencia en la justicia de este magistrado es denunciada por la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del centro y sur de la provincia de Buenos Aires. A fines del año pasado, el organismo realizó una presentación ante la Suprema Corte bonaerense para solicitar que se conforme de manera urgente el jury que debe tratar el pedido de destitución de Hooft y no esperar hasta marzo, cuando los legisladores provinciales vuelven a sus funciones. También reclamaron que no se lo deje salir del país y así evitar un caso similar al del ex camarista Romano, quien se fugó a Chile y realizó un pedido frustrado de asilo político.
Ocupa el juzgado en lo Criminal y Correcional Nº 4 de Mar del Plata. Fue considerado por los querellantes como un “engranaje funcional” de los crímenes de lesa humanidad. Reclaman que no se lo deje abandonar el país.
Denunciado penalmente por delitos de lesa humanidad y a la espera del juicio político en el Consejo de la Magistratura, el juez Pedro Federico Hooft continúa al frente del Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 4 de Mar del Plata, a pesar de los constantes reclamos de organismos de Derechos Humanos para que se lo aparte.
El célebre Hooft es el último juez acusado por graves delitos cometidos durante la última dictadura que continúa en funciones, luego de las renuncias de los camaristas de Mendoza Otilio Romano, Luis Miret y Julio Petra. El marplatense es considerado por la querella de esas causas como “un engranaje funcional, un partícipe necesario, de los crímenes de lesa humanidad cometidos dentro del sistema represivo que funcionó en la Subzona 15”.
La permanencia en la justicia de este magistrado es denunciada por la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del centro y sur de la provincia de Buenos Aires. A fines del año pasado, el organismo realizó una presentación ante la Suprema Corte bonaerense para solicitar que se conforme de manera urgente el jury que debe tratar el pedido de destitución de Hooft y no esperar hasta marzo, cuando los legisladores provinciales vuelven a sus funciones. También reclamaron que no se lo deje salir del país y así evitar un caso similar al del ex camarista Romano, quien se fugó a Chile y realizó un pedido frustrado de asilo político.
El magistrado es recordado por su participación en la Noche de las Corbatas, nombre que adquirió el secuestro en julio de 1977 de once personas, entre ellas seis abogados marplatenses. Por esos hechos, en 2006 la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación le imputó el rol de partícipe en varios hechos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado, y en noviembre del año pasado, el fiscal Claudio Kishimoto pidió la citación a indagatoria del juez por la omisión en la tramitación de habeas corpus y de las denuncias iniciadas por privación ilegítima de la libertad en 20 casos.
El nombre del juez Hooft aparecía asociado a la Noche de las Corbatas desde 1984, cuando la sobreviviente Marta García de Candeloro lo nombró en su testimonio ante la CONADEP en el que recordó haber visto al juez en la Seccional Cuarta donde estaba detenida. La mujer, que había pasado por el centro clandestino de detención La Cueva, en la Base Aérea local, le solicitó ayuda al magistrado y este la ignoró, a pesar de que en su juzgado tramitaba un habeas corpus sobre su secuestro y el de su marido, Jorge Caldeloro. Luego lo denunció también en el Juicio a las Juntas y en los Juicios por la Verdad de Mar del Plata.
Hooft está acusado además por hacer “desaparecer” el expediente por el secuestro de Candeloro, documento que después de 30 años fue encontrado por funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense entre los expedientes del juzgado de Hooft
Mientras se demora su destitución, en el juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolló en Mar del Plata por La Cueva, surgieron nuevas evidencias de la relación estrecha de Hooft con el terrorismo de Estado. “Además de no tramitar los habeas corpus y hacerlos desaparecer, de no agregar los informes que le remitía el coronel Pedro Barda, de no reclamar y reconocer los cuerpos de los abogados que aparecían muertos, de no recibir declaración testimonial a los abogados que eran liberados, tenía comunicación directa con la oficina de Inteligencia de La Cueva, es decir, con los verdugos del Centro Clandestino, y decidía, ayudado por sus cómplices civiles, como el doctor Eduardo Cincotta, quién se salvaba y quién no”, señala una de las últimas denuncias sobre Hooft.
Allí se aportaron testimonios de dos ex soldados de la Base Aérea de Mar del Plata que declararon en el juicio oral donde fue condenado el ex subjefe de la base Gregorio Rafael Molina.
Además de confirmar la realización de los vuelos de la muerte, los conscriptos brindaron información relevante acerca de quiénes eran las personas que operaban en la Base Aérea y en La Cueva, entre ellas el juez Hooft que siempre pedía hablar con Inteligencia. “El testimonio referenciado viene a confirmar lo que se viene sosteniendo y denunciando hace más de 30 años: que Hooft sabía de la existencia de Centros Clandestinos de Detención, que Hooft visitaba los Centros Clandestinos de Detención y que tenía directa vinculación con los civiles partícipes del terrorismo de Estado”, señala la denuncia impulsada por Antonia Acuña de Segarra, presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, filial Mar del Plata.
El juez ocultó durante tres años el asesinato de un desaparecido
El expediente perdido que tenía el magistrado
Nicolás Candeloro viajó a Mar del Plata con la certeza de que su hijo Jorge Candeloro y su nuera Marta García habían sido detenidos por la Policía Federal de Neuquén y trasladados allí. El 11 de julio de 1977 interpuso un habeas corpus en el Juzgado en lo Penal Nº 3 de Dolores (con asiento en Mar del Plata) a cargo de Pedro Hooft. Ese mismo día, el juez ordenó librar los oficios para determinar el lugar y los motivos de la detención. Todas las fuerzas de seguridad consultadas respondieron negativamente, salvo el jefe de la Subzona Militar 15, el coronel Alberto Pedro Barda. A pesar de faltar ese informe, el día 29/07/1977 Hooft rechazó el habeas corpus. Más de dos meses y medio después, el 3 de octubre del año 1977, el juez recibió el informe pendiente del Ejército donde le notificaban que Candeloro había fallecido el 28 de Junio de 1977 en un intento de fuga. Hooft recibió el informe pero no lo agregó a la causa y la muerte permaneció oculta tres años, hasta que la familia lo encontró al leer el expediente. En 1984, el habeas corpus es requerido por instancias judiciales donde se investigaba la desaparición de Candeloro pero Hooft informa que el expediente no se encontraba en su juzgado. Veintitrés años después, el expediente original fue encontrado en el archivo de su juzgado con resoluciones firmadas por él posteriores a su “desaparición”.
Por Gerardo Aranguren
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