El Ejecutivo paga para encontrar su paradero y el prófugo cobra del erario público un ingreso mensual que solventa su clandestinidad. Piden cortar los haberes a un acusado de genocida prófugo hace varios años
Por “inactividad” de la fiscalía se solicita que le dejen de pagar mensualmente a Horacio Rafael Domato, por quien el Estado ofrece una recompensa de 100.000 pesos para encontrarlo
A través de este escrito presentado por el abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) se conoció que hace años Horacio Rafael Domatto, prófugo de la justicia, acusado de cometer delitos de lesa humanidad en Formosa , cobra mensualmente sus haberes como retirado de Gendarmerìa Nacional. Lo paradojal del caso es que simultáneamente al libramiento de su captura se hace público el ofrecimiento oficial de $100.000 en recompensa para quien acerque datos para dar con su paradero. Para los letrados y organismos defensores de Derechos Humanos, el Ministerio Público, una vez màs, esta vez con su inacción vuelve a favorecer a los imputados. En el escrito de la LADH se menciona la “inacción” sobre unos 16 casos del Departamento Pilcomayo sobre los cuales no se ha ordenado investigación alguna.
En realidad la LADH presentò dos escritos, uno por denegación o retardo de justicia, y otro sobre el caso Domatto. Ambos por “inacción”, ya que todavía no se obtuvo respuesta de la presentación de la LADH como querellante y su actuación en la querella en la causa Carrillo efectuada el pasado 5 de diciembre.
En el escrito sobre el represor Domato la LADH solicita “que ante la inactividad del Ministerio Público”, con habilitación de día y hora “se libre oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación para que, por intermedio de quien corresponda, se ordene la retención de los haberes del represor y torturador prófugo comandante de Gendarmería Horacio Rafael Domato, y la notificación a los puestos fronterizos con la República del Paraguay de la constante presencia de ese sujeto”. Agrega además que “conforme las constancias de autos, el prófugo obtuvo un “certificado de supervivencia” en la provincia de Córdoba a efectos de continuar percibiendo su retiro por parte de su fuerza de seguridad. Tal hecho fue informado al Juzgado por la propia fuerza, sin ninguna actividad al respecto por parte del Ministerio Público. Ocurre algo similar respecto de la investigación de la represión ocurrida en el Departamento Pilcomayo, donde nos encontramos con 16 causas paralizadas”. Seguidamente comenta: “No escapará al criterio del señor juez que la continuación en el cobro de su retiro por parte del principal torturador que asolara la Provincia de Formosa durante la dictadura militar que padecimos los argentinos desde 1976, posibilita la continuidad de su condición de prófugo evadiendo así la acción de la justicia. Ello sin perjuicio de las constancias de su reiterado paso a la República del Paraguay por el paso internacional de Clorinda, custodiado por integrantes de su misma fuerza, y su continua presencia en la Provincia de Formosa.
Resulta un contrasentido que el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación ofrezca una recompensa de $ 100.000 por la captura del torturador prófugo, y, los responsables de su persecución penal no tomen las medidas conducentes a su detención, posibilitando que anualmente el mismo estado le abone sumas iguales o equivalentes” finaliza el escrito.
Por “inactividad” de la fiscalía se solicita que le dejen de pagar mensualmente a Horacio Rafael Domato, por quien el Estado ofrece una recompensa de 100.000 pesos para encontrarlo
A través de este escrito presentado por el abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) se conoció que hace años Horacio Rafael Domatto, prófugo de la justicia, acusado de cometer delitos de lesa humanidad en Formosa , cobra mensualmente sus haberes como retirado de Gendarmerìa Nacional. Lo paradojal del caso es que simultáneamente al libramiento de su captura se hace público el ofrecimiento oficial de $100.000 en recompensa para quien acerque datos para dar con su paradero. Para los letrados y organismos defensores de Derechos Humanos, el Ministerio Público, una vez màs, esta vez con su inacción vuelve a favorecer a los imputados. En el escrito de la LADH se menciona la “inacción” sobre unos 16 casos del Departamento Pilcomayo sobre los cuales no se ha ordenado investigación alguna.
En realidad la LADH presentò dos escritos, uno por denegación o retardo de justicia, y otro sobre el caso Domatto. Ambos por “inacción”, ya que todavía no se obtuvo respuesta de la presentación de la LADH como querellante y su actuación en la querella en la causa Carrillo efectuada el pasado 5 de diciembre.
En el escrito sobre el represor Domato la LADH solicita “que ante la inactividad del Ministerio Público”, con habilitación de día y hora “se libre oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación para que, por intermedio de quien corresponda, se ordene la retención de los haberes del represor y torturador prófugo comandante de Gendarmería Horacio Rafael Domato, y la notificación a los puestos fronterizos con la República del Paraguay de la constante presencia de ese sujeto”. Agrega además que “conforme las constancias de autos, el prófugo obtuvo un “certificado de supervivencia” en la provincia de Córdoba a efectos de continuar percibiendo su retiro por parte de su fuerza de seguridad. Tal hecho fue informado al Juzgado por la propia fuerza, sin ninguna actividad al respecto por parte del Ministerio Público. Ocurre algo similar respecto de la investigación de la represión ocurrida en el Departamento Pilcomayo, donde nos encontramos con 16 causas paralizadas”. Seguidamente comenta: “No escapará al criterio del señor juez que la continuación en el cobro de su retiro por parte del principal torturador que asolara la Provincia de Formosa durante la dictadura militar que padecimos los argentinos desde 1976, posibilita la continuidad de su condición de prófugo evadiendo así la acción de la justicia. Ello sin perjuicio de las constancias de su reiterado paso a la República del Paraguay por el paso internacional de Clorinda, custodiado por integrantes de su misma fuerza, y su continua presencia en la Provincia de Formosa.
Resulta un contrasentido que el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación ofrezca una recompensa de $ 100.000 por la captura del torturador prófugo, y, los responsables de su persecución penal no tomen las medidas conducentes a su detención, posibilitando que anualmente el mismo estado le abone sumas iguales o equivalentes” finaliza el escrito.
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