San Juan.- El juicio que se le sigue a cinco represores durante la pasada dictadura militar en San Juan, podría terminar el año sin dos de los imputados, ya que uno está internado y a otro le dieron permiso para viajar.
Según informó el Tribunal Oral de San Juan ayer, el juicio contra Jorge Olivera, Osvaldo Benito Martell, Daniel Gómez, Alejandro Lazo y Horacio Nieto, las audiencias se suspendieron hasta la última semana del año, ya que se escucharán testimonios los días 27 y 28 de diciembre, para pasar luego a un cuarto intermedio hasta febrero, debido a la feria judicial.
Pero en esas dos audiencias, el principal acusado, que es el teniente Jorge Olivera, no estará presente, ya que los jueces Héctor Cortés, Raúl Fourcade y Alejandro Piña, le dieron permiso para viajar a Buenos Aires la semana que viene a fin de recibir visitas de familiares en una unidad penal de la Capital, con motivo de las fiestas de fin de año.
Además, los jueces aún no cuentan con un informe del forense respecto a la salud del imputado Horacio Nieto, que el martes por la madrugada, debió ser internado en la Unidad Coronaria del Hospital Rawson debido a una descompensación.
Ayer en la sede del tribunal se especulaba con que posiblemente el resultado de la pericia del forense le permita zafar a Nieto del proceso judicial, tal como ocurrió con el general Luciano Benjamín Menéndez al comienzo del proceso, cuando fue apartado por los jueces debido a un informe forense que decía que por su estado de salud, no podría resistir un proceso judicial “en ninguna de sus formas”.
Nieto está acusado de participar del enfrentamiento con el militante montonero Daniel Russo en la esquina de Pedro de Valdivia y General Acha, al día siguiente del secuestro de la modelo franco-argentina Marie Anne Erize.
Ayer en la audiencia se debatió acerca de un acta de la policía que aparece firmada por Nieto, pero sobre la que la defensa impugnó la firma y pidió una pericia caligráfica, lo que fue denegado por los jueces del Tribunal.
Esto ocurrió mientras declaraba el dirigente de la Fundación por la Democracia y los Derechos Humanos Eloy Camus, que ayer completó las cuatro jornadas declarando, convirtiéndose así en la persona cuya declaración, mas horas insumió a pesar de no haber estado detenido, ni haber sufrido torturas y ni haber sido testigo de las violaciones a los derechos humanos que se realizaron en el Penal de Chimbas, el RIM 22 y los centros clandestinos de detención de la Marquesita y la ex Legislatura Provincial.
Abogado
La última jornada de la semana se completó con el testimonio del abogado Carlos Bula, ex apoderado del Partido Comunista, que fue quien en 1985 realizó la denuncia por la muerte de quien en aquel entonces era el secretario general del PC en San Juan, Alberto Carvajal, de quien se sospecha que murió durante una sesión de torturas el 18 de agosto de 1977 en el Penal de Chimbas, pero cuyo fallecimiento fue encubierto colgándolo de un pullover, una media y un cordón de zapatos en la reja de su celda, para que pareciera un suicidio.
Carvajal estaba detenido a disposición del Poder Ejecutivo y procesado por infracción a la Ley 21.323 que en aquel entonces dispuso la suspensión de la actividad política.
Según Bula, su presentación ante el Juzgado Federal y luego ante la CONADEP en Buenos Aires, se basó en el testimonio de “el polaco Moroy”, un detenido político que sostiene que utilizando un espejo miraba desde su celda los movimientos del Pabellón 6 donde estaban los detenidos políticos en el Penal y que aquella noche vio como trajeron de vuelta de la sala de torturas a Carvajal, desvanecido o muerto y que horas mas tarde se dio aviso de que se había suicidado.
Según informó el Tribunal Oral de San Juan ayer, el juicio contra Jorge Olivera, Osvaldo Benito Martell, Daniel Gómez, Alejandro Lazo y Horacio Nieto, las audiencias se suspendieron hasta la última semana del año, ya que se escucharán testimonios los días 27 y 28 de diciembre, para pasar luego a un cuarto intermedio hasta febrero, debido a la feria judicial.
Pero en esas dos audiencias, el principal acusado, que es el teniente Jorge Olivera, no estará presente, ya que los jueces Héctor Cortés, Raúl Fourcade y Alejandro Piña, le dieron permiso para viajar a Buenos Aires la semana que viene a fin de recibir visitas de familiares en una unidad penal de la Capital, con motivo de las fiestas de fin de año.
Además, los jueces aún no cuentan con un informe del forense respecto a la salud del imputado Horacio Nieto, que el martes por la madrugada, debió ser internado en la Unidad Coronaria del Hospital Rawson debido a una descompensación.
Ayer en la sede del tribunal se especulaba con que posiblemente el resultado de la pericia del forense le permita zafar a Nieto del proceso judicial, tal como ocurrió con el general Luciano Benjamín Menéndez al comienzo del proceso, cuando fue apartado por los jueces debido a un informe forense que decía que por su estado de salud, no podría resistir un proceso judicial “en ninguna de sus formas”.
Nieto está acusado de participar del enfrentamiento con el militante montonero Daniel Russo en la esquina de Pedro de Valdivia y General Acha, al día siguiente del secuestro de la modelo franco-argentina Marie Anne Erize.
Ayer en la audiencia se debatió acerca de un acta de la policía que aparece firmada por Nieto, pero sobre la que la defensa impugnó la firma y pidió una pericia caligráfica, lo que fue denegado por los jueces del Tribunal.
Esto ocurrió mientras declaraba el dirigente de la Fundación por la Democracia y los Derechos Humanos Eloy Camus, que ayer completó las cuatro jornadas declarando, convirtiéndose así en la persona cuya declaración, mas horas insumió a pesar de no haber estado detenido, ni haber sufrido torturas y ni haber sido testigo de las violaciones a los derechos humanos que se realizaron en el Penal de Chimbas, el RIM 22 y los centros clandestinos de detención de la Marquesita y la ex Legislatura Provincial.
Abogado
La última jornada de la semana se completó con el testimonio del abogado Carlos Bula, ex apoderado del Partido Comunista, que fue quien en 1985 realizó la denuncia por la muerte de quien en aquel entonces era el secretario general del PC en San Juan, Alberto Carvajal, de quien se sospecha que murió durante una sesión de torturas el 18 de agosto de 1977 en el Penal de Chimbas, pero cuyo fallecimiento fue encubierto colgándolo de un pullover, una media y un cordón de zapatos en la reja de su celda, para que pareciera un suicidio.
Carvajal estaba detenido a disposición del Poder Ejecutivo y procesado por infracción a la Ley 21.323 que en aquel entonces dispuso la suspensión de la actividad política.
Según Bula, su presentación ante el Juzgado Federal y luego ante la CONADEP en Buenos Aires, se basó en el testimonio de “el polaco Moroy”, un detenido político que sostiene que utilizando un espejo miraba desde su celda los movimientos del Pabellón 6 donde estaban los detenidos políticos en el Penal y que aquella noche vio como trajeron de vuelta de la sala de torturas a Carvajal, desvanecido o muerto y que horas mas tarde se dio aviso de que se había suicidado.
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