La justicia italiana condenó en dos oportunidades a represores argentinos

La justicia italiana condenó en dos oportunidades a represores argentinos por la desaparición de ciudadanos italianos en la Argentina durante la dictadura militar.

El primer juicio concluyó en 2000, tras años de audiencias y prórrogas, y en él fueron condenados a cadena perpetua los ex generales Guillermo Suárez Mason y Omar Santiago Riveros, y a 24 años de reclusión cuatro suboficiales y un miembro de la Prefectura por la desaparición de ocho ítalo-argentinos.

Entre ellos se encontraba el caso de Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien tras dar a luz a su bebé (al que deseaba llamar Guido) fue asesinada.

Suárez Mason, luego de un prolongado proceso iniciado en 1983, fue condenado por los asesinatos de Carlotto, Norberto Morresi, Pedro Mazzocchi, Luis Alberto Fabbri y Daniel Ciuffo, y por la desaparición del bebé Guido Carlotto.

En ese juicio el Tribunal de Roma también condenó a 24 años de cárcel a Juan Carlos Gerardi, José Luis Porchetto, Alejandro Puertas, Héctor Oscar Maldonado y Roberto Julio Rossin, culpables del delito de homicidio en el caso de Martino Mastinu y Mario Marras.

En tanto, en febrero de 2009, el Tribunal Supremo de Italia confirmó la cadena perpetua al represor Alfredo Astiz, condenado por la desaparición de tres italianos durante la dictadura militar.

La Corte confirmó igualmente la condena a cadena perpetua para los capitanes de navío Jorge Eduardo Acosta y Raúl Vildoza, así como para el contralmirante Antonio Vañek.

El quinto militar juzgado y condenado por el mismo caso, el prefecto naval Héctor Antonio Febres, murió en diciembre de 2007.

Todos los represores operaban en el centro clandestino de detención y tortura de la ESMA y estaban imputados de "homicidio voluntario múltiple premeditado" de Angela María Aieta (madre del dirigente Dante Gullo); de Giovanni Pegoraro y su hija Susana, quien se encontraba embarazada al momento de su secuestro.

Ninguno de los imputados estuvo presente cuando fue dada a conocer la sentencia, dado que los ahora condenados están bajo arresto -a excepción del prófugo Vildoza- en Argentina, imputados en la "megacausa" ESMA por violaciones a los derechos humanos.

Angela Aieta, oriunda de la provincia de Cosenza, fue secuestra el 5 de agosto de 1976 a los 56 años, cuando su hijo Juan Carlos Dante Gullo era dirigente de la Juventud Peronista.

Mientras que Giovanni Pegoraro y su hija Susana, de 21 años, desaparecieron el 18 de junio de 1977 en Buenos Aires, si bien por ese entonces residían en Mar del Plata.

Susana Pegoraro, de 21 años en aquel momento, dio a luz a una niña en la ESMA, que en 1999 fue localizada por las Abuelas de Plaza de Mayo en esa ciudad balnearia.

La beba había sido inscripta como Evelyn Vázquez, bajo la tutela del suboficial de la marina Policarpo Vázquez y su esposa Ana María Ferrá.