Declara un juez implicado en asesinatos durante la dictadura militar

Será indagado por la justicia tucumana en la causa “romero nikilson”
Se trata de Manlio Torcuato Martínez, imputado de haber presenciado el operativo en el que fueron fusilados los militantes. El acusado le dio marco jurídico a delitos de la represión.

El ex juez federal tucumano Manlio Torcuato Martínez, acusado de haber participado en delitos de lesa humanidad, deberá presentarse mañana a declaración indagatoria por pedido de la la Fiscalía Federal 1 de Tucumán junto con la Unidad Fiscal de Derechos Humanos.
El pedido fue realizado ante el juez Federal Daniel Bejas, en el marco de la causa “Romero Niklison”, que investiga el asesinato de cinco militantes montoneros. Por ese delito ya fueron juzgados y condenados a prisión perpetua el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y Roberto “Tuerto” Albornoz, ex subjefe de la Policía de Tucumán durante la última dictadura.
En la presentación, la Fiscalía consideró que existen pruebas suficientes para acusar al ex magistrado de haber participado en el homicidio de los cinco militantes montoneros, ya que incumplió sus deberes de funcionario y no investigó los delitos cometidos. Además, le imputan haber enviado a un detenido a su cargo al centro clandestino de detención que funcionó en la Jefatura de Policía de Tucumán.
Según se desprendió del juicio oral, Manlio Martínez estuvo en el lugar del operativo en el que los militantes Montoneros fueron fusilados el 20 de mayo de 1976 en San Miguel de Tucumán. Su presencia fue confirmada por el ex jefe del Operativo Independencia, Antonio Domingo Bussi, quien destacó “la participación directa y personal del ex Juez Manlio Martínez, cuya información al suscripto fue similar a la del jefe militar que intervino directamente”.
El ex juez no sólo no investigó el fusilamiento masivo e hizo suya la versión oficial brindada por el Tercer Cuerpo de Ejército, sino que comenzó a investigar al propietario del inmueble donde ocurrió la masacre, Miguel Armando Romano, a quien detuvo ilegalmente durante más de un año: lo acusaba de pertenecer a una asociación ilícita y decidió que debía ser detenido e incomunicado en la Jefatura de Policía de Tucumán, la que funcionaba como centro clandestino de detención.
“Los responsables del aparato represivo en Tucumán podían contar con la anuencia de Manlio Martínez para organizar la actividad del aparato represivo con riesgos jurídicos minimizados”, señaló el dictamen fiscal.
El ex juez será citado para declarar el próximo 8 de junio por haber participado en una larga lista de delitos: violación de domicilio, homicidio doblemente agravado, privación ilegítima de la libertad con tormentos, incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, prevaricato e incumplimiento de su deber de promover la persecución penal.
En su escrito, la Fiscalía explicó que la inacción de Martínez no era otra cosa que el cumplimiento de una promesa que había hecho al ser designado en sus funciones: no entorpecer la represión ilegal en la provincia. Según el fallecido general Acdel Vilas, a cargo de la primera parte del Operativo Independencia, el nombramiento del juez obedeció a un pedido suyo para remplazar al juez anterior, cuyo accionar era excesivamente “legal” y entorpecía las tareas represivas.
Según consta en la presentación, pese a la innumerable cantidad de denuncias que tenía en su despacho, el entonces juez nunca inició investigaciones. Además, se lo acusa de haber tomado declaración a detenidos en los centros clandestinos de detención más importantes de la provincia: la Jefatura de Policía, la cárcel de Villa Urquiza, el Puesto de Comando Táctico del Operativo Independencia, la Escuelita de Famaillá y la Delegación local de la Policía Federal.