Privilegio de dictador
La jueza Alicia Braghini le requirió a la Anses que le pague la jubilación a Reynaldo Bignone, condenado por secuestros y torturas. Dos fiscales habían denunciado que el pago no correspondía.
Por Raúl Kollmann
La jueza federal de primera instancia de la Seguridad Social, Alicia Braghini, ordenó a la Anses que le pague la jubilación como ex presidente a Reynaldo Benito Antonio Bignone, el último dictador del Proceso. En su momento, los fiscales Guillermo Marijuan y Guillermo Montenegro denunciaron que no correspondía que Bignone se llevara al bolsillo los 15 mil pesos que cobraba en 2006 ya que no fue presidente elegido democráticamente, sino de facto. Y el régimen de esas pensiones constituía un reconocimiento, algo incompatible con quien llegó a la Casa Rosada a la cabeza de una dictadura y, además, terminó condenado en abril de 2010 a 25 años de prisión por privación ilegal de la libertad y torturas cometidas en Campo de Mayo. La trama del expediente 34391/2009 es asombrosa e incluye al camarista Bernabé Lino Chirinos, con quien la jueza compartió cátedra en la Universidad de Morón y, además, fue prosecretaria en su sala de la Cámara. Chirinos fue ratificado durante el gobierno de Isabel Perón, ejerció su cargo durante la dictadura y hoy sigue en su puesto en la Cámara de la Seguridad Social.
Con fecha 13 de septiembre, la jueza Braghini dispuso que “se intime nuevamente y por última vez a la Anses para que por quien corresponda, en el plazo de diez días cumpla con la medida cautelar decretada y restablezca el pago de la prestación al acto, Bignone, Reynaldo Benito Antonio”. Es más, la magistrada establece una multa de 50 pesos diarios para el caso de que la Anses incumpla la orden.
En 2006, el fiscal federal Guillermo Marijuan reveló que había recibido una denuncia anónima sobre los 15 mil pesos que cobraba Bignone como ex presidente. Se trataba de una pensión graciable que, según dictaminó el fiscal, sólo correspondía a presidentes constitucionales por cuanto el objetivo era otorgar un reconocimiento a quienes habían pasado por la Casa Rosada. Marijuan presentó una denuncia penal, con el respaldo del entonces titular de la Anses, Sergio Massa, que luego fue tramitada por Guillermo Montenegro, fiscal en aquel momento.
Sobre la base de una ley del también dictador Juan Carlos Onganía, Bignone tramitó la pensión destinada “a los presidentes y vicepresidentes de la Nación cuyo haber, para los primeros, equivale a la suma total de lo percibido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, garantizándoseles los derechos hereditarios a las viudas, hijas solteras o divorciadas por culpa del esposo” (sic).
En 2009 el Congreso sancionó la Ley 26.475 que les quita los beneficios “a todos los funcionarios del llamado Proceso de Reorganización Nacional, comprendido entre los años 1976 y 1983, declarándose extinguidos los beneficios dispuestos en reconocimientos por los cargos o funciones ejercidos”. La ley vino a refrendar los dictámenes de Marijuan y Montenegro.
El expediente 34.391 –denominado Bignone Reynaldo Benito Antonio c/Anses s/inconstitucionalidades varias– recayó en manos de Braghini, que fue prosecretaria de la sala en que revista Chirinos con quien, además, compartía cátedra en la Universidad de Morón. Llamativamente, el hermano de Chirinos, Eduardo, es secretario de la Cámara, es decir que justo por sus manos pasan los sorteos por los cuales se asigna el juez a cada causa. Lo asombroso es que Bignone cobraría su jubilación de privilegio después de haber sido condenado a 25 años de prisión por 44 secuestros, 38 casos de tormentos, 11 allanamientos ilegales y seis robos. El fallo de la Cámara Federal de San Martín, que dictó la condena en abril, dispuso también que cumpla la condena en una cárcel común, revocando la prisión domiciliaria. Por otra parte, el ex dictador también aparece involucrado en el proceso en el que figura Luis Abelardo Patti como principal imputado y en el que se investigan asesinatos y secuestros en la zona de Escobar, Zárate y San Nicolás. Después de la debacle de Malvinas, Bignone terminó poniéndole la banda presidencial a Raúl Alfonsín en 1983 y se le adjudica la responsabilidad en el quemado de los archivos de las Fuerzas Armadas, precisamente para borrar las pruebas de la represión.
No faltan quienes en Tribunales consideran que la eventual restitución de la jubilación como presidente a Bignone constituye un antecedente para que otros dictadores pretendan el mismo beneficio. Frente a la consideración de que la pensión es un derecho adquirido se opuso el criterio de que esos beneficios fueron mal adjudicados, porque no puede haber reconocimiento alguno a quienes irrumpieron en la Casa Rosada en forma ilegal
La jueza Alicia Braghini le requirió a la Anses que le pague la jubilación a Reynaldo Bignone, condenado por secuestros y torturas. Dos fiscales habían denunciado que el pago no correspondía.
Por Raúl Kollmann
La jueza federal de primera instancia de la Seguridad Social, Alicia Braghini, ordenó a la Anses que le pague la jubilación como ex presidente a Reynaldo Benito Antonio Bignone, el último dictador del Proceso. En su momento, los fiscales Guillermo Marijuan y Guillermo Montenegro denunciaron que no correspondía que Bignone se llevara al bolsillo los 15 mil pesos que cobraba en 2006 ya que no fue presidente elegido democráticamente, sino de facto. Y el régimen de esas pensiones constituía un reconocimiento, algo incompatible con quien llegó a la Casa Rosada a la cabeza de una dictadura y, además, terminó condenado en abril de 2010 a 25 años de prisión por privación ilegal de la libertad y torturas cometidas en Campo de Mayo. La trama del expediente 34391/2009 es asombrosa e incluye al camarista Bernabé Lino Chirinos, con quien la jueza compartió cátedra en la Universidad de Morón y, además, fue prosecretaria en su sala de la Cámara. Chirinos fue ratificado durante el gobierno de Isabel Perón, ejerció su cargo durante la dictadura y hoy sigue en su puesto en la Cámara de la Seguridad Social.
Con fecha 13 de septiembre, la jueza Braghini dispuso que “se intime nuevamente y por última vez a la Anses para que por quien corresponda, en el plazo de diez días cumpla con la medida cautelar decretada y restablezca el pago de la prestación al acto, Bignone, Reynaldo Benito Antonio”. Es más, la magistrada establece una multa de 50 pesos diarios para el caso de que la Anses incumpla la orden.
En 2006, el fiscal federal Guillermo Marijuan reveló que había recibido una denuncia anónima sobre los 15 mil pesos que cobraba Bignone como ex presidente. Se trataba de una pensión graciable que, según dictaminó el fiscal, sólo correspondía a presidentes constitucionales por cuanto el objetivo era otorgar un reconocimiento a quienes habían pasado por la Casa Rosada. Marijuan presentó una denuncia penal, con el respaldo del entonces titular de la Anses, Sergio Massa, que luego fue tramitada por Guillermo Montenegro, fiscal en aquel momento.
Sobre la base de una ley del también dictador Juan Carlos Onganía, Bignone tramitó la pensión destinada “a los presidentes y vicepresidentes de la Nación cuyo haber, para los primeros, equivale a la suma total de lo percibido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, garantizándoseles los derechos hereditarios a las viudas, hijas solteras o divorciadas por culpa del esposo” (sic).
En 2009 el Congreso sancionó la Ley 26.475 que les quita los beneficios “a todos los funcionarios del llamado Proceso de Reorganización Nacional, comprendido entre los años 1976 y 1983, declarándose extinguidos los beneficios dispuestos en reconocimientos por los cargos o funciones ejercidos”. La ley vino a refrendar los dictámenes de Marijuan y Montenegro.
El expediente 34.391 –denominado Bignone Reynaldo Benito Antonio c/Anses s/inconstitucionalidades varias– recayó en manos de Braghini, que fue prosecretaria de la sala en que revista Chirinos con quien, además, compartía cátedra en la Universidad de Morón. Llamativamente, el hermano de Chirinos, Eduardo, es secretario de la Cámara, es decir que justo por sus manos pasan los sorteos por los cuales se asigna el juez a cada causa. Lo asombroso es que Bignone cobraría su jubilación de privilegio después de haber sido condenado a 25 años de prisión por 44 secuestros, 38 casos de tormentos, 11 allanamientos ilegales y seis robos. El fallo de la Cámara Federal de San Martín, que dictó la condena en abril, dispuso también que cumpla la condena en una cárcel común, revocando la prisión domiciliaria. Por otra parte, el ex dictador también aparece involucrado en el proceso en el que figura Luis Abelardo Patti como principal imputado y en el que se investigan asesinatos y secuestros en la zona de Escobar, Zárate y San Nicolás. Después de la debacle de Malvinas, Bignone terminó poniéndole la banda presidencial a Raúl Alfonsín en 1983 y se le adjudica la responsabilidad en el quemado de los archivos de las Fuerzas Armadas, precisamente para borrar las pruebas de la represión.
No faltan quienes en Tribunales consideran que la eventual restitución de la jubilación como presidente a Bignone constituye un antecedente para que otros dictadores pretendan el mismo beneficio. Frente a la consideración de que la pensión es un derecho adquirido se opuso el criterio de que esos beneficios fueron mal adjudicados, porque no puede haber reconocimiento alguno a quienes irrumpieron en la Casa Rosada en forma ilegal
1 comentario:
Lamentablemente la impunidad reina bajo diferentes formas.
No alcanza enviarlos a prisión.
Miles y miles de argentinos se encuentran en las cárceles abominantes del sistema actual; todos ellos forman parte de la exclusión social, para ellos no hay pensiones, sí torturas, como en los tiempos de la dictadura.
Tampoco reciben los luchadores sociales en prisión ninguna pesión o beneficio para el sosten de sus familias.
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