Unifican las causas por cinco centros clandestinos

Veinticinco represores al banquillo
       
El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata unificó ayer tres causas que investigan las torturas infligidas en cinco centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar, por la existencia de imputados y víctimas en común. La Justicia resolvió así unificar la causa por delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de Puesto Vasco y Coti Martínez (Comando de Operaciones Tácticas I de Martínez) con la que investiga los crímenes ocurridos en la comisaría quinta de La Plata. A esta última, ya se le había anexado otra causa por los hechos perpetrados en los centros conocidos como Pozo de Arana y Brigada de Investigaciones de La Plata. Desde ahora, habrá un solo proceso, y se estará en condiciones de realizar un único juicio oral que tendrá como imputados a cerca de 25 represores y como víctimas a unas 300 personas relacionadas con estos cinco centros de detención clandestinos.

La medida se adoptó tras evaluar que los hechos investigados se encuentran “conectados”, y que existe una “unidad de dirección y funcionamiento de los centros de detención investigados”, precisa la resolución del Tribunal, integrado por Carlos Rozanski, Mario Portela y Roberto Falcone. Además, se tuvo en cuenta la necesidad de “no revictimizar a las víctimas” al exponerlas a sucesivas declaraciones de los delitos cometidos en su contra, y cuestiones relacionadas con la economía procesal y la celeridad en su resolución.

Para evitar también que se vulnere el principio que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho –algo que podría favorecer a alguno de los imputados– el Tribunal acordó que lo más beneficioso sería que sean juzgados en un único juicio oral. Entre los imputados que están involucrados en delitos de lesa humanidad está el represor Miguel Etchecolatz, condenado a prisión perpetua por genocidio, el ex médico policial Jorge Bergés, el ex gobernador de facto Ibérico Saint Jean y su ministro de Gobierno Jaime Smart. “En las acusaciones se atribuye a los mismos procesados diversos delitos, que han sido perpetrados en igual lugar y tiempo, así como también existe identidad con alguna de las víctimas de las causas mencionadas”, sostuvieron los integrantes del Tribunal para justificar la resolución.

En el Pozo de Arana –uno de los centros cuya investigación fue integrada– el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) halló en 2008 restos humanos calcinados y enterrados, en lo que constituyó el primer hallazgo de este tipo que corroboró los testimonios aportados por las víctimas sobre lo que allí acontecía. Raúl Bonafini, fue uno de los detenidos en ese CCD, al igual que Jorge Julio López, cuyo testimonio fue vital para la condena a reclusión perpetua de Etchecolatz.