Los camaristas Luis Francisco Miret y Otilio Romano, entre otros magistrados y ex fiscales mendocinos, son acusados por omitir denuncias, avalar detenciones ilegales y no investigar torturas durante la última dictadura militar.
Por Nora Veiras
“El Poder Judicial federal de la provincia de Mendoza evidenció (durante la dictadura) una clara voluntad de no investigar las atrocidades que se cometieron (...) Esta afirmación está basada en un hecho incontrovertible: pese a las innumerables denuncias de cientos de desapariciones y/o homicidios, torturas, privaciones ilegales de libertad y abusos sexuales (...) no hubo un solo funcionario de las fuerzas de seguridad que resultara imputado o seriamente investigado por la comisión de esos delitos.” A lo largo de casi doscientas fojas, el fiscal general Omar Palermo detalló la connivencia de la Justicia con los represores y solicitó que se cite a declaración indagatoria a los actuales camaristas federales de Mendoza Otilio Romano y Luis Francisco Miret y al ex juez Gabriel Guzzo, entre otros, por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, por omitir hacer cesar detenciones ilegales y por encubrir por omisión el deber de denuncia. Calificaciones que tributan en delitos de lesa humanidad.
Miret y Romano ya fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura por organismos de derechos humanos y el propio ministro de Justicia provincial (ver aparte). El pedido del fiscal Palermo, encargado de impulsar las causas por delitos de lesa humanidad, se nutre del testimonio de las víctimas entre 1975 y 1983. El rechazo de los recursos de hábeas corpus, la negativa a buscar a personas desaparecidas, a investigar las condiciones de quienes estaban detenidos y a indagar sobre las torturas estremecen a pesar de la asepsia de la jerga legal. La colaboración del aparato judicial con el terrorismo de Estado se está empezando a investigar en distintas provincias (ver aparte). En Mendoza ya provocó la renuncia de otro camarista, Carlos Martín Pereyra González, quien fue señalado por la Cámara de San Luis por haber presenciado sesiones de tortura.
Modus operandi
El pedido del fiscal Palermo se presentó ante el juez Walter Bonto, titular del juzgado que está en manos como subrogante de Olga Pura de Arrabal, la magistrada que trascendió por su fallo a favor de la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Decisión avalada por los camaristas denunciados por complicidad en delitos de lesa humanidad y revertida por la Corte Suprema de la Nación. Tras la feria judicial se supone que Bonto reasumirá. Miret y Romano pretendieron deslegitimar las denuncias en su contra aduciendo que eran una persecución por su postura frente a la ley de medios. Horacio Verbitsky precisó en Página/12 el pasado 25 de abril que “los organismos de derechos humanos entregaron al Consejo de la Magistratura la denuncia el 22 de marzo y la Cámara de Mendoza recibió la apelación por la ley audiovisual una semana después”.
“Hubo jueces diligentes, no heroicos”, pero que con sus decisiones pudieron dar con un paradero y “poner coto a la dictadura”, señala el fiscal. Esa conducta no caracterizó a Miret, Guzzo y Romano. Por ejemplo, en el caso del secuestro del matrimonio Galamba que denunció, además, el robo de camas, roperos, heladera, lavarropa y ropa, el entonces fiscal Romano rechazó investigar el tema porque “se convertiría al tribunal en una oficina de informes de cosas perdidas”.
El caso de Luz Faingold, una adolescente de 17 años que fue detenida en el ’75 es uno de los que más compromete a Miret (ver aparte). El dictamen del fiscal precisa que “si bien el juez Miret no ordenó directamente la detención de la menor, habría sido anoticiado –probablemente de manera telefónica– el mismo día del resultado del allananamiento que él había ordenado. Es decir, desde un primer momento tomó conocimiento de que tenía privada de su libertad a una menor de edad, en un centro clandestino de detenidos junto a personas adultas perseguidas por causas políticas, a quien mantenía además incomunicada, no obstante lo cual, una vez anoticiado, dispuso la continuidad de esa detención preventiva ilegal y que se la mantuviera incomunicada negándole la entrega a la madre”. El entonces fiscal Romano estaba al tanto de la situación y ambos “una vez que tomaron conocimiento de las torturas y del abuso sexual del que fue víctima la menor por parte del personal policial, omitieron promover la persecución y represión de los delincuentes”.
La denuncia presentada por organismos de derechos humanos y sobrevivientes del centro clandestino de detención que funcionaba en el Departamento de Informaciones de la policía mendocina cuenta que Miret se jactaba de ser amigo personal del general Juan Pablo Saa, a cargo de la represión en Mendoza. “Miret y Romano fueron un engranaje del proceso represivo para facilitar la impunidad ajena y en algunas casos, propia”, sostienen. En un reportaje publicado por el diario mendocino El Sol, Miret se definió como “campeón del garantismo”, aclaró que no fue “juez del proceso sino juez de carrera que actuó durante el proceso” y explicó que todos los detenidos decían haber sido torturados “para desvirtuar la indagatoria policial” y abundó que los policías “estaban tentados de hacer cualquier apremio, como mínimo, un submarino, que no deja marcas, o colgarlos de las piernas por una noche y, entonces, al día siguiente, algunos cantan”. Esos apremios “podían ser o no ciertos”, agregó. El actual camarista dijo, en la misma nota, que cuando le advirtieron sobre la desaparición del profesor Mauricio López Miret pensó que “se había escondido”. En otros casos, directamente avaló actas postdatadas para blanquear el secuestro de jóvenes antes y después del último golpe militar.
Delitos
El fiscal Palermo sostiene que la tolerancia por parte de los magistrados y fiscales que actuaron durante la dictadura terminó erigiendo una suerte de garantía de impunidad para los delitos cometidos. Llama la atención también sobre el silencio que siguieron manteniendo desde el retorno a la democracia.
Del estudio de los expedientes de la época surge que cada uno de los cientos de recursos de hábeas corpus a los que no se les dio curso permitió que los funcionarios tuvieran conocimiento de las detenciones sin orden de autoridad competente y, por lo tanto ilegales; de violaciones de domicilio, de apropiaciones de bienes, de secuestros, desapariciones y torturas.
A partir de la descripción de más de cien casos de secuestros, torturas y desapariciones –en Mendoza hay más de doscientos desaparecidos–, el fiscal Palermo pidió que se cite a declaración indagatoria a Miret por privación abusiva de la libertad, omisión de promover la investigación en 26 hechos, seis omisiones de investigar torturas, robo, prevaricato y omisiones de hacer cesar privaciones ilegales de la libertad. Al ex juez Gabriel Fernando Guzzo lo acusa por no promover la investigación ante 108 denuncias. Al ex fiscal y actual camarista Otilio Roque Romano, quien le dijo al diario La Nación que las acusaciones contra él y Miret habían sido impulsadas para presionarlos por la ley de medios, el fiscal le imputa no haber promovido las investigaciones en 97 detenciones y desapariciones, además de haber encubierto robos y evitar la continuidad de detenciones clandestinas.
Después de veintiséis años de democracia y cuando los procesos a los responsables directos y ejecutores de la represión ilegal avanzan en distintos puntos del país, el velo sobre la complicidad de los jueces empieza a correrse. En Mendoza, los magistrados encontraron hasta ahora los mecanismos para evitar que militares y miembros de fuerzas de seguridad esperen en prisión el comienzo de los juicios. La historia compartida con varios de los actuales camaristas explica la solidaridad y redobla el desafío para hacer justicia.
Un bebé torturado
Osvaldo “Valdi” Uferer fue detenido en dos ocasiones: a fines de abril del ’75 estuvo en la alcaidía del Chaco durante 20 días. La segunda, ocurrió un año después, en 1976, cuando un patrullero lo levantó de la calle y lo depositó en la Brigada de Investigaciones de la policía chaqueña. Estuvo siete años preso. Pasó por la alcaidía, la U7, y la U9 en La Plata. El jueves declaró en la causa “Caballero”, en Resistencia. Contó que en la Brigada una vez lo torturaron hasta que se desmayó: “Me dejaron tirado en el piso al lado de una puerta vaivén”. Cuando despertó escuchó la voz de Gabino Manader y los gritos de Nora Valladares durante un interrogatorio. “Manader le decía bueno... bueno... terminemos... decime lo que quiero saber y te devuelvo la bombacha, te vestís y listo...” Como la mujer no respondía la torturaron un poco más, hasta que el policía (imputado en la causa) se cansó y le dijo: “Bueno, ¿sabés qué? Vamos a traer a tu hijo”. “Nora estaba detenida con un bebé de siete meses –continuó Valdi–. Le aplicaron la picana, porque cuando sonaba la picana el bebé lloraba.” Valdi observaba y escuchaba todo tirado en el piso. Pudo ver a la hoy diputada nacional Elsa Quiroz, a Horacio Cracogna, a Nora Valladares, Jorge Migueles y también a Arturo Franzen y Manuel Parodi Ocampo, dos de las víctimas de la Masacre de Margarita Belén. “Yo me preguntaba por qué se torturaba en el centro de la ciudad, enfrente de la plaza central, donde juegan nuestros niños. Ahora tengo la idea de que esto era un plan premeditado para sembrar el terror”, reflexion
Por Nora Veiras
“El Poder Judicial federal de la provincia de Mendoza evidenció (durante la dictadura) una clara voluntad de no investigar las atrocidades que se cometieron (...) Esta afirmación está basada en un hecho incontrovertible: pese a las innumerables denuncias de cientos de desapariciones y/o homicidios, torturas, privaciones ilegales de libertad y abusos sexuales (...) no hubo un solo funcionario de las fuerzas de seguridad que resultara imputado o seriamente investigado por la comisión de esos delitos.” A lo largo de casi doscientas fojas, el fiscal general Omar Palermo detalló la connivencia de la Justicia con los represores y solicitó que se cite a declaración indagatoria a los actuales camaristas federales de Mendoza Otilio Romano y Luis Francisco Miret y al ex juez Gabriel Guzzo, entre otros, por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, por omitir hacer cesar detenciones ilegales y por encubrir por omisión el deber de denuncia. Calificaciones que tributan en delitos de lesa humanidad.
Miret y Romano ya fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura por organismos de derechos humanos y el propio ministro de Justicia provincial (ver aparte). El pedido del fiscal Palermo, encargado de impulsar las causas por delitos de lesa humanidad, se nutre del testimonio de las víctimas entre 1975 y 1983. El rechazo de los recursos de hábeas corpus, la negativa a buscar a personas desaparecidas, a investigar las condiciones de quienes estaban detenidos y a indagar sobre las torturas estremecen a pesar de la asepsia de la jerga legal. La colaboración del aparato judicial con el terrorismo de Estado se está empezando a investigar en distintas provincias (ver aparte). En Mendoza ya provocó la renuncia de otro camarista, Carlos Martín Pereyra González, quien fue señalado por la Cámara de San Luis por haber presenciado sesiones de tortura.
Modus operandi
El pedido del fiscal Palermo se presentó ante el juez Walter Bonto, titular del juzgado que está en manos como subrogante de Olga Pura de Arrabal, la magistrada que trascendió por su fallo a favor de la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Decisión avalada por los camaristas denunciados por complicidad en delitos de lesa humanidad y revertida por la Corte Suprema de la Nación. Tras la feria judicial se supone que Bonto reasumirá. Miret y Romano pretendieron deslegitimar las denuncias en su contra aduciendo que eran una persecución por su postura frente a la ley de medios. Horacio Verbitsky precisó en Página/12 el pasado 25 de abril que “los organismos de derechos humanos entregaron al Consejo de la Magistratura la denuncia el 22 de marzo y la Cámara de Mendoza recibió la apelación por la ley audiovisual una semana después”.
“Hubo jueces diligentes, no heroicos”, pero que con sus decisiones pudieron dar con un paradero y “poner coto a la dictadura”, señala el fiscal. Esa conducta no caracterizó a Miret, Guzzo y Romano. Por ejemplo, en el caso del secuestro del matrimonio Galamba que denunció, además, el robo de camas, roperos, heladera, lavarropa y ropa, el entonces fiscal Romano rechazó investigar el tema porque “se convertiría al tribunal en una oficina de informes de cosas perdidas”.
El caso de Luz Faingold, una adolescente de 17 años que fue detenida en el ’75 es uno de los que más compromete a Miret (ver aparte). El dictamen del fiscal precisa que “si bien el juez Miret no ordenó directamente la detención de la menor, habría sido anoticiado –probablemente de manera telefónica– el mismo día del resultado del allananamiento que él había ordenado. Es decir, desde un primer momento tomó conocimiento de que tenía privada de su libertad a una menor de edad, en un centro clandestino de detenidos junto a personas adultas perseguidas por causas políticas, a quien mantenía además incomunicada, no obstante lo cual, una vez anoticiado, dispuso la continuidad de esa detención preventiva ilegal y que se la mantuviera incomunicada negándole la entrega a la madre”. El entonces fiscal Romano estaba al tanto de la situación y ambos “una vez que tomaron conocimiento de las torturas y del abuso sexual del que fue víctima la menor por parte del personal policial, omitieron promover la persecución y represión de los delincuentes”.
La denuncia presentada por organismos de derechos humanos y sobrevivientes del centro clandestino de detención que funcionaba en el Departamento de Informaciones de la policía mendocina cuenta que Miret se jactaba de ser amigo personal del general Juan Pablo Saa, a cargo de la represión en Mendoza. “Miret y Romano fueron un engranaje del proceso represivo para facilitar la impunidad ajena y en algunas casos, propia”, sostienen. En un reportaje publicado por el diario mendocino El Sol, Miret se definió como “campeón del garantismo”, aclaró que no fue “juez del proceso sino juez de carrera que actuó durante el proceso” y explicó que todos los detenidos decían haber sido torturados “para desvirtuar la indagatoria policial” y abundó que los policías “estaban tentados de hacer cualquier apremio, como mínimo, un submarino, que no deja marcas, o colgarlos de las piernas por una noche y, entonces, al día siguiente, algunos cantan”. Esos apremios “podían ser o no ciertos”, agregó. El actual camarista dijo, en la misma nota, que cuando le advirtieron sobre la desaparición del profesor Mauricio López Miret pensó que “se había escondido”. En otros casos, directamente avaló actas postdatadas para blanquear el secuestro de jóvenes antes y después del último golpe militar.
Delitos
El fiscal Palermo sostiene que la tolerancia por parte de los magistrados y fiscales que actuaron durante la dictadura terminó erigiendo una suerte de garantía de impunidad para los delitos cometidos. Llama la atención también sobre el silencio que siguieron manteniendo desde el retorno a la democracia.
Del estudio de los expedientes de la época surge que cada uno de los cientos de recursos de hábeas corpus a los que no se les dio curso permitió que los funcionarios tuvieran conocimiento de las detenciones sin orden de autoridad competente y, por lo tanto ilegales; de violaciones de domicilio, de apropiaciones de bienes, de secuestros, desapariciones y torturas.
A partir de la descripción de más de cien casos de secuestros, torturas y desapariciones –en Mendoza hay más de doscientos desaparecidos–, el fiscal Palermo pidió que se cite a declaración indagatoria a Miret por privación abusiva de la libertad, omisión de promover la investigación en 26 hechos, seis omisiones de investigar torturas, robo, prevaricato y omisiones de hacer cesar privaciones ilegales de la libertad. Al ex juez Gabriel Fernando Guzzo lo acusa por no promover la investigación ante 108 denuncias. Al ex fiscal y actual camarista Otilio Roque Romano, quien le dijo al diario La Nación que las acusaciones contra él y Miret habían sido impulsadas para presionarlos por la ley de medios, el fiscal le imputa no haber promovido las investigaciones en 97 detenciones y desapariciones, además de haber encubierto robos y evitar la continuidad de detenciones clandestinas.
Después de veintiséis años de democracia y cuando los procesos a los responsables directos y ejecutores de la represión ilegal avanzan en distintos puntos del país, el velo sobre la complicidad de los jueces empieza a correrse. En Mendoza, los magistrados encontraron hasta ahora los mecanismos para evitar que militares y miembros de fuerzas de seguridad esperen en prisión el comienzo de los juicios. La historia compartida con varios de los actuales camaristas explica la solidaridad y redobla el desafío para hacer justicia.
Un bebé torturado
Osvaldo “Valdi” Uferer fue detenido en dos ocasiones: a fines de abril del ’75 estuvo en la alcaidía del Chaco durante 20 días. La segunda, ocurrió un año después, en 1976, cuando un patrullero lo levantó de la calle y lo depositó en la Brigada de Investigaciones de la policía chaqueña. Estuvo siete años preso. Pasó por la alcaidía, la U7, y la U9 en La Plata. El jueves declaró en la causa “Caballero”, en Resistencia. Contó que en la Brigada una vez lo torturaron hasta que se desmayó: “Me dejaron tirado en el piso al lado de una puerta vaivén”. Cuando despertó escuchó la voz de Gabino Manader y los gritos de Nora Valladares durante un interrogatorio. “Manader le decía bueno... bueno... terminemos... decime lo que quiero saber y te devuelvo la bombacha, te vestís y listo...” Como la mujer no respondía la torturaron un poco más, hasta que el policía (imputado en la causa) se cansó y le dijo: “Bueno, ¿sabés qué? Vamos a traer a tu hijo”. “Nora estaba detenida con un bebé de siete meses –continuó Valdi–. Le aplicaron la picana, porque cuando sonaba la picana el bebé lloraba.” Valdi observaba y escuchaba todo tirado en el piso. Pudo ver a la hoy diputada nacional Elsa Quiroz, a Horacio Cracogna, a Nora Valladares, Jorge Migueles y también a Arturo Franzen y Manuel Parodi Ocampo, dos de las víctimas de la Masacre de Margarita Belén. “Yo me preguntaba por qué se torturaba en el centro de la ciudad, enfrente de la plaza central, donde juegan nuestros niños. Ahora tengo la idea de que esto era un plan premeditado para sembrar el terror”, reflexion
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