El juicio por los crímenes cometidos en el Hospital Posadas

El juicio por los crímenes en El Chalet

Por violaciones a los derechos humanos en perjuicio de 21 víctimas están acusados cuatro represores que actuaron en la fuerza parapolicial que funcionó en el Posadas.

Cuatro represores que integraron una fuerza parapolicial creada por la dictadura específicamente para operar en el Hospital Posadas serán juzgados a partir de esta semana por delitos de lesa humanidad cometidos contra 21 víctimas en El Chalet, un centro clandestino de detención que funcionó en el predio de ese centro asistencial del oeste del conurbano bonaerense. Se trata de los únicos represores relacionados con la causa que están vivos. Un quinto quedó fuera de la lista tras ser declarado insano. “El juicio siempre sirve, pero la realidad es que empezamos a recorrer este camino con muchas expectativas de justicia que han quedado en el camino”, remarcó Zulema Chester, querellante en el juicio que a partir del jueves llevará a cabo el Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires. Su padre, Jacobo Chester, fue secuestrado en 1976 y torturado en El Chalet. Su cuerpo fue encontrado flotando en el Río de la Plata y la familia recibió el certificado de defunción, pero nunca los restos. El caso es uno de los dos a los que la fiscalía intentará sumar el delito de desaparición, aplicado por otras seis víctimas.

Son más de 50 los testigos citados a declarar en el juicio y el debate durará alrededor de dos meses, bajo la vista de un tribunal renovado en su composición y debutante en juicios de derechos humanos, conformado por Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini junto a Pablo Bertuzzi.

Tras dos postergaciones, el juicio que intentará reconstruir lo ocurrido en el Hospital Posadas desde su intervención, instrumentada cuatro días después del último golpe militar por el represor Reynaldo Bignone, comenzará finalmente el jueves próximo. Desde el 28 de marzo de 1976, una patota parapolicial autobautizada “Swat” tomó el control del hospital y transformó la casa construida en el predio para que el director de la institución la utilizara como vivienda en el centro clandestino conocido como El Chalet. Allí permanecieron secuestrados, fueron torturados y desaparecidos médicos, enfermeras y vecinos de la zona.

Según se reconstruyó en la causa, el hospital fue intervenido por Bignone en un operativo militar con tanques y helicópteros apenas se concretó el golpe de Estado. Los represores acusaban a los profesionales de atender a miembros de “grupos subversivos” y ser “base ideológica” de la guerrilla, entre otras cosas. Muchos de los empleados fueron trasladados a cárceles, tras ser torturados en diferentes centros de detención clandestina. En una segunda etapa se formó el grupo Swat con ex empleados de seguridad del mismo centro y policías exonerados. Entonces comenzaron las desapariciones.

“El inicio de un juicio siempre es bienvenido, pero el hecho de que la mayoría de los represores que deberían ser juzgados están muertos deja un gusto amargo. Nosotros lo recibimos a la espera de que alguna vez haya claridad y justicia”, aseguró Chester. Bignone, Luis Muiña y Argentino Ríos, acusados de integrar el Swat, e Hipólito Mariani son los imputados. El resto de los integrantes de la fuerza parapolicial, así como su jefe máximo, el segundo interventor del Posadas, el coronel médico Julio Esteves, fallecieron sin condena. El primer interventor, Abatino Di Benedetto, fue declarado insano. “Empezamos la búsqueda de justicia no bien la patota de Swat se fue de mi casa. Los reconocimos en ese mismo momento; sabíamos que el secuestro de mi viejo tenía que ver con el hospital. Sabíamos quiénes eran y los buscábamos con vida”, se lamentó la mujer.

En total se juzgará lo ocurrido a 21 víctimas, seis de ellas desaparecidas. En los casos de Jorge Roitman y Jacobo Chester, secretario administrativo de la guardia del hospital secuestrado el 27 de noviembre de 1976, si bien fueron asesinados, sus cuerpos nunca fueron hallados y no hay acusación por el homicidio y la desaparición. Los fiscales Javier De Luca y Guillermo Silva intentarán recolectar evidencia para probar que esas dos personas fueron asesinadas y permanecen desaparecidas, para agregar esos delitos a la acusación final.