Genocida Videla debe declarar por el Plan Cóndor

Un dictador a indagatoria

Lo convocó el juez Norberto Oyarbide. Tiene que comparecer por trece casos de secuestros y torturas a ciudadanos peruanos, que fueron capturados en su país y luego trasladados a la Argentina. Mañana está citado a declarar el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy.

Jorge Rafael Videla deberá volver hoy a los tribunales federales, donde será indagado por trece casos de secuestro y torturas cometidos contra ciudadanos peruanos en el marco del Plan Cóndor. Mañana será el turno de su ex ministro del Interior Albano Harguindeguy. El juez federal Norberto Oyarbide citó a los represores para interrogarlos sobre lo sucedido a un grupo de opositores a la dictadura de Francisco Morales Bermúdez detenidos inicialmente en su país por militares peruanos y luego trasladados a la Argentina, donde estuvieron detenidos ilegalmente en Jujuy y Buenos Aires. Entre las víctimas había dirigentes políticos, sindicalistas, un periodista e incluso integrantes de la marina.

Los peruanos fueron secuestrados el 15 de mayo de 1978 en su país y, tras recibir una golpiza, fueron subidos a un avión que los trasladó, engrillados, a la provincia de Jujuy. Allí los llevaron al Regimiento de Infantería de Montaña Nº 20, donde les informaron que eran “prisioneros de guerra”. Los presionaron para que firmaran un pedido de asilo político, y como se negaron los mandaron a Coordinación Federal, en Buenos Aires. Finalmente fueron expulsados a terceros países.

En esta causa, el juez Oyarbide había pedido hace quince días la captura del ex presidente de facto peruano Morales Bermúdez, el militar que derrocó en 1975 al gobierno de Juan Velasco Alvarado. Aunque la investigación no integra la megacausa por la Operación Cóndor porque en ella no se consideraba al Perú como parte de la coordinación represiva de las dictaduras en el Cono Sur, Oyarbide manifestó no tener dudas de que los secuestros tuvieron al Cóndor como marco.

El Plan Cóndor fue un programa de represión coordinada que las dictaduras del Cono Sur implementaron en la década del ’70 para detectar en cualquiera de sus territorios actividades supuestamente subversivas y combatirlas de forma mancomunada.

Al presentar en los tribunales porteños la demanda que dio lugar a la apertura de la investigación judicial, el denunciante Ricardo Napuri, uno de los trece detenidos, había planteado que sus secuestros habían sido “parte de un acuerdo de alto nivel entre las dictaduras de los dos países”.

“En 1978 la dictadura peruana se caía por la presión popular. Se produjo una huelga general y, como manotazo de ahogado, hicieron este operativo. El mundial de fútbol nos jugó a favor, porque los militares argentinos no sabían qué hacer con nosotros. Querían que firmáramos un pedido de asilo político pero nos negamos, nos habían amenazado con aplicarnos la ‘ley de fuga’ y nos llevaron a los sótanos de la Policía Federal, donde nos hacían escuchar las sesiones de torturas. El caso fue tomado por el gobierno de Suecia y por Naciones Unidas, y finalmente nos expulsaron”, relató Napuri a este diario. También contó cómo fue la salida del grupo de la Argentina: sus captores los llevaron directamente a la puerta de un avión de Air France sin pasar por Migraciones y le dijeron al piloto que les retuviera los documentos porque la policía francesa los esperaba por “subversivos”. Sin embargo, ellos se quejaron y el piloto, tras consultar con las autoridades francesas, les devolvió la documentación y les hizo saber que eran “huéspedes privilegiados”.

Videla y Harguindeguy están presos en otras causas por delitos de lesa humanidad. El ex presidente de facto, de 86 años, cumple dos condenas en la cárcel de Campo de Mayo, mientras que su ex ministro, de 84, pidió el beneficio del arresto domiciliario.