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| Juez Luis Miret |
Juicio político al juez Luis Miret
Una acusación en la que coincidieron todos los sectores
La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura votó por unanimidad la imputación al camarista mendocino por su “actitud colaboracionista con la comisión de delitos de lesa humanidad”. La semana próxima sería suspendido.
Por Irina Hauser
“No cabe duda de que la serie de hechos que se le imputan al juez (Luis Francisco) Miret evidenciarían una actitud colaboracionista con la comisión de delitos de lesa humanidad perpetrados por el Estado durante le período comprendido entre 1975 y 1977.”
Con este y otros argumentos, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura en pleno dejó al camarista mendocino a un paso del juicio político. Según el dictamen acusatorio aprobado ayer, Miret tuvo “un papel absolutamente pasivo frente a la denuncia de torturas, violaciones y vejaciones” que recibía de los detenidos antes y durante el terrorismo de Estado, cuando era juez de primera instancia. Las imputaciones se basan en casos concretos como el de Hugo Tomini, a quien visitó después de una sesión de tormentos; la detención ilegal de una menor, Luz Faingold, su negativa a restituirla a sus padres y a investigar las vejaciones que sufrió; su falta de excusación para juzgar a represores amigos; y el archivo de la causa sobre la apropiación de una hija de desaparecidos.
El dictamen que propone suspender a Miret y promover su destitución “por mal desempeño y posible comisión de delitos” sería tratado en el plenario del jueves próximo, con chances de prosperar. Llegará con un respaldo poco habitual en el organismo, ya que ayer lo votaron los nueve consejeros que integran la Comisión de Acusación: Héctor Masquelet (representante del Poder Ejecutivo y autor del proyecto de remoción), los kirchneristas Nicolás Fernández, Diana Conti y Carlos Kunkel, el radical Ernesto Sanz, los jueces Luis Cabral y Luis María Bunge Campos, el abogado Santiago Montaña y el académico Mariano Candiotti. El apoyo fue de todos los sectores del organismo, que en total tiene trece miembros. Para abrir el juicio político hacen falta dos tercios de los votos de los presentes en el plenario.
Masquelet pidió tratar el tema urgente porque Miret sigue impartiendo justicia, aunque no sólo lo investiga el Consejo, sino que el juez federal Walter Bento le imputa responsabilidad en 31 casos desapariciones, secuestros, robos y homicidios durante la dictadura. Lleva varios días de indagatoria por estos hechos y hoy debe seguir declarando. A ese doble rol de juez de represores e imputado por crímenes dictatoriales se refirió Angela Urondo –hija del poeta, periodista y militante montonero Paco Urondo–, quien pidió hablar frente a los consejeros antes de que votaran.
“Soy hija de Alicia Raboy y Francisco Urondo. No quiero que quienes juzguen la desaparición de mi madre y el asesinato de mi padre, ocurridos en Mendoza el 17 de junio de 1976, sean jueces comprometidos con la dictadura, imputados por delitos de lesa humanidad. Yo fui secuestrada y supe mi verdadera identidad a los 20 años.” Sus palabras conmovieron. “Llevo 35 años masticando impunidad”, dijo. “No me puedo ir de vacaciones a Mar del Plata pensando que en la sombrilla de al lado puede estar el hombre que torturó y secuestró a mi madre. Quisiera poder transmitirles seguridad a mis hijos”, reclamó.
Angela no sólo se refirió a Miret sino a otros jueces mendocinos, como los camaristas Otilio Romano y Julio Demetrio Petra, denunciados por las mismas razones que Miret. “Lo que pasa en Mendoza, donde liberan a los represores, no se condice con lo que pasa en el resto del país desde que anularon las leyes de impunidad. A mí me afecta en lo cotidiano”, le comentó a Página/12. Romano, que era fiscal en las causas de Miret en los setenta, consiguió frenar su juicio político, por ahora, con un amparo. Petra fue citado ayer por el Consejo como sospechoso (ver aparte).
También habló ante los consejeros un grupo de jóvenes de la Comisión Estudiantil por los Derechos Humanos y la Etica de la Universidad Nacional de Cuyo. Entregaron audios de las clases de Etica y Derechos Humanos que Miret solía dar hasta hace muy poco en la Facultad de Derecho, con alegatos en defensa de las leyes de punto final y obediencia debida, referencias a lo que llamaba “necesidad de neutralizar a los subversivos” y justificaciones del golpe de Estado. En esos términos lo resumió Rubén Cuello, un estudiante que describió “todas las justificaciones del terrorismo de Estado que tuvimos que soportar de Miret, su lenguaje castrense y su trato violento”. “Cuando empezamos con nuestro reclamo –agregó–, él fue por la facultad pidiendo los nombres de quienes lo estábamos realizando”. La protesta de la Comisión Estudiantil llevó a que Miret fuera expulsado por el rectorado, pero consiguió que lo repusiera el juez ad hoc Luis Santamaría. Las últimas tres veces que fue a dar clases lo recibió el aula vacía. Los estudiantes denunciaron penalmente a Santamaría y también pidieron su destitución.
El consejero académico Mariano Candiotti dijo que estaba “orgulloso” de que la universidad hubiera tomado cartas en el asunto. El radical Sanz dijo que como mendocino no podía “mantenerse al margen” y anunció su apoyo al juicio político. “Miret, en su condición de juez federal de Mendoza, aseguró la impunidad de los secuestros, torturas, violaciones y otros vejámenes cometidos por las fuerzas armadas y de seguridad” desde “los años previos al golpe de estado instaurado en el año 1976”, afirma el dictamen aprobado. El documento refleja casos donde quienes estaban detenidos bajo la llamada “ley de lucha contra la subversión” denunciaban tormentos y malos tratos que Miret “nunca investigó”. Se le imputa:
n No investigar los tormentos sufridos por Hugo René Tomini, detenido en 1975, a quien Miret vio en un calabozo del D2 de Mendoza después de una sesión de torturas. “Hay que aguantar”, le recomendó el juez a Tomini, cuando, sin poder siquiera levantarse, le dijo que estaba “dolorido”.
* “Prolongar arbitraria e indebidamente la detención” de Luz Faingold, una estudiante secundaria a quien dejó incomunicada en una cárcel de adultos, pese a que era menor de edad. Incluso “prohibió restituirla a su hogar” cuando su madre pedía por ella en todas partes y ante el propio Miret. El la mandó a un hogar de niños abandonados con el argumento de que sus padres, divorciados, no daban “garantía moral”. Casenave relató la búsqueda de su hija ante el Consejo. Pese a que otros detenidos denunciaron que había sido violada, el juez tampoco lo investigó.
* Un grupo de jóvenes, entre ellos León Glowosky, pareja de Luz, también detenidos en el D2 denunciaron vejaciones y malos tratos que Miret nunca trató de establecer. Uno de ellos, Prudencio Mocchi, tenía un disparo en una pierna.
* El dictamen señala la “falta de imparcialidad” de Miret por no excusarse en el juicio por la verdad en el que se juzgaba al general Juan Pablo Saá, jefe de la represión en Mendoza, de quien se jactaba ser amigo personal
* Se le cuestiona el archivo, en 1987, del expediente en el que se investigaba la apropiación de Rebeca Celina Manrique Terrera, hija de un matrimonio desaparecido en julio de 1977, que de ningún modo podía considerarse alcanzado por las leyes de impunidad. Cuando otros jueces reabrieron la causa la chica recuperó su identidad.
Una acusación en la que coincidieron todos los sectores
La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura votó por unanimidad la imputación al camarista mendocino por su “actitud colaboracionista con la comisión de delitos de lesa humanidad”. La semana próxima sería suspendido.
Por Irina Hauser
“No cabe duda de que la serie de hechos que se le imputan al juez (Luis Francisco) Miret evidenciarían una actitud colaboracionista con la comisión de delitos de lesa humanidad perpetrados por el Estado durante le período comprendido entre 1975 y 1977.”
Con este y otros argumentos, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura en pleno dejó al camarista mendocino a un paso del juicio político. Según el dictamen acusatorio aprobado ayer, Miret tuvo “un papel absolutamente pasivo frente a la denuncia de torturas, violaciones y vejaciones” que recibía de los detenidos antes y durante el terrorismo de Estado, cuando era juez de primera instancia. Las imputaciones se basan en casos concretos como el de Hugo Tomini, a quien visitó después de una sesión de tormentos; la detención ilegal de una menor, Luz Faingold, su negativa a restituirla a sus padres y a investigar las vejaciones que sufrió; su falta de excusación para juzgar a represores amigos; y el archivo de la causa sobre la apropiación de una hija de desaparecidos.
El dictamen que propone suspender a Miret y promover su destitución “por mal desempeño y posible comisión de delitos” sería tratado en el plenario del jueves próximo, con chances de prosperar. Llegará con un respaldo poco habitual en el organismo, ya que ayer lo votaron los nueve consejeros que integran la Comisión de Acusación: Héctor Masquelet (representante del Poder Ejecutivo y autor del proyecto de remoción), los kirchneristas Nicolás Fernández, Diana Conti y Carlos Kunkel, el radical Ernesto Sanz, los jueces Luis Cabral y Luis María Bunge Campos, el abogado Santiago Montaña y el académico Mariano Candiotti. El apoyo fue de todos los sectores del organismo, que en total tiene trece miembros. Para abrir el juicio político hacen falta dos tercios de los votos de los presentes en el plenario.
Masquelet pidió tratar el tema urgente porque Miret sigue impartiendo justicia, aunque no sólo lo investiga el Consejo, sino que el juez federal Walter Bento le imputa responsabilidad en 31 casos desapariciones, secuestros, robos y homicidios durante la dictadura. Lleva varios días de indagatoria por estos hechos y hoy debe seguir declarando. A ese doble rol de juez de represores e imputado por crímenes dictatoriales se refirió Angela Urondo –hija del poeta, periodista y militante montonero Paco Urondo–, quien pidió hablar frente a los consejeros antes de que votaran.
“Soy hija de Alicia Raboy y Francisco Urondo. No quiero que quienes juzguen la desaparición de mi madre y el asesinato de mi padre, ocurridos en Mendoza el 17 de junio de 1976, sean jueces comprometidos con la dictadura, imputados por delitos de lesa humanidad. Yo fui secuestrada y supe mi verdadera identidad a los 20 años.” Sus palabras conmovieron. “Llevo 35 años masticando impunidad”, dijo. “No me puedo ir de vacaciones a Mar del Plata pensando que en la sombrilla de al lado puede estar el hombre que torturó y secuestró a mi madre. Quisiera poder transmitirles seguridad a mis hijos”, reclamó.
Angela no sólo se refirió a Miret sino a otros jueces mendocinos, como los camaristas Otilio Romano y Julio Demetrio Petra, denunciados por las mismas razones que Miret. “Lo que pasa en Mendoza, donde liberan a los represores, no se condice con lo que pasa en el resto del país desde que anularon las leyes de impunidad. A mí me afecta en lo cotidiano”, le comentó a Página/12. Romano, que era fiscal en las causas de Miret en los setenta, consiguió frenar su juicio político, por ahora, con un amparo. Petra fue citado ayer por el Consejo como sospechoso (ver aparte).
También habló ante los consejeros un grupo de jóvenes de la Comisión Estudiantil por los Derechos Humanos y la Etica de la Universidad Nacional de Cuyo. Entregaron audios de las clases de Etica y Derechos Humanos que Miret solía dar hasta hace muy poco en la Facultad de Derecho, con alegatos en defensa de las leyes de punto final y obediencia debida, referencias a lo que llamaba “necesidad de neutralizar a los subversivos” y justificaciones del golpe de Estado. En esos términos lo resumió Rubén Cuello, un estudiante que describió “todas las justificaciones del terrorismo de Estado que tuvimos que soportar de Miret, su lenguaje castrense y su trato violento”. “Cuando empezamos con nuestro reclamo –agregó–, él fue por la facultad pidiendo los nombres de quienes lo estábamos realizando”. La protesta de la Comisión Estudiantil llevó a que Miret fuera expulsado por el rectorado, pero consiguió que lo repusiera el juez ad hoc Luis Santamaría. Las últimas tres veces que fue a dar clases lo recibió el aula vacía. Los estudiantes denunciaron penalmente a Santamaría y también pidieron su destitución.
El consejero académico Mariano Candiotti dijo que estaba “orgulloso” de que la universidad hubiera tomado cartas en el asunto. El radical Sanz dijo que como mendocino no podía “mantenerse al margen” y anunció su apoyo al juicio político. “Miret, en su condición de juez federal de Mendoza, aseguró la impunidad de los secuestros, torturas, violaciones y otros vejámenes cometidos por las fuerzas armadas y de seguridad” desde “los años previos al golpe de estado instaurado en el año 1976”, afirma el dictamen aprobado. El documento refleja casos donde quienes estaban detenidos bajo la llamada “ley de lucha contra la subversión” denunciaban tormentos y malos tratos que Miret “nunca investigó”. Se le imputa:
n No investigar los tormentos sufridos por Hugo René Tomini, detenido en 1975, a quien Miret vio en un calabozo del D2 de Mendoza después de una sesión de torturas. “Hay que aguantar”, le recomendó el juez a Tomini, cuando, sin poder siquiera levantarse, le dijo que estaba “dolorido”.
* “Prolongar arbitraria e indebidamente la detención” de Luz Faingold, una estudiante secundaria a quien dejó incomunicada en una cárcel de adultos, pese a que era menor de edad. Incluso “prohibió restituirla a su hogar” cuando su madre pedía por ella en todas partes y ante el propio Miret. El la mandó a un hogar de niños abandonados con el argumento de que sus padres, divorciados, no daban “garantía moral”. Casenave relató la búsqueda de su hija ante el Consejo. Pese a que otros detenidos denunciaron que había sido violada, el juez tampoco lo investigó.
* Un grupo de jóvenes, entre ellos León Glowosky, pareja de Luz, también detenidos en el D2 denunciaron vejaciones y malos tratos que Miret nunca trató de establecer. Uno de ellos, Prudencio Mocchi, tenía un disparo en una pierna.
* El dictamen señala la “falta de imparcialidad” de Miret por no excusarse en el juicio por la verdad en el que se juzgaba al general Juan Pablo Saá, jefe de la represión en Mendoza, de quien se jactaba ser amigo personal
* Se le cuestiona el archivo, en 1987, del expediente en el que se investigaba la apropiación de Rebeca Celina Manrique Terrera, hija de un matrimonio desaparecido en julio de 1977, que de ningún modo podía considerarse alcanzado por las leyes de impunidad. Cuando otros jueces reabrieron la causa la chica recuperó su identidad.
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