En la Argentina de los museos de los derechos humanos: genocidas de vacaciones y otros casos, después de 30 años, algunos jueces inician su trabajo.

Ante la denuncia de un particular (¡!)que reconoció al que fuera ministro del Interior durante la dictadura militar, Albano Harguindeguy, en un balneario de una conocida localidad veraniega, Pinamar, a pesar que tendría estar cumpliendo prisión domiciliaria por tres causas : secuestro extorsivo, el golpe de Estado de 1976 y por el Plan Cóndor.

Por el Plan Cóndor, en noviembre de 2007, el juez federal Sergio Torres elevó a juicio oral y público a diecisiete represores de la última dictadura militar, encabezados por el ex dictador Jorge Rafael Videla. La nómina de represores se completa con Eduardo Albano Harguindeguy, Cristino Nicolaides, Luciano Benjamín Menéndez, Antonio Domingo Bussi, Santiago Omar Riveros y Eduardo Daniel De Lio, entre otros. A todos ellos -procesados en una medida confirmada por la Cámara Federal- se les imputan delitos de "lesa humanidad" cometidos en el marco del denominado "Plan Cóndor", como se conoció al acuerdo entre dictaduras latinoamericanas para la eliminación de opositores políticos.

Sin embargo, durante la etapa instructora, la Cámara Nacional de Casación Penal concedió la excarcelación de todos los procesados detenidos a excepción de Videla, quien "nunca solicitó la concesión de tal beneficio", aunque muchos de ellos siguen detenidos por otras causas. En esta causa se investiga la "concertación de un acuerdo criminal", como se calificó a los procedimientos de las fuerzas armadas y de seguridad de la Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay; para la "comisión de ilícitos, entre ellos la desaparición forzada de personas" opositoras a esos regímenes. En el marco de la pesquisa se investigan las privaciones ilegítimas de la libertad de más de setenta víctimas, entre ellas María Claudia Irureta, argentina secuestrada embarazada de 8 meses, trasladada a Uruguay. Recientemente se recuperó la hija que tuvo en cautiverio.

Asimismo, en los últimos días se confirma procesamiento por delitos de lesa humanidad al ex.comisario Luis Patti, que fuera intendente de la localidad de Escobar (pcia.de Bs. As.) como cualquier “democráta” , Patti está procesado "por privación ilegal de la libertad doblemente agravado, imposición de tormentos y allanamientos ilegales"

El subcomisario fue detenido recién en diciembre último (2007) por delitos de lesa humanidad, y ahora queda más cerca de afrontar un juicio oral. En la misma causa también están procesados con prisión preventiva, aunque gozan de arresto domiciliario por su edad avanzada, el ex presidente durante la dictadur, Reynaldo Bignone y los ex represores Santiago Omar Riveros y Eduardo Espósito, este último jefe de Patti en Escobar. Patti fue encarcelado por delitos de lesa humanidad cometidos cuando era subcomisario en Escobar, en la dictadura, y participó del secuestro y posterior desaparición del ex diputado Diego Muñiz Barreto, en Ramallo. El cadáver de Muñiz Barreto fue encontrado dentro de un automóvil.

También se le imputa el secuestro de varios militantes politicos que fueron trasladados a la Unidad Regional de Tigre para luego ser llevados al centro clandestino de detención de Campo de Mayo.