Procesaron a funcionarios de la justicia por su rol durante la dictadura

Otilio Roque Romano
Encubrimiento y complicidad judicial

Otilio Roque Romano, juez de la Cámara Federal de Mendoza, fue procesado como partícipe secundario en 76 casos de secuestros, torturas y robos ocurridos entre 1975 y 1983. Sigue en funciones porque presentó una medida cautelar.
      
Otilio Roque Romano, juez de la Cámara Federal de Mendoza, fue procesado ayer por encubrir crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. La resolución del juez federal Walter Bento alcanzó también a su ex colega Luis Francisco Miret, destituido del mismo cargo la semana pasada por no investigar torturas y violaciones cometidas por la policía de Mendoza en 1975. Si bien la resolución del magistrado adjudica un rol más activo a Romano, procesado como partícipe secundario en 76 casos de secuestros, torturas y robos ocurridos entre 1975 y 1983, la mayoría contra personas que permanecen desaparecidas, el camarista logró evitar hasta ahora su destitución gracias a la interposición de medidas cautelares ante el Consejo de la Magistratura, que ahora sí podrá suspenderlo en el cargo.

La complicidad de Romano con el terrorismo de Estado se conoce desde 2009 por la denuncia penal que presentaron abogados del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo, la Asociación de Ex Presas y Ex Presos Políticos de Mendoza y dos de las trescientas víctimas que pasaron por Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial, ampliada luego por el fiscal general Omar Palermo.

Hombre fuerte del fuero federal cuyano desde hace cuatro décadas, Romano logró obstaculizar la investigación recusando a quienes la impulsaban y presentando certificados médicos para postergar su declaración indagatoria, siempre con el respaldo de viejos amigos. Después de prestarse a recusar a Bento, el también camarista Julio Petra fue fotografiado mientras cenaba con champagne en un bar céntrico con su amigo y compañero de tribunal durante casi veinte años, según denunció el diario virtual Mendoza On Line. Petra sigue siendo presidente de la Cámara y ayer recibió otra mala noticia: el procesamiento de Bento incluyó a su primo hermano Guillermo Max Petra Recabarren, también por omitir investigar delitos de lesa humanidad durante la dictadura, en su caso como juez federal subrogante y por 22 hechos.

En el Consejo de la Magistratura, donde también fue denunciado por los organismos y el Ministerio Público, Romano tuvo más suerte que Miret. Ambos renunciaron al cargo para intentar evitar el jury de enjuiciamiento de magistrados, pero chocaron con la negativa de la presidenta Cristina Fernández, que les frustró la maniobra. La diferencia es que mientras Miret debió afrontar un proceso y terminó destituido, Romano logró burlar al organismo que debería evaluar su actuación gracias a una medida cautelar que le concedió el juez ad hoc Carlos Parellada. Parellada fue denunciado a su vez por el sobreviviente D2 Fernando Rule como amigo íntimo de Romano, compañero de fuero durante la dictadura y padre de una mujer a quien el camarista contrató como empleada en su tribunal.

La resolución de ayer del juez Bento destaca en el caso de Romano la “presunta omisión sistemática y prolongada en el tiempo de promover la persecución y represión de los delitos de que habría tomado conocimiento durante su desempeño como fiscal federal y juez federal subrogante, en hechos que habrían cometido miembros de Fuerzas Armadas y de seguridad afectados a la lucha contra la subversión (sic) entre los años 1975/1983, facilitando la impunidad de los responsables y la continuidad del mismo”. Lo sindicó como partícipe secundario de 76 privaciones ilegítimas de la libertad y torturas y le embargó sus bienes por veinte mil pesos.

En el caso de Luis Miret, alias “Catalán”, Bento lo procesó “por haber omitido promover las investigaciones faltando a la obligación de su cargo de juez federal subrogante” en 35 casos de privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, robos y violación de domicilio. La resolución también incluye a quien fuera juez federal titular de Mendoza durante la dictadura, Rolando Evaristo Carrizo, por haber omitido investigar delitos de lesa humanidad en 19 casos. Bento embargó los bienes de Miret y Petra Recabarren por diez mil pesos, y por cinco mil en el caso de Carrizo.

“Mendoza ha hecho fundamentalmente dos aportes al proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad en la Argentina: uno es el avance contra los jueces cómplices de la dictadura, y el otro, a partir de la valentía de las compañeras, es que salieron a la luz los ataques sexuales como parte del plan sistemático”, evaluó ayer Pablo Salinas, abogado del MEDH y uno de los impulsores de la denuncia contra Romano, Miret & Cía. junto con Viviana Beigel, Alfredo Guevara, Diego Lavado y Carlos Varela.

“La complicidad judicial existió en todo el país. La diferencia es que en Mendoza hemos logrado denunciarlos, hemos logrado que un fiscal de la democracia los acuse y que un juez de la democracia los procese”, celebró Salinas. Enfatizó que, según la resolución de ayer, Miret llegaría a juicio oral por no promover investigaciones en 36 casos y ya fue destituido, en tanto “Romano fue procesado como partícipe en 76 hechos, delitos mucho más graves, y no sólo no está destituido, sino que sigue cobrando su sueldo como juez gracias a la Argentina de las cautelares, que le permitieron frenar la investigación durante más de un año”, lamentó. El procesamiento cambia el panorama. El Consejo de la Magistratura tiene la palabra.