Una máscara de centro clandestino

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Un nuevo paso para el esclarecimiento de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado se dio ayer cuando la Fiscalía Federal de La Rioja reveló que la cárcel de esa capital, conocida durante años como Instituto de Rehabilitación Social (IRS), había funcionado como un centro clandestino de detención que operó en el área represiva 314. Según el informe judicial, el IRS fue “por excelencia el lugar de reunión de detenidos en diferentes situaciones, sin perjuicio de que hayan existido otros sitios en los que se detenía y se torturaba a personas, como las comisarías regionales, el Batallón 141, el Escuadrón 24 de Gendarmería Nacional (en Chilecito) o la Base Aérea Celpa (en Chamical)”.

El documento difundido devela que, durante el tiempo que funcionó ese instituto, “las mujeres eran ubicadas en pabellones, divididos en celdas que compartían entre tres o cuatro detenidas”, que tenían ventanas que daban al patio interior, “pero estaban cubiertas de papel o pintura para evitar la visibilidad. También había ranuras en las puertas, que permitían ver un pasillo interior del IRS”. El fiscal federal Darío Illanes –a cargo de las actuaciones por la megacausa iniciada por violaciones a los derechos humanos contra Luciano Benjamín Menéndez y más de 60 represores–, destacó que por el IRS “pasaron casi todos los detenidos en la provincia en algún período del lapso en el que estuvieron privados de la libertad” y expresó que “se trataba de un centro de detención y tortura”.

Illanes determinó, además, que los interrogatorios “eran dirigidos y llevados a cabo por personal de Gendarmería Nacional, la policía provincial, la Policía Federal y el Ejército, (con quienes) colaboraba personal del propio IRS”. En los próximos días se espera que el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena tome declaración a Roberto Catalán, quien se desempeñó como juez federal en La Rioja durante la dictadura.