Si se abrieran todos los archivos de la dictadura, el mapa de la justicia sería otro.
LOS JUICIOS EN CAPITAL, LA PLATA, CHACO Y TUCUMAN
Los represores que actuaron en La Plata, en la ESMA, Orletti, El Vesubio, Olimpo, El Banco, en Margarita Belén y las jefaturas de Policía de Chaco y Tucumán son juzgados en la actualidad.
Ocho juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura se encuentran en marcha. Las violaciones a los derechos humanos cometidas en los centros clandestinos de detención (CCD) de la ESMA, Automotores Orletti, El Vesubio y unificados el Club Atlético, El Banco, El Olimpo –todos en la ciudad de Buenos Aires– se encuentran en pleno juicio oral. En Chaco se investiga la masacre de Margarita Belén y el CCD que funcionó en la Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia y en Tucumán también se juzga a los responsables del CCD para el que utilizaron la ex Jefatura de Policía tucumana. En La Plata está en proceso la investigación sobre el servicio penitenciario de la Unidad 9 durante el gobierno de facto.
El Tribunal Oral Federal Nº 1 lleva adelante el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, sindicado como una de las bases del Plan Cóndor, a través del que las dictaduras del continente coordinaban acciones represivas y por el que pasaron gran cantidad de ciudadanos extranjeros. Los imputados son el ex vicecomodoro de la Fuerza Aérea Néstor Guillamondegui, el ex coronel del Ejército Rubén Visuara, el ex general de División Eduardo Cabanillas y los agentes civiles Raúl Guglielminetti, Eduardo Ruffo y Honorio Martínez Ruiz. Los delitos por los que están juzgados son el de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado impuesto sobre 65 víctimas.
El juicio que trata los crímenes cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército comenzó el 23 de noviembre. Allí se investigan los delitos que se practicaban en los centros clandestinos de detención conocidos como Club Atlético, El Banco y el Olimpo, todos dentro de la ciudad de Buenos Aires. El policía Julio Simón (que utilizaba el alias de “Turco Julián”) y que ya cuenta con dos condenas por delitos similares, junto a otros catorce imputados como Samuel Miara –condenado por la apropiación ilegal de los mellizos Reggiardo Tolosa–, comparecen por el secuestro y torturas contra 180 personas. Se calcula que cerca de cuatrocientos testimonios serán escuchados por el tribunal. En otro juicio se juzga por delitos de lesa humanidad a ocho represores –los ex militares Pedro Alberto Durán Sáenz y Héctor Humberto Gamen, entre otros– por vejaciones cometidas en la cárcel clandestina El Vesubio, también en la Capital.
En abril se inició el juicio oral contra los represores que actuaron en la Unidad 9 de la penitenciaría de La Plata. Allí se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos contra noventa personas. El ex director de la unidad, Abel Dupuy, y quien era su subalterno entonces, Isabelino Vega, son algunos de los catorce imputados que tiene la causa. El 11 de mayo se presentó a declarar el ex canciller Jorge Taiana como testigo de los apremios y las vejaciones, al haber pasado por allí en su condición de detenido en 1976.
La masacre de Margarita Belén, que se tramita en la Justicia chaqueña, recae sobre nueve represores: ocho ex militares y un ex policía. La causa investiga la ejecución en 1976 de un grupo de presos políticos luego de que los retiraran de la Unidad Penitenciaria Nº 7 de Resistencia bajo un supuesto traslado, pero al llegar a la localidad de Margarita Belén fueron acribillados por sus custodios. Por otro lado, la Justicia del Chaco también instruye sobre la investigación que abarca a los delitos de lesa humanidad cometidos contra 26 personas en el centro clandestino que funcionó en la Dirección de Investigaciones de la policía local durante la dictadura. Por último, en Tucumán se inició en febrero un nuevo juicio oral contra los ex comandantes Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, los dos condenados ya a prisión perpetua por el secuestro y asesinato en Tucumán del senador Guillermo Vargas Aignasse en 1976. En este caso, el tribunal investiga los delitos cometidos contra veinte víctimas en el centro clandestino de detención que funcionó en la ex Jefatura de Policía provincial.
No hay comentarios:
Publicar un comentario