La Comisión Argentina de Derechos Humanos (Cadhu) afirmó ayer, en una conferencia de prensa celebrada en Madrid, que Noemí Esther Gianotti de Molfino, súbdita argentina encontrada muerta en la calle de Tutor de la capital española, «no murió de muerte natural, sino que fue asesinada».La Cadhu desmiente la versión de la Embajada argentina en Madrid, en el sentido de que Noemí Esther Gianotti, que poseía la condición de refugiada política, muriese de muerte natural, en base a las contradicciones del informe policial, siendo la más destacada el que los presuntos asesinos borrasen todas las huellas dactilares del apartamento donde apareció el cadáver, «olvidándose», en cambio, ciertos documentos de identidad.
La versión del organismo argentino es que Noemí Esther Gianotti fue secuestrada en Lima, (Perú) en una operación «montada por el Gobierno de Buenos Aires».
Según los datos de la Cadhu, el apartamento del número 37 de la calle del Tutor fue alquilado por un tal Julio César Ramírez, también secuestrado en Lima, siendo el arrendatario, en realidad, un agente del Gobierno argentino. Noemí Esther Gianotti entró en el apartamento el 18 de julio.
Durante los días siguientes, hasta el descubrimiento del cadáver, el 24, identificado en dos llamadas anónimas a sendos periódicos, el apartamento de Tutor 37 tenía colgado el letrero de «no molestar». Coincidiendo con la conferencia de prensa de la Cadhu, el Grupo parlamentario Socialista español en el Congreso presentó ayer una pregunta al Gobierno sobre el caso y que anuncie públicamente las informaciones que tenga sobre la participación de las fuerzas de seguridad argentinas en actos de este tipo en nuestro país. Las medidas que el Gobierno está dispuesto a tomar contra estos acontecimientos, la posible petición a los Gobiernos de Perú y Bolivia, donde estuvo la presuntamente asesinada Noemí Esther Gianotti, y las normas de protección a la numerosa colonia latinoamericana en España.
A la conferencia de prensa asistieron varias organizaciones de exiliados argentinos, así como representantes del PSOE, Federico de Carvajal, y del PCE, su secretario general, Santiago Carrillo.
Las delegaciones políticas españolas insistieron en que solicitarán al Gobierno Suárez, todo tipo de información en el caso y la colaboración en las campañas contra la represión de exiliados latinoamericanos en España.
Asimismo, la Cadhu envió una nota al secretario general de UCD, Rafael Calvo, en la que manifiesta su deseo de colaborar con las instituciones del Estado español para esclarecer el crimen, y una colaboración conjunta con el Gobierno.
Santiago Carrillo, por su parte, declaró que entre las medidas de apoyo pensadas por el PCE está la de invitar a España a una comisión de parlamentarios peruanos, que investiga en la actualidad el secuestro de Noemí Esther Gianotti en Lima.
Jaime Sanz de Bremond, representante del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, dijo que este acto es también una violación del derecho de asilo amparado en el artículo 30 de la Constitución española.
(El Pais, 7/8/1980)
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