El tribunal que integrará el histórico juicio por la desaparición de tres estudiantes catamarqueños durante la dictadura militar, realizaron procedimientos en la vivienda de una de las mujeres secuestradas como etapa previa al debate oral, contra los represores Luciano Benjamín Menéndez, Carlos Alberto Lucena y Juan Daniel Rauzzino.
El procedimiento se plasmó en la vivienda de la familia de Nelly Yolanda Borda, para lo cual las partes debieron reunirse en la ciudad de Belén, en donde magistrado y abogados se entrevistaron con los hermanos de Yolanda, quienes se encontraban en ese lugar cuando se produjo el rapto.
El presidente del Tribunal Oral Federal, Juan Carlos Reynaga, el secretario Rafael Vehils Ruiz; el secretario Fiscal, Javier Merep; y en representación de la querella particular, Guillermo Andrés Díaz Martínez, inspeccionaron la vivienda de donde fue secuestrada la joven Borda, el 27 de enero de 1977. Aunque la propiedad fue modificada desde el momento en que ocurrieron los hechos, las pericias y el registro ocular sirvieron para incorporar todas las pruebas solicitadas por los querellantes y avanzar en la resolución de la fecha del inicio del debate.
Además de las inspecciones oculares, aún resta incorporar pruebas informativas solicitadas a tribunales de Buenos Aires, Tucumán y otras provincias argentinas, en donde ya se formalizaron debates por lesa humanidad.
También se solicitaron informes al Ejército Argentino, para relevar cuáles eran las funciones que cumplían los imputados por el delito de “privación ilegítima de la libertad”.
Una vez que el Tribunal sume todas las pruebas requeridas, se podrá fijar fecha para que inicie el histórico juicio. Los magistrados son optimistas en que antes de mediadios de año todo quede resuelto.
Desaparecidos
La causa que investiga el secuestro de Nelly Yolanda Borda, Genaro Burgos, Francisco Gregorio Ponce y su hermana Griselda, fue elevada a juicio en 2011, y la instrucción estuvo a cargo del juez federal Ricardo Antonio Moreno.
Mientras al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Menéndez y al ex jefe del Regimiento 17, general Lucena, se les endilga responsabilidad en todos los hechos, Juan Daniel Rauzzino, entonces jefe de la Policía de la provincia, sólo deberá responder por la desaparición física de Genaro Burgos y Griselda Ponce, ocurrida en diciembre de 1976.
El procedimiento se plasmó en la vivienda de la familia de Nelly Yolanda Borda, para lo cual las partes debieron reunirse en la ciudad de Belén, en donde magistrado y abogados se entrevistaron con los hermanos de Yolanda, quienes se encontraban en ese lugar cuando se produjo el rapto.
El presidente del Tribunal Oral Federal, Juan Carlos Reynaga, el secretario Rafael Vehils Ruiz; el secretario Fiscal, Javier Merep; y en representación de la querella particular, Guillermo Andrés Díaz Martínez, inspeccionaron la vivienda de donde fue secuestrada la joven Borda, el 27 de enero de 1977. Aunque la propiedad fue modificada desde el momento en que ocurrieron los hechos, las pericias y el registro ocular sirvieron para incorporar todas las pruebas solicitadas por los querellantes y avanzar en la resolución de la fecha del inicio del debate.
Además de las inspecciones oculares, aún resta incorporar pruebas informativas solicitadas a tribunales de Buenos Aires, Tucumán y otras provincias argentinas, en donde ya se formalizaron debates por lesa humanidad.
También se solicitaron informes al Ejército Argentino, para relevar cuáles eran las funciones que cumplían los imputados por el delito de “privación ilegítima de la libertad”.
Una vez que el Tribunal sume todas las pruebas requeridas, se podrá fijar fecha para que inicie el histórico juicio. Los magistrados son optimistas en que antes de mediadios de año todo quede resuelto.
Desaparecidos
La causa que investiga el secuestro de Nelly Yolanda Borda, Genaro Burgos, Francisco Gregorio Ponce y su hermana Griselda, fue elevada a juicio en 2011, y la instrucción estuvo a cargo del juez federal Ricardo Antonio Moreno.
Mientras al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Menéndez y al ex jefe del Regimiento 17, general Lucena, se les endilga responsabilidad en todos los hechos, Juan Daniel Rauzzino, entonces jefe de la Policía de la provincia, sólo deberá responder por la desaparición física de Genaro Burgos y Griselda Ponce, ocurrida en diciembre de 1976.
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