La liberación de los principales imputados en la causa no se concretará en lo inmediato, porque Jorge Auat, apeló ante la Corte Suprema de Justicia el fallo de Casación Penal que benefició a los ex represores.
Diario Norte consigna, en su edición de este jueves, que al margen del resultado de la apelación, dos de los imputados, Horacio Losito y Luis Alberto Papetta, seguirán detenidos en Campo de Mayo. El primero tiene condena por la represión ilegal de la subversión en Corrientes y el segundo está implicado en otra causa por violación de los derechos humanos.
Pero los que podrían esperar el juicio en libertad, en el caso de que la Corte rechace el planteo de la fiscalía, son los ex militares Gustavo Athos Renés, Ricardo Reyes, Aldo Martínez Segón, Germán Emilio Riquelme y Ernesto Simoni.
El fallo de Casación fue fechado el viernes 26 de febrero y el 1º de marzo el Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso federal extraordinario por la “gravedad institucional de la medida”. La Cámara concedió el pedido y suspendió la libertad de los imputados hasta tanto no haya un fallo de la Corte Suprema de Justicia o se fije fecha para juicio.
En otras palabras, los militares no podrán gozar de la libertad concedida porque por un lado la Corte ya sentó precedentes en esta materia por la causa Esma y porque el Tribunal Oral Federal ya determinó que el juicio se realice en los próximos meses.
Para el querellante Mario Bosch la medida de Casación “es de suma perversidad jurídica y falaz, habida cuenta de que ese mismo tribunal fue quien trancó las recusaciones contra los magistrados impidiendo que se conforme la corte que los juzgará en Resistencia”.
Bosch destacó que con la reciente conformación del tribunal local, en no más de un mes deberían fijarse las fechas de debate oral y público que durarían al menos hasta el segundo semestre. Trascendió que el juicio podría concretarse a fines del mes de abril o en mayo, y está previsto que unos 130 testigos, algunos de ellos de identidad reservada, desfilen por la sala de audiencia de la Justicia Federal. Será tan largo como el juicio contra los represores del regimiento correntino.
El letrado querellante destacó que este fallo también informó que la alzada no soportará más prórrogas, por lo que el juicio deberá comenzar en el menor tiempo posible.
Antecedentes y fallo divido.
No es la primera vez que Casación Penal ofrece el beneficio de la libertad a los ex represores militares y tampoco será la última, pero en esta oportunidad la fiscalía actuó rápidamente, casi inmediatamente. Además, el fallo no fue unánime, el presidente de la Sala II, Wagner Gustavo Mitchell, opinó que no correspondía la excarcelación porque la mora se debió exclusivamente a las maniobras dilatorias de la defensa.
En una instancia similar a lo que ocurrió en la causa ESMA, la misma sala concedió la apelación con efectos suspensivos y gira las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva el planteo.
Pero para los defensores de los militares es un logro importante que la máxima instancia penal del país le reconozca garantías y les conceda la libertad a sus defendidos, más allá de que finalmente no se concrete.
La misma sala tiene en sus manos la apelación que presentaron los defensores de los militares correntinos y sus defendidos esperan que puedan lograr recursos similares teniendo en cuenta que no están firmes las condenas.
Seguramente, la fiscalía y la querella apelarán a su debido tiempo sentencias que permitan la libertad de los militares acusados de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
Diario Norte consigna, en su edición de este jueves, que al margen del resultado de la apelación, dos de los imputados, Horacio Losito y Luis Alberto Papetta, seguirán detenidos en Campo de Mayo. El primero tiene condena por la represión ilegal de la subversión en Corrientes y el segundo está implicado en otra causa por violación de los derechos humanos.
Pero los que podrían esperar el juicio en libertad, en el caso de que la Corte rechace el planteo de la fiscalía, son los ex militares Gustavo Athos Renés, Ricardo Reyes, Aldo Martínez Segón, Germán Emilio Riquelme y Ernesto Simoni.
El fallo de Casación fue fechado el viernes 26 de febrero y el 1º de marzo el Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso federal extraordinario por la “gravedad institucional de la medida”. La Cámara concedió el pedido y suspendió la libertad de los imputados hasta tanto no haya un fallo de la Corte Suprema de Justicia o se fije fecha para juicio.
En otras palabras, los militares no podrán gozar de la libertad concedida porque por un lado la Corte ya sentó precedentes en esta materia por la causa Esma y porque el Tribunal Oral Federal ya determinó que el juicio se realice en los próximos meses.
Para el querellante Mario Bosch la medida de Casación “es de suma perversidad jurídica y falaz, habida cuenta de que ese mismo tribunal fue quien trancó las recusaciones contra los magistrados impidiendo que se conforme la corte que los juzgará en Resistencia”.
Bosch destacó que con la reciente conformación del tribunal local, en no más de un mes deberían fijarse las fechas de debate oral y público que durarían al menos hasta el segundo semestre. Trascendió que el juicio podría concretarse a fines del mes de abril o en mayo, y está previsto que unos 130 testigos, algunos de ellos de identidad reservada, desfilen por la sala de audiencia de la Justicia Federal. Será tan largo como el juicio contra los represores del regimiento correntino.
El letrado querellante destacó que este fallo también informó que la alzada no soportará más prórrogas, por lo que el juicio deberá comenzar en el menor tiempo posible.
Antecedentes y fallo divido.
No es la primera vez que Casación Penal ofrece el beneficio de la libertad a los ex represores militares y tampoco será la última, pero en esta oportunidad la fiscalía actuó rápidamente, casi inmediatamente. Además, el fallo no fue unánime, el presidente de la Sala II, Wagner Gustavo Mitchell, opinó que no correspondía la excarcelación porque la mora se debió exclusivamente a las maniobras dilatorias de la defensa.
En una instancia similar a lo que ocurrió en la causa ESMA, la misma sala concedió la apelación con efectos suspensivos y gira las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva el planteo.
Pero para los defensores de los militares es un logro importante que la máxima instancia penal del país le reconozca garantías y les conceda la libertad a sus defendidos, más allá de que finalmente no se concrete.
La misma sala tiene en sus manos la apelación que presentaron los defensores de los militares correntinos y sus defendidos esperan que puedan lograr recursos similares teniendo en cuenta que no están firmes las condenas.
Seguramente, la fiscalía y la querella apelarán a su debido tiempo sentencias que permitan la libertad de los militares acusados de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
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