La Cámara Federal porteña ratificó el 17 de este mes que los crímenes del grupo ultraderechista Triple A deben juzgarse como delitos de lesa humanidad imprescriptibles porque se cometieron frente a un Estado que "ya sea por tolerancia o bien por impotencia, estaba ausente". Los "gravísismos delitos cometidos no hallaban límite ni respuesta en los resortes constitucionales del Estado que, ya sea por tolerancia o bien por impotencia, estaba ausente", enfatizó uno de los camaristas, Horacio Cattani, según la resolución de 132 folios.
La decisión de la Cámara se tomó en el caso puntual del ex suboficial de la Policía Federal Miguel Angel Rovira, cuya prisión preventiva fue confirmada, pero complicó al sentar un precedente la situación de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón y otros procesados en la causa judicial. El fallo ratificó la reapertura de la investigación dispuesta por el juez federal Norberto Oyarbide, quien ya procesó con prisión preventiva a la ex mandataria y a ex lugartenientes del fallecido José López Rega -sindicado como el jefe de la Triple A-, entre ellos Rodolfo Almirón, quien este martes llegará extraditado desde España. Sobre la ex presidenta pesa un reclamo de extradición que todavía está pendiente de resolución en el país ibérico.
Los camaristas Cattani y Eduardo Freiler coincidieron a la hora de declarar de lesa humanidad los delitos del grupo de ultraderecha mientras que su colega Eduardo Farah votó por la prescripción de la causa al considerar que se trató de crímenes comunes sin amparo del aparato estatal. El grupo de ultraderecha creado por el fallecido ministro de Bienestar Social José López Rega "amenazó, atentó y mató a un número todavía indeterminado de personas" en un contexto donde "por impotencia, por temor o por algún otro motivo el Poder Judicial se resistía a investigar", sostuvo el voto de Cattani.
Además "en el Congreso Nacional se impedía el tratamiento del tema" y "otros ministros en el Poder Ejecutivo sabían y callaban o en el mejor de los casos cumplían en informar a las futuras víctimas del riesgo que corrían sus vidas", agregó este camarista. "En el gobierno y particularmente en el Ministerio de Bienestar Social era conocida la pertenencia de José Lopez Rega a la Triple A", enfatizó Cattani, quien integra la sala II del tribunal de apelaciones pero fue convocado a votar para desempatar en el desacuerdo de los dos miembros de la sala I que debían decidir, Freiler y Farah.
Para Cattani "es claro a esta altura que no se trato aquí de la acción de un simple ministro que en solitario emprendió una serie de acciones delictivas, sino de uno que se hallaba en una posición notoriamente privilegiada y que concentraba en sus manos un poder tal que era capaz de garantizarle a él y a su organización ante la gravedad de los delitos que cometían, impunidad total".
Lopez Rega "montó una organización delictiva" e "involucró en ella a funcionarios públicos de distintas áreas" además de recurrir al "desvío de fondos del Estado Nacional para solventar su logística y hasta sus requerimientos en materia de armas". "Todas las pruebas reunidas aluden a que la Triple A se estructuró en el seno del Ministerio de Bienestar Social y que el grupo originario se concentró en la custodia del ex ministro López Rega", consideró a su turno Freiler en el fallo al que accedió Télam. Este camarista consideró que la Triple A cometió "delitos de lesa humanidad, sin importar el telón de fondo de un Gobierno sumido en una crisis en la racionalidad formal característica del Estado burocrático como tipo ideal, con manifestación en el debilitamiento de las capacidades para llevar a cabo sus funciones y proyección de colapso".
Estos "rasgos institucionales reducidos a un papel meramente ornamental definitivamente fueron abandonados con el golpe militar de marzo de 1976 que reveló un trazo continuo a través de la participación trascendente de la Triple A en el centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti", agregó. Al declarar a los asesinatos cometidos por la Triple A crímenes de lesa humanidad, el tribunal de apelaciones confirmó la prisión preventiva de Rovira como miembro de una asociación ilícita y autor del homicidio doblemente calificado en ocho oportunidades. Las víctimas fueron Rodolfo Ortega Peña, Alfredo Curutchet, Julio Troxler, Silvio Frondizi, Luis Mendiburu, Carlos Laham, Pedro Barraza y Pablo Laguzzi.
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