A menos de un mes de la elevación a juicio oral y público de la causa Plan Cóndor en la Argentina, la Justicia de Italia solicitó el 24 de diciembre la captura y extradición de 140 militares y servicios de Inteligencia sudamericanos. El pedido incluye a los principales jerarcas de las dictaduras que asolaron el Cono Sur en la década del ’70, como el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, el jefe de la Armada Emilio Massera, el ex dictador uruguayo Juan María Bordaberry y el jefe de la DINA chilena Manuel Contreras, a quienes la Justicia italiana pretende juzgar por la desaparición de 25 ciudadanos de esa nacionalidad. La medida de la jueza romana Luissana Figliola trascendió el mismo día en que se concretó el arresto, en Salerno, sur de Italia, del capitán de navío Néstor Fernández Tróccoli, ex miembro del servicio de Inteligencia de la armada de Uruguay.
Las capturas fueron solicitadas originalmente por el fiscal del Tribunal Penal de Roma, Giancarlo Capaldo, quien conduce las investigaciones sobre el Plan Cóndor desde 1998 a raíz de las denuncias presentadas por los familiares de italianos desaparecidos en América del Sur. Según los documentos recogidos por Capaldo, existen abundantes elementos que prueban la colaboración entre los distintos regímenes militares para la eliminación de opositores políticos en el marco de la Operación Cóndor, presuntamente ideada por el ex dictador chileno Augusto Pinochet.
El fiscal romano investiga los asesinatos de ciudadanos de origen italiano como los uruguayos Armando Bernardo Arnone, Gerardo Francisco Gatti, María Emilia Islas, Juan Pablo Recagno, Daniel Banfi, Andrés Domingo y Héctor Giordano, todos ellos desaparecidos en Argentina. También investiga el caso de los argentinos Horacio Campiglia y Lorenzo Viñas, desaparecidos en Brasil, y de Dora Landi y Alejandro Logoluso, detenidos en Paraguay.
El detonante de los pedidos de detención fue la detención de Fernández Tróccoli, de 60 años, ex miembro del servicio de Inteligencia de la Armada uruguaya (Fusna), quien fue arrestado el lunes en Salerno, sur de Italia, donde estaba radicado y trasladado a una cárcel de Roma y mañana la jueza Figliola le tomará declaración indagatoria por la desaparición de cuatro ciudadanos italianos.
El pedido de la Justicia italiana incluye a 61 argentinos, 7 bolivianos, 13 brasileños, 22 chilenos, 7 paraguayos, 4 peruanos y 32 uruguayos. Seis de esos 146 represores ya fallecieron, incluido el dictador chileno Augusto Pinochet. Si bien no se conoce el detalle completo con los nombres de los represores solicitados, se estima que en el caso argentino muchos podrían estar actualmente procesados y detenidos por la Justicia local. El pedido quedó ahora radicado en el Ministerio de Justicia del gobierno italiano, que deberá activar la búsqueda e informar a los países de origen de los represores.
En la Argentina la investigación judicial del Plan Cóndor comenzó con una presentación en noviembre de 1999. Tras ocho años de investigación, el 28 de noviembre pasado el juez federal Sergio Torres consideró concluida la etapa de instrucción y resolvió la elevación a juicio oral y público contra 17 responsables argentinos de la Operación Cóndor, incluidos los generales Cristino Nicolaides, Luciano Benjamín Menéndez, Eduardo Harguindeguy, Ramón Díaz Bessone y Antonio Domingo Bussi.
Las capturas fueron solicitadas originalmente por el fiscal del Tribunal Penal de Roma, Giancarlo Capaldo, quien conduce las investigaciones sobre el Plan Cóndor desde 1998 a raíz de las denuncias presentadas por los familiares de italianos desaparecidos en América del Sur. Según los documentos recogidos por Capaldo, existen abundantes elementos que prueban la colaboración entre los distintos regímenes militares para la eliminación de opositores políticos en el marco de la Operación Cóndor, presuntamente ideada por el ex dictador chileno Augusto Pinochet.
El fiscal romano investiga los asesinatos de ciudadanos de origen italiano como los uruguayos Armando Bernardo Arnone, Gerardo Francisco Gatti, María Emilia Islas, Juan Pablo Recagno, Daniel Banfi, Andrés Domingo y Héctor Giordano, todos ellos desaparecidos en Argentina. También investiga el caso de los argentinos Horacio Campiglia y Lorenzo Viñas, desaparecidos en Brasil, y de Dora Landi y Alejandro Logoluso, detenidos en Paraguay.
El detonante de los pedidos de detención fue la detención de Fernández Tróccoli, de 60 años, ex miembro del servicio de Inteligencia de la Armada uruguaya (Fusna), quien fue arrestado el lunes en Salerno, sur de Italia, donde estaba radicado y trasladado a una cárcel de Roma y mañana la jueza Figliola le tomará declaración indagatoria por la desaparición de cuatro ciudadanos italianos.
El pedido de la Justicia italiana incluye a 61 argentinos, 7 bolivianos, 13 brasileños, 22 chilenos, 7 paraguayos, 4 peruanos y 32 uruguayos. Seis de esos 146 represores ya fallecieron, incluido el dictador chileno Augusto Pinochet. Si bien no se conoce el detalle completo con los nombres de los represores solicitados, se estima que en el caso argentino muchos podrían estar actualmente procesados y detenidos por la Justicia local. El pedido quedó ahora radicado en el Ministerio de Justicia del gobierno italiano, que deberá activar la búsqueda e informar a los países de origen de los represores.
En la Argentina la investigación judicial del Plan Cóndor comenzó con una presentación en noviembre de 1999. Tras ocho años de investigación, el 28 de noviembre pasado el juez federal Sergio Torres consideró concluida la etapa de instrucción y resolvió la elevación a juicio oral y público contra 17 responsables argentinos de la Operación Cóndor, incluidos los generales Cristino Nicolaides, Luciano Benjamín Menéndez, Eduardo Harguindeguy, Ramón Díaz Bessone y Antonio Domingo Bussi.
Perú parte criminal del Plan Cóndor
La participación del Perú en el «Plan Cóndor» también fue constatado por mí, por Javier Diez Canseco, Ricardo Letts, Genaro Ledesma y otras 9 personas, la mayor parte candidatos a la Asamblea Constituyente, quienes fuimos secuestrados y enviados esposados en un avión militar a un cuartel en Argentina donde un oficial nos gritó: «¡Ustedes son prisioneros de guerra!»
Este favor que la dictadura argentina hizo a Morales Bermúdez fue pagado por él con el secuestro y entrega de montoneros argentinos para que fueran asesinados por dicha dictadura.
Ahora hay voces que en el Perú se levantan para protestar contra la jueza italiana y en favor de Morales Bermúdez.
Veamos su calidad moral para hablar sobre Derechos Humanos:
- Alan García que ordenó la masacre de El Frontón, es culpable de las masacres de Accomarca, Cayara, Erusco, Mayopampa y es el presidente durante cuyo mandato fue asesinada la mayor cantidad de peruanos (especialmente indígenas).
- El mayor jerarca de la Iglesia Católica en el Perú, monseñor Cipriani, para quien «Los Derechos Humanos son una cojudez» (1).(2)
- Las Fuerzas Armadas, en cuyas filas hay una serie de criminales denunciados por la Comisión de la Verdad que están libres y en funciones.
- En esta lista sólo faltan los pronunciamiento de Fujimori, Montesinos, los integrantes de los escuadrones de la muerte de los grupos Rodrigo Franco y Colina.
Este favor que la dictadura argentina hizo a Morales Bermúdez fue pagado por él con el secuestro y entrega de montoneros argentinos para que fueran asesinados por dicha dictadura.
Ahora hay voces que en el Perú se levantan para protestar contra la jueza italiana y en favor de Morales Bermúdez.
Veamos su calidad moral para hablar sobre Derechos Humanos:
- Alan García que ordenó la masacre de El Frontón, es culpable de las masacres de Accomarca, Cayara, Erusco, Mayopampa y es el presidente durante cuyo mandato fue asesinada la mayor cantidad de peruanos (especialmente indígenas).
- El mayor jerarca de la Iglesia Católica en el Perú, monseñor Cipriani, para quien «Los Derechos Humanos son una cojudez» (1).(2)
- Las Fuerzas Armadas, en cuyas filas hay una serie de criminales denunciados por la Comisión de la Verdad que están libres y en funciones.
- En esta lista sólo faltan los pronunciamiento de Fujimori, Montesinos, los integrantes de los escuadrones de la muerte de los grupos Rodrigo Franco y Colina.
La dictadura militar también tuvo bases informativas en Brasil
Mantuvo centros de información en San Pablo y Río de Janeiro destinados a "detectar personas vinculadas a la subversión", según consta en un proceso judicial abierto en ese país.
La dictadura militar argentina mantuvo bases de información en San Pablo y Río de Janeiro destinadas a "detectar personas vinculadas a la subversión", según consta en un proceso judicial abierto en Argentina y divulgado este domingo por el diario Folha de Sao Paulo. La información del diario, citada por la agencia DPA, señala que el documento, obtenido por un testigo del proceso y presidente del Movimiento Nacional de Justicia y Derechos Humanos de Río Grande del Sur, Jair Krischke, indica que las bases argentinas en Brasil funcionaron durante las décadas del 70 y 80 en el marco del llamado Plan Cóndor.
La dictadura militar argentina mantuvo bases de información en San Pablo y Río de Janeiro destinadas a "detectar personas vinculadas a la subversión", según consta en un proceso judicial abierto en Argentina y divulgado este domingo por el diario Folha de Sao Paulo. La información del diario, citada por la agencia DPA, señala que el documento, obtenido por un testigo del proceso y presidente del Movimiento Nacional de Justicia y Derechos Humanos de Río Grande del Sur, Jair Krischke, indica que las bases argentinas en Brasil funcionaron durante las décadas del 70 y 80 en el marco del llamado Plan Cóndor.
El proceso judicial en el cual constan las revelaciones fue abierto en Argentina a pedido de la Fiscalía, y culminó el pasado 18 de diciembre con la condena de siete militares y un policía argentinos, entre ellos el ex comandante del ejército, general Cristino Nicolaides. Los militares que tenían base en Brasil estaban vinculados al Batallón de Inteligencia 601, centro militar de interrogatorios y torturas localizado en las proximidades de la capital argentina. El documento, basado en el testimonio del carcelero del Batallón 601, Néstor Norberto Cendón, revela que las bases argentinas en Brasil tenían como prioridad interceptar en territorio extranjero a los integrantes del grupo guerrillero argentino Montoneros. Y también a mantener informados a los militares de ese país sobre los movimientos de los izquierdistas, de acuerdo a Folha de Sao Paulo. Según el relato de Cendón, "el servicio de inteligencia del Ejército (argentino) contaba con bases en Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay", en el marco de un operativo militar denominado "Murciélago". Las bases militares brasileñas, según Cendón, eran ocupadas por cuatro oficiales y dos civiles vinculados a la Inteligencia del Ejército.
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