En la causa Harguindeguy declararon parientes de víctimas de secuestros y torturas en Concepción del Uruguay. Denunciaron robo de pertenencias durante allanamientos ilegales
Tres mujeres declararon ayer en la continuidad del juicio por delitos de lesa humanidad en la costa del río Uruguay que se desarrolla ante el tribunal Oral Federal de Paraná.
Las tres son familiares cercanas de dos víctimas de secuestros y torturas que permanecieron detenidos en la delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal Argentina en 1976 y contaron en sus testimonios otra dimensión del terrorismo de Estado: la de la angustia que debían atravesar las familias ante la incertidumbre por el destino de sus seres queridos. Además, durante la jornada uno de los testigos relató que la patota que allanó ilegalmente su domicilio robó dinero y otras pertenencias.
Josefina Ester Grenz era en aquel año la esposa de Carlos Atilio Martínez Paiva –hoy están divorciados– y tenían dos hijos de 3 y 4 cuatro años. Una noche de julio de 1976, estando ella sola con los chicos en la casa, integrantes de fuerzas de seguridad ingresaron violentamente y la encañonaron con un arma. A los niños los despertaron, los llevaron a la cocina y no los dejaban moverse de allí. Ella, que permanecía en el living amenazada, no podía verlos y temía por lo que pudieran hacerles.
Secuestro y robo
El operativo duró más de una hora, según pudo recordar Josefina en la audiencia. Cuando el grupo de tareas se retiró pudo corroborar que le faltaba ropa de su marido, que acostumbraba a vestirse bien, y una importante suma de dinero que la pareja estaba ahorrando para comprar un auto pequeño. Carlos no llegó a la casa: lo esperaron a dos cuadras, en la esquina de la comisaría primera, y lo apresaron cuando bajó del colectivo de la Línea 2. Este empleado municipal fue conducido a la Policía Federal y sometido a salvajes torturas. De allí lo iban a trasladar al centro clandestino de detención Comunicaciones del Ejército, en Paraná; más tarde a la cárcel de Gualeguaychú y finalmente a la de Coronda.
Josefina, sin dinero, internó a sus hijos en un jardín maternal durante casi todo el día y consiguió empleo en una tintorería, donde todavía trabaja. Aquellos días vivía angustiada, estaba sola, iba por la calle “con el corazón en la boca” y temía que le quitaran los chicos o les hicieran algo. Cuando le preguntaban les decía: “Papá viajó”. Averiguando llegó a la Federal, donde admitieron que su marido estaba detenido allí, pero no la dejaron verlo. Recién lo pudo visitar en la Unidad Penal de Gualeguaychú, después de muchos meses. Lo notó muy mal psicológicamente, no le quiso contar mucho, pero ella se dio cuenta por la forma de hablar. No era el mismo.
Aquella joven oriunda de Santa Anita, en la zona rural del Departamento Uruguay, recién pudo empezar a superar el miedo cuando Carlos salió en libertad. Pero de todos modos lo siguieron persiguiendo y en 1980 volvieron a allanar la casa, le secuestraron una biblioteca completa y lo llevaron otra vez detenido. Esa vez fue una patota de la Policía de Entre Ríos. Martínez Paiva dijo durante su declaración en el juicio el 19 de abril que uno de los integrantes de ese grupo era Félix Orlando Cabrera, del entorno del ministro de Educación José Eduardo Lauritto. En esa oportunidad estuvo alrededor de dos semanas detenido en el Regimiento, sin causa.
La familia Felguer
Marta Élida y María Graciela Felguer son hermanas de Jorge Orlando Felguer, quien fue detenido en el regimiento de Villaguay mientras hacía el servicio militar y permaneció secuestrado en la Policía Federal de Concepción del Uruguay, donde también fue sometido a torturas de todo tipo, para luego ser trasladado al regimiento de Gualeguaychú. Ambas declararon ayer. Marta contó que estaba viviendo en Buenos Aires cuando un grupo de tareas allanó sin orden judicial la casa de sus padres en Gualeguaychú, en busca de Jorge.
Durante un tiempo estuvieron sin saber su paradero, hasta que por un soldado conocido supieron que estaba en el Ejército de la ciudad del sur entrerriano. Junto a su marido, que acababa de retirarse de la Marina, viajaron rápidamente, se presentaron en el predio castrense y lograron ser atendidos por el mayor Juan Miguel Valentino, hoy imputado en la causa, quien reconoció que lo tenía detenido allí pero no les permitió verlo. Marta le imploró llorando, quería asegurarse de que estuviera bien, de que estuviera vivo. Pero Valentino los hizo retirar del lugar. Ayer ella recordó “la soberbia” con que el militar manejó aquella conversación.
Cuando el joven pudo recuperar la libertad, la familia fue testigo de su paranoia permanente. “Sentía que lo estaban siguiendo para matarlo”, recordó la hermana. Estuvo moviéndose de un lugar a otro para que no lo encontraran. Además de las secuelas físicas y psicológicas, Marta Felguer recordó que aquella situación produjo un “deterioro vincular” en la familia.
Operativo comando
Finalmente declaró María Graciela Felguer, quien estaba en la casa cuando se produjo aquella violenta irrupción del grupo de tareas y pudo relatarla: “Eran muchos militares que entraron por los techos, por las ventanas, por todos lados. Nos empujaron y amenazaron”. Dijo que estaban uniformados, que parecían militares pero no está segura de qué fuerza eran. Sí recordó claramente que no hubo orden judicial. La familia tampoco supo nunca porqué detuvieron a Jorge. “En esa época cualquiera caía porque sí, nada más”, recordó María Graciela
Tres mujeres declararon ayer en la continuidad del juicio por delitos de lesa humanidad en la costa del río Uruguay que se desarrolla ante el tribunal Oral Federal de Paraná.
Las tres son familiares cercanas de dos víctimas de secuestros y torturas que permanecieron detenidos en la delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal Argentina en 1976 y contaron en sus testimonios otra dimensión del terrorismo de Estado: la de la angustia que debían atravesar las familias ante la incertidumbre por el destino de sus seres queridos. Además, durante la jornada uno de los testigos relató que la patota que allanó ilegalmente su domicilio robó dinero y otras pertenencias.
Josefina Ester Grenz era en aquel año la esposa de Carlos Atilio Martínez Paiva –hoy están divorciados– y tenían dos hijos de 3 y 4 cuatro años. Una noche de julio de 1976, estando ella sola con los chicos en la casa, integrantes de fuerzas de seguridad ingresaron violentamente y la encañonaron con un arma. A los niños los despertaron, los llevaron a la cocina y no los dejaban moverse de allí. Ella, que permanecía en el living amenazada, no podía verlos y temía por lo que pudieran hacerles.
Secuestro y robo
El operativo duró más de una hora, según pudo recordar Josefina en la audiencia. Cuando el grupo de tareas se retiró pudo corroborar que le faltaba ropa de su marido, que acostumbraba a vestirse bien, y una importante suma de dinero que la pareja estaba ahorrando para comprar un auto pequeño. Carlos no llegó a la casa: lo esperaron a dos cuadras, en la esquina de la comisaría primera, y lo apresaron cuando bajó del colectivo de la Línea 2. Este empleado municipal fue conducido a la Policía Federal y sometido a salvajes torturas. De allí lo iban a trasladar al centro clandestino de detención Comunicaciones del Ejército, en Paraná; más tarde a la cárcel de Gualeguaychú y finalmente a la de Coronda.
Josefina, sin dinero, internó a sus hijos en un jardín maternal durante casi todo el día y consiguió empleo en una tintorería, donde todavía trabaja. Aquellos días vivía angustiada, estaba sola, iba por la calle “con el corazón en la boca” y temía que le quitaran los chicos o les hicieran algo. Cuando le preguntaban les decía: “Papá viajó”. Averiguando llegó a la Federal, donde admitieron que su marido estaba detenido allí, pero no la dejaron verlo. Recién lo pudo visitar en la Unidad Penal de Gualeguaychú, después de muchos meses. Lo notó muy mal psicológicamente, no le quiso contar mucho, pero ella se dio cuenta por la forma de hablar. No era el mismo.
Aquella joven oriunda de Santa Anita, en la zona rural del Departamento Uruguay, recién pudo empezar a superar el miedo cuando Carlos salió en libertad. Pero de todos modos lo siguieron persiguiendo y en 1980 volvieron a allanar la casa, le secuestraron una biblioteca completa y lo llevaron otra vez detenido. Esa vez fue una patota de la Policía de Entre Ríos. Martínez Paiva dijo durante su declaración en el juicio el 19 de abril que uno de los integrantes de ese grupo era Félix Orlando Cabrera, del entorno del ministro de Educación José Eduardo Lauritto. En esa oportunidad estuvo alrededor de dos semanas detenido en el Regimiento, sin causa.
La familia Felguer
Marta Élida y María Graciela Felguer son hermanas de Jorge Orlando Felguer, quien fue detenido en el regimiento de Villaguay mientras hacía el servicio militar y permaneció secuestrado en la Policía Federal de Concepción del Uruguay, donde también fue sometido a torturas de todo tipo, para luego ser trasladado al regimiento de Gualeguaychú. Ambas declararon ayer. Marta contó que estaba viviendo en Buenos Aires cuando un grupo de tareas allanó sin orden judicial la casa de sus padres en Gualeguaychú, en busca de Jorge.
Durante un tiempo estuvieron sin saber su paradero, hasta que por un soldado conocido supieron que estaba en el Ejército de la ciudad del sur entrerriano. Junto a su marido, que acababa de retirarse de la Marina, viajaron rápidamente, se presentaron en el predio castrense y lograron ser atendidos por el mayor Juan Miguel Valentino, hoy imputado en la causa, quien reconoció que lo tenía detenido allí pero no les permitió verlo. Marta le imploró llorando, quería asegurarse de que estuviera bien, de que estuviera vivo. Pero Valentino los hizo retirar del lugar. Ayer ella recordó “la soberbia” con que el militar manejó aquella conversación.
Cuando el joven pudo recuperar la libertad, la familia fue testigo de su paranoia permanente. “Sentía que lo estaban siguiendo para matarlo”, recordó la hermana. Estuvo moviéndose de un lugar a otro para que no lo encontraran. Además de las secuelas físicas y psicológicas, Marta Felguer recordó que aquella situación produjo un “deterioro vincular” en la familia.
Operativo comando
Finalmente declaró María Graciela Felguer, quien estaba en la casa cuando se produjo aquella violenta irrupción del grupo de tareas y pudo relatarla: “Eran muchos militares que entraron por los techos, por las ventanas, por todos lados. Nos empujaron y amenazaron”. Dijo que estaban uniformados, que parecían militares pero no está segura de qué fuerza eran. Sí recordó claramente que no hubo orden judicial. La familia tampoco supo nunca porqué detuvieron a Jorge. “En esa época cualquiera caía porque sí, nada más”, recordó María Graciela
Alfredo Hoffman De la Redacción de UNO
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