La doble cara de los “K” en derechos humanos; por José Vales

 La política en materia de derechos humanos del gobierno Kirchner es una moneda de dos caras. Éstas fueron apareciendo a lo largo de casi ocho años de “reinado”, con la anulación de las leyes de impunidad y la cooptación de muchos organismos de derechos humanos, con el impulso de los juicios y el rescate de la memoria, y con acusaciones ligeras a aquellos que consideró “enemigos” y la falta de respuestas a la violación de derechos humanos que cada día se lleva a cabo en cárceles y delegaciones policiales.

Dos caras de una pieza numismática que por un lado tiene la efigie del extinto ex presidente, Néstor Kirchner (2003-2007), y por el otro la de la presidenta Cristina Kirchner, pero con el mismo valor a la hora de hablar de poder o de un modelo político.

Fue la estrategia en materia de derechos humanos plasmada en 2003 —inmediatamente después de la extradición de México a España del ex director del Renave, Ricardo Cavallo (con pasado de represor durante la dictadura militar)— la que utilizó Kirchner por entonces para definir a su gobierno como “progresista”.

Los juicios siguen avanzando y un vasto sector ve saciada su sed de justicia por los delitos aberrantes cometidos desde el Estado en la etapa más tenebrosa de la historia argentina

Hasta llegar allí el camino tuvo sus paradas. Fueron gestos como hacer descolgar el cuadro del dictador Jorge Videla del Colegio Militar, el desalojo de la Armada del edificio de la ESMA (donde funcionó el centro de exterminio más grande de la dictadura) y la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, los que fueron definiendo una política que los Kirchner —él como gobernador de Santa Cruz e intendente de Río Gallegos (1987-1991) y ella como legisladora nacional—, jamás habían apoyado.

Usos y costumbres

“Hay muchos testimonios que recuerdan que ni siquiera celebraban un recordatorio del 24 de marzo, e incluso que ni siquiera apoyaron una visita de las Madres de la Plaza de Mayo a Río Gallegos”, recuerda el escritor y periodista Martín Caparros, que acaba de publicar su último libro Argentinismos, en el que no sólo desmenuza el poder de los Kirchner sino también ahonda y cuestiona “la utilización que hacen de los derechos humanos”. Esa utilización quedó de manifiesto en las últimas semanas, con el escándalo que se desató en la fundación Sueños Compartidos, de las Madres de la Plaza de Mayo, que lidera Hebe de Bonafini.

Ese acercamiento de las Madres de la Plaza de Mayo —históricamente críticas de los sucesivos gobiernos—, a la administración K, fue derivando en un programa de construcción de viviendas para las familias más humildes, con dineros aportados por el ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido.

Para ellos la fundación, cuyo apoderado era Sergio Schoklender, un ex convicto por haber asesinado a sus padres en la década de los 80 al que Bonafini había “adoptado” (como ella misma declaró), tiene faltantes de dinero por más de 40 millones de pesos, deudas provisionales por casi 3 mdd (según fuentes del Anses, que administra los aportes jubilatorios, consultadas por El UNIVERSAL) y un presunto desvío de fondos que la Justicia está investigando y que tiene a Schoklender en situación de procesado.

El ex apoderado presentó pruebas a la justicia para demostrar que todo lo actuado llevaba la firma de Bonafini, lo que podría llevar a la histórica dirigente a los estrados judiciales.

“Es evidente que hubo una utilización de los organismos por parte del gobierno y de una cosa tan cara para todos como los derechos humanos, para atacar a los hijos de la señora (Ernestina Herrera) de Noble (propietaria de Clarín). En el caso de las Madres existe la responsabilidad a priori de confundir los roles. Un organismo de derechos humanos está para velar porque se cumplan los juicios, porque no se violen nuevamente esos derechos, pero no para convertirse en una empresa y construir casas”, opinó la ex ministra y ex presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Graciela Fernández Meijide.

Pero no fue solamente la organización que lidera Bonafini la que terminó en las garras del gobierno alimentada con fondos estatales sin ningún tipo de control. Algo similar ocurrió con las Abuelas de la Plaza de Mayo, que lidera Estela de Carlotto, duramente cuestionadas por estos días, ya que llevó adelante la acusación contra la viuda de Noble por apropiación ilegal de menores. Cargos que ahora, con los resultados de los exámenes de ADN practicados a Marcela y Felipe Noble Herrera, quedarían si efecto.

Asuntos pendientes

Pero si algo se le quedó en el tintero al gobierno en materia de derechos humanos, es explicar por qué apoyó a Gerardo Martínez, líder del sindicato de trabajadores de las Construcción para llegar a la cima de la Confederación General del Trabajo (CGT) cuando contaba con un informe sobre su pasado como agente de inteligencia de la dictadura y la situación en las cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires y en otras regiones del país, que alertó en marzo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Eso sin contar lo poco y nada que desde el gobierno argentino se ha hecho a favor de la aparición de Julio López y Luciano Arruga, los dos desaparecidos en el 2006 y 2009, respectivamente, en plena democracia y en pleno kirchnerismo, lo que no es más que una muestra más de las dos caras de la moneda kirchnerista de los derechos humanos.