ARRESTARON A OTRO PILOTO DE LOS “VUELOS DE LA MUERTE”

No se rinden las hormiguitas

El capitán Emir Sisul Hess contaba en los ’90 que los secuestrados adormecidos caían al vacío “como hormiguitas”.

Por Diego Martínez

Según les contaba a sus compañeros de trabajo, hace un tercio de siglo, cuando integraba la Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros de la base aeronaval Comandante Espora, en Bahía Blanca, el entonces teniente de corbeta Emir Sisul Hess piloteó aviones desde los cuales la Armada Argentina arrojó al mar a secuestrados de la ESMA. Durante el gobierno de Carlos Menem Hess relató ante compañeros de trabajo que cargaban a sus enemigos drogados y “con una bolsa en la cabeza”, y desde la cabina veía que “iban cayendo como hormiguitas”. En 2002, luego de declarar la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y el Punto Final, la Cámara Federal porteña en pleno ordenó investigar el caso. Tres semanas atrás Página/12 informó que la instrucción había concluido en septiembre de 2005 y estaba archivada en Comodoro Py. El martes, por orden del juez federal Sergio Torres, la Policía Federal detuvo a Hess y allanó su casa de Bariloche, donde secuestró manuscritos y documentos. Ayer fue indagado y trasladado al penal de Marcos Paz.

A catorce años de la confesión del capitán Adolfo Scilingo ante el periodista Horacio Verbitsky, comienza a revertirse la impunidad de los militares, civiles y capellanes que participaron y consintieron vuelos de la muerte. En menos de un mes se conoció que tres aviones Electra usados para desaparecer personas del mapa permanecen en exposición en bases militares, tomaron estado público nuevas confesiones, se activó el pedido de detención del capitán Julio Alberto Poch, reciclado como piloto en el Reino de los Países Bajos y ahora preso en España a la espera de su extradición y se concretó la captura de Hess.

La sucesión de noticias genera debates en foros de aviadores y en rondas de mate de hangares, y profundos dilemas morales en decenas de pilotos, tripulantes y personal de mantenimiento de líneas aéreas. Por un lado evitan rememorar confesiones macabras oídas en otros tiempos, cuando nada se podía denunciar porque las puertas de la Justicia estaban cerradas. Por otro, admiran el ejemplo de los pilotos holandeses de Transavia que denunciaron a Poch con nombre y apellido, y se saben portadores de información imprescindible para el avance de la Justicia.

Emir Sisul Hess nació en Bahía Blanca el 16 de marzo de 1949. Estudió en el Colegio Nacional de Punta Alta, donde funciona la base naval Puerto Belgrano, y pertenece a la promoción 102 del comando naval. En los dos primeros años de la última dictadura, con el grado de teniente de corbeta, integró la Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, con asiento natural en la base Espora, pero denunciada como una cobertura de represores de la ESMA por el cabo Raúl Vilariño, quien ya en 1984 mencionó los vuelos de la muerte. Sus jefes inmediatos eran el capitán de corbeta Néstor Santiago Barrios y el teniente de navío Miguel Angel Robles. En 1978 pasó a la Escuadrilla Aeronaval de Propósitos Generales, bajo el mando del capitán de corbeta Enrique Carlos Isola y del teniente de navío Ernesto Proni Leston. En esos tres años se produjeron la mayor parte de los vuelos.

En 1984, citado a declarar por el contraalmirante Horacio Mayorga en un sumario para desacreditar al cabo que describió la vida interna de la ESMA, Hess dijo no conocer a Vilariño. Pasó a retiro en 1991 como capitán de corbeta e incursionó en el rubro turístico como gerente del complejo Lago Espejo Resort SA en Villa La Angostura. En pleno menemato, cuando la impunidad parecía irreversible, tuvo lugar su confesión, el primer relato de un piloto sobre los vuelos que llegó a la Justicia.

“Contaba en tono burlón cómo las personas pedían por favor y lloraban”, declaró José Luis Bernabei, que trabajaba en el complejo frente al lago. “Dijo que las arrojaban al Río de la Plata y que él era piloto. Nombró como compañero a (Ricardo Miguel) Cavallo. Decía que los vuelos salían de El Palomar o Morón, que les ponían una bolsa en la cabeza, los subían a aviones y los trasladaban hasta que eran arrojados”, contó ante el juzgado de Juan José Galeano.

Cuando Galeano comenzó a investigar a Hess, descubrió que no sólo Bernabei había escuchado la confesión. Un empleado sacó el tema después de leer el Nunca Más y Hess reiteró el relato. “Hablaba con bronca y resentimiento. Tenía necesidad de hablar, era un tipo íntimamente trastornado”, recordó.

–¿No sentía lástima por esa gente? –le preguntaron.

–No, no sufrían. Los llevaban dopados y los tiraban al río –respondió Hess en tercera persona–. Eran tipos muy pesados. Esos boludos no sabían a dónde iban a parar: al Tigre, al Riachuelo o al río Paraná. Iban cayendo como hormiguitas.

En 2002, cuando trascendió en la prensa que la Cámara Federal porteña había ordenado investigar el caso, el almirante Horacio Zaratiegui afirmó en una carta de lectores de La Nación que en la Armada no existió nunca un oficial Hess. “No sé si existe, pero no importa. Sería un capitán de corbeta retirado, aviador naval”, lo invocó con precisión el fallecido Florencio Varela en una conferencia ante militares.

La causa por la confesión de Hess, que tiene 60 años, se inició en marzo de 2002. Se sentía perseguido por el juez Baltasar Garzón desde fines de la década del ’90, cuando el español pidió las primeras detenciones. Su temor aumentó en 2004, cuando la policía comenzó a rondar su casa en El Atardecer 4491, barrio Las Colinas, a cuatro kilómetros de Bariloche. “Para la policía o la Justicia no estoy escondido. Lo que quiero evitar son periodistas y gente relacionada con los derechos humanos”, le explicó a un amigo en un llamado que interceptó la Justicia.

En septiembre de 2005 el juez federal Julián Ercolini, que reemplazó a Galeano, declinó la competencia y le envió la investigación a su par Sergio Torres, a cargo de la megacausa ESMA. El 7 de septiembre Página/12 relató la historia de Hess. El magistrado activó la investigación y Hess comenzó a organizar un viaje de tres meses a Europa junto con su esposa.

El martes se ordenó y concretó la detención, a cargo de la Policía Federal delegación Bariloche. Fuentes judiciales informaron que durante el allanamiento se secuestró documentación y “manuscritos”, aunque no trascendió el contenido. El jueves llegó a Buenos Aires. Pasó la noche en un calabozo del Palacio de Tribunales. Ayer prestó declaración indagatoria, asistido por un defensor oficial. Por la tarde fue trasladado al pabellón de lesa humanidad del complejo penitenciario de Marcos Paz, que compartirá con Astiz, Cavallo & Cía.

El genocida Colombo condenado a 25 años domiciliarios

El ex gobernador militar de Formosa Juan Carlos Colombo fue condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. La querella había pedido reclusión perpetua. El 26 de octubre se conocerán los fundamentos y la modalidad de la sentencia.

La modalidad de la reclusión para el represor de 84 años que siguió las alternativas del juicio oral que se inició en febrero por teleconferencia desde una sala en la Corte Suprema de Justicia a raíz de su estado de salud, se conocerá el 26 de noviembre cuando se ofrezca la lectura de la sentencia fundamentada.

"Vamos a insistir con la reclusión perpetua ante la segura apelación de la defensa. Hubo genocidio", dijo Pedro Velázquez Ibarra, abogado querellante y víctima de la represión.

Además, lamentó que el acusado y "todos los testigos no hayan quebrado el pacto de silencio, como siempre ocurre en estos casos".

El tribunal, presidido por el juez Eduardo Belforte, declaró a Colombo como "coautor material penalmente responsable del delito de asociación ilícita, coautor mediato del delito de privación de la libertad agravada por la aplicación de tormentos, y coautor mediato del delito de tormento seguido de muerte, en dos hechos".

El represor continuará con detención domiciliaria en la Capital Federal hasta que se defina la modalidad de la prisión del primer gobernador llevado a juicio oral y público por donde desfilaron cerca de 150 testigos "para reconstruir la memoria".

El abogado querellante Eduardo Davis también expresó su disconformidad "porque quedan varias sentencias de más de 12 colaboradores del Colombo por conocerse y, por lo expuesto, debemos esperar condenas leves para militares y policías que fueron colaboradores necesarios para que se cometan delitos de lesa humanidad", estimó.

En la vereda del Colegio de Escribanos de Formosa, donde se desarrolló el juicio, organismos de Derechos Humanos y la agrupación HIJOS, entre otros, también expresaron su repudio a la condena para el ex mandatario que gobernó durante la dictadura.

Floreal Avellaneda : Perpetua para Riveros


SEIS REPRESORES CONDENADOS EN EL PRIMER JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD COMETIDOS EN CAMPO DE MAYO

“Fueron crímenes sistemáticos y a gran escala”

El general Santiago Omar Riveros fue sentenciado a prisión perpetua en una unidad del Servicio Penitenciario. Cinco subordinados suyos recibieron entre 25 y ocho años. Fue por las torturas y el homicidio de Floreal Avellaneda, de 15 años, y el secuestro de su madre.

Por Diego Martínez (Página12)

A un tercio de siglo de los crímenes en Campo de Mayo, sede del mayor centro clandestino de detención y tortura del Ejército durante la última dictadura, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenó ayer a la pena de prisión perpetua al general retirado Santiago Omar Riveros, ex comandante de Institutos Militares, de 86 años. La sentencia incluyó condenas a los generales Fernando Verplaetsen y Jorge Osvaldo García, a los capitanes César Fragni y Raúl Harsich, y al ex policía Alberto Aneto. Por tratarse de delitos de lesa humanidad cumplirán su pena en una unidad del Servicio Penitenciario Federal. El Tribunal consideró que “por la sistematicidad y gran escala” de los delitos cometidos en la ex Zona IV se trató de “crímenes de lesa humanidad”, como solicitó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y rechazó la calificación de genocidio reclamada por el querellante de Justicia Ya! y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

La primera condena por delitos de lesa humanidad en Campo de Mayo, por donde se estima que pasaron más de cinco mil secuestrados, fue por un caso emblemático, probado desde el Juicio a las Juntas en 1985: el homicidio de Floreal Avellaneda, cuyo cadáver con signos de empalamiento, atado de pies y manos, apareció en la costa uruguaya en mayo de 1976, previo secuestro y torturas junto a su madre Iris Pereyra. El joven, de 15 años, militante de la Federación Juvenil Comunista, fue secuestrado el 15 de abril de 1976, en su casa de Munro, durante un operativo para capturar a su padre homónimo por su militancia gremial en la fábrica Tensa. Madre e hijo fueron torturados primero en la comisaría de Villa Martelli y luego en “El Campito”, en la guarnición militar Campo de Mayo. Anoche, con los ojos llenos de lágrimas, rodeado de pibes de la FJC y de H.I.J.O.S., Floreal Avellaneda padre cantó, tras la sentencia: “No hubo errores, no hubo excesos, son todos asesinos los milicos del proceso”. Horas antes, ante Página/12, recordó que “los juicios siguen” y consideró “fundamental que todos los responsables sean condenados”.

La lectura del fallo, a cargo de Lucila Larrandart, Martha Milloc y Héctor Sagretti, incluyó los considerandos, por lo que duró casi seis horas. Fue seguida por un centenar de personas, incluidos familiares de Floreal Avellaneda y también de los imputados, separados por cinco policías. Los acusados prefirieron no estar en la sala. Por la mañana, durante las “últimas palabras” de Riveros y García (ver aparte), hubo incluso una docena de militares de civil. Para garantizar la publicidad del proceso, la jornada fue seguida por diez cámaras de filmación y otros tantos reporteros gráficos.

El tribunal desbarató uno a uno los planteos de las defensas, a las que cuestionó varias veces. Calificó como “de humor negro” la actitud del defensor oficial Carlos Palermo, quien puso en duda que el examen de las huellas dactilares fuera suficiente para probar una identidad y planteó que debieron mostrarles las fotos del cadáver de Floreal Avellaneda a sus padres. Larrandart también llamó la atención sobre objeciones de algunas querellas ante preguntas a los testigos. “Parecieran no pertenecer a organismos de derechos humanos”, dijo. El tribunal destacó el valor de la “prueba indiciaria” frente a crímenes signados por “la clandestinidad y la destrucción planificada de las pruebas”.

A las 20.43, con la bandera argentina a su derecha, la bonaerense a su izquierda y Jesucristo crucificado sobre su cabeza, la presidenta del tribunal leyó la condena a “prisión perpetua” a Riveros y la sala estalló en abrazos y aplausos. Icono del terrorismo de Estado, indultado por Carlos Menem en 1990, Riveros fue comandante de Institutos Militares entre 1976 y 1978. Su primera condena (en octubre afrontará su segundo juicio) es como autor de apenas dos privaciones ilegales de la libertad agravados por la violencia, allanamiento ilegal, robo, torturas agravadas por tratarse de perseguidos políticos, homicidio agravado y ocultamiento del cuerpo.

La segunda mayor pena, de 25 años de prisión, fue para Verplaetsen, ex jefe de inteligencia de Campo de Mayo en 1976. El entonces coronel era interlocutor habitual del responsable del centro clandestino, teniente coronel Jorge Voso, alias Ginebrón, que murió impune. Por la “disfunción y trastornos psicogénicos” invocados por sus defensores, Verplaetsen es el único de los condenados que “previo examen médico y psicológico” podría beneficiarse con el arresto domiciliario.

La pena para el general García será de 18 años de cárcel. Con el grado de coronel, García era en 1976 director de la Escuela de Infantería y jefe del área militar donde vivía la familia Avellaneda y donde funcionaba la comisaría de Villa Martelli, primera escala tras las capturas. Fragni y Harsich eran entonces sus subordinados. Las firmas de ambos figuran en un “acta de detención” labrada tras los secuestros, recibida años después por un familiar de las víctimas. Fragni declaró en 1984 haber intervenido en “algunas operaciones de la guerra contra la subversión”. Ante la ausencia de testigos de las torturas y la posibilidad de que por el grado y la posición en la estructura militar no conocieran el plan secreto del Ejército elaborado dos meses antes, el tribunal los responsabilizó sólo por los secuestros y robos, y los condenó a ocho años de prisión.

Distinto es el caso de Aneto, jefe de turno de la comisaría la madrugada de los hechos, reconocido por Iris Pereyra como integrante del grupo de tareas que la secuestró y luego la torturó, en Villa Martelli y en Campo de Mayo. El tribunal rechazó por “inverosímil” la coartada del ex policía, quien aseguró recordar que aquel día mantuvo una larga charla con un detenido, que recibió la visita de su mujer y que comió un sandwich de milanesa. Citado como testigo, el ex detenido lo refutó. Aneto fue condenado a la pena de 14 años de prisión.

Jujuy, Argentina: El día en que el duelo fue posible


Juan Carlos Arroyo fue identificado este año gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense.Lo que dice un cuerpo 32 años después de su muerte y un NN que ya no lo es, porque ahora una tumba tiene su nombre y su apellido.


Leer más en : Pueblo No Me Olvides

¿DONDE ESTÁ Orlando Argentino González?, sobrevivente CCD de Tucumán


Gravisima situación. (*)


Datos que tenemos hasta ahora

1) Orlando Argentino Gonzalez, sobreviviente del CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga, secuestrado en 1976 en Ranchillos, El Empalme, Tucumán, alrededor de 60 años.
2) denunció al Malevo Ferreyra y a su socio Comisario Francisco Camilo Orse que está preso pero que sigue dirigiendo la patota desde la cárcel. Amenazan y acosa a los testigos y a los abogados
3) de la misma zona y en la misma causa hay 4 desaparecidos, las familias también fueron amenazadas
4) el compañero sufría desde hace una semana un acoso constante, hoy debía declarar en la causa e iba a pedir custodia
5) salio de la casa de la hermana muy temprano en la mañana, se sabe que tomó un taxi/colectivo para ir al juzgado, nuncá llegó
6) Aníbal Fernandez ya sabe, lo busca la federal, la provincial y la gendarmería (¿serán las mismas 12 brigadas que buscaron a Julio?)
7) Abajo copiamos comunicado enviado a los medios
8) la abogada es Laura Figueroa, también fue amenazada,

Iniciativas ya lanzadas resueltas en la reunión de hoy del EMVJ:

1) Que todos los org. de DDHH participemos mañana del acto de CTA a las 13 hs. frente al gobierno de la ciudad, para denunciar el hecho. Ya contactamos a Fabio Basteiro, a Victor De Gennaro y a Ricardo Peidró. Este último estrá en el acto de Puente Puyerredón y lo denunciará allí. CTA Tucumán lo denuncia también en los actos de mañana.
2) Jueves 12 hs. conferencia de prensa Hotel Bauen,
3) Viernes 17:30, concentración en Obelisco para marchar a la casa de Tucumán, Suipacha al 100

4) Llamados, correos o telefenogramas a Anibal Fernandez y a Randazzo de todas las organizaciones. Correo de Fernandez: <anibalfernandez@infovia.com.ar> De Randazzo: entrar a http://www.mininterior.gov.ar/institucional/form_ministro.asp, Secretario de Derechos Humanos de Tucuman, Daniel Posse 0381155892243
Saludos
AEDD
Por favor, reenviar
PD: acaba de llegar correo de Laura Figueroa:
NUNCA LLEGÓ – ¿DÓNDE ESTÁ ORLANDO ARGENTINO GONZÁLEZ?
A LAS 9 HS. DEBÍA PRESENTARSE EN LA FISCALÍA FEDERAL PARA DENUNCIAR UN NUEVO HECHO QUE INVOLUCRA AL EX COMISARIO FRANCISCO CAMILO ORCE (ACTUALMENTE DETENIDO), ES SOBREVIVIENTE DEL CCD ARSENAL MIGUEL DE AZCUÉNAGA, FUE DETENIDO EN MAYO DE 1976 EN UN BAR DE LA LOCALIDAD DE RANCHILLOS A LAS 17 HS.

FUE INTERROGADO Y GOLPEADO POR FRANCISCO ORCE. LA CAUSA DE ORLANDO GONZÁLEZ ESTÁ RELACIONADA CON LA DE TODAS LAS VÍCTIMAS ORIUNDAS DEL "EMPALME – RANCHILLOS" , CASUALMENTE, FUE SECUESTRADO EN ESA FECHA PUES QUERÍAN AVERIGUAR EL PARADERO DE VECINOS DEL LUGAR, ALGUNOS ESTÁN DESAPARECIDOS Y OTROS SON SOBREVIVIENTES. ORLANDO GONZÁLEZ CULTIVABA CAÑA DE AZÚCAR Y NO MANTENÍA RELACIÓN CON LAS PERSONAS BUSCADAS, SÓLO TENÍAN DE COMÚN EL APELLIDO. DESPUÉS DE UNA LARGA JORNADA DE TRABAJO FUE AL BAR JUNTO A OTRO AMIGO Y ESE DÍA COMENZÓ SU CALVARIO.. .-
HOY BUSCAMOS A ORLANDO. TENEMOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA PENSAR QUE ESTÁ PASANDO POR UNA SITUACIÓN MUY DIFÍCIL, PUES ESTABA ASUSTADO, PREOCUPADO, PUES DURANTE UNA SEMANA FUE AMENAZADO PARA QUE RETIRARA LA DENUNCIA CONTRA EL EXCOMISARIO FRANCISCO ORCE, HASTA QUE SE ANIMÓ DE HABLAR CON SU ABOGADA. EL JUZGADO ESTABA ADVERTIDO SOBRE LOS NUEVOS ACONTECIMIENTOS Y SÓLO RESTABA LA FORMALIDAD DEL TRÁMITE PARA QUE EL ESTADO LE BRINDARA SEGURIDAD.
EL AÑO PASADO MIENTRAS ESTABA HOSPITALIZADO FUE AMENAZADO PORF ORCE, DEBIENDO SER CUSTODIADO POR FUERZAS DE SEGURIDAD PARA QUE PUDIERA SER INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE SIN QUE SU VIDA CORRIERA PELIGRO. HOY, LA SITUACIÓN ES MAS GRAVE PUES NO LO ENCONTRAMOS... .-
"EL MALEVO" FERREYRA SE MATÓ EN CÁMARA DE TELEVISIÓN Y FRANCISCO ORCE ELIGIÓ "APRETAR" Y AMENZAR A TRAVÉS DE "MANOS DESOCUPADAS" AL MEJOR ESTILO DE LOS GRUPOS DE TAREAS, AMBOS ACTUARON EN LA LOCALIDAD DE RANCHILLO, AMBOS FUERON VOLUNTARIOS EN EL OPERATIVO INDEPENDENCIA, AMBOS DESPRECIEARON/A DE LA JUSTICIA POR ESO ELIGIERON EL CAMINO DE LA SOMBRA Y DEL DELITO.
Laura Figueroa- abogada de Orlando González

- QUE APAREZCA CON VIDA ORLANDO ARGENTINO GONZÁLEZ
- QUE NINGÚN REPRESOR CAMINE POR LAS CALLES DE ARGENTINA. JUSTICA YA!!

Martes 26 de Mayo de 2009


URGENTE- Comunicado de prensa


URGENTE: TESTIGO DESAPARECIDO EN TUCUMÁN
Orlando Argentino González está desaparecido desde la mañana de hoy. Debía presentarse a las 9 en la Fiscalía Federal de Tucumán para denunciar un nuevo hecho que involucra al ex comisario Francisco Camilo Orce. Hace una semana que sufría amenazas constantes.

González es sobreviviente del CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga. Fue detenido en mayo de 1976 en un bar de la localidad de Ranchillos e interrogado y golpeado por Orce.

Exigimos al Gobierno su aparición con vida YA!. Convocamos a una conferencia de prensa para el próximo jueves a las 12 en el Hotel Bauen en la que se llamará a marchar el viernes a las 17.30 desde el Obelisco hasta la Casa de Tucumán, ubicada en Suipacha al 100. Invitamos a todas las organizaciones a plegarse al reclamo y a la convocatoria a estas actividades.


Encuentro Memoria, Verdad y Justicia // Justicia YA!

(*) Situacion 30 h después : ver nota en la que se indica que Orlando A. Gonzalez "habría sido "apretado" y decidió esconderse por temor"



Que los desaparecidos tengan voz en los abogados de Justicia Ya

Compañeras/os:


Una vez más recurrimos a vuestra solidaridad, en esta oportunidad les pedimos que apoyen el reclamo de apartamiento del Tribunal Oral Federal Nº5 de las causas contra los genocidas por los motivos que seguramente conocen y que están resumidos en el texto tentativo que les enviamos al pie. Por supuesto, pueden cambiarlo totalmente, sacar o agregar lo que les parezca.

Les pedimos que lo firmen indicando nombre, apellido, nº de documento y, si es el caso, organización a la que representan y que lo envíen por fax o por e-mail al Presidente del Consejo: (54 11) 4370-4973 ó 4124-5217/ Relator 4370-4938; e-mail: cncrimcorr.voc14@pjn.gov.ar

En cualquier caso les pedimos que nos envíen copia a nosotros al correo: justiciaya2004@yahoo.com.ar ya que entregaremos semanalmente al Consejo copia de los correos que recibamos.

Fraternalmente

Justicia YA!

Sr. Presidente del

Consejo de la Magistratura

Dr. Luis María Bunge Campos

Presente

Nos dirigimos a usted, y por su intermedio a los demás integrantes de ese Consejo, con el objeto de manifestarle que consideramos necesario que se aparte al Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nº 5 de la Capital Federal, de las causas contra los genocidas por:

· la discriminación política que ejerce contra el colectivo Justicia YA!, único que ha sostenido la acusación por genocidio en las causas que tramitaron ante este TOF, al negarle sistemáticamente el derecho a tener representación letrada propia;

· la prohibición que impone a los integrantes de organismos de Derechos Humanos a usar sus símbolos en la sala de audiencias –el pañuelo blanco de las Madres, entre otros- sumado a otras graves agresiones psicológicas contra querellantes, testigos, sobrevivientes y familiares de los desaparecidos como la exagerada presencia policial en la sala;

· las inusitadas restricciones que aplica a la publicidad de los debates orales que van mucho más allá de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia, con el agravante de que las únicas cámaras de televisión presentes en la sala son operadas por la Policía Federal.

A la espera de una pronta y favorable respuesta a este pedido, lo saludamos atentamente.

Firma

Nombre y Apellido

DNI

Organización:

Causa Floreal Avellaneda : los represores ahora callan


Un ex oficial de la policía bonaerense negó toda relación con el secuestro y crimen de Floreal Avellaneda, cometido en abril de 1976. “Nunca salí de la comisaría”, aseguró. Los generales Santiago Omar Riveros, Fernando Verplaetsen y Osvaldo García, quienes entonces eran máximos jefes de la guarnición militar, no declararon.

Los máximos jefes de la guarnición militar de Campo de Mayo en 1976 se negaron ayer a declarar en el juicio que se les sigue por crimen del joven militante comunista Floreal Avellaneda, de sólo 14 años.

"No voy a declarar", fue la idéntica fórmula que usaron los generales Santiago Omar Riveros, Fernando Verplaetsen y Osvaldo García en la segunda audiencia del juicio oral que se les sigue en el tribunal federal de San Martín.

La misma negativa manifestaron los entonces capitán César Fragni y el teniente Raúl Harsich, acusados de haber sido "coautores inmediatos" del crimen como integrantes del grupo de tareas del ejército que funcionó en la Escuela de Infantería de la mayor unidad militar del país.

Un sexto acusado, el oficial de la policía bonaerense Alberto Antelo, fue el único que se prestó a la indagatoria aunque fue para manifestarse "totalmente inocente", al aclarar que "nunca" salió de la comisaría de Villa Martelli.

Los tres generales están acusados de ser "autores mediatos" del secuestro del joven y su madre sobreviviente, Iris Pereyra; de los tomentos aplicados a ambos en la comisaría, donde fueron trasladados en principio, y del asesinato del chico, cuyo cuerpo apareció flotando en la costa uruguaya desnucado y empalado.

Floreal y su madre fueron secuestrados en abril de 1976 en el domicilio familiar de Munro, donde un grupo de tareas del ejército buscaba al padre del chico, un ex delegado sindical en la automotriz General Motors de igual nombre.

El brutal asesinato del "Negrito" Avellaneda fue conocido ya en el histórico juicio a los comandantes de 1985, donde bajo los números de caso 102 y 1034 fue tenido en cuenta para condenar a Jorge Rafael Videla.

Treinta y tres años más tarde, cinco de los seis acusados se negaron a declarar pero el sexto prefirió recordar que a partir del 24 de marzo la comisaría donde se desempeñaba "fue puesta a disposición de los militares".

Sostuvo que la noche del 15 de abril se desempeñaba como oficial de guardia a cargo de labores administrativas dentro de la comisaría, que se limitaron a tramitar la causa por la detención de un infractor a la ley de juego.

Aneto fue identificado a mediados de los años 80 por la madre del chico Avellaneda y otros testigos en rueda de reconocimiento como el policía con peluca rubia que integraba la patrulla que atacó la casa y los llevó detenidos.

La defensa del policía logró ayer que el tribunal que preside la jueza Lucila Larrandart obligará a los padres del chico, que son testigos y querellantes a la vez, a abandonar la sala durante su declaración que, pese al olvido total que manifestó en un comienzo", pudo recordar perfectamente que "esa noche comí una milanesa".

En la próxima audiencia que se realizará el lunes 11 de mayo, declararán los padres de Floreal.

Cavallo, a juicio por Walsh y las monjas francesas


El ex marino será juzgado por integrar un grupo de tareas que mató al periodista y desapareció a Leonnie Duquet, Alice Domon y Azucena Villaflor.

Se inicia el juicio oral y público (con las limitaciones impuestas por el TOF5: JUSTICIA YA NO PUEDE TENER ABOGADOS PROPIOS) por la causa contra el represor Ricardo Miguel Cavallo, acusados por la muerte del escritor y periodista Rodolfo Walsh y los secuestros y torturas a las monjas francesas Leonnie Duquet y Alice Domon y la Madre de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, entre otros.

Fueron rechazadas las oposiciones de la defensa del ex marino y se declaró "clausurada la instrucción" elevando los expedientes al Tribunal Oral en lo Federal Cinco (TOF5).

Ese tribunal tiene previsto comenzar, en los primeros días del mes de octubre próximo el juicio oral y público por los delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).

El represor, oportunamente extraditado desde España, fue identificado como la persona que, integrando un grupo de tareas de la ESMA, el 25 de marzo de 1977 "interceptara y baleara" a Walsh "a la voz de 'alto policía'" en la intersección de las avenidas San Juan y Entre Ríos, en el metropolitano barrio de San Cristóbal.

La privación ilegítima de la libertad de Walsh se produjo cuando el escritor intentaba distribuir copias de su "Carta Abierta a la Junta Militar" con motivo del primer aniversario de la fecha en que la última dictadura militar usurpó el poder.

"La intención del grupo operativo era capturarlo (a Walsh) con vida, a los efectos de interrogarlo sobre la organización 'Montoneros' de la que era jefe de inteligencia y por lo cual se creía que contaba con una importante información", y está acreditado que el represor, que actuaba clandestinamente con los seudónimos de "Sérpico" o "Marcelo" también participó del robo de bienes del escritor secuestrado.

Se probó asimismo que "miembros del mismo grupo" que privó de su libertad a Walsh "también concurrió a su domicilio a efectos de apropiarse de manera ilegítima de las cosas muebles que se encontraban en ella, incluyéndose su obra literaria, documentación, fotografías" y hasta el Fiat 600 propiedad del padre de su compañera Lilia Ferreira.

Tras describir como delitos de "lesa humanidad" los hechos por los que el represor deberá afrontar el juicio oral y público, se calificaron las conductas imputadas como "privación ilegítima de la libertad cometida con abuso de sus funciones, con el agravante de haber sido cometida con violencia o amenazas" y robo "en poblado y en banda".

MONJAS. En lo atinente al secuestro de las monjas francesas y Villaflor, esta investigación forma parte del legajo "testimonios B" de la "megacausa ESMA" reabierta tras la derogación y declaración de nulidad insalvable de las leyes obediencia debida y punto final.

"Sérpico" está procesado al igual que los destituidos capitanes de la Armada Alfredo Astiz, Jorge "el tigre" Acosta y Antonio Pernías, entre otros; por los hechos registrados en los primeros días de diciembre de 1977 cuando el grupo de tareas de la ESMA secuestró a una decena de personas en la puerta de la Iglesia Santa Cruz, sita en Estados Unidos 3150, de esta Capital.

En esa ocasión fueron privadas de su libertad las religiosas Domon, Duquet, las Madres de Plaza de Mayo María Esther Ballestrino de Careaga y Villaflor, junto a Remo Carlos Berardo, Angela Auad, María Eugenia Ponce de Bianco, José Fondevilla, Eduardo Horane, Patricia Cristina Oviedo y Raquel Bulit.

Se afirma en el auto judicial que existió "un plan delineado que fue preparado por los integrantes de la unidad da tareas 3.3.2 mediante el cual se había acordado la infiltración de los grupos de familiares que se encontraban buscando a las personas que las propias fuerzas del Estado habían detenido o alojado en centros clandestino de detención con destino incierto".

Además de estas causas elevadas a juicio oral y público Cavallo tiene procesamientos confirmados por otros centenares de hechos y por la apropiación de bienes de prisioneros que estaban ilegalmente cautivos en la ESMA.

"Los delitos que se analizan fueron cometidos dentro del aparato del Estado y constituyeron no sólo violaciones a los derechos humanos, sino también, por su e4scala, volumen y gravedad, crímenes contra la humanidad de acuerdo al derecho internacional", se afirma en los procesamientos.

Se inicia el juicio contra represores de Campo de Mayo

El primer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo durante la dictadura argentina, comenzó el 27/04/09, por un único caso: el secuestro y asesinato de Floreal Avellaneda.

Dos ex generales, el entonces jefe del Comando de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros, su jefe de inteligencia, Fernando Ezequiel Verplaetsen, y otros cuatro represores están imputados por el asesinato del joven Floreal Avellaneda.

Avellaneda, militante de la Federación Juvenil Comunista, y su madre, Iris Pereyra, fueron secuestrados y torturados durante la dictadura militar.

El cuerpo del joven apareció en 1976 en las costas de Montevideo, un mes después de su secuestro con signos evidentes de tortura.

"Mi hijo sufrió una tortura brutal. Por eso queremos que encarcelen para toda su vida" a los responsables, sostuvo al llegar a los tribunales Iris Pereyra, quien fue liberada en 1978.

Junto a Riveros, que se desempeñó como comandante de Institutos Militares y condujo la zona 4 en Campo de Mayo entre 1975 y 1978, está acusado el ex general Fernando Ezequiel Verplaetsen, quien ejerció como jefe de inteligencia de la unidad militar.

También están procesados en esta causa el ex director de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo Osvaldo García, los ex militares César Fragni y Raúl Harsich, y Alberto Aneto, quien fue el principal de la comisaría de Villa Martelli, donde "El Negrito", como también era conocido Avellaneda, y su madre fueron torturados.

Decenas de activistas de derechos humanos se concentraron frente a los tribunales de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, para exigir castigo para los represores.

Este juicio es el primero de la "megacausa" abierta por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, en las afueras de la capital argentina, donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención organizados durante la última dictadura.

El "Negrito" Avellaneda y su mamá fueron secuestrados el 15 de abril de 1976 por un grupo de tareas del Ejército que los llevó desde su casa, en la localidad bonaerense de Munro, a la comisaría de Villa Martelli, donde fueron torturados para que revelaran el paradero de su padre, un delegado gremial afiliado al Partido Comunista.

El secuestro se produjo en el marco de un operativo del Plan Cóndor, como se denominó a la coordinación represiva de los regímenes militares del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980.

La investigación sobre el asesinato del obispo Enrique Angelelli


Para desenterrar la verdad

El cadáver del obispo católico fue exhumado esta semana. Buscan determinar si Angelelli recibió golpes en el cráneo o un impacto de bala, como sostienen algunos testigos. También se hará un estudio accidentológico.

Por Washington Uranga

Más de treinta y dos años después del 4 de agosto de 1976, en que el cuerpo del obispo de La Rioja Enrique Angelelli apareciera en una ruta que une Chamical con la ciudad de La Rioja, la Justicia sigue en búsqueda de la verdad. Esta semana el cadáver del obispo católico fue exhumado de la cripta donde se encuentra depositado en la iglesia catedral de La Rioja, para realizar una nueva autopsia ordenada por el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena. En quince días estarán los resultados. La versión de muerte “accidental” ofrecida por la dictadura militar tuvo siempre poco sustento, aunque entonces pocos se atrevieron a cuestionarla en público. Ni siquiera la Iglesia institucional, en aquel tiempo conducida por prelados afines al régimen dictatorial, levantó su voz para denunciar lo que para muchos fue claramente el asesinato del “obispo de los pobres”, a quien los militares habían sentenciado a muerte.

El 18 de julio de 1976 fueron secuestrados y asesinados los sacerdotes de Chamical Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias, colaboradores de Angelelli. El 4 de agosto el obispo celebró una misa en Chamical, donde denunció el asesinato. La muerte y el presunto accidente se produjo esa misma noche, cuando Angelelli regresaba a la capital conduciendo su propia camioneta. El entonces sacerdote Arturo Pinto, quien lo acompañaba, recuerda que durante el trayecto fueron seguidos por un auto que luego se les cruzó en el camino, generando un vuelco. Una carpeta con toda la documentación que Angelelli había recogido sobre la muerte de los curas y del laico Wenceslao Pedernera apareció días después en el despacho del general Albano Harguindeguy, ministro del Interior, según el testimonio brindado por Peregrino Fernández ante el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Personas de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta documentación nunca fue incorporada al expediente judicial.

Lo que ahora investigan los peritos forenses de la Corte Suprema, Luis Bossio, Fernando Trezza y Víctor Cohen, es si existen indicios que permitan establecer si Angelelli recibió golpes en el cráneo, como aseguran algunos testigos, e incluso un impacto de bala, como sostienen otros. Además se hará un estudio accidentológico para determinar si el presunto accidente de tránsito pudo haber ocurrido de la manera en que se lo expone en el expediente judicial que se cerró tras la muerte.

Roberto Rodríguez, actual obispo de La Rioja, dijo que “la Iglesia acompaña” la investigación porque “busca llegar a una verdad”. En el mismo sentido se había pronunciado Carmelo Giaquinta, arzobispo emérito de Resistencia y titular de una comisión eclesiástica creada en 2006 para investigar la muerte de Angelelli. Dos años y medio después de haber iniciado las investigaciones, “que no pretenden ser paralelas al proceso judicial”, según expresó Giaquinta, el arzobispo manifestó que no es posible establecer por esta vía una conclusión definitiva sobre la forma en que Angelelli encontró la muerte. Pero sí señaló que “cuando hice mi primer viaje a La Rioja, en septiembre de 2006, escuché voces sobre ‘un tiro en el occipital derecho’, ‘la nuca destrozada a golpes’, ‘las manos quemadas’, ‘los tobillos despellejados’”, por lo cual recomendó la exhumación.

Angelelli fue rápidamente reconocido como “mártir” por el pueblo cristiano más sencillo, mucho antes que de la Iglesia oficial reivindicara su figura. A nivel popular el obispo es objeto de actos de culto, se lo venera y se elevan oraciones solicitando su intervención. Existen imágenes y altares en su memoria. Muchas capillas y oratorios llevan su nombre, y hasta una radio, la del obispado de Neuquén, se llama “Comunidad Enrique Angelelli”. Transcurrieron treinta años hasta que en 2006 el cardenal Jorge Bergoglio fue hasta La Rioja para presidir institucionalmente los actos recordatorios de la muerte del obispo. Hasta entonces la jerarquía había encontrado siempre la forma de eludir un pronunciamiento. En ese mismo momento se inició la investigación eclesiástica encabezada por Giaquinta. Desde siempre, el obispo emérito de Viedma, Miguel Hesayne, sostuvo –junto a un puñado de otros obispos entre los que siempre se contaron los ya fallecidos Jorge Novak y Jaime de Nevares– que está probado “en forma definitiva e incontrovertible” que hubo “homicidio calificado”, considerando de “patraña criminal” la versión de la dictadura sobre el accidente.

Angelelli, hijo de inmigrantes italianos, nació el 18 de julio de 1923 en Córdoba. En 1964 asumió como obispo de La Rioja y en su primer mensaje afirmó que “no vengo a ser servido sino a servir. Servir a todos, sin distinción alguna, clases sociales, modos de pensar o de creer; como Jesús, quiero ser servidor de nuestros hermanos los pobres”.

SE EJECUTA EL SEGUNDO PLAN DE IMPUNIDAD

Comunicado - JUSTICIA YA

En el día de la fecha se anunció un fallo de la Cámara de Casación Penal que deja en libertad a varios de los represores de la Esma, entre otros a Astiz y el “tigre” Acosta.

Vemos que al primer plan de impunidad generado por las leyes de punto final y obediencia debida, le siguió el secuestro de testigos y querellantes, como a Jorge Julio López en que hoy se cumplen 27 meses de su secuestro.

Luego, con la connivencia del Poder Judicial, se desmembraron las causas, se elevaron a juicio oral por tramos y sólo han sido condenados unos pocos genocidas algunos de los cuales esperan la confirmación del fallo en libertad.

Esta sentencia viene a consolidar el segundo plan de impunidad a favor de los genocidas, que entrarán libres al juicio, si es que algún día se realiza, y muchos morirán inocentes antes de que el fallo sea confirmado por la Cámara de Casación.

Denunciamos al Juez Torres, porque solo procesó a estos represores por un número ínfimo de delitos y se negó sistemáticamente a los pedidos de Justicia YA! de que amplíe esos procesamientos. Exigimos que los cite inmediatamente a ampliación de indagatoria y los procese por los delitos por los que ya está en condiciones de indagarlos, evitando así que queden en libertad.

Denunciamos al fiscal Taiano porque 5 años después de reabierta la causa todavía no ha tenido tiempo de enterarse que tiene pruebas suficientes para informarle al juez que otras 170 personas también estuvieron secuestradas en la ESMA.

Denunciamos a la Cámara de Casación porque una vez más falla a favor de los genocidas
Denunciamos al Gobierno porque que no ha tomado una sola medida para impedir esta situación, llegando sus representantes en el Consejo de la Magistratura a rechazar los pedidos de juicio político que promovimos desde Justicia Ya contra los jueces responsables de esta situación.

Esta resolución pone en peligro toda la construcción realizada por las víctimas, los organismos defensores de los derechos humanos y organizaciones populares para obtener juicio y castigo a los responsables del genocidio y de los delitos más graves que ofendieron a la humanidad, situación que venimos denunciando desde la reapertura de las causas.

18 de diciembre de 2008


SE PRETENDE EXCLUIR A JUSTICIA YA! DE LAS CAUSAS CONTRA LOS GENOCIDAS*

La Sala II de la Cámara de Casación, el TOF 5 y los defensores oficiales quieren dejar afuera de los próximos juicios contra los genocidas a organismos de derechos humanos y a distintas organizaciones gremiales, sociales y políticas.
Los defensores oficiales, tanto en la causa *Comisaría 5ta*. de La Plata como en la causa *ESMA*, *han solicitado que se desconozca el derecho de los organismos de derechos humanos y de distintas organizaciones gremiales, sociales y políticas a ser querellantes*. El juez Corazza en La Plata rechazó la pretensión, pero la Sala II de la Cámara de Casación fijó criterios que dan la razón a los defensores de los marinos aunque por cuestiones de forma desestima -por ahora- el pedido.

*A su vez el TOF 5 ignora el derecho del colectivo Justicia Ya! integrado por 27 organizaciones, a tener voz en los juicios orales a los represores de la dictadura militar, a través de una cabeza de querella propia.
*El 16 de octubre de este año la Sala II de Casación, integrada por los jueces Gustavo Mitchell, Luis M. García y Guillermo Yacobucci, dictó un fallo donde se pronuncia respecto de la legitimidad del caracter de querellantes de organismos tales como la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; la Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina; la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; el Comité de Acción Jurídica y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. En la resolución establece que para ser tomada como parte, *el estatuto de la organización debe habilitarla expresamente para querellar* y además, *debe tener* *poder para hacerlo otorgado por alguno de sus miembros que sea víctima directa de los hechos investigados*.

De esta manera, los jueces de Casación pretenden desestimar el interés colectivo que tienen estos juicios, en tanto se investigan delitos que ofenden a la humanidad toda; además de pretender impedir el accionar de las organizaciones por su propio derecho en las causas para -en el mejor de los casos en que alguno de los miembros sea víctima directa- transformarlas en meras intermediarias entre esa víctima y el abogado.

Este fallo -que desoye importante jurisprudencia en contrario- ya fue esgrimido por la misma Sala II y por el TOF 5 para rechazar los recursos presentados por el colectivo Justicia Ya! reclamando por su derecho a contar con una cabeza de querella propia que le permita actuar en los debates orales con sus abogados.

El TOF 5, tribunal oral de Capital Federal que entiende en las mega-causas ESMA y Primer Cuerpo, ha decidido que sólo dos víctimas directas intervengan en forma plena en el debate a través de sus abogados y que éstos representen a todos los demás querellantes. De esta forma ya ha dejado de lado la representación colectiva, encarnada por las organizaciones, en los últimos 7 juicios elevados a la etapa oral: 4 de la causa ESMA y 3 de la causa Primer Cuerpo.

El reclamo de Justicia YA! está en la Corte Suprema de Justicia. Se solicitó una audiencia, ya que entienden que se está discriminando y excluyendo de las causas al más importante colectivo de querellantes organizados del país que sostiene desde su creación, que *la búsqueda de justicia, de verdad y de memoria no es un acto individual, es una lucha colectiva*.

30 de noviembre de 2008
Justicia YA!

Justicia YA! está integrado por:

Asociación Anahí; Asociación de Abogados Laboralistas, Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Central de Trabajadores Argentinos (CTA) La Plata-Ensenada; Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Prov. de Bs. As.; Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Colectivo de Abogados La Ciega; Comité de Acción Jurídica (CAJ); Comité de Defensa de la Etica, la Salud y los Derechos Humanos (CODESEDH); Comisión de Derechos Humanos de Uruguayos en Argentina; Comisión de Derechos Humanos del Partido Comunista; Comisión por los Derechos Humanos de Trenque Lauquen; Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); Familiares de Desaparecidos, La Plata; Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA); HIJOS La Plata; HIJOS Regional Oeste; Instituto de Relaciones Ecuménicas; Liberpueblo; Liga Argentina por los
Derechos del Hombre (LADH); Madres de Plaza de Mayo, La Plata; Unión por los Derechos Humanos, La Plata; Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad.
En el exterior : Casapueblos (Madrid) - Campaña de Apoyo a los juicios contra los genocidas (España)

Condena incompleta para Aeronáutica

El Tribunal Oral 5 dictó la máxima pena para el coronel retirado Alberto Barda, ex jefe del Grupo de Defensa Antiaérea (GADA) de Mar del Plata, mientras que los ex brigadieres Hipólito Mariani y César Comes recibieron 25 años de cárcel, por los secuestros, torturas y desapariciones en ese centro clandestino que funcionó en Morón desde el 24 de marzo de 1976 hasta igual fecha de 1978 y adonde iban a parar personas secuestradas en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

No obstante, ninguno de los tres torturadores irá preso en forma inmediata: los magistrados decidieron mantener la misma situación procesal de los condenados durante el juicio de manera que Comes y Mariani continuarán excarcelados y Barda, con prisión domiciliaria hasta que la sentencia quede firme.

Fuentes judiciales que tras la lectura completa del fallo, el miércoles próximo, la querella apelaría esta medida para que la cárcel se haga efectiva.

Los jueces del Tribunal Oral 5, que llevan adelante el caso, dieron a conocer la sentencia minutos antes de las 19. Aunque la Corte Suprema de Justicia ordenó que las lecturas de los fallos sean difundidas por radio y televisión, las únicas cámaras autorizadas a ingresar a la sala al momento de la lectura de la sentencia, fueron las cámaras del mismo Tribunal.

El titular del TOF5, Guillermo Gordo, leyó las condenas a las que adhirió en disidencia parcial y amenazó dos veces con desalojar la sala, ante las primeras exclamaciones de algarabía de los presentes que celebraron la condena de los genocidas.

Barda fue condenado a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta por ser coautor responsable de los delitos de “privación de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio agravado”, según leyó el magistrado en relación a los crímenes de Analía Delfina Magliaro y del abogado laboralista Jorge Candeloro, ocurridos en el centro clandestino "La Cueva", que funcionó dentro del GADA que él comandaba, a la entrada de Mar del Plata y sobre la ruta 2.

En tanto Mariani y Comes deberán cumplir una pena de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo que proceda por ser responsables de los delitos de privación de la libertad e imposición de tormentos agravados y reiterados, en el segundo caso.

En las puertas del TOF5, militantes de derechos humanos se concentraban para conocer el fallo que condena, por primera vez, a dos integrantes de la Fuerza Aérea por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

APELACIÓN A LA EXCARCELACIÓN. Pese a que la querella había pedido prisión perpetua para Barda y 50 años para Comes y Mariani y el fallo de los jueces dictaminó 25 años para los dos últimos, los abogados del colectivo de organizaciones de derechos humanos Justicia Ya!, que representaron a las víctimas, van a apelar la situación procesal que los mantiene excarcelados y con prisión domiciliaria, en el caso de Barda.
"El riesgo de profugarse es inminente", una de las abogadas Justiucia Ya!, Liliana Mazea. "Nosotros entendemos que corresponde cambiar la situación procesal porque además de profugarse, pueden alterar la investigación que lleva adelante el juez Daniel Rafecas , en la que también están implicados", agregó.

Rafecas sigue un circuito represivo que además de la Mansión Seré, incluye varios centros clandestinos instalados en la zona en los que también estarían implicados los genocidas condenados hoy. "El Tribunal aplicó la legislación anterior y no entendió que la desaparición de Brit es un delito permanente y que se debe aplicar la sumatoria de delitos en base a la pena mayor que en este caso, da 50 años que es lo que pedimos", explicó, pero señaló que de todas formas "el único reproche es la excarcelación y la domiciliaria".

NO SABIA, NO FUI: NO LES CREYERON. Unas horas antes de que el juez Gordo pidiera un cuarto intermedio para dictaminar la sentencia, Mariani y Comes, ex jefes de las bases aéreas de El Palomar y Morón, respectivamente, y ex jefes del grupo de tareas 100 de la represión ilegal de la dictadura, hicieron uso del derecho a pronunciar sus palabras previas al veredicto y se declararon inocentes.

En cambio el coronel retirado Barda, ex jefe del Grupo de Defensa Antiaérea (GADA) de Mar del Plata, optó por el silencio.

“No cometí, no ordené, no prohijé, no consentí ninguno de los hechos" acaecidos en Mansión Seré”, dijo Mariani y agregó: “No quisiera estar en el lugar de los que han perdido algún ser querido".

El ex aeronauta recordó que "como jefe del grupo de tareas 100 no tuve la sensación de participar de una guerra" y señaló que sus superiores de la fuerza lo habían elegido a él para que rinda cuentas ante la Justicia, según su opinión, porque iba a resultar absuelto.

Por su parte Comes, aseguró que nunca tuvo conocimiento de lo ocurrido en el interior de Mansión Seré, “lugar al que jamás fui porque nunca estuvo bajo mi cargo", y comentó que se enteró de que allí funcionaba un centro de reclusión de secuestrados y torturas "seis años después de mi retiro, cuando lo enjuiciaron al brigadier (Orlando) Agosti en el juicio a las Juntas Militares".

Los jueces no les creyeron y condenaron al trío de ex militares a prisión perpetua y a 25 años de cárcel como había pedido el fiscal Félix Crous, la mitad de los 50 años de reclusión que solicitaron los querellantes representados por los abogados del colectivo "Justicia Ya" de defensa de los Derechos Humanos.

La Mansión Seré es uno de los centros de detención clandestina y torturas emblemático de la última dictadura militar. Una de las historias más conocidas vinculadas a ese lugar fue la fuga de los prisioneros Guillermo Fernández, Claudio Tamburrini, Daniel Russomano, y Carlos García, quienes lograron escapar esposados y desnudos, en plena noche del 24 de marzo de 1978 y bajo la lluvia.

Videla fue trasladado a una cárcel común


Después de diez años de estar detenido en su casa, el juez Oyarbide decidió que el dictador cumpla su condena por robo de bebés en la unidad 34 del Servicio Penitenciario, ubicada en Campo de Mayo.

A los 83 años cumplidos en agosto pasado, Jorge Rafael Videla perdió este viernes el privilegio que se le concede a los criminales ancianos cuando una orden judicial originada a raíz de reclamos de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y de la Secretaría de Derechos Humanos lo sacó de la prisión preventiva domiciliaria y lo mandó a la unidad penal de Campo de Mayo.

Pese a encontrarse dentro de la mayor unidad militar del país, no se trata de una prisión castrense sino bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal, es decir que se trata de una cárcel común, tal como reclamaban desde siempre los organismos de derechos humanos y algunas áreas del propio Gobierno. El magistrado consideró que la Unidad Penitenciaria 34 del SPF, ubicada en el predio de Campo de Mayo, "cuenta con el equipamiento, infraestructura y personal necesario" para atender cualquier emergencia médica que pudiera sufrir el imputado.

Videla perdió el estado militar en 1985, con la condena a reclusión perpetua del Juicio a los Comandantes que encabezaron el golpe que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976.

Indultado en 1990 por Carlos Menem, el 10 de junio de 1998 volvió a la cárcel de Villa Devoto cuando el entonces juez de San Isidro, Jorge Marquevich, lo procesó por delitos que había sido expresamente excluidos de los beneficios de las Leyes del Perdón de 198687: la sustracción de bebés a padres en cautiverio y la entrega a gente vinculada a los represores.

La causa, promovida por un grupo de Abuelas de Plaza de Mayo en 1985, fue unificada luego en el Juzgado Federal 7 porteño, cuyo despacho atiende interinamente el juez federal Norberto Oyarbide luego de que Guillermo Montenegro lo dejara para hacerse cargo del área de seguridad capitalina.

En agosto pasado, las Abuelas encabezadas por su fundadora, Chicha Mariani, reclamaron ante este juzgado por el cumplimiento del principio de igualdad ante la ley y pidieron el traslado del ex dictador a una cárcel común.

Idéntica instrucción había dado a los abogados de su cartera, para que tramitaran en los juzgados, el Ministerio de Defensa y la Secretaría de Derechos Humanos luego de la muerte por envenenamiento dentro de una unidad de la Prefectura del retirado Héctor Febres, horas antes de recibir condena judicial.

Videla afronta ahora, además de esta causa comúnmente conocida como "robo de bebés", otras causas que recobraron vida luego de la anulación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Entre estas figuran la abierta por el secuestro de los empresarios textiles Federico y Miguel Gutheim, obligados a firmar en cautiverio y tras ser torturados un convenio con una firma de Hong Kong, en el que estaba interesado el entonces ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz.

Junto a su compañero de cacerías en Sudáfrica, entonces ministro del interior Albano Harguindeguy, los dos ministros de Videla están ahora procesados por Oyarbide, que también en esta causa envió al ex dictador a cárcel común a pedido de la Secretaría de Derechos Humanos.

La tercera de las causas penales que afronta Videla es la denominada "Plan Cóndor", que investigó la cooperación represiva entre las fuerzas armadas de la región para intercambiar detenidos ilegales, informaciones y operativos represivos.

En esta causa que fue esta elevada a juicio oral y público, ya están procesados decenas de altos jerarcas militares de la dictadura, entre ellos los generales Cristino Nicolaides, Domingo Bussi, Genaro Díaz Bessone, Santiago Riveros Ernesto Alais, Eugenio Guañabens Perelló, Juan Pablo Sáa, Carlos Landoni, Eduardo De Lío, Carlos Tragant y Leopoldo Flores.

De todos los juicios que deberá afrontar aun Videla, la de mayor envergadura es la denominada "Primer Cuerpo de Ejercito", que centraliza el juez federal 3, Daniel Rafecas, a incluye miles de hechos criminales ocurridos en esa gran unidad durante el terrorismo de Estado.

Uno de los juicios que en estos días está llegando a su fin en el Tribunal Oral de Federal 5, el juzgamiento de dos brigadieres y un coronel que comandaron los centros clandestinos de Mansión Seré y La Cueva, es un desprendimiento de dicha megacausa.

Respuesta de Adriana Calvo a Arslanian por Julio López


Que los gestores militares y civiles del genocidio ocurrido en la Argentina estén en el lugar que les corresponde, la cárcel; cumpliendo la condena que se merecen, cadena perpetua; por el delito cometido, el de genocidio".El ex ministro de Seguridad León Arslanian dice que Julio López está muerto porque después de dos años de intensa y prolija investigación, nada se sabe de él. El juez Arnaldo Corazza acuerda con que ésa es una posibilidad, aunque se propone continuar la pesquisa con la misma intensidad e idéntica prolijidad que hasta ahora. El doctor Gascón Coti, abogado de la familia López, opina en cambio que es necesario dirigirla a investigar a... Julio, para saber quiénes lo convencieron de declarar contra Etchecolatz. ¡Cuánto disparate! O, en realidad, ¡cuánto encubrimiento disfrazado de disparate!

Doctor Arslanian, doctor Corazza, ustedes no tienen derecho a mentir de esa manera, ustedes saben que la causa López es un monumento a la impunidad.
Monumento en el que ustedes pusieron sus mejores esfuerzos junto a los gobiernos provincial y nacional. Ustedes saben desde hace mucho tiempo que a Julio lo secuestró la policía y ¿aceptaron, se resignaron, acordaron? que los autores quedaran impunes a cambio de la "gobernabilidad de la fuerza".

Doctor Gascón Coti, lo decimos una vez más tan públicamente como lo venimos haciendo hace 24 meses: Julio López fue un militante, un luchador en los '70. Julio sufrió durante más de 20 años lo mismo que muchos, muchísimos, sobrevivientes: el silencio obligado por oídos que se negaban a escuchar. Julio, a sus setenta y pico, volvió a ser un militante, un luchador, le dijo basta al mutismo y decidió enfrentar a sus torturadores. Y lo hizo buceando en su memoria, recuperando su historia al compartirla con otros sobrevivientes, recorriendo con ellos metro a metro cada lugar de detención,
hora a hora cada día de cautiverio. Lo hizo conectándose con las familias de sus compañeros de prisión, participando de actos por la justicia y también, denunciando a sus verdugos ante los estrados judiciales. Con gusto, con orgullo, repetimos una vez más todo lo que sabemos de Julio, no nos cuesta recordar qué hacía, en qué andaba, con quiénes, porque, paradójicamente, su ausencia significa, al menos para nosotros, una presencia permanente.

Si por ese motivo usted pretende acusarnos de su secuestro aduciendo que nada hicimos para cuidarlo, merecerá el mismo repudio que merecieron los dictadores cuando señalaban a las madres como responsables de la desaparición de sus hijos.

Si, en cambio, a quien acusa de no cuidar a Julio ni a los miles de testigos ni a los centenares de miles de luchadores populares que también tomaron en sus manos esta pelea contra la impunidad de los genocidas es al gobierno nacional y al gobierno provincial por no haber separado de las fuerzas
armadas, de seguridad y de Inteligencia a los torturadores, por permitir que más de 9000 efectivos de la Bonaerense de la dictadura sigan en actividad, por no haber desarmado la red de complicidades que abarca a muchos más, en ese caso, doctor Gascón Coti, recibirá todo nuestro apoyo.

AEDD, LADH, CTA La Plata, Asociación Anahí, Unión por los Derechos Humanos La Plata, Fidela, Ceprodh, CAJ, Hijos La Plata, Liberpueblo, Cadhu, integrantes de Justicia Ya!


COMUNICADO . Ante la agresión de testigo contra militares genocidas

El pasado domingo 31 de agosto de 2008, nuestro compañero, Mario Galvano, sobreviviente, testigo y querellante en la denominada Causa Mansión Seré, desprendimiento de la Megacausa 1er. Cuerpo de Ejército, fue víctima una vez mas de una agresión física en la puerta de su casa en el barrio de San Telmo que incluyo amenazas de muerte reiteradas con exhibición de arma de fuego por parte del agresor. Este, Juan Manuel Sánchez Toranzo, no es otro que el hijo del Tte. Coronel (Re) Carlos Sánchez Toranzo.

Es de destacar que este último se encuentra imputado en diversos aberrantes delitos en, justamente, la causa 1er. Cuerpo de Ejército. Basta recordar que a Pablo Díaz, sobreviviente de "La Noche de los Lápices" le dijo "A Claudia Falcone y a esos pibes no los busquen mas, ya están todos fusilados". La semana pasada cuando se inicio el juicio oral por la Mansión Seré, fue Mario Galvano quien aporto en su testimonio ante los jueces del TOF 5 los datos necesarios para esclarecer los hechos que se investigan y juzgan. Al juicio llegaron los represores Comes, Barda y Mariani por sus propios medios ya que dos de ellos gozan de libertad y el tercero de prisión domiciliaria. Los abogados querellantes de Justicia Ya! solicitaron al tribunal la inmediata detención de los imputados y el cese del arresto domiciliario, considerando que desde ese momento en más, la seguridad de los testigos se vería seriamente afectada dado que terminada la audiencia tanto los represores como los querellantes, testigos y abogados compartirían el espacio público con la evidente amenaza que ello representa. A esta petición se opuso, inexplicablemente, el fiscal Félix Crous aduciendo que hasta el momento no se habían registrado incidentes que supusieran que la continuidad de las condiciones de libertad de los acusados fuesen a poner en peligro la integridad de querellantes y testigos.

Pues bien, queda palmariamente demostrado a partir de los hechos del domingo que tal aseveración es absolutamente falaz y que la trama de impunidad hasta hoy reinante les permite a los asesinos y torturadores de ayer moverse con total libertad hoy. Es de destacar que el agresor de Mario Galvano, se retiró del lugar de los hechos auxiliado por otras dos personas que se conducían en un automóvil blanco que lo esperaba en las inmediaciones dándose a la fuga a toda velocidad. Todo esto presenciado por gran cantidad de testigos que expresaron su repudio presentándose espontánea y voluntariamente a radicar la denuncia correspondiente. Hoy, con estos nuevos elementos, se volverá a insistir en que se detenga a los imputados, que se termine con su situación de privilegio y se los aloje en el lugar que les corresponde, una cárcel común. Esa será la única garantía de seguridad que testigos y querellantes tendrán si no queremos que lo de Julio López vuelva a repetirse.

Justicia Ya! Bs. As Septiembre 2, 2008 Asociación Anahí; Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; Abogados Laboralistas de Izquierda (ALI); Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares; Comité de Acción Jurídica (CAJ); Comité de Defensa de la Etica, la Salud y los Derechos Humanos (CODESEDH); Comisión de DDHH de Uruguayos en Argentina; Comisión de DDHH del Partido Comunista; Comisión por los DDHH de Trenque Lauquen; Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA); H.I.J.O.S. Regional Oeste; Instituto de Relaciones Ecuménicas; Liberpueblo; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad. Exterior ; Campaña de Apoyo a Juicios – Casapueblos

Repercusiones en Madrid de la sentencia contra Bussi

Bussi : El fiscal Terraf también solicita cárcel común

El fiscal federal, Alfredo Terraf, lamentó este viernes que el represor sentenciado, Antonio Bussi, continúe en prisión domiciliaria. Señaló que "a pesar de haber sido declarado culpable de delitos de lesa humanidad, sigue en el country".
El fiscal de la provincia argentina de Tucumán expresó al programa La Mar en Coche, de FM La Tribu, que "a los efectos prácticos, el juicio no ha cambiado la situación de (Antonio) Bussi".

Alfredo Terraf es el fiscal que intervino en el reciente juicio que condenó a prisión perpetua a Luciano Menéndez y Antonio Bussi por cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en Argentina.

Terraf explicó que "también forma parte de la justicia que la gente vaya a donde tiene que ir cuando comete un delito".

Además, Terraf indicó que eligió dar vuelta su silla durante las declaraciones finales de Bussi como una forma de repudiar sus expresiones.

El fiscal informó que "hay 600 causas abiertas y en trámite en Tucumán (por crímenes de la dictadura)". Comentó que "por lo menos dos llegarán a juicio antes de fin de año a tribunales".

Las condiciones de detención de los condenados se confirmarán el próximo jueves. Terraf pidió que los represores cumplan su condena en una cárcel común.

Bussi y Menéndez fueron condenados a prisión perpetua

En un clima de máxima tensión, el Tribunal Oral Federal dictó la condena de prisión e inhabilitación perpetua y costas a los ex jerarcas de la dictadura Antonio Domingo Bussi, de 82 años, y Luciano Benjamín Menéndez, de 81 años, imputados en la causa que investiga la desaparición del senador provincial peronista Guillermo Vargas Aignasse, pocos días después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Al ex gobernador de Tucumán se le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria por haber cumplido mayoría de edad, lo que generó la ira y ocasionó incidentes frente a la sede judicial a raíz de choques entre miembros de las fuerzas de seguridad y de organizaciones humanitarias y partidos de izquierda.

En tanto, el lugar de detención del represor Menéndez aún será definido por el Tribunal Oral en lo Criminal de Tucumán, pero se descarta que el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército volverá a Córdoba, donde ya fue condenado a prisión perpetua en cárcel común.

Ambos estaban acusados de “privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, torturas y tormentos reiterados, condiciones tortuosas de detención, desaparición forzada de persona, homicidio calificado, asociación ilícita y genocidio”, en el marco de los delitos de lesa humanidad contemplados por los pactos y convenciones internacionales, que declaran imprescriptibles estos hechos.

Dentro de una semana, los jueces Gabriel Eduardo Casas, Carlos Enrique Jiménez Montilla y Josefina Curi, del Tribunal Oral Federal de Tucumán- darán a conocer los fundamentos del veredicto.

En los alegatos, el fiscal federal general Alfredo Terraf había reclamado la prisión perpetua de los acusados en el penal común de Villa Urquiza, revocándose así el beneficio de la prisión domiciliaria del que gozan.

"No les queda otra alternativa que la cárcel común. Es una burla que una persona que está acusada por delitos de lesa humanidad siga en un country, porque ambos están en condiciones físicas y psíquicas de estar un penal. La edad no da derechos ni privilegios", había destacado el fiscal.

En tanto, la defensora oficial de Bussi, Amalina Assaf, había planteado la absolución de su cliente o, en caso de que sea condenado, que se mantenga la detención en el country donde vive, mientras el abogado de Menéndez, Horacio Guerineau, había pedido la absolución lisa y llana.

Este fue el primer juicio oral que se realiza en Tucumán por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar.

Bussi y Menéndez -recientemente condenado a reclusión perpetua en un juicio en la provincia de Córdoba- están acusados en unos 600 expedientes y ya están procesados en una veintena de ellos.

Bussi fue jefe de la V Brigada de Infantería de Tucumán entre diciembre de 1975 y 1977 y, desde el golpe de Estado de 1976, ejerció la intervención militar de la provincia.

Con la restauración democrática, fundó el partido Fuerza Republicana por el que fue elegido gobernador de Tucumán, cargo que ocupó de 1995 a 1999.

Menéndez fue general del Ejército y tuvo a su cargo el III Cuerpo de la fuerza con asiento en la mediterránea provincia de Córdoba entre 1975 y 1979. Varios centros clandestinos de detención, entre ellos "La Perla", estuvieron bajo su control.