Causas Judiciales contra los genocidas de Argentina

Extraño suicidio de ex jefe de policia en Santiago del Estero.

2012-02-02T08:03:00.000+01:00

S. del Estero: Confirman muerte de ex jefe de policia dictadura, Juan Ramírez. Estaba profugo.
Confirman muerte de ex jefe de policía que era buscado por crímenes de lesa humanidad
El ex militar estaba con pedido de captura del Juzgado Federal local y era rastreado por cuerpos especiales de la Policía Federal.
CARGO. El prófugo tenía alrededor de 70 años y ocupó la jefatura de Policía durante la dictadura.

El ex jefe de policía durante la dictadura, Juan José Ramírez, sobre quien pesaba un pedido de captura del juez federal Guillermo Molinari por delitos de lesa humanidad, murió en San Isidro arrollado por un tren luego de que se arrojara a su paso. La confirmación de la muerte del ex represor la recibieron el juez federal local, Guillermo Molinari y la Fiscalía, por parte de la Policía Federal y del Juzgado Criminal y Correccional Nº 1 de San Isidro, que abrió un expediente caratulado “Investigación de motivo de fallecimiento”.

Pericias
Fuentes judiciales adelantaron que Fiscalía solicitará la remisión de una copia del expediente y que se practiquen estudios sobre los restos cadavéricos para ratificar la identidad del occiso.
Según la información que recibieron las autoridades del Juzgado, Ramírez sabía que había sido localizado por la Policía Federal y el 16 de diciembre se habría arrojado a las vías de la Estación de San Isidro, al paso de una formación ferroviaria. La confirmación llegó días atrás, la que se mantuvo en estricto secreto por la gravedad del hecho. Incluso la defensa había presentado días antes, un escrito advirtiendo el deceso del ex militar.
Ramírez, oriundo de Río Cuarto y que vivía en Buenos Aires, tenía pedido de captura por parte de la Justicia Federal local, al evadir los pedidos de presentación para ser indagado por los casos que se investigan en el Grupo Tres (por desapariciones forzadas de personas durante el proceso) que integra la Megacausa de Derechos Humanos. Además, había sido incorporado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en el programa de recompensas y se ofrecieron $ 100 mil a quienes dieran datos precisos acerca de su paradero.
Un día antes del trágico hecho, un grupo especial de búsqueda de evadidos de la Federal, había localizado en San Isidro al ex titular de la fuerza policial santiagueña.
Intervinieron por jurisdicción en el hecho, efectivos de la Comisaría de San Isidro

INQUIETUD EN INVESTIGADORES
Extraña coincidencia
Un dato que llamó la atención de las autoridades judiciales y de los investigadores, es que la muerte de Juan José Ramírez, se produjera un día después de la detención de otro ex jefe policial de la dictadura, Ramón Warfi Herrera, quien fue aprehendido por Gendarmería el 15 de diciembre en un operativo realizado en Funes, cerca de Rosario, provincia de Santa Fe.
Ramírez también había sido localizado un 15 de diciembre, pero al día siguiente habría tomado la fatal decisión de suicidarse.
Rumores
Además, también inquietó a las autoridades que el rumor sobre la muerte de Ramírez haya comenzado a circular a fines de diciembre en la Unidad del Servicio Penitenciario Federal de Colonia Pinto, adonde están alojados los imputados por crímenes de lesa humanidad. l
BÚSQUEDA
El último represor que queda prófugo es Roberto Díaz
Con la muerte de Ramírez y la detención de otro ex militar que fue jefe de Policía, Ramón Warfi Herrera, el único prófugo que tienen las causas de derechos humanos es Roberto Díaz, expolicía que prestó servicios en el Departamento de Informaciones Policiales (DIP) donde formó parte de los grupos de tareas represivos.
Llamativamente, Díaz, procesado por graves hechos como el homicidio calificado en perjuicio del abogado Abdala Auad (en 1976), gozaba del beneficio de excarcelación, pero decidió huir de la Justicia argumentando que era amenazado por Ramírez, de quien ahora se confirmó su fallecimiento.
A mediados de 2011, Díaz debía concurrir semanalmente al Juzgado para firmar un libro de asistencia como contralor del cumplimiento de la medida excarcelatoria. Al ausentarse por tres semanas seguidas, el fiscal federal general, Gustavo Gimena, solicitó se le revoque inmediatamente la medida y su detención.
El juez Molinari hizo lugar a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal y envió una comisión de la Policía Federal al domicilio del imputado con resultado negativo. También pesa sobre él un pedido de captura y una recompensa de $ 100 mil.l

El genocida Albano Harguindeguy: al banquillo

2012-01-31T20:01:00.000+01:00

El Registro Único de la Verdad elabora “estrategias de comunicación” sobre la causa Harguindeguy

Estará por primera vez en el banquillo de los acusados.

Se juzgará a nueve ex militares y policías por 28 casos de secuestros, torturas y desapariciones forzadas de personas. Pero el aditamento especial en esta causa es que, por primera vez, estará sentado en el banquillo de los acusados el ex ministro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy. En el Registro Único de la Verdad comenzaron las reuniones para elaborar “estrategias de comunicación” para lo que será la etapa previa y durante el proceso judicial. “Como se hizo con la causa Hospital Militar, vamos a ejecutar programas de concientización para instalar el tema en la sociedad con el fin de que la gente sepa lo que va a pasar durante esos meses”, contó la titular del organismo, Luz Piérola. Con el verano encima y las dificultades que eso implica, la comisión provincial de la Memoria igual ya se reunió el viernes por tercera vez. En esta última ocasión lo hizo con los abogados querellantes de Paraná en el caso: Álvaro Piérola, Marcelo Baridón y Marcelo Boeykens. “La idea es organizarnos con anticipación pese a que en términos judiciales no hay muchas novedades por la feria judicial”, dijo. También habrá prontamente encuentros con los querellantes de Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Entre los programas que se ejecutarán están el de “Verdad y Justicia” y el de “Protección de testigos y acompañamiento”, éste último es nacional.
El Tribunal Oral Federal de Paraná juzgará a nueve represores por las desapariciones forzadas de Sixto Francisco Zalasar, Julio Alberto Solaga, Norma Beatriz González y 25 casos de privaciones ilegítimas de libertad y torturas. Los represores están acusados de integrar una asociación ilícita, en el marco de un plan sistemático de persecución y exterminio de militantes políticos. La fecha anunciada para el comienzo de las jornadas orales es el 21 de marzo.
Otro de los juicios anunciados para este año es el que se conoce como causa Área Paraná, en el que se juzgará el accionar de los represores de la costa del Paraná. El proceso se llevará a cabo con los preceptos establecidos en el antiguo Código de Procedimientos en materia penal de 1888, que prevé que las actuaciones deben realizarse en forma escrita. En la causa están procesados los ex militares Jorge Humberto Appiani, Ramón Genaro Díaz Bessone, Oscar Ramón Obaid y Alberto Rivas; los policías provinciales José Anselmo Appelhans, Luis Francisco Armocida y Carlos Horacio Zapata; el policía federal Cosme Ignacio Marino Demonte; la agente penitenciaria Rosa Susana Bidinost; y el médico Hugo Mario Moyano.
Todos ellos por la desaparición de Victorio Coco Erbetta, Pedro Sobko, Claudio Fink, Carlos José María Fernández y Juan Alberto Osuna. La asociación Hijos Regional Paraná, cuando presentó el escrito de acusación en la mega causa, introdujo la figura de “desaparición forzada de personas”. La misma responde a una reforma en el Código Penal en mayo pasado. Los querellantes entienden que es válida para ser juzgada. “Se trata de personas cuyos restos no se han encontrado y, por lo tanto, se sigue ejecutando el delito”, explicó oportunamente la abogada representante, María Florencia Amore. Para Osuna, este caso no encuadra, ya que sus restos fueron hallados.
El jefe
Albano Eduardo Harguindeguy fue el ministro político de la dictadura y en ese rol coordinó la actuación de las fuerzas armadas, policiales y de seguridad que ejecutaron el genocidio en todo el país. El ex ministro de Interior de Jorge Rafael Videla tenía bajo su órbita los centros clandestinos de detención, tal es el caso de la Policía Federal de Concepción del Uruguay, donde estuvieron secuestrados y fueron torturados estudiantes secundarios y dirigentes políticos, y el Regimiento de Caballería de Tanques de Concordia, por el que pasaron Solaga y Zalasar. El represor no fue sometido a proceso en el Juicio a las Juntas y luego fue beneficiado por la ley de obediencia debida y el indulto firmado por Carlos Menem.
En 2003, cuando todavía estaban vigentes las leyes de impunidad, Harguindeguy reconoció ante la televisión francesa que no estaba arrepentido de su accionar. “Hicimos lo que correspondía, en cumplimiento del deber militar. Empezamos bajo un gobierno constitucional y seguimos en un gobierno de facto. Las Fuerzas Armadas deben decirle al pueblo argentino: ‘Nosotros los libramos de ser un país marxista’”.

Sigue en funciones el último juez acusado por delitos en la dictadura

2012-01-31T19:46:00.001+01:00

Piden que se acelere el jury contra Pedro Federico Hooft

Ocupa el juzgado en lo Criminal y Correcional Nº 4 de Mar del Plata. Fue considerado por los querellantes como un “engranaje funcional” de los crímenes de lesa humanidad. Reclaman que no se lo deje abandonar el país.

Denunciado penalmente por delitos de lesa humanidad y a la espera del juicio político en el Consejo de la Magistratura, el juez Pedro Federico Hooft continúa al frente del Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 4 de Mar del Plata, a pesar de los constantes reclamos de organismos de Derechos Humanos para que se lo aparte.
El célebre Hooft es el último juez acusado por graves delitos cometidos durante la última dictadura que continúa en funciones, luego de las renuncias de los camaristas de Mendoza Otilio Romano, Luis Miret y Julio Petra. El marplatense es considerado por la querella de esas causas como “un engranaje funcional, un partícipe necesario, de los crímenes de lesa humanidad cometidos dentro del sistema represivo que funcionó en la Subzona 15”.
La permanencia en la justicia de este magistrado es denunciada por la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del centro y sur de la provincia de Buenos Aires. A fines del año pasado, el organismo realizó una presentación ante la Suprema Corte bonaerense para solicitar que se conforme de manera urgente el jury que debe tratar el pedido de destitución de Hooft y no esperar hasta marzo, cuando los legisladores provinciales vuelven a sus funciones. También reclamaron que no se lo deje salir del país y así evitar un caso similar al del ex camarista Romano, quien se fugó a Chile y realizó un pedido frustrado de asilo político.

El magistrado es recordado por su participación en la Noche de las Corbatas, nombre que adquirió el secuestro en julio de 1977 de once personas, entre ellas seis abogados marplatenses. Por esos hechos, en 2006 la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación le imputó el rol de partícipe en varios hechos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado, y en noviembre del año pasado, el fiscal Claudio Kishimoto pidió la citación a indagatoria del juez por la omisión en la tramitación de habeas corpus y de las denuncias iniciadas por privación ilegítima de la libertad en 20 casos.
El nombre del juez Hooft aparecía asociado a la Noche de las Corbatas desde 1984, cuando la sobreviviente Marta García de Candeloro lo nombró en su testimonio ante la CONADEP en el que recordó haber visto al juez en la Seccional Cuarta donde estaba detenida. La mujer, que había pasado por el centro clandestino de detención La Cueva, en la Base Aérea local, le solicitó ayuda al magistrado y este la ignoró, a pesar de que en su juzgado tramitaba un habeas corpus sobre su secuestro y el de su marido, Jorge Caldeloro. Luego lo denunció también en el Juicio a las Juntas y en los Juicios por la Verdad de Mar del Plata.
Hooft está acusado además por hacer “desaparecer” el expediente por el secuestro de Candeloro, documento que después de 30 años fue encontrado por funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense entre los expedientes del juzgado de Hooft

Mientras se demora su destitución, en el juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolló en Mar del Plata por La Cueva, surgieron nuevas evidencias de la relación estrecha de Hooft con el terrorismo de Estado. “Además de no tramitar los habeas corpus y hacerlos desaparecer, de no agregar los informes que le remitía el coronel Pedro Barda, de no reclamar y reconocer los cuerpos de los abogados que aparecían muertos, de no recibir declaración testimonial a los abogados que eran liberados, tenía comunicación directa con la oficina de Inteligencia de La Cueva, es decir, con los verdugos del Centro Clandestino, y decidía, ayudado por sus cómplices civiles, como el doctor Eduardo Cincotta, quién se salvaba y quién no”, señala una de las últimas denuncias sobre Hooft.
Allí se aportaron testimonios de dos ex soldados de la Base Aérea de Mar del Plata que declararon en el juicio oral donde fue condenado el ex subjefe de la base Gregorio Rafael Molina.
Además de confirmar la realización de los vuelos de la muerte, los conscriptos brindaron información relevante acerca de quiénes eran las personas que operaban en la Base Aérea y en La Cueva, entre ellas el juez Hooft que siempre pedía hablar con Inteligencia. “El testimonio referenciado viene a confirmar lo que se viene sosteniendo y denunciando hace más de 30 años: que Hooft sabía de la existencia de Centros Clandestinos de Detención, que Hooft visitaba los Centros Clandestinos de Detención y que tenía directa vinculación con los civiles partícipes del terrorismo de Estado”, señala la denuncia impulsada por Antonia Acuña de Segarra, presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, filial Mar del Plata.

El juez ocultó durante tres años el asesinato de un desaparecido
El expediente perdido que tenía el magistrado

Nicolás Candeloro viajó a Mar del Plata con la certeza de que su hijo Jorge Candeloro y su nuera Marta García habían sido detenidos por la Policía Federal de Neuquén y trasladados allí. El 11 de julio de 1977 interpuso un habeas corpus en el Juzgado en lo Penal Nº 3 de Dolores (con asiento en Mar del Plata) a cargo de Pedro Hooft. Ese mismo día, el juez ordenó librar los oficios para determinar el lugar y los motivos de la detención. Todas las fuerzas de seguridad consultadas respondieron negativamente, salvo el jefe de la Subzona Militar 15, el coronel Alberto Pedro Barda. A pesar de faltar ese informe, el día 29/07/1977 Hooft rechazó el habeas corpus. Más de dos meses y medio después, el 3 de octubre del año 1977, el juez recibió el informe pendiente del Ejército donde le notificaban que Candeloro había fallecido el 28 de Junio de 1977 en un intento de fuga. Hooft recibió el informe pero no lo agregó a la causa y la muerte permaneció oculta tres años, hasta que la familia lo encontró al leer el expediente. En 1984, el habeas corpus es requerido por instancias judiciales donde se investigaba la desaparición de Candeloro pero Hooft informa que el expediente no se encontraba en su juzgado. Veintitrés años después, el expediente original fue encontrado en el archivo de su juzgado con resoluciones firmadas por él posteriores a su “desaparición”.

Por Gerardo Aranguren

Warfi Herrera genocida en Santiago del Estero, escondido como rata en Santa Fé

2012-01-24T07:11:00.001+01:00

El ex militar que estuvo prófugo de la Justicia, está acusado de desaparición forzada, torturas y homicidio calificado.

Procesaron a Warfi Herrera por delitos de lesa humanidad

El juez federal local, Guillermo Molinari, procesó al ex jefe de Policía durante el proceso militar, Ramón Warfi Herrera, por desaparición forzada, torturas, homicidio calificado y asociación ilícita, en perjuicio de más de 10 santiagueños. Estos crímenes que tienen la figura de lesa humanidad, integran los casos investigados en el Grupo Tres de la Megacausa de Derechos Humanos (desapariciones forzadas durante la dictadura).

En el mismo fallo, el magistrado dictó la falta de mérito al represor por los crímenes de Marta Azucena Castillo y Armando Arquetti, decisión que fue apelada por la Fiscalía Federal General y que deberá dirimirse en la Cámara de Apelaciones.

Herrera había sido indagado a fines de diciembre por el juez, tras haber sido localizado en Rosario, Santa Fe, por un grupo especial de búsqueda de represores prófugos. El ex militar se abstuvo de declarar durante la indagatoria, pero escuchó de parte del funcionario judicial los delitos que se le imputan.

Warfi Herrera fue jefe de Policía en la provincia durante el proceso y bajo su mando estaba Musa Azar Curi, jefe de los grupos de tareas represivos que actuaban en la órbita del Departamento de Informaciones Policiales, que también funcionó por esos años como un centro clandestino de detención.

Captura

Si bien Herrera es oriundo de la provincia, se encontraba viviendo en Santa Fe adonde fue capturado por fuerzas especiales y Gendarmería, en un operativo que fue montado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Actualmente cumple prisión preventiva en la Unidad Penitenciaria Federal de Colonia Pinto, en el departamento Robles.

Los casos por los que el ex jefe policial fue procesado son 13: Lídoro Oscar Aragón Navarro, Hugo Arnaldo Vega, Hugo Milcíades Concha, Santiago Augusto Díaz, Dardo Exequiel Arias, Abdala Auad, Roberto Bugatti, Héctor Rubén Carabajal, Daniel Enrique Dicchiara, Mario Alejandro Giribaldi, Miguel Ángel Lema Aguiar, Guillermo Augusto Miguel y Julio César Salomón.

El genocida Colombo, condenado y aún en activo en el ejército, se pasea con total impunidad

2012-01-23T22:46:00.001+01:00

Se vio cenar al condenado Colombo en restaurante céntrico

Según trascendió fue en Piègari, un restorán caro de la ciudad de Bs As, en el mes de diciembre. La LADH denuncia lentitud de la justicia federal formoseña, que contradice la política de estado fijada a nivel nacional.

La editorial de la página en Facebook de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre de Formosa titulada “La construcción de los principios de Memoria, Verdad y Justicia en Formosa, y la mala palabra” se señala la distancia que existe entre el enunciado y los gestos políticos del gobierno nacional con el accionar de la justicia federal formoseña.

En tal sentido, se señala que “esta semana trascendió que el ex gobernador de facto de Formosa, el todavía general Juan Carlos Colombo, cenó en el restaurant Piégari, uno de los mas caros de Buenos Aires con su familia en el mes de diciembre. Recordemos que el anciano delincuente, fue condenado a veinticinco años de prisión por crímenes de lesa humanidad por el Tribunal Oral Federal de Formosa, falló que se encuentra firme por resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Plácidamente se encontraba en ese restaurant violando las condiciones de su “prisión domiciliaria”.

“A eso debe agregarse una nueva elevación a juicio del habitué de costosos restaurantes de Buenos Aires, destinada a obstruir nuevos juicios a los represores que asolaron la provincia en los oscuros años 70. Tal elevación se produjo por delitos probados con anterioridad a la primera elevación, lo cual implicaría un juzgamiento en cómodas cuotas”.

Estos hechos, se suman a las denuncias ya conocidas de “sospechosa lentitud” de la fiscalía formoseña que demoró seis meses “en elevar el expediente (de cómputo de pena) al Tribunal de Casación, elevación que se produjo ante el reclamo de querellantes y abogados”. Todavía no se resuelve el pedido de cárcel común a los imputados y al condenado.

Se señala también que, a pesar de los pedidos de la LADH se sigue financiando con dinero público la clandestinidad del prófugo Horacio Rafael Domatto, y que “no se conoció actividad alguna de la fiscalía respecto de la declaración que compromete gravemente la situación procesal de (Agustín) Echeverría”-oficial de policía provincial- en el caso del supuesto suicidio del conscripto Genes detenido en el Rim 29 acusado de “bailar con una subversiva”; como tampoco de la revocatoria de la Cámara de Casación por unanimidad del sobreseimiento logrado en primera instancia en dos casos por el ex subjefe de Policía de Formosa.

Y se remarca una situación contradictoria, pues “cuando en el resto del país la política judicial se orienta a la concentración en megacausas de todos los imputados, en Formosa se los va elevando a juicio con cuentagotas y por solo algunos de los cientos de delitos cometidos”. Para concluir afirmando que “va siendo hora que la política nacional de derechos humanos, las disposiciones de la Cámara Nacional de Casación Penal y de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación lleguen a Formosa por vía de la justicia federal, a efectos que los gemidos de los torturados y el silencio de los desaparecidos en la dictadura, no terminen transformando la acción judicial tan solo en una mala palabra”.

Un ex prefecto uruguayo hizo las fotos que prueban los vuelos de la muerte

2012-01-13T08:20:00.000+01:00

Las imágenes que la cidh entregó al juez sergio torres

Daniel Rey Piuma retrató los cuerpos que habían llegado a las costas de su país. Está dispuesto a declarar y entregar otros archivos.

Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregara al juez Sergio Torres fotos que pruebas los vuelos de la muerte, el prefecto uruguayo Daniel Rey Piuma confirmó que es el autor de las imágenes de los cuerpos que aparecieron atados y con signos de torturas en las costas orientales. Adelantó que está dispuesto a entregar los archivos completos y a declarar ante los juzgados que lo soliciten.

Según las autoridades de la CIDH, las fotos y archivos que entregaron al juez Torres en diciembre formaría parte de los documentos que la CIDH compiló en su visita a la Argentina en septiembre de 1979 durante la última dictadura militar. En una entrevista al periódico La Diaria de Uruguay, Piuma confirmó desde su residencia en Ámsterdam que él fue el autor de las fotografías miembro de Prefectura, que las entregó a la CIDH en 1982 y que en total documentó 26 cuerpos que llegaron a las costas uruguayas presumiblemente arrojados al mar en los vuelos de la muerte.“Era oficialmente planimétrico, el que hace los planos en el lugar de homicidios, pero también era fotógrafo, perito criminal, especialista en abrir toda clase de cerraduras, en detectar drogas. Personal técnico, como en cualquier servicio de inteligencia del mundo”, detalló el ex prefecto, quien en 1980 se fue de Uruguay con la documentación y las fotos y declaró ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en Brasil, y luego también lo hizo en Washington, ante la CIDH.
Piuma recordó que luego de algunos hallazgos aislados comenzaron a aparecer cuerpos de manera sistemática, por lo que la Dirección de Inteligencia de Prefectura (Dipre) decidió ocultarlo a la opinión pública. “Durante dos o tres meses viene la corriente de los ríos Uruguay y Paraná que es muy fuerte y traslada todo al Río de la Plata. Uno de los últimos cuerpos que yo registré, en la playa Pocitos, era sólo huesitos. Y entonces terminó mi reporte porque después de eso en la Dipre se planteó que ya era un problema serio porque daba para suponer que había muchísima más gente. En 1979 se encontraron dos cuerpos, uno masculino y otro femenino, a los que les habían quemado las caras con soplete y para eso los milicos no estaban preparados, porque ya no tenían ninguna excusa, y eso se empezó a ocultar a la prensa”, contó y recordó que la Prefectura comprobó en algunos casos que se trató de argentinos, ya fuera por las ropas o porque estaban atados con cuerdas de persianas que en Uruguay no se vendían en ese momento.

Formosa : Financiar la clandestinidad

2012-01-10T14:06:00.000+01:00

Tabú es el de la justicia en los delitos de lesa humanidad. .

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre tuvo que elevar un escrito por denegación o retardo de justicia al no responderle sobre su presentación como querellante en la causa Carrillo. Lo destacable no es el hecho en sí, ya que los organismos de Derechos Humanos en Formosa están acostumbrados a este trato dilatorio por parte de determinados funcionarios judiciales. Lo importante es señalar que la prensa oficial y oficiosa que cubre la información de la mayoría de la ciudadanía formoseña no se hizo eco de esta noticia. Y mucho menos el pedido efectuado por la nueva querella de cortarle la asignación mensual al prófugo Domatto, por el cual hace años el ejecutivo nacional viene ofreciendo cien mil pesos como recompensa a quien ayude a encontrar su paradero. Que haya funcionarios tan “flexibles” con los prófugos, que hagan la vista gorda permitiendo la financiación de su clandestinidad, es casi como una normalidad en una justicia atravesada por quienes juraron por los estatutos del PRN antes que la Constitución, y añoran in péctore dicha ideología…Pero que en la prensa que consume la gran mayoría de los formoseños, este tipo de noticias no aparezca, y que las oficinas de prensa del gobierno provincial no se hagan eco de esta situación, es también un dato a tener en cuenta. Altamente significativo y elocuente. Pero… de esto no se habla.

REVOCATORIA

Otro tema comentado soto voce, casi sin prensa ha sido la revocatoria ordenada por la Càmara de Casación Penal sobre el sobreseimiento dictado por el juez federal Marco Bruno Quinteros a favor del ex subjefe de policía provincial Agustín Echeverría. No es un tema menor, si se tiene en cuenta que el beneficiado por el fallo en primera instancia fue uno de los hombres fuertes de la policía de la gestión reelegida por quinta vez. También debe tenerse en cuenta que el juez que fundamentó el sobreseimiento provisorio de Echeverría, suena como muy probable candidato a integrar el Superior Tribunal de Justicia de Formosa. En este marco comentar que el juez no tomó en cuenta la declaración de las mujeres víctimas de vejámenes que reconocieron al oficial como autor y partícipe, tampoco parece prudente por la prensa local, asumiendo el costo de que el día de mañana se pueda asociar el silencio con la complicidad. Lo que sí es cierto, de certeza absoluta, como reafirman los abogados, es que la Cámara de Casación en lo Penal, por unanimidad no estuvo de acuerdo con el juez, y si con las testigos en un tema que constituye política de estado para los tres poderes de la Nación.

Pero, de esto en Formosa, no se habla.

JUJUY: "Estamos buscado a las víctimas"

2012-01-07T09:19:00.000+01:00

Las causas de lesa humanidad de Jujuy no "sintonizan" con la política nacional en materia de Derechos Humanos. Es deuda del Estado, a 35 años de la dictadura militar, no avanzar con celeridad con juicios orales y públicos. Son siete las causas elevadas a juicio y solo diez imputados, aunque Fiscalía y querellantes han presentado una lista de 86 imputaciones.

Por Mariana Mamani

¿Cuál es la situación de las causas de lesa humanidad hasta el momento en la provincia?

- Estamos trabajando desde el 2001 en estas causas, ya diez años con un trabajo ininterrumpido. Actualmente trabajando sobre un total de 121 víctimas, de las cuales 72 se encuentra asesinadas, así las consideramos y sus cuerpos siguen ocultos. Tratamos de no referirnos a personas desaparecidas porque las personas no desaparecen. Las personas están, no sabemos dónde, las estamos buscando. En ese sentido este año estuvo trabajando el Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf).

-El Eeaf estuvo en una etapa de investigación durante el año pasado en los predios de Yala?

-Si realizaron un relevamientoen el cementerio de Yala, trabajaron sobre dos sectores, los cuadros 5 y 6, y retiraron ocho restos óseos, que son para investigar. Es decir, no sabemos si corresponden o no a víctimas del Terrorismo de Estado. Pero bueno de acuerdo al análisis que ellos hicieron, existiría una posibilidad. En ese sentido ellos están trabajando y se verá si los resultados corresponden a nuestras víctimas. Ese es uno de los objetivos de estas investigaciones, que es dar con las víctimas, porque en algún lugar están, hay que buscarlas y esa es la esperanza nuestra y de los familiares y de las víctimas de encontrarlas. Es un derecho fundamental de los familiares de saber qué pasó con sus seres queridos y en ese objetivo estamos trabajando tanto la Fiscalía como los Juzgados Federales Nº1 y Nº2.

-De las causas, ¿cuáles son las que estarían por elevarse a juicio y si el tribunal oral se conforma?

-Tenemos varias causas elevadas a juicio, con respecto a 70 víctimas y con relación de 10 imputados, que están actualmente detenidos. Lo que están esperando familiares y la sociedad toda, es que en el 2012 se lleven a cabo los juicios en el Tribunal Oral con la participación de toda la sociedad, que sean orales y públicos.

- Que Jujuy encuentre sintonía con la política nacional en materia de derechos humanos, que se realicen los juicios orales y públicos a los genocidas...

-El otro día hubo un reclamo de familiares, porque había un riesgo procesal cierto, de que las causas en vez de tramitarse por juicio oral y público que garantice tanto los derechos de los imputados como la participación de la sociedad, se hagan con un procedimiento antiguo, anacrónico, que son juicios escritos. La única causa en el país que tramito por ese código fue la causa “Palomitas”, donde interviene también esta Fiscalía; pero es la única. Y no tiene ningún sustento legal que hoy se tramite esas causas con un procedimiento inquisitivo, escrito, sin participación de la sociedad. Incluso en todo el país son así. Además el “Juicio a las Juntas” se realizó de manera oral y pública. Hoy podemos todos conocer los testimonios de las víctimas y lo que sucedió gracias a esa oralidad y publicidad de ese juicio. Hoy Videla, uno de los principales responsables, sigue siendo juzgado mediante juicios orales y públicos, y no tiene ningún sentido que en Jujuy sea la única provincia que no se puedan hacer. Hay voluntad de los jueces, del Tribunal Oral actual de hacer los juicios y todo depende de la instancia Superior de las resoluciones que adopte la Cámara de Casación Penal sobre estos temas.

-Esta decisión sería un revés a los organismos de DDHH, a la sociedad...

-Uno al presenciar las audiencias y los testimonios de las víctimas realmente puede tomar verdadera dimensión de lo que fueron los hechos y la represión, el dolor que aun persiste a pesar que han transcurrido más de treinta años; uno escucha los testimonios y dimensiona lo que han sufrido.

- En Tucumán han encontrado una fosa común, importantes hallazgos que esclarecen esta parte de la historia y dan muestra clara de la violación a los derechos humanos y dan luz a la verdad...

-Es un gran trabajo en el famosos Pozo de Vargas, donde hace años que están trabajando los antropólogos. Así también veíamos en un programa televisivo donde una de las víctimas de Vargas Aignasse declaraba, y se veía que en el testimonio de Bussi que decía “que a las víctimas las había liberado”; pero en realidad no las había liberado, en realidad estaban muertas, ocultos sus cuerpos en algún lugar.
Acá en Jujuy también les decían a familiares respecto a sus víctimas que fueron liberados, que estaban fuera del país, distintas versiones. Y a más de 30 años no tienen ningún sustento. Ninguna de las víctimas que hoy mantenemos como desaparecidas consideramos que no están con vida, las consideramos muertas, asesinadas.

-Jujuy tiene la particularidad que los que han orquestado el Terrorismo de Estado, o en cargos de mando no han sido imputados, solo hay imputados de menor rango...

-Esa es una deuda desde la justicia, del Estado, del Ministerio Público del cual formo parte. También y me siento responsable en ese sentido que no se haya avanzado con la mayor celeridad posible que los máximos responsables de estos hechos estén siendo juzgados y se determine la responsabilidad. El principal responsable de los hechos ocurridos en Jujuy fue el coronel Bulacio, que ni siquiera se lo pudo indagar si quiera. Entonces creo que esa es una deuda con la sociedad, con las víctimas. Los que hoy están siendo procesados y están llevados a juicio a excepción de Luciano Benjamín Menéndez que es el único jerarca que está con vida. Los demás son de rango medio, hacia abajo. En total se puede englobar 70 víctimas sobre las cuales se elevo a juicio y 10 imputados sobre las cuales se elevo a juicio.

-Podrían sumarse más imputados?

-Si en realidad nosotros tenemos 86 imputados, pero no todos aun fueron indagados, procesados. Es decir de los 86 imputados que la Fiscalía formuló acusación solo 10 han sido procesados. Hay muchos de ellos que ya están fallecidos tenemos 20 personas imputadas fallecidas

-El paso del tiempo es cruel tanto para víctimas como para imputados?

-Más de 30 años, las personas por la edad cronológica van muriendo y es un reclamo de familiares y la necesidad de llegar a los juicios. Menéndez hasta hace poco podía declarar y viajamos a Tucumán; y hoy ya no, hoy esta con problemas de salud y urge la necesidad de los juicios. Hasta que no terminemos de juzgar a todos aquellos que se consideren responsables y hasta que no encontremos a todas las víctimas creo que la tarea no habrá finalizado. Sin duda en estos 10 años se ha trabajado de manera incesante, pero falta mucho por hacer.

-En cuanto a los responsables civiles y del poder económico se esta avanzado?

-Hay situaciones de personas civiles que han prestado colaboración en estas causas y estamos realizando las investigaciones, porque si han participado con la represión también tienen que ser llevadas a juicio.

Osvaldo Barros (AEDD) sobre la dinámica procesal

2012-01-03T19:37:00.001+01:00

Funcionaria judicial es defensora de su padre represor, pero también es integrante de la Cámara de Casación Penal

2012-01-02T08:39:00.000+01:00

María Laura Olea es integrante de la Cámara de Casación, actúa como abogada de su padre represor. Una funcionaria judicial que cambia de rol

Su padre, Braulio Olea, fue condenado en 2008 en Neuquén a 25 años de prisión. La situación de María Laura generó una gran revuelo durante el último acuerdo de asación. Se le abrió un sumario que podría terminar con su sanción o el despido.

Por Irina Hauser

La mujer pasa horas en su despacho. Escribe fallos, le da letra a su jefe, integrante de la Cámara de Casación Penal. Lleva años haciéndolo. Un día reciente se levanta de la silla para moverse hacia otra oficina del mismo tribunal donde hay una audiencia. Con naturalidad, se muda de la función de secretaria al papel de abogada y alega en defensa de su padre, el general de brigada (R) Braulio Olea, condenado en 2008 en Neuquén a 25 años de prisión junto con otros siete represores que estuvieron a cargo del centro clandestino de detención La Escuelita. Luego vuelve a su escritorio. La situación generó un gran revuelo en el último “acuerdo de superintendencia” donde se reúnen los titulares de las cuatro salas de Casación y terminó en la decisión de la presidenta saliente de la cámara, Angela Ledesma, de abrir una investigación sumaria. La jueza planteó que podría haber una violación a las reglas, ya que la empleada no habría estado autorizada a actuar como defensora, pero señaló que la cuestión iría más allá incluso de la discusión sobre su ética y decoro: ¿qué hace un secretario/a del tribunal que tiene que resolver cientos de casos de lesa humanidad (que se supone intenta agilizar) litigando ahí mismo?

María Laura Olea es secretaria en la Cámara de Casación. Fue prosecretaria y actualmente es mano derecha de Eduardo Riggi, de la Sala III, según informaron en el tribunal a Página/12. Riggi es uno de los jueces más antiguos del tribunal. Su nombre sonó mucho en los últimos meses porque se lo investiga en una presunta trama de sobornos destinados a conseguir la libertad de los acusados del asesinato de Mariano Ferreyra y beneficiar a José Pedraza. Dos ex secretarios suyos están citados a indagatoria por ese asunto. A Olea, en rigor, el juez Riggi la autorizó a tomarse una licencia sin goce de sueldo en 2008 para ejercer la defensa de su padre en el juicio oral en Neuquén. Esa decisión fue avalada por los camaristas Liliana Catucci, Juan Fégoli, Juan Carlos Rodríguez Basabilvaso y Ledesma. Entonces entendieron que si bien el Reglamento de la Justicia Nacional prohíbe a los empleados y funcionarios judiciales ejercer como abogados, existe una excepción, y es cuando quieran hacerlo por causas personales o en representación de familiares directos.

El juicio contra Olea y otros militares en Neuquén fue tres años atrás. Se los acusó y condenó por secuestro, robo, coacción, asociación ilícita y tormentos, tanto psíquicos como físicos aplicados a las víctimas. La hija del general volvió a su despacho en tribunales. La revisión de la sentencia le tocó a la Sala IV de la Cámara de Casación, que hoy integran Gustavo Hornos y dos jueces nuevos, Mariano Borinsky y Juan Gemignani (h). A la audiencia recientemente convocada para que las partes expusieran sus argumentos concurrieron los abogados de ambos lados, la secretaria incluida, quien expuso junto a otro defensor, Gerardo Ibáñez. Duró diez horas y allí nadie cuestionó a la mujer. Sin embargo, su aparición no pasó inadvertida y el rumor llegó a otros jueces.

El miércoles pasado, el tema fue planteado en el llamado “acuerdo de superintendencia”. Lo introdujo Ledesma y se sumó Pedro David. La jueza, si bien fue una de las que había habilitado a Olea en 2008 para asumir la defensa, esta vez consideró que debió tramitar una nueva autorización, más aún teniendo en cuenta que es una empleada del mismo tribunal que ahora está revisando la condena de su padre. Catucci dijo que creía recordar que el permiso de años atrás había sido acotado en el tiempo y a su actuación en el tribunal de Neuquén. La resolución no lo definía taxativamente. Hornos, que en su momento se había negado a firmar el permiso, dijo que a pesar de eso había dado por hecho que estaba vigente y no correspondía desautorizar una decisión adoptada por el tribunal.

Ni Hornos ni Catucci ni Raúl Madueño, que participaban de la reunión, quisieron abrir un sumario, pero le plantearon a Ledesma que si lo creía conveniente abriera una “prevención sumaria”, es decir, una suerte de investigación preliminar que allane el camino al sumario propiamente dicho. Y así lo hizo. Ayer ya mandó a pedir a la Sala IV las filmaciones de la audiencia. Olea padre tiene otra causa que está a consideración de Casación, pero en la Sala II, que es la que está promoviendo la agilización de las causas de derechos humanos. En ese expediente no está como abogada la hija.

El sumario contra la secretaria podría terminar en una sanción o hasta en su despido, pero además tiene un valor simbólico agregado en un tribunal que por largos años apañó a los represores y complicó las causas sobre el terrorismo de Estado. Hay un dato, que sería agregado a esta investigación con videos que pueden verse en YouTube, que podría complicar más a Olea: ella habría estado en el escrache al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que impulsó un grupo de hijos de represores (que se autodenominan “Hijos y Nietos de Presos Políticos”) cuando el juez presentaba en la Facultad de Derecho de la UBA su libro sobre el avance de los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura (Derechos Humanos: Justicia y Reparación).

Los jóvenes acusaron a Lorenzetti de no respetar los derechos humanos de lo represores. El les contestó que con los juicios “no hay marcha atrás” y que tienen todas las garantías que ellos negaron durante la dictadura. Olea, con defensa especial, lo sabe.

El Ministerio de Seguridad siguen pagando salarios a un genocida buscado (¿?)

2011-12-31T08:45:00.001+01:00

El Ejecutivo paga para encontrar su paradero y el prófugo cobra del erario público un ingreso mensual que solventa su clandestinidad. Piden cortar los haberes a un acusado de genocida prófugo hace varios años

Por “inactividad” de la fiscalía se solicita que le dejen de pagar mensualmente a Horacio Rafael Domato, por quien el Estado ofrece una recompensa de 100.000 pesos para encontrarlo

A través de este escrito presentado por el abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) se conoció que hace años Horacio Rafael Domatto, prófugo de la justicia, acusado de cometer delitos de lesa humanidad en Formosa , cobra mensualmente sus haberes como retirado de Gendarmerìa Nacional. Lo paradojal del caso es que simultáneamente al libramiento de su captura se hace público el ofrecimiento oficial de $100.000 en recompensa para quien acerque datos para dar con su paradero. Para los letrados y organismos defensores de Derechos Humanos, el Ministerio Público, una vez màs, esta vez con su inacción vuelve a favorecer a los imputados. En el escrito de la LADH se menciona la “inacción” sobre unos 16 casos del Departamento Pilcomayo sobre los cuales no se ha ordenado investigación alguna.

En realidad la LADH presentò dos escritos, uno por denegación o retardo de justicia, y otro sobre el caso Domatto. Ambos por “inacción”, ya que todavía no se obtuvo respuesta de la presentación de la LADH como querellante y su actuación en la querella en la causa Carrillo efectuada el pasado 5 de diciembre.

En el escrito sobre el represor Domato la LADH solicita “que ante la inactividad del Ministerio Público”, con habilitación de día y hora “se libre oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación para que, por intermedio de quien corresponda, se ordene la retención de los haberes del represor y torturador prófugo comandante de Gendarmería Horacio Rafael Domato, y la notificación a los puestos fronterizos con la República del Paraguay de la constante presencia de ese sujeto”. Agrega además que “conforme las constancias de autos, el prófugo obtuvo un “certificado de supervivencia” en la provincia de Córdoba a efectos de continuar percibiendo su retiro por parte de su fuerza de seguridad. Tal hecho fue informado al Juzgado por la propia fuerza, sin ninguna actividad al respecto por parte del Ministerio Público. Ocurre algo similar respecto de la investigación de la represión ocurrida en el Departamento Pilcomayo, donde nos encontramos con 16 causas paralizadas”. Seguidamente comenta: “No escapará al criterio del señor juez que la continuación en el cobro de su retiro por parte del principal torturador que asolara la Provincia de Formosa durante la dictadura militar que padecimos los argentinos desde 1976, posibilita la continuidad de su condición de prófugo evadiendo así la acción de la justicia. Ello sin perjuicio de las constancias de su reiterado paso a la República del Paraguay por el paso internacional de Clorinda, custodiado por integrantes de su misma fuerza, y su continua presencia en la Provincia de Formosa.

Resulta un contrasentido que el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación ofrezca una recompensa de $ 100.000 por la captura del torturador prófugo, y, los responsables de su persecución penal no tomen las medidas conducentes a su detención, posibilitando que anualmente el mismo estado le abone sumas iguales o equivalentes” finaliza el escrito.

Fiscal Cartasegna consagra la impunidad de la tortura

2011-12-31T08:34:00.001+01:00

El Fiscal Dr. Fernando Cartasegna, titular de la UFI N º 4 de La Plata, solicitó a la justicia ser apartado de la causa iniciada en octubre de 2010 (IPP 34728-10), sin haber investigado los hechos de torturas denunciados oportunamente por la Comisión por la Memoria y la Defensoría Penal Juvenil N° 16. La brutal golpiza, la práctica de submarino seco y submarino húmedo ejecutados sobre HECTOR ALEJANDRO ALONSO (que tenía en ese momento 17 años), va camino a quedar impune sustentada en la deficiente e inadecuada investigación fiscal.

Con motivo de estos hechos, acreditados por peritos judiciales en la causa al momento de hacerse la denuncia, se relevó a los agentes policiales de la Seccional 6° de Tolosa. Se les instruyó sumario administrativo que tampoco avanzó ya que por medio de mecanismos institucionales que encubren los hechos, se deja atado el resultado del sumario interno al resultado de la causa penal. Al no haber imputación del delito por la nula investigación judicial, las medidas administrativas de pases a disponibilidad quedan sin efecto y los agentes vuelven a trabajar sin sanción alguna. De este modo se consagra un circuito de impunidad entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, que impide la realización de la justicia.

La magnitud del caso motivó la intervención de la Organización Mundial Contra la Tortura (Caso ARG 131010.CC - exp. num. 21.200-28132/10, Ministerio de Justicia, Prov. Buenos Aires, "Solicitud de Intervención de la O.M .C.T.") que solicitó al Estado Nacional, Provincial y Municipal, medidas de protección y de reparación a la víctima, además de una pronta y exhaustiva investigación, apartando del cargo a los funcionarios responsables. No se cumplió con esta solicitud ni hubo asistencia adecuada para Alonso como víctima de torturas de parte de los Poderes Ejecutivo o Judicial. La única que se le brindó provino de la CPM y del Fondo de Asistencia a víctimas de torturas de ONU a través de la ONG de derechos humanos CODESEDH.
A un año y tres meses del aquel hecho el fiscal, pide ser apartado de la investigación argumentando sentirse ofendido por que un denunciante informa a la Procuración el estado de la causa y la ausencia de todo impulso procesal. El pedido de apartamiento ocurre tras no haber realizado ningún acto de prueba de entidad, manteniendo la carátula de "Severidades, vejaciones y /o apremios ilegales", sin citar a nadie a declaración indagatoria. Durante el trámite de esta causa Alonso fue reiteradamente hostigado y perseguido por la policía bonaerense, se fraguaron contra el causas judiciales y se le hicieron allanamientos sin orden judicial o incluso autorizado por la misma fiscalía.El grave retardo judicial y el entorpecimiento de la investigación se reitera en diferentes actuaciones donde se encubre y desnaturalizan estos hechos que son calificados como delitos menores de apremio y vejaciones, para así eludir la calificación de torturas, que implicaría penas más graves para sus autores.

La Fiscalía no sólo no investigó, sino que omitió cumplir con la Resolución 1390 de la Procuración General , las Reglas Básicas sobre investigación de casos de tortura (Protocolo de Estambul) y la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (arts. 1, 2,5, 6,12), que señalan la obligatoriedad de perseguir y sancionar estos delitos, castigar a sus responsables y asistir a las víctimas.La deficiente actuación judicial demuestra las falencias estructurales de la Provincia de Buenos Aires para investigar y perseguir los casos de torturas.
El Director del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria , Dr. Roberto F. Cipriano Garcia, manifestó: "Solicitamos al Ministerio Público provincial, el avance urgente de esta causa penal y el cumplimiento de la resolución 1390 para que se profundice la actuación fiscal en todas las causas que investigan delitos cometidos por funcionarios públicos. También reiteramos lo pedido hace tiempo para que se elaboren protocolos de investigación para casos de torturas y que se analice la responsabilidad de estos funcionarios que incumplen con sus deberes funcionales".

El Secretario Ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria , Alejandro Mosquera, señaló: "En estos casos el Poder Ejecutivo provincial debe cumplir con lo requerido por los Organismos de Derechos Humanos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, que reiteradamente han señalado la necesidad de investigar estos delitos y asistir y reparar a sus víctimas. Ademas de las investigaciones judiciales, las investigaciones administrativas deben sancionar de manera contundente a quienes vejaron, torturaron y luego trataron de presionar o chantajear a un pibe. Si no se toman las medidas que corresponden, se invita a repetirlos sobre otros menores y se consagra un circuito de impunidad."

Formosa: el ex fiscal de Estado del genocida Colombo, no piensa renunciar

2011-12-28T08:49:00.000+01:00

El ex fiscal de Estado del genocida Colombo, Eduardo Hang aseguró que no tiene pensado renunciar a su cargo de ministro del STJ‏.

"Por el momento no tengo la intención de jubilarme”

El ex fiscal de Estado del genocida Colombo aseguró que no tiene pensado renunciar a su cargo de ministro del STJ

El ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Eduardo Manuel Hang, aclaró que no presentó ningún pedido de jubilación ni tiene pensado hacerlo en el corto plazo.

De esta manera Hang contestó el magistrado a las requisitorias de FM Nueva Provincia y echó por tierra las versiones de algunos medios periodísticos que plantearon su posible alejamiento del máximo órgano judicial de la provincia.

"No se de dónde surgieron esas versiones periodísticas. Por el momento no presenté mi pedido de jubilación ni dije nada al respecto. Cada dos o tres meses me quieren jubilar pero esos son comentarios infundados", expresó Hang.

El ministro del STJ comentó que cuando era juez de Cámara pensó en esa posibilidad y hasta presentó algunas documentaciones pero después lo dejó sin efecto y desde que fue nombrado ministro no volvió a plantearse la posibilidad de un retiro.

"Por el momento no tengo la intención de jubilarme. Vamos a ver qué pasa el año próximo, pero mientras el intelecto y el cuerpo me lo permitan voy a seguir en esta función", remarcó el magistrado que tiene más de 40 años de experiencia laboral en la justicia. Ingresó en 1967 hasta noviembre de 1976, después reingresó en el 80 cuando se crearon las cámaras.

Por otra parte, aseguró que la disminución de los ministros de cinco a tres miembros no generó demasiadas complicaciones en la labor que desarrollan. "Por suerte contamos con la buena voluntad de los jueces subrogantes de las cámaras civiles. Tampoco hay muchas disidencias ni dificultades entre los ministros, aunque hay que trabajar un poco más", agregó.

Con respecto a la posible designación de nuevos ministros, dijo que el Superior Tribunal tiene un fundamento de política institucional, que es el de controlar que se cumpla la Constitución de la provincia y la Constitución nacional por lo que lo que deben estar preparados para receptar los nombramientos que la Legislatura decida, tal cual ocurrió siempre.A todo esto, contó que el ministro Héctor Tievas ya presentó su renuncia y el STJ lo envió a la Legislatura. "Lo único que falta es que sea aceptada", sostuvo. Recordemos que Tievas, fue perseguido y detenido por razones políticas durante el terrorismo de Estado, a diferencia de Hang quien ocupó cargos de conducción estratégica.

“El obispado era puente con los represores”

2011-12-27T09:54:00.000+01:00

Las pruebas documentales de la complicidad de la justicia y la iglesia en Mar del Plata.
Los fiscales Guillermo Friele y Mercedes Soiza Reilly, que impulsan la acusación en el llamado juicio Base Naval II de Mar del Plata, describieron las pruebas que dan cuenta de la participación civil que cubrió las detenciones ilegales.

Por Alejandra Dandan

Jueces federales en los centros clandestinos. Las indagatorias a los detenidos-desaparecidos adentro de la Base Naval de Mar del Plata. Los hábeas corpus. Las negativas a los familiares de esos mismos magistrados. El papel de la Iglesia. El Obispado de Mar del Plata como portero y habilitador de entrevistas entre represores y familiares. El Hospital Interzonal. Los médicos que curaban a secuestrados que luego volvían a los centros clandestinos. La “Ciudad Feliz” y las postales que muestran cómo sus instituciones civiles trabajaron mancomunadamente para sostener la dictadura son algunos de los elementos que está revelando el nuevo juicio oral, llamado Base Naval II, que se lleva adelante en Mar del Plata. Los fiscales Guillermo Friele y Mercedes Soiza Reilly, que estuvieron a cargo del juicio por Automotores Orletti en Buenos Aires y ahora siguen el de Mar del Plata, están sorprendidos: dicen que así como en Orletti todo era secreto, todo era “SIDE” y todo se borraba, en Mar del Plata todo fue desmesuradamente abierto. La represión contó con el apoyo de las estructuras civiles como los jueces federales y la Iglesia, y dejaron innumerable cantidad de pruebas escritas en una sociedad donde la existencia de esas condiciones parece explicar por qué los juicios todavía no tienen la visibilidad necesaria.

“A comienzos de año, me preguntaron si veíamos en Orletti la pata de la participación civil, en ese momento la verdad es que no lo veíamos –dice Guillermo Friele–, pero ahora tengo que decir que sí: en Mar del Plata colaboró el Poder Judicial y colaboraron las estructuras civiles mancomunadamente para sostener lo que pasó. Yo soy penalista y estructurado, puedo decir qué pasó, pero necesitaría un sociólogo para que me explique por qué pasó lo que pasó.”

Los datos sobre la relación están surgiendo en el segundo tramo del juicio oral llamado Base Naval II, un circuito de tres centros clandestinos integrados por la Base Naval Mar del Plata, en el edificio de la Agrupación Buzos Tácticos; otro en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) y los anexos en el Faro y Prefectura Naval Argentina. En esos ámbitos la Armada trabajó en coordinación con el Ejército. Los fiscales que viajan todas las semanas desde Buenos Aires están sorprendidos no sólo por la dimensión de la participación civil que está mostrando el juicio, sino también por la cantidad de pruebas que la constatan. Como si nadie hubiese buscado el modo de ocultarlo o como si de alguna forma aún hoy esa historia estuviese “normalizada”, instituciones como el Hospital Interzonal, el cementerio municipal, pero también el propio Obispado o las autoridades de los centros clandestinos dejaron sus firmas en documentos en donde reconocieron el paso de algún prisionero, que hoy sirven de prueba.
El presbítero Pérez

Mercedes Soiza Reilly tiene sobre su escritorio copias de los documentos que para la fiscalía acreditan, por ejemplo, que el Obispado de Mar del Plata tuvo relación directa con los detenidos de la base naval. “Varios testigos aseguran haber sido visitados por un capellán”, dice Soiza Reilly, como sucedió con Christian von Wernich en el circuito Camps de la provincia de Buenos Aires. “Pero lo que están demostrando los documentos, fundamentalmente, es que el Obispado funcionó como habilitador de posibles encuentros con los represores: los familiares iban al Obispado a pedir reuniones para tener en la base naval, en el centro clandestino. Y el Obispado autorizaba las reuniones. Siempre firma la misma persona, un presbítero llamado José Pérez. Tiene un sello, pero es del Obispado de Mar del Plata.”

Uno de los documentos a los que se refiere la fiscal es una carta firmada por el “presbítero José Pérez”, entonces canciller y secretario general del Obispado de Mar del Plata, fallecido aparentemente el año pasado. En una hoja fechada el 4 de agosto de 1976, dirigida al “capitán de Navío Juan Carlos Malaguti”, le pide que atienda al padre de un secuestrado que irá a verlo de parte suya: “Saludo con toda la estima al Sr Jefe de la Base Naval de Mar del Plata, capitán de Navío, Dr. Juan Carlos Malaguti –dice–, y molesto su atención para pedirle si puede atender unos minutos al portador, Sr. Valente, padre del muchacho detenido, de quien hablamos el lunes 3. Desea saber dónde se encuentra y si es posible verlo o no. Mucho agradezco lo que pueda hacer en favor de este pedido y con tal motivo le renuevo mi estima y respeto, Mar del Plata 4 de agosto de 1976”.

El hijo del “Sr. Valente” es Ricardo Valente, para entonces secuestrado en la base naval hasta el 15 de agosto de 1976, luego trasladado a distintas comisarías y penales y hoy testigo de la causa. Dos años después, el 15 de septiembre de 1978, otro documento señala la intervención del mismo presbítero Pérez, esta vez en una carta “al coronel Aldo Carlos Máspero, jefe del Ejército”.

En esa ocasión, su firma acompaña el mensaje de los Chueque, padres de otro secuestrado: “De mi mayor consideración y respeto”, dice en la primera línea el padre de Marcos Daniel Chueque. “Solicito al señor coronel tenga a bien concederme una entrevista personal para tratar sobre la desaparición de mi hijo, Marcos Daniel Chueque, caso que ha sido presentado ante usted por el Obispado de Mar del Plata.” La carta firmada por Marcos Chueque e Irene de Chueque termina con las líneas del presbítero: “Certifico que el matrimonio Chueque reside en la dirección anotada. Este caso ha sido traído a este obispado hacia fines de junio del corriente año” (ver foto).

Las denuncias terminaron de presentarse la semana pasada, fecha en la que finalizaron las audiencias de este año. Los fiscales evalúan ahora convocar a representantes del obispado para tomar testimonio.
La ciudad judicial

“La base naval tiene la dimensión de una ciudad, todavía tiene un rol muy activo en la comunidad y, para aquel entonces, era lo mismo”, dice Soiza Reilly. “Los familiares sabían que sus hijos estaban en la base. Iban a ver a las autoridades. O iban a ver a Juan Carlos Guyot, un abogado, civil, que permanecía adentro del centro clandestino y decía: ‘Bueno, su hijo está acá, lo tenemos nosotros’.”

En ese esquema, dice Friele, “hay un detalle que es la colaboración de la Justicia Federal de Mar del Plata: nosotros hemos tenido casos de personas que declararon y contaron cómo les tomaron indagatoria adentro del centro clandestino”. Uno de los jueces que acudía a ver a los secuestrados para tomarles indagatoria encapuchados y engrillados adentro de la base como si los hubiese trasladado el juzgado era González Etcheverría y su secretario, ahora fallecidos. Otra jueza es Ana María Teodori, que primero intervino en algunos casos como defensora de los detenidos y luego ordenó tomarles declaración a dos de ellos –Hector Ferreccio y Graciela Dato– dentro del ESIN. En esas circunstancias, dice Friele, los jueces o sus delegados les levantaban la capucha, los hacían declarar, les sacaban las esposas y los obligaban a firmar.
–¿Dónde están esos jueces en este momento?

–Teodori vive –dice Friele–. Va a entrar como acusada en un proceso que puede llamarse Base Naval III. Después, hay jueces y secretarios que murieron. Las organizaciones están haciendo las denuncias pertinentes y la fiscalía también. Hay otro, llamado (Gustavo) Demarchi, que era el fiscal federal en esa época y está detenido ahora y va a ser juzgado.
–Pero no en esta causa. Sucede lo mismo con Pedro Hooft.

–No en esta causa, pero lo significativo es que el Ejército, siempre colgado al 601, funcionó coordinando las fuerzas represivas de ahí: la base naval, la Prefectura y el ESIN y también la Justicia federal que además eran las personas que contestaban negativamente los recursos de hábeas corpus que presentaban los familiares, y esto se está probando.
–¿Por un lado indagaban a los secuestrados y por otro decían que esas mismas personas no estaban detenidas?

–Uno de los coordinadores de esa acción, que está acusado como de participación secundaria, es Guyot, el abogado de la base, que era el que se ocupaba de ir a ver los hábeas corpus al juzgado federal para saber y dar información a la base.

Registro médico de una violación

Otro eje de trabajo en el juicio es la acusación por violencia sexual porque muchos elementos dan cuenta de cómo la violación fue una de las prácticas sistemáticas en la base naval. Además de testimonios históricos como los de Sara Osatinsky, que contó desde la dictadura cómo eran tratadas en la base naval las embarazadas que luego eran trasladadas a parir a la ESMA, y de los testimonios de los sobrevivientes, en el contexto de la enorme producción de pruebas documentales que están apareciendo en la ciudad, los fiscales encontraron un certificado del Hospital Interzonal de Mar del Plata que revisó a una de las secuestradas, trasladada de urgencia desde el centro clandestino, después de lo que la fiscalía describe como una “brutal violación”. Los médicos escribieron en el informe –que se incorporó como prueba– que la paciente llegó con “un cuadro de hemorragia vaginal” y una “hemorragia a la altura del cuello uterino con coágulo y fractura y fisura del cuello uterino”. Esa persona además declaró por primera vez en el contexto de este juicio, luego de un trabajo largo de acompañamiento del Centro Ulloa de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. “Nunca vamos a ver esto en otro juicio –dice la fiscal–. ¿Una constancia del año ’76 de una detenida, atendida con un abuso sexual comprobado? Jamás aparecieron cosas así.”

Detenido un comisario acusado por delitos de lesa humanidad

2011-12-25T10:28:00.000+01:00

El ex jefe de la policía santiagueña durante la dictadura militar, Werfil Herrera, quedó privado de su libertad luego de negarse a declarar ante el juez federal Guillermo Molinari, que investiga varias causas que involucran a exintegrantes de las fuerzas de seguridad en casos vinculados a violaciones a los derechos humanos.

Herrera, que la semana pasada fue localizado en la ciudad de Santa Fe, será alojado en la delegación local de la Policía Federal Argentina y la próxima semana será derivado a la cárcel federal ubicada en la localidad de Colonia Pintos, distante a 40 kilómetros al sur de la capital provincial. En la misma unidad carcelaria cumplen prisión perpetua los ex comisarios Tomás Garbi y Ramiro López Velloso, que junto a Musa Azar, alojado en un hospital público, fueron condenados hace dos años por el asesinato del estudiante universitario Cecilio Kamenetzky.

A juicio la causa por el Arsenal Miguel de Azcuénaga

2011-12-24T09:39:00.000+01:00

A Alais le llegó el banquillo

La fiscalía reclamó que sean juzgados 22 acusados de crímenes de lesa humanidad, entre ellos un sacerdote y un escribano, por los casos de 97 víctimas que pasaron por ese centro clandestino, en el que recientemente se encontró una fosa común.

Uno de los centros clandestinos de detención más emblemáticos del noroeste argentino es el que funcionó desde 1975 en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, en la provincia de Tucumán. El año próximo serán ventilados en la Justicia los crímenes que allí se cometieron durante la dictadura: la fiscalía tucumana pidió la elevación a juicio oral y público de 22 acusados de crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 97 víctimas en ese campo de exterminio del Ejército. El requerimiento fue elaborado por los fiscales Pablo Camuña y Patricio Rovira, de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, y solicitado ante el juez federal Daniel Bejas, quien analiza si avanza con el juicio. Entre los enjuiciables se destaca el general retirado Ernesto Arturo Alais, que en abril de 1987, cuando era comandante del II Cuerpo, recibió la orden por parte del entonces presidente Raúl Alfonsín de reprimir la sedición de los “carapintadas” en Semana Santa liderada en Campo de Mayo por Aldo Rico, y nunca llegó a destino con su caravana de tanques con la que había salido de Rosario.

También irían al banquillo el sacerdote y ex capellán militar José Eloy Mijalchyk y el escribano Juan Carlos Jesús Benedicto, ex integrante de la ultraderechista Concentración Nacionalista Universitaria (CNU), acusado de torturas seguidas de muerte a, por lo menos, dos mujeres, una de ellas embarazada. Benedicto, de 54 años, había sido trasladado de la cárcel común de Villa Urquiza a un hospital privado, tras un supuesto intento de suicidio. Pero a principios de mes se fugó del lugar y actualmente permanece prófugo.

Los otros 19 acusados son los militares Miguel Alfredo Manuel Paz, Camilo Angel Colotti, Ariel Rolando Valdiviezo, Carlos Eduardo Trucco, Augusto Leonardo Neme, Luis Orlando Varela, Luis Daniel De Urquiza, Adolfo Ernesto Moore, Ramón Alfredo Ojeda Fuente, Fernando Torres, Hugo Enzo Soto, Pedro Osvaldo Caballero, Tomás Adolfo Güemes, Alberto Héctor Montes de Oca, Ernesto Rivero, José Carlos Sowinski, Marcelo Omar Godoy, Celso Alberto Barraza, además del policía Roberto Heriberto Albornoz.

“La diversa extracción de los imputados resalta el complejo entramado de fuerzas y unidades que intervinieron para posibilitar el funcionamiento de lo que fue el centro de detención y exterminio más grande del norte del país”, resaltó la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de esa provincia. También indicó en la acusación “una particular atención al funcionamiento de centros clandestinos en el sur de la provincia (Santa Lucía, Caspinchango, Nueva Baviera) a cargo del Regimiento 19 de Infantería, y a la manera en que las personas secuestradas por los imputados y sus subordinados eran trasladadas desde estas localidades al Arsenal, en algunos casos para su exterminio físico”.

La metodología represiva, según los fiscales, incluía “la ejecución sumaria extrajudicial y el ocultamiento de los cadáveres para borrar las huellas de los delitos (...) dinámica de desaparición forzada de personas ejecutada de manera masiva por una asociación ilícita montada sobre el aparato estatal”. Los acusadores sostuvieron que “quizá lo más relevante sea, a partir de los impactantes hallazgos de fosas comunes, la comprobación de las condiciones en que fueron ejecutadas algunas de las víctimas”. Y consideraron demostrado “que se actuó con las víctimas en un total estado de indefensión (prueba de ello son los restos de ataduras halladas en las extremidades de los cadáveres) y con el fin de borrar los rastros del delito, para lo cual no sólo fueron incinerados los restos sino que además pudo registrarse con claridad remociones posteriores efectuadas por medios mecánicos”.

Por último, solicitaron que “se incluya en el debate oral el tratamiento de los delitos sexuales de que fueron víctimas las mujeres cautivas en el CCD (centro clandestino de detención) Arsenal, visibilizando de esa manera una metodología particularmente aberrante de violencia de género por parte de los ejecutores”.

Ahora el caso está en manos del juez Bejas, que la semana pasada informó del hallazgo de una fosa con restos de desaparecidos dentro del Arsenal. Se trata del segundo tramo del expediente por los crímenes cometidos en ese centro clandestino. En un primer juicio ya fue condenado a prisión perpetua el entonces jefe de la policía provincial, Roberto “El Tuerto” Albornoz.

Solo 8 años para ex comisario represor

2011-12-23T07:58:00.000+01:00

Una condena con gusto a poco

Se trata de Juan Demetrio Luna, quien tuvo a su cargo la comisaría de Tigre. La Justicia lo consideró “partícipe necesario” de la privación ilegal de la libertad y los tormentos a dos detenidos, uno de ellos aún desaparecido.

Por Alejandra Dandan

“¿Pero no te das cuenta de que ese hombre tiene la boca caída de la cara? ¿Que nunca en su vida debió haberse reído? ¿Que es como la cara de la maldad?”, lo semblanteó alguien del público. El ex comisario Juan Demetrio Luna estaba ya sentado en la minúscula sala de audiencias del Tribunal Oral Federal de San Martín. Tras una hora de espera, luego de una invitación fallida a que pronuncie las últimas palabras, el presidente del TOF, Héctor Omar Sagretti, le leyó el veredicto: una condena a ocho años de prisión por la privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados de dos personas, una de ellas aún desaparecida. La condena dejó sin embargo gusto a poco entre familiares, querellantes y fiscales, que habían pedido entre 15 y 25 años de prisión. Pese a que aún no están los fundamentos, el TOF parece haber seguido la lógica de la condena al comisario Fernando Meneghini, de Escobar –juzgado en el juicio a Luis Abelardo Pa-tti–: la evaluación de la policía como subordinada al Ejército y entonces con una función subsidiaria. La relación de las dos víctimas con el secuestro en la sede de la planta de Ford en Pacheco fue otro de los ejes de la causa.

La comisaría de Tigre fue uno de los centros clandestinos de la dictadura. Ahí fueron a parar secuestrados provenientes especialmente de los astilleros de la zona y los secuestrados de Ford. Luna estuvo a cargo de ese lugar entre junio de 1976 y enero de 1977. Y fue condenado por el secuestro y los tormentos a Victorio Derganz y Carlos José Fateche, levantados el 27 de diciembre de 1976 de la puerta de la planta de Ford.

“Mi hermano no tenía militancia política ni nada, y había ido ahí con el amigo a pedir trabajo”, decía ayer Stella Fateche, la hermana de Carlos. Carlos no tenía trabajo. Derganz, en cambio, había trabajado en Ford y era delegado del gremio madereros de Cominco. Ese día acompañó a su amigo a buscar trabajo a la planta. Cuando llegaron, Derganz pidió una audiencia con Pedro Müller, gerente de manufacturas, ya fallecido, a quien quería ver para recomendar a su amigo. “Les hicieron llenar un formulario y luego personal de seguridad les indicó que estacionaran el Fiat 600 de Fateche”, indicó la reconstrucción para el alegato Mariana Maurer y Rosario Alvarez Garriga, de la Secretaría de Derechos Humanos. Estacionaron. Dos policías bonaerenses les pidieron documentos, revisaron el auto y les anunciaron que iban a quedar demorados.

Quedó probado que desde el interior de la fábrica se les acercó un camión del Ejército. Que luego los llevaron al parque recreativo y después fueron trasladados en un patrullero a la comisaría de Tigre. Derganz, liberado tras 27 días de secuestro, siempre declaró que en la comisaría también estaba Carlitos, a quien reconoció por su voz. Los dos fueron sometidos a tormentos. Fateche sigue desaparecido.

En la sala de audiencias se sentó Celia Buciga, la madre de Carlos, de casi ochenta años, que no dejó de mirar a los ojos a Luna como lo hizo desde el 22 de noviembre, cuando comenzaron las audiencias. “Cada vez que lo miro fijo, él termina bajando la mirada –dice–. Eso sí, pero nunca un saludo.” Celia conoció a Luna en el ’76, mientras buscaba a su hijo. Fue varias veces a la comisaría donde ella misma encontró estacionado el Fiat y una de sus hijas oyó a un policía decir: “Estas son las ropas de Fateche”. Cada vez que ella, sin embargo, le preguntaba por su hijo, el comisario negaba que estuviera en ese lugar. Llegó al juicio convencida de que a lo mejor todavía podía decirle algo. “Yo esperaba algo de todo esto –dice–. Que él me diga que mi hijo está muerto, fallecido, pero nada de nada, como si se lo hubiera tragado la tierra.”

Al lado de Celia se sentaron su hija, Stella, y dos de sus nietos. Iris, la madre del Negrito Floreal Avellaneda, ocupó uno de los extremos de la sala y fue la primera que pudo decir algo para romper el insoportable silencio después de las sentencias: “¡Qué vergüenza! ¡La verdad que es una lástima!”. Y alguien entonces cantó: “Como a los nazis les va a pasar...”

El TOF entregará los fundamentos el 30 de diciembre, y eso permitirá una mayor comprensión de la sentencia. De momento, hubo una evaluación en la que coincidieron las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos; Pedro Dinari, de Familiares de Desaparecidos, y el fiscal Marcelo García Berro. Por un lado, todos subrayaron la importancia de una nueva condena en el proceso más amplio de memoria, verdad y justicia a un comisario como Luna que no tenía hasta ahora ninguna condena y con una situación procesal que estaba al límite de todos los tiempos. Sin embargo, criticaron la evaluación del tribunal sobre el papel de la policía y leyeron el fallo en relación al de Meneghini. Como en aquel caso, la fiscalía y las querellas acusaron a Luna como “autor mediato”, pero los jueces lo condenaron “como partícipe necesario”. “Con Meneghini no nos pareció tan grave, pero ahora habrá que empezar a analizarlo”, dijo Dinari.

El otro tema de la causa es la relación de Ford con la dictadura. La megacausa de Campo de Mayo tiene un tramo del expediente por Ford elevado a juicio oral. El único acusado de ese tramo es un militar, Omar Riveros. El juez de primera instancia y la fiscalía se negaron hasta ahora a imputar a los civiles, explicaron Maurer y Alvarez Garriga.

“Está absolutamente probada la complicidad de los civiles de Ford con el Ejército –dicen–. Por el campo recreativo de la Ford pasaron detenidos los trabajadores considerados molestos por la empresa. Los querellantes y la Secretaría de Derechos Humanos nos hemos cansado de pedir que se investigue la responsabilidad civil. Es una empresa privada que marcaba a sus propios trabajadores y los militares los iban a secuestrar y los torturaban. Hay antecedentes de este tipo de responsabilidades en el derecho internacional, incluso en Nüremberg.”

En la puerta del juzgado, las demandas quedaron escritas en una bandera. “Delegados sobrevivientes del terrorismo cívico militar de Ford Motor Argentina, secuestrados y torturados dentro de la fábrica. Memoria, verdad, Justicia!”

Liberaron al represor Kelly del Moral

2011-12-23T07:27:00.004+01:00

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Se trata de uno de los imputados en la causa Área Gualeguaychú, por la cual se iniciará el juicio oral y público el 21 de marzo en Paraná.

Kelly del Moral estuvo prófugo de la Justicia.

El Tribunal Oral Federal de Paraná concedió la excarcelación al ex jefe de sección del Regimiento de Gualeguaychú, Santiago Héctor Carlos Kelly del Moral, acusado por delitos de lesa humanidad y específicamente por haber aplicado torturas a ex detenidos políticos.

El militar se encontraba detenido en una dependencia de Capital Federal y había estado prófugo de la justicia durante varios meses, por lo cual llegó a ofrecerse una recompensa de 100.000 pesos para su captura.

La liberación fue adoptada por los vocales Lilia Carnero -como presidenta del cuerpo- y Roberto López Arango, quienes consideraron que no existía “riesgo procesal” al otorgarse la excarcelación, pese a que ya está determinado que el 21 de marzo próximo comenzará el juicio oral y público, donde uno de los acusados es Kelly del Moral. El principal imputado es el ex ministro del Interior del gobierno militar, Albano Harguindeguy.

“Kelly del Moral era uno de los militares que me caminaba por arriba del cuerpo cuando a la vez me torturaba”. La frase es de un ex preso político del sur entrerriano y consta en el grueso expediente que se tramitó en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, en la denominada causa “Area Gualeguaychú”, cuyo juzgamiento comenzará en marzo próximo. Ese mismo personaje, que estaba detenido en una dependencia militar de Capital Federal, fue excarcelado en la tarde del martes, después de la decisión del Tribunal Oral Federal, publicó el sitio Análisis Digital.

Fue uno de los protagonistas macabros de Campo de Mayo, donde existió el más grande de los centros de detención y exterminio de las Fuerzas Armadas en la última dictadura (llegaron a existir unos 5000 detenidos políticos) y fue el primer destino que tuvo como hombre del Ejército Argentino. Al tiempo fue trasladado al Regimiento de Gualeguaychú, destacamento de Exploración Caballería Blindada 12, donde, según los ex detenidos, participaba personalmente de las sesiones de tortura que se concretaban en la misma unidad militar, como así también en lugares cercanos a ella, en especial en campos de la zona, perteneciente a algunos “amigos”.

Kelly del Moral estuvo prófugo de la justicia federal desde el 5 de marzo de 2010, cuando se emitió su pedido de captura nacional, hasta el 14 de octubre del mismo año, cuando se presentó espontáneamente en el Juzgado federal de Concepción del Uruguay. Siempre dijo que no estuvo fugado, sino que hubo un error administrativo.

Nuevo juicio a Videla

2011-12-21T21:01:00.000+01:00

Videla enfrentará un nuevo juicio

El juez federal de Chubut, Hugo Sastre, procesó al dictador Jorge Rafael Videla y al exoficial del Ejército Carlos Alberto Barbot por el secuestro y desaparición de Elvio Ángel Bel, militante del Partido Comunista en Trelew. El juez los consideró partícipes necesarios, aunque declaró la falta de mérito de seis policías retirados.

El juez le imputó a Videla su participación necesaria "por cooperación en el delito de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por ser cometida con amenazas en concurso ideal con privación ilegal de la libertad doblemente agravada". En similares términos le imputó el delito a Barbot, por haber sido el oficial del Ejército que aplicó en la zona el plan sistemático de persecución, tortura y aniquilamiento de personas que incluyó a Bel.

En la misma resolución, Sastre dictó la falta de mérito para Delfín Heriberto Rodríguez Watson, Mariano Héctor Iralde, Hernán Alvaro Hermelo, Jorge Angel Dentone, Juan Alberto Bastida y Tito Nichols; todos policías retirados y ex cuadros militares.

Bel era un militante del PC que ejercía su actividad comercial en un local ubicado en pleno centro de Trelew, de donde fue secuestrado entre las 20.30 y las 21 del 5 de noviembre de 1976 por un comando de por lo menos seis personas. El militante del PC fue secuestrado junto con su hijo Pablo Manuel, de ocho meses, quien fue dejado a unos obreros que trabajaban en una pasteurizadora en el acceso sur de Trelew con un cartel en el que constaba la dirección para que sea restituido a su madre, Hilda Fredes.

Desde ese momento no se supo más nada de Bel aunque, según la resolución del juez Sastre, "se sospecha que fue trasladado a la base Almirante Zar (de la Armada), dado que en ese mismo día y hora Sergio Armando Maida y Liliana Toiberman fueron ilegalmente privados de su libertad" y llevados a esa guarnición.

"Cabe destacar que mientras se producía el hecho descripto, que tuvo como víctima al mencionado Bel, la comisaría distrito primera permaneció con las puertas cerradas al igual que la seccional segunda, por lo que la esposa no pudo radicar la denuncia correspondiente recién hasta el día siguiente", indica uno de los párrafos de la setencia de Sastre.

Por ese motivo, la Fiscalía había solicitado el procesamiento de los policías en funciones bajo la figura de asociación ilícita. El fiscal Fernando Gelves interpretó que además de existir una "zona liberada para que actúen impunemente los grupos de tareas", integrantes de la fuerza participaron del operativo en el que fue secuestrada la víctima. El pedido fue desestimado por el juez Sastre y se espera que sea apelado.

En el documento del procesamiento aún no queda claro el derrotero que siguió el auto que trasladó a Bel y cuyo último contacto es en la planta lechera ubicada a las afueras de la ciudad de Trelew. "Es cierto que se llega a un punto en el que no se puede avanzar más, pero desde el punto de vista penal hemos dado un paso importante si se tiene en cuenta lo poco y nada que se había hecho hasta ahora para investigar el caso", explicó el secretario penal Gustavo Lleral.

Al represor Olivera le dan permiso para viajar para las fiestas de fin de año (¿?)

2011-12-17T09:23:00.000+01:00

San Juan.- El juicio que se le sigue a cinco represores durante la pasada dictadura militar en San Juan, podría terminar el año sin dos de los imputados, ya que uno está internado y a otro le dieron permiso para viajar.

Según informó el Tribunal Oral de San Juan ayer, el juicio contra Jorge Olivera, Osvaldo Benito Martell, Daniel Gómez, Alejandro Lazo y Horacio Nieto, las audiencias se suspendieron hasta la última semana del año, ya que se escucharán testimonios los días 27 y 28 de diciembre, para pasar luego a un cuarto intermedio hasta febrero, debido a la feria judicial.
Pero en esas dos audiencias, el principal acusado, que es el teniente Jorge Olivera, no estará presente, ya que los jueces Héctor Cortés, Raúl Fourcade y Alejandro Piña, le dieron permiso para viajar a Buenos Aires la semana que viene a fin de recibir visitas de familiares en una unidad penal de la Capital, con motivo de las fiestas de fin de año.
Además, los jueces aún no cuentan con un informe del forense respecto a la salud del imputado Horacio Nieto, que el martes por la madrugada, debió ser internado en la Unidad Coronaria del Hospital Rawson debido a una descompensación.
Ayer en la sede del tribunal se especulaba con que posiblemente el resultado de la pericia del forense le permita zafar a Nieto del proceso judicial, tal como ocurrió con el general Luciano Benjamín Menéndez al comienzo del proceso, cuando fue apartado por los jueces debido a un informe forense que decía que por su estado de salud, no podría resistir un proceso judicial “en ninguna de sus formas”.
Nieto está acusado de participar del enfrentamiento con el militante montonero Daniel Russo en la esquina de Pedro de Valdivia y General Acha, al día siguiente del secuestro de la modelo franco-argentina Marie Anne Erize.
Ayer en la audiencia se debatió acerca de un acta de la policía que aparece firmada por Nieto, pero sobre la que la defensa impugnó la firma y pidió una pericia caligráfica, lo que fue denegado por los jueces del Tribunal.
Esto ocurrió mientras declaraba el dirigente de la Fundación por la Democracia y los Derechos Humanos Eloy Camus, que ayer completó las cuatro jornadas declarando, convirtiéndose así en la persona cuya declaración, mas horas insumió a pesar de no haber estado detenido, ni haber sufrido torturas y ni haber sido testigo de las violaciones a los derechos humanos que se realizaron en el Penal de Chimbas, el RIM 22 y los centros clandestinos de detención de la Marquesita y la ex Legislatura Provincial.

Abogado
La última jornada de la semana se completó con el testimonio del abogado Carlos Bula, ex apoderado del Partido Comunista, que fue quien en 1985 realizó la denuncia por la muerte de quien en aquel entonces era el secretario general del PC en San Juan, Alberto Carvajal, de quien se sospecha que murió durante una sesión de torturas el 18 de agosto de 1977 en el Penal de Chimbas, pero cuyo fallecimiento fue encubierto colgándolo de un pullover, una media y un cordón de zapatos en la reja de su celda, para que pareciera un suicidio.
Carvajal estaba detenido a disposición del Poder Ejecutivo y procesado por infracción a la Ley 21.323 que en aquel entonces dispuso la suspensión de la actividad política.
Según Bula, su presentación ante el Juzgado Federal y luego ante la CONADEP en Buenos Aires, se basó en el testimonio de “el polaco Moroy”, un detenido político que sostiene que utilizando un espejo miraba desde su celda los movimientos del Pabellón 6 donde estaban los detenidos políticos en el Penal y que aquella noche vio como trajeron de vuelta de la sala de torturas a Carvajal, desvanecido o muerto y que horas mas tarde se dio aviso de que se había suicidado.

Juez destituido... que sigan hay más cómplices de los genocidas

2011-12-16T08:11:00.000+01:00

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA EXPULSO AL CAMARISTA MENDOCINO Y LA JUSTICIA ORDENO SU DETENCION
Otilio Romano, destituido por unanimidad

Refugiado en Chile para evitar el juicio político, Romano fue separado del cargo por “haber omitido” las denuncias de tormentos e investigar secuestros y desapariciones.

Por Irina Hauser

“No le cabe a este cuerpo colegiado un mínimo atisbo de duda para decidir que el doctor Otilio Ireneo Roque Romano no merece continuar en el ejercicio de la magistratura por no tener las condiciones morales para ostentar tan alto honor”, leyó con nitidez el secretario del Jurado de Enjuiciamiento. La destitución del camarista mendocino, que está prófugo, fue una decisión unánime del jury: lo acusaron de haber “omitido” en forma “sistemática” denunciar e investigar secuestros, desapariciones, torturas, apremios ilegales y violaciones, de los que tenía conocimiento directo por las declaraciones y reclamos de las víctimas que recibió como fiscal desde 1975 –con la Triple A– y durante la última dictadura. Apenas se oficializó la remoción, el juez Walter Bento ordenó la captura internacional de Romano en la causa en la que está procesado como partícipe de 103 crímenes de lesa humanidad. Hasta el fin de semana pasado la Justicia tenía datos de que seguía en Chile.

Romano se tomó un avión un día antes de que lo suspendiera el Consejo de la Magistratura por haber actuado en complicidad con el terrorismo de Estado. El Jurado, que preside la jueza Alicia Noli, guarda casi como una pieza de colección un papel de la empresa LAN, que confirmaba que había volado el 24 de agosto, prueba de lo más insólita para un juez: escaparse a la hora de rendir cuentas ante la Justicia, lo que según el tribunal “refuerza la convicción” de expulsarlo. Romano, en rigor, había hecho de todo para evitar el juicio, que logró frenar casi un año con una medida cautelar de un juez ad hoc.

El proceso de destitución se puede hacer en ausencia. El juicio penal, no. Y como el fiscal Omar Palermo y el juez Bento consideran a Romano en rebeldía, ayer mismo activaron la orden de detención, enviada a Interpol, supeditada a la pérdida de sus fueros. Romano había pedido asilo político al gobierno chileno, una salida improbable para acusados de delitos de lesa humanidad. Si ahora lo encuentran, la lógica es que quede detenido y sea sometido a un juicio de extradición.

A falta del acusado, estaba su cara multiplicada en cartelitos sostenidos por varillas que empuñaban militantes de H.I.J.O.S. “Genocida Judicial”, “Te llegó la hora de la justicia”, “103 razones para ir preso”, se leía. El grupo estalló en una ovación cuando se escuchó la frase que anunciaba la decisión de “remover al señor juez” por “mal desempeño”. El secretario leyó una novedosa declaración de principios: “Las conductas relacionadas con la violación de derechos humanos merecen el más vigoroso repudio de este Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por atentar contra valores humanos fundamentales”.

La sentencia dice que en tiempos de la “brutal persecución de grupos armados, ya sean policiales, militares o paramilitares acaecida entre los años 1975 y 1976”, “Romano desempeñó sus funciones de fiscal federal en una abultada cantidad de casos y, paradójicamente, cuando más se necesitaba la garantía de contar con funcionarios judiciales independientes, que sin requerírseles actos de arrojo o de peligro para sus vidas, se les exigía la valentía de actuar con firmeza y sobre todo rectitud en su conducta procesal, él desdeñaba reiteradamente los reclamos, denuncias y hasta clamores de los detenidos en función de aquellas leyes de seguridad nacional o los de sus familiares, así como los de tantos otros de los que jamás se supo su paradero y destino”.

Los testimonios de las víctimas, destaca el fallo, dieron “una vívida muestra del período de ignominia”. En los centros de detención, dice, como el Departamento de Policía (D2) de Mendoza, se “extraía mediante amenazas” y “torturas las declaraciones y confesiones” que “eran utilizadas posteriormente en sedes judiciales como presunción o prueba en contra de los imputados”. Se les aplicaba la llamada “ley antisubversiva” y la de seguridad nacional.

Hubo testigos, como Luz Faingold y Luis Toledo, que denunciaron haber sido visitados por Romano en sus celdas. Luz tenía 17 años cuando fue llevada al D2, donde también fue atacada sexualmente. Romano y el destituido juez Luis Miret negaban la restitución a sus padres, que la reclamaban. Su novio León Glogowsky contó cómo la escuchaba implorar en el calabozo vecino que dejaran de violarla. Aseguró que denunció las torturas de todos los detenidos, sin ningún eco. Lo mismo contaron abogados de presos en aquellas circunstancias a quienes el jury les dedicó un párrafo especial, donde mostró cómo los terminaban secuestrando y acusando de lo mismo que a sus defendidos.

“El acusado, en contraposición con la celeridad y diligencia que demostraba para investigar las infracciones”, “en función de la Ley 20.840 (o “antisubversiva”), nada hizo respecto de los graves delitos de torturas, violaciones y robos” denunciados en “forma directa” y con “detalles” ante él, incluso durante las indagatorias. “Incumplió sus obligaciones como funcionario esencial del sistema de justicia”, dice la sentencia.

La acusación original de los consejeros Hernán Ordiales (del Poder Ejecutivo) y Carlos “Cuto” Moreno (FpV) fue avalada en su mayor parte, y unos pocos cargos rechazados. Sobre un planteo de la defensora oficial, Fabiana León, el jurado aclaró que si Romano fue ascendido en 1994 es porque no se conocía su papel en la dictadura.

Los grandes impulsores del juicio a Romano fueron los organismos de derechos humanos de Mendoza, en especial el Movimiento Ecuménico (MEDH). Hace algunos años intentaban descifrar por qué allí no avanzaban las causas por crímenes dictatoriales. Hasta que advirtieron que el problema estaba en la Cámara, con los jueces que habían actuado en el terrorismo de Estado y otros que en democracia fallaban a favor de los represores y de sus propios colegas que comenzaban a ser cuestionados como colaboracionistas. A comienzos de este año fue destituido Miret. Ahora avanzan denuncias contra Julio Petra, acusado de haber intentado ayudar a Romano con maniobras judiciales y de liberar a militares en masa.

Formosa. Causa por Crimenes de lesa humanidad demorada desde 1984

2011-12-09T10:00:00.000+01:00

Juan Carlos Colombo ex gobernador de Formosa, acusado por crímenes de lesa humanidad

Nuevo impulso para querellantes formoseños en favor de la activación de una mega causa iniciada en 1984, que sigue demorada y aún quedan 12 imputados por juzgar.

En la causa madre en la que se investigan los crímenes de lesa humanidad en Formosa, caratulada “Carrillo Fausto Augusto y otros s/desaparición forzada”, se presentó la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), tradicional organismo defensora de derechos humanos, fundada en 1937, y miembro cofundador de la Federación Internacional de Derechos Humanos, con asiento en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Frente a las trabas, beneficios, demoras y chicanas jurídicas a favor de los imputados por aberrantes crímenes cometidos en Formosa (todos los cuales gozan de libertad ambulatoria a pesar de la condena de su jefe el ex gobernador Colombo por los crímenes cometidos bajo sus órdenes), la incorporación de esta institución pionera en la defensa de las víctimas del terrorismo de estado, y que actualmente ya actúa como querellante en diversos juicios por delitos de lesa humanidad, entre ellas las causas “Suarez Mason”, “Margarita Belén”, y “Almirón Sena”, configura una inyección de nuevas energías para superar la pesada empresa de investigar el pasado de una dictadura íntimamente ligada a sectores civiles que se resisten a perder los privilegios incrementados bajo su imperio.

Los principios esenciales de Memoria, Verdad y Justicia, exigen que se investiguen todos los hechos denunciados, aspecto en el cual el Juzgado Federal de Formosa y en especial la Fiscalía, ostentan una llamativa morosidad, incluida la no persecución penal de apropiaciones de menores con supresión de identidad y sistemáticas violaciones y delitos de índole sexual, y la elevación a juicio en forma exasperantemente parcial, lo cual constituye un agravio a los testigos que se ven obligados a relatar reiteradamente ante sus verdugos, los padecimientos sufridos.

Los crímenes de lesa humanidad que se investigan en Formosa, son de tal gravedad, extorsiones, desapariciones forzadas, privaciones ilegítimas de libertad, torturas, violaciones y abusos sexuales, supresión de identidad, asociación ilícita, etc., que afecta la conciencia formoseña tanta impunidad. “Este nuevo “espaldarazo” a la querella con un organismo no gubernamental de estructuración nacional y sólidas vinculaciones internacionales configura un aporte significativo”, expresaron varios testigos y víctimas de la causa Carrillo, “para recuperar la memoria colectiva, encontrar la verdad, hacer justicia, y profundizar las estrategias contra los promotores de la impunidad”.

Palomitas II: condenan a Guil y lo mandan a cárcel común

2011-12-06T23:00:00.000+01:00

El juez federal Julio Leonardo Bavio condenó ayer a reclusión perpetua al ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y al ex jefe de Inteligencia de la Policía de Salta, Joaquín Guil, por su participación en la Masacre de Palomitas, el fusilamiento de 11 presos políticos cometido el 6 de julio de 1976 por miembros del Ejército y de la Policía provincial.

El magistrado dispuso que Guil debe cumplir esta sentencia como cualquier condenado común: en un establecimiento penitenciario, por lo que ordenó su “inmediata detención”, lo que se practicó al mediodía. El ex hombre fuerte de la Policía salteña fue enviado enseguida a la cárcel federal de Güemes.

Guil y Menéndez fueron condenados como autores mediatos de los homicidios doblemente calificados, por alevosía y por el número de personas que participaron, de los 11 presos políticos que estaban alojados en la cárcel de Villa Las Rosas y fueron asesinados en las cercanías de la localidad de Palomitas.

Además, el juez condenó a veinte años de prisión al ex policía federal y ex integrante del Servicio Penitenciario Provincial Juan Carlos Alzugaray, en su caso como partícipe secundario de los homicidios calificados. Tanto Menéndez como Alzugaray, ambos en delicado estado de salud, seguirán con el beneficio de la prisión domiciliaria.

La novedad fue dada a conocer a las partes al mediodía de la víspera. Como se trata de un procedimiento escrito (se rige por el antiguo código de procedimientos en material criminal), se informó por la simple vía de la notificación.

Por la tarde, familiares de las víctimas, militantes de organizaciones de derechos humanos y abogados querellantes dieron una conferencia de prensa. El hecho más destacado por todos fue la decisión del juez de detener a Guil, algo poco común para la generalidad de los magistrados salteños. “Es un día histórico”, afirmó Nora Leonard, hermana y cuñada respectivamente de Celia Leonard y Benjamín Avila, muertos en Palomitas, una de las que destacó la acción del juez Bavio. También los abogados David Leiva, Tania Kiriaco y Martín Avila pusieron énfasis en esta decisión.

De hecho solo dos jueces se atrevieron antes a ordenar la detención de Guil: la abogada jujeña Gladis Comas y el ex juez federal Abel Cornejo. Guil fue condenado en octubre pasado por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone pero el Tribunal Oral en lo Criminal Federal le mantuvo el beneficio de la prisión domiciliaria.

Parece que el ahora convicto por doble partida no se sentía realmente detenido permaneciendo en su casa de Villa San Lorenzo: fuentes extraoficiales comentaban ayer que cuando se le notificó que tenía que ir a la cárcel llamó a su abogado: “Me están deteniendo, me están deteniendo”, lo urgió.

Para tomar esta decisión el juez tuvo en cuenta los pedidos del fiscal Domingo Batule y de los querellantes. El magistrado hizo una interpretación restrictiva de la prisión domiciliaria, recordó que es facultativa del juez. “La injusticia de un proceder de concesión automática importaría –por sobre todo en casos de inusitada gravedad y exhorbitante trascendencia como el que nos ocupa en el que incluso se encuentra en juego la responsabilidad internacional del Estado por su deber de garantía al que se comprometió- a más de una aberración que ofende el sentido mismo de lo que es justo y el interés general en s u afianzamiento, una aplicación irracional de la norma al reconocer que existen derechos absolutos, lo que no es más que una concepción antisocial”, afirmó Bavio.

Esta es la segunda condena que se conoce en la causa Palomitas. La primera se dictó en diciembre de 2010, contra los militares Carlos Alberto Mulhall, Miguel Gentil, y Hugo César Espeche.

La investigación de este hecho prosigue: ya está abierta la causa conocida como Palomitas III, en la que los querellantes han solicitado la indagatoria de tres ex miembros del Servicio Penitenciario Provincial, Napoleón Soberón, Nicolás Oliva y Eduardo Carrizo, y del militar Joaquín Cornejo Alemán. En este proceso está también imputado el ex juez Ricardo Lona.

Perpetua para Albornoz, mano derecha de Bussi

2011-12-03T09:31:00.001+01:00

Condenaron en Tucumán al represor Roberto Heriberto "El Tuerto" Albornoz
Perpetua para la mano derecha de Bussi

El ex policía tucumano fue juzgado por los secuestros y homicidios de Juan Carlos Aguirre y Margarita Susana Azize Weiss de Tello. Hubo quejas porque el represor, que acumula tres condenas, tiene el beneficio de la prisión domiciliaria.

Por Diego Martínez

Roberto Heriberto Albornoz, alias Tuerto, ex jefe del Servicio de Informaciones Confidenciales (SIC) de la policía de Tucumán durante la dictadura, fue condenado ayer a la pena de prisión perpetua por el secuestro y homicidio de los militantes montoneros Juan Carlos Aguirre y Margarita Susana Azize Weiss de Tello en 1976. Tanto familiares de las víctimas como organismos de derechos humanos y el fiscal Leopoldo Peralta Palma celebraron el fallo, pero repudiaron el beneficio de la prisión domiciliaria para Albornoz, que acumula tres condenas. “Sentimos un profundo desagrado por el arresto domiciliario, ya que se trata de un ser perverso que estará muy cómodo en su casa mientras nuestros hijos no están con no-sotros”, resumió Sara Mrad, de Madres de Plaza de Mayo de Tucumán.

Carlos Tello y su esposa Margarita vivían en Mendoza pero, perseguidos por la Triple A, se radicaron en Tucumán. El operativo fue el 12 de julio de 1976. “Azizita”, como le decía su familia, llegó a su casa con su hija Mariana Eva, de nueve meses. “Cuando vio el operativo del Ejército y la policía, mi madre empezó a retroceder tratando de protegerme y fue inmediatamente acribillada por ráfagas de ametralladora”, declaró la semana pasada Mariana, que estuvo dos meses secuestrada y que hace quince años milita en Hijos Córdoba. Tello llegó a la casa a la noche, pudo burlar a la policía y sobrevivió “durmiendo en cualquier parte”, recordó a su turno. Por gestiones de su suegro, diez días después pudieron recuperar el cuerpo de Margarita, que fue enterrado en Jujuy.

El correntino Aguirre, militante peronista surgido de grupos católicos, maestro, padre de cuatro hijos, estaba en la casa de Tello y fue secuestrado con otros militantes. Una vecina vio cuando los cargaban en un camión, encapuchados. Sus restos fueron identificados 33 años después por el Equipo Argentino de Antropología Forense y en febrero de 2010 fueron inhumados en su ciudad, Goya. Su hija Liliana, jueza civil y comercial de Goya, recordó al declarar que “después de la muerte de papá, en casa nunca más se lo nombró hasta la vuelta de la democracia”. La noticia de la muerte fue en realidad un comunicado del Tercer Cuerpo de Ejército sobre un “enfrentamiento” en el que “cayeron abatidos los subversivos”.

Ayer a las diez de la mañana el Tribunal Oral Federal de Tucumán invitó a Albornoz a decir sus últimas palabras. “No me encuentro con ánimo”, balbuceó quien fuera uno de los más feroces torturadores bajo el mando de Antonio Bussi. A las 13, los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Jaime Díaz Gavier hicieron público el veredicto: prisión perpetua como autor mediato de los delitos de violación de domicilio, secuestro y homicidio agravado. Albornoz ya fue condenado en 2010 en el juicio a los represores de la jefatura de policía y este año en la causa Romero Niklison. El juicio tenía otros dos imputados: Luciano Menéndez, fuera de juego por problemas de salud, y Bussi, que falleció la semana pasada.

Mariana Tello dijo sentirse “aliviada”, pero aclaró que su lucha continúa. “Esto no termina aquí, porque voy a seguir adelante por los 30 mil desaparecidos, los chicos que fueron quitados a sus padres y entregados a otras familias”, explicó. Lamentó el arresto domiciliario del condenado y recordó que “era un hombre que se sentía dueño de la vida y de la muerte de las personas”. El fiscal Peralta Palma advirtió que “si Albornoz sigue cumpliendo la pena en su casa, el fallo se vuelve irrisorio, simbólico”. “Creemos que se debe acondicionar el lugar de detención acorde con las necesidades médicas, pero debe estar en la cárcel, porque son delitos de lesa humanidad, graves”, reclamó.

Inician testimonios del juicio por crímenes de lesa humanidad contra Albornoz

2011-11-29T08:05:00.003+01:00

Roberto "El Tuerto" Albornoz comenzó a ser juzgado en la denominda ´Causa Aguirre´, en la que está imputado por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad y homicidio agravado. En el banquillo de los acusados faltaron los represores Luciano Benjamín Menéndez, ausente por cuestiones de salud, y Antonio Domingo Bussi, quien falleció horas después del comienzo del debate.

Liliana Aguirre y Mariana Tello, hijas de Juan Carlos Aguirre y Margarita Susana Azize Weiss, respectivamente, fueron las primeras en prestar testimonio en la jornada desarrollada este jueves en los tribunales federales de la capital tucumana.

Ambas eran muy pequeñas cuando sus padres fueron víctimas de la dictadura militar, pero con los años pudieron reconstruir lo sucedido el 12 de julio de 1976, cuando ambos fueron secuestrados y posteriormente asesinados.

Tello, hija de Azize Weiss, sostuvo que "me hace muy bien pensar que se haga justicia 30 años después".

"Todo lo que se es por el relato de familiares porque yo tenía nueve meses cuando sucedió", agregó.

La mujer recordó que aquel día su madre la llevaba en un cochecito y volvían a la casa de Piedras 710, cuando se produjo el operativo militar. "Ella trató de protegerme y fue acribillada por los militares", indicó.

Durante su emotivo relato, Tello indicó que estuvo desaparecida durante varias semanas y luego fue restituida.

"Aún no sé qué pasó conmigo durante dos meses hasta que mis abuelos se enteraron de que me tenía uno de los policías que participaron del operativo y me devolvieron", señaló.

"Dijeron que me devolvían porque era muy molesta y les cobraron los gastos de manutención", contó Tello ante el Tribunal Oral Federal de Tucumán que integran Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla, Gabriel Eduardo Casas y Jaime Díaz Gavier.

También recordó que durante el operativo se llevaron todo lo que había en la casa y que su padre estuvo prófugo hasta que volvió la democracia al país y pudieron reecontrarse en 1984.

La primera en declarar fue Aguirre, quien señaló que de la muerte de su padre tiene recuerdos borrosos.

"Mi mamá lloraba y con mis hermanos preguntamos quién lo había hecho. Ella respondió: unas personas que pensaban distinto a él", señaló la mujer que actualmente se desempaña como jueza en lo civil y comercial en Goya, Corrientes Explicó con su madre y sus hermanos vivían en Corrientes cuando recibieron la noticia y que en ese momento "los diarios consignaban que se había tratado de un enfrentamiento".

"El era integrante y militante de Montoneros y todos lo recuerdan como un buen tipo, una buena persona. El era religioso, de la Acción Católica", añadió.

Durante su relato dijo que "en Tucumán vivíamos en una casa humilde, en la periferia y una vez hubo un allanamiento y mi papá se escapó por la puerta de atrás".

"Después de la muerte de papá, en casa nunca más se lo nombró hasta la vuelta de la democracia", expresó.

Albornoz escuchó la imputación, lectura que duró más de una hora, y se negó a declarar.

"No tengo que declarar porque no he cometido ese delito y no puedo hablar de lo que no conozco, porque sólo he respetado a rajatabla lo que se me ordenaba.

"Soy un perseguido, un chivo expiatorio. No conozco al señor Aguirre ni a la señora Weiss. Ni siquiera recuerdo si ese día estaba de servicio. Estoy aquí porque ya no viene nadie de arriba", dijo el ex jefe de la D2 (de la Policía de Tucumán) durante la dictadura que ya fue condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad.

Ambas víctimas, militantes de Montoneros, fueron secuestradas el 12 de julio de 1976, en Tucumán y dos días más tarde, el Comando del III Cuerpo del Ejército informó que habían muerto en enfrentamientos.

El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó el cuerpo de Aguirre en diciembre de 2009, en una fosa común del Cementerio del Norte, y su cuerpo fue uno de los dos primeros restos de desaparecidos que se identificaron en la provincia.

Durante la primera jornada del juicio se observó la presencia del diputado nacional Martín Sabbatella, quien señalo que "estoy con los compañeros de los Derechos Humanos en Tucumán porque el comienzo de cada juicio genera la expectativa de seguir avanzando en ponerle fin definitivo a la impunidad".

"El futuro habita en la memoria, en la verdad y en la justicia, y en este sentido Argentina viene recorriendo un camino que nos enorgullece", añadió.

"Hoy la defensa de los Derechos Humanos, del Nunca Más, de la verdad, la justicia y la memoria, es política de Estado en términos nacionales", sostuvo Sabbatella.

La historia de Tello y Aguirre

El 12 de julio de 1976, Mariana Tello iba en el coche que su madre, Margarita Susana Azize Weiss, empujaba por la vereda de calle Las Piedras al 700. Mariana tenía sólo nueve meses; por eso, se encomendó a la memoria de ocasionales testigos para reconstruir lo que pasó aquel mediodía, a pocos metros de la puerta de su casa.

Le dijeron que un grupo de uniformados las estaba esperando. Y que su madre, una joven de 25 años que militaba en Montoneros, no estaba dispuesta a dejar que las llevaran. Pero la disputa duró apenas algunos segundos: Azize Weiss recibió la balacera de una ametralladora y murió en el acto.

Liliana Aguirre tenía cinco años cuando le dijeron que su padre, Juan Carlos Aguirre, había desaparecido. Alguien vio cuando las fuerzas de seguridad lo sacaban de la casa de Las Piedras 710, pocos minutos después de la muerte de Margarita. Los restos del hombre, de 31 años, fueron encontrados en 2009, dentro de una fosa común en el Cementerio del Norte.

Tello creció en Jujuy; Aguirre en Corrientes. Ayer, ambas estuvieron en Tucumán, sentadas ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, para contar lo que pudieron averiguar sobre aquella nefasta jornada.

Desde un rincón del auditorio, cruzando las piernas, Roberto "El Tuerto" Albornoz escuchó las palabras de ambas mujeres. Antes, el ex policía, de 80 años recién cumplidos y acusado de violación de domicilio, de privación ilegítima de la libertad y de homicidio doblemente agravado, había dado su versión. "No tengo qué declarar, porque no he cometido esos delitos. Me estoy enterando por este acto (la lectura de la imputación). Por lo que escucho, se trató de un procedimiento netamente militar. Pero a mí me buscan porque soy un chivo expiatorio, un perseguido", aseveró Albornoz.

El comisario (r) estuvo a cargo del servicio de Informaciones Confidenciales de la Policía durante la última dictadura militar. "Era un eslabón clave en el plan criminal del Comandante en Jefe del Ejército Argentino", indica la imputación. En el marco de esta causa, además, estaban procesados el ayer fallecido Antonio Domingo Bussi, entonces comandante de la V Brigada del Ejército, y Luciano Benjamín Menéndez, quien era comandante del III Cuerpo del Ejército (tenía varias jurisdicciones a su cargo; entre ellas, Tucumán). Ni Bussi ni Menéndez llegaron al juicio por motivos médicos, según la resolución del tribunal, integrado por los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Jaime Díaz Gavier (subrogante). "No conozco al señor Aguirre ni a la señora Weiss. Tampoco esa casa. A lo mejor yo ese día estaba de franco. No sé", afirmó Albornoz.

Luego, Tello y Aguirre aportaron un conmovedor relato sobre cómo fue reconstruir el deceso de sus padres, y sobre cómo recuperaron los cuerpos. "En mi vida hay un hueco de dos meses, en los que no se sabe qué fue de mí. Mis abuelos me recuperaron de manos de dos policías, pero jamás supimos quiénes eran", contó Tello.

Durante la tarde, la audiencia continuó con otros testigos, y el juicio proseguirá hoy. Albornoz, en la actualidad, purga una condena por delitos de lesa humanidad en prisión domiciliaria.

Bussi, el siniestro

2011-11-25T08:39:00.001+01:00

Por Osvaldo Bayer

Murió Domingo Bussi, el general. Una de las más siniestras figuras de nuestra historia. Sí, no se cometería ninguna exageración si cuando se haga referencia a él se diga: “El general Bussi, el siniestro”. Sólo basta recorrer su biografía para constatarlo. La perfidia de sus crímenes llega a lo inimaginable. Y ahí está la pregunta que todavía no nos hemos contestado: ¿dónde aprendió Bussi su oficio de matar con total impunidad? ¿En el Colegio Militar, en la Escuela Superior de Guerra o en sus estadías en Kansas con el ejército yanki o en Vietnam durante su gira? Sea como fuere, fue un criminal de la mayor cobardía y crueldad. Sus crímenes comprobados y por eso condenado son todos de lesa humanidad. Su hazaña máxima como criminal es el haber exhibido el cadáver congelado de Santucho en el Museo de la Represión, en Campo de Mayo. Se le caía la saliva de la boca de puro placer. Pero, además, los mil casos de torturas, de “desaparición”, de asesinatos. El mismo ejecutaba a los presos políticos de un solo tiro. Está declarado por testigos. ¡Ah, general! La degradación. La absoluta validez de la ley del más fuerte.

Y ese episodio tan perverso, donde la vileza ya no tiene palabras para describirlo: cuando ordenó apresar a los vagabundos y los pordioseros de la capital tucumana y los transportó en camiones que los arrojaron por las sierras catamarqueñas, donde murieron de hambre y de frío. Occidental y cristiano el general. Eso ocurrió en tierras tucumanas donde en 1816, en aquel increíble 9 de julio, se cantó nuestro Himno Nacional con aquello tan sabio de “Ved en trono a la noble Igualdad, Libertad, Libertad, Libertad”.

Pero uno, como argentino, sintió aún mucho más vergüenza cuando el pueblo tucumano, ya en democracia, votó a ese abyecto personaje como gobernador de Tucumán. ¿Qué hubieran pensado los congresales de 1816 al saber que en esa misma tierra libertaria se había votado al abyecto supremo? Ahora, esos que lo votaron de los barrios bien y de los barrios que exigían “más seguridad” tendrían que tener el coraje civil de marchar frente a la Casa de Tucumán y pedir perdón por tamaña acción de burlar para siempre a la democracia.

Lo mismo que tendrían que hacer los diputados del radicalismo y de otros partidos conservadores que votaron el “Punto Final” de Alfonsín por el cual quedó en total libertad la jauría uniformada de la desaparición como método.

El “general” Bussi. Cuando trasladó el centro clandestino de detención de Famaillá al Ingenio Nueva Baviera, ahí sí que se sintió dueño de la vida y de la muerte. Dueño y señor de la picana y el submarino y de toda clase de torturas aprendidas en el General Staff College de Fort Leavenworth, en Kansas. Claro, siguieron las huellas de aquel general Julio Argentino Roca cuando mandó comprar diez mil remington, el invento estadounidense con que se había eliminado a los pieles rojas y a los sioux. Y con ellos Roca demostró que los argentinos somos los mejores europeos y americanos del norte. Videla, Menéndez, Bussi... la lista es larga. Pero por fin muchos de ellos ya están en cárceles comunes y retratados para siempre en el diccionario de la infamia.

Murió Bussi. El espectro de la infamia. General de la Nación. ¿De qué Nación? No aquella del 25 de Mayo ni de 1813 y del 9 de julio tucumano. No, la fiera sanguinaria salida de claustros castrenses argentinos y entidades “educadoras” norteamericanas. En su entierro, los argentinos que salieron a la calle para gritar “dónde están los desaparecidos” gritarán: “Nunca más”. Nunca más un general Bussi. El siniestro.

Condenado por crímenes de lesa humanidad, murió Bussi, el genocida

2011-11-25T08:32:00.000+01:00

Torturador, represor, asesino, dictador y fusilador

Fue el único jerarca de la última dictadura que logró ser electo en democracia. Responsable de más de treinta centros clandestinos, su vida política comenzó a declinar cuando se supo que tenía una cuenta en Suiza. Fue condenado a prisión perpetua en 2008.

Por Victoria Ginzberg
“Bussi ha agarrado con una manguera a garrotear hasta que los ha muerto. Los ha muerto a esos dos personalmente”, relató un ex conscripto.

Cada quince días, llegaba por la noche al Arsenal Miguel de Azcuénaga. Los detenidos estaban atados con cables, los ojos vendados y de rodillas frente a un pozo recién excavado. Se hacía presente con su uniforme de campaña y con el casco debajo del brazo. Daba la orden de disparar al mismo tiempo que apretaba él mismo el gatillo a pocos centímetros de la nuca de la primera víctima. Así murió Ana Cristina Corral, de 16 años, que había sido secuestrada en su casa de San Miguel de Tucumán. Antonio Domingo Bussi, su asesino, murió ayer, 35 años después, a los 85 años, en el Instituto de Cardiología de Tucumán, debido a “un cuadro de insuficiencia cardíaca descompensada con alteraciones a la función pulmonar y renal”. Agonizaba desde el martes. “Mi papá es un hueso duro de roer”, dijo en la puerta de la Clínica Ricardo Bussi, mientras la muerte le llegaba lentamente al único jerarca de la dictadura que logró ser electo en democracia. Fue velado en una ceremonia íntima. Será enterrado en Pilar, condenado y degradado.

Antonio Domingo Bussi nació en Entre Ríos el 17 de enero de 1926 y en 1975 reemplazó a Acdel Vilas como jefe del Operativo Independencia, que fue la antesala y globo de ensayo del terrorismo de Estado en Tucumán. Se había preparado para eso: había viajado como observador a la guerra de Vietnam, donde fue recomendado como un interesante cuadro para una guerra antisubversiva e hizo el curso regular del Command and General Staff en Fort Leavenworth, Kansas. Sus jefes en el Ejército consideraban que se desempeñaba en “las misiones con gran escrupulosidad, celo y empeño, haciendo mucho más de lo preciso en el cumplimiento del deber”.

Con la dictadura, el mismo 24 de marzo de 1976 asumió como interventor y jefe militar de Tucumán. Fue responsable de las más de mil desapariciones en los más de treinta centros clandestinos que funcionaron en la provincia, entre ellos, la Jefatura Central de Policía, el Comando Radioeléctrico, el Cuartel de Bomberos, la Escuela de Educación Física, el Reformatorio y El Motel, Nueva Baviera, Lules, Fronterita y, el más importante, el Arsenal Miguel de Azcuénaga. Además, como explica el Nunca Más, “a la provincia de Tucumán le cupo el siniestro privilegio de haber inaugurado la ‘institución’ Centro Clandestino de Detención como una de las herramientas fundamentales del sistema de represión montado en la Argentina”. “La Escuelita” de Famaillá fue el primer sitio documentado por la Conadep montado especialmente para torturar y asesinar a personas secuestradas.

Como dictador de Tucumán no se privó de nada. Ordenó ejecuciones y ejecutó con sus manos. Planificó torturas y torturó con sus manos. Y también corrió a los mendigos y tullidos de las calles de la provincia y los exilió en un desierto de Catamarca. Al relatar ese episodio en 2004 en una nota en el diario La Nación, el escritor Tomás Eloy Martínez calificó a Bussi como un “pequeño tirano”, “feroz exterminador de disidentes” y “tiranuelo de Tucumán”. El tiranuelo le inició un juicio y le reclamó cien mil pesos por “daño moral”. Pero perdió. El juez Daniel Alioto recordó que “se llama tirano al jefe de una facción que obtiene el poder de manera irregular y gobierna una ciudad sin la distribución de competencias propias de un régimen republicano”, algo que incluso sin contar las muertes y torturas cuadraba con el rol que ejerció Bussi durante la última dictadura. El magistrado también descartó que la palabra “exterminador” perjudicara la reputación del represor “a la luz de sus antecedentes y de los registros de algunas circunstancias de su actuación pública”.

En 1999, Página/12 publicó el testimonio de un ex conscripto llamado Domingo Antonio Jerez que revelaba al mismo tiempo la existencia de un hasta el momento desconocido centro clandestino tucumano, Caspichango, y detallaba la participación directa del dictador en asesinatos a finales de 1976: “Bussi siempre andaba. Una vez lo han hecho llamar del Timbó Viejo, lo han hecho llamar exclusivamente para esa noche. Porque han agarrado a dos personas y este hombre ha ido. Estábamos parando en una escuela que había ahí. Nosotros estábamos acampando en una carpa. Yo he visto a dos, pero había más. Por esos dos exclusivamente ha ido Bussi. Siempre los tenían en slip, bien atados con sogas, boca abajo. A él lo hacen pasar para adentro, entonces yo miro por una rendija que había, no por la puerta, había que cuidarse de todo y ahí empezó a garrotearlos como dos horas, preguntándoles cosas, haciéndolos sufrir. Raro era al que no lo hacían sufrir. Bussi ha agarrado con una manguera a garrotear hasta que los ha muerto. Esa noche los ha muerto a esos dos personalmente. Al otro día nos han empezado a regalar cajas de cigarrillos, me acuerdo que a mí me han regalado tres cajas. Yo no fumaba pero lo mismo he agarrado porque eran cigarrillos finos”. La declaración de Jerez su sumaba a la más conocida del gendarme Omar Eduardo Torres, quien contó ante la Conadep cómo Bussi les daba el tiro de gracia a los secuestrados en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. Los fusilamientos se hacían a 300 metros del centro clandestino, en el monte. Bussi usaba el arma reglamentaria, una 11.25, y una pistola 9 milímetros. El pozo lo rociaban con querosén o nafta y siempre había leña a mano para quemar los cuerpos.
También ladrón

Con la democracia se salvó de rendir cuentas a la Justicia gracias a las leyes de impunidad. Esto le permitió ser uno de los personajes de la última dictadura, junto con el subcomisario Luis Abelardo Patti, que mejor se “recicló” en democracia. Logró cumplir con el sueño masserista de ser ungido por el voto luego de fundar su propio partido, Fuerza Republicana.

Fue electo diputado nacional en 1993 y dos años después, gobernador. La “voluntad popular” lo acompañó a pesar de sus crímenes, pero su carrera política declinó cuando se supo que además de asesino, también había sido ladrón. El escándalo que no se había producido porque un represor fuera diputado y gobernador, estalló cuando los diarios contaron que Bussi tenía una cuenta en Suiza. La información se conoció en el marco de la investigación del juez español Baltasar Garzón sobre el genocidio argentino. “No lo niego ni lo afirmo”, dijo el entonces gobernador tucumano. Ese día, ante las cámaras de televisión, dejó de lado sus gestos feroces y lloró. Al día siguiente, la Legislatura aprobó la formación de una Comisión investigadora y poco después la cámara de diputados de la Nación abrió la declaración jurada que había hecho en 1993, en la que no figuraba el depósito en el extranjero. Así que volvió a llorar ante la prensa, reconoció la cuenta Suiza y que había evitado mencionarla al asumir su banca de diputados. “Se trató de una omisión sin intencionalidad”, aseguró. Dijo que el dinero era producto de “becas otorgadas por el Ejército y el gobierno de los Estados Unidos” y que lo había mandado al exterior en los años de la hiperinflación. La Legislatura tucumana le inició un juicio político y lo suspendió durante sesenta días, pero la oposición sólo juntó 16 de los 19 votos necesarios para destituirlo, aunque en el ínterin se conoció que también tenía casi 250 mil dólares en la Hollandsche Bank-Unie NV que estaban a nombre de su mujer, Josefina Bigolio, y su hija Fernanda Bussi, y que poseía una cantidad de bienes que no podía justificar en base a sus años de “servicio”. (Garzón ordenó el embargo de 17 departamentos en Palermo y Recoleta, sus cuentas bancarias –que ascendieron a ocho–, acciones y vehículos varios.)

La cuenta en Suiza también provocó un tribunal de Honor del Ejército, que lo sancionó con una amonestación grave. Se tuvo en cuenta su “actitud de quebrantamiento personal y el aflojamiento espiritual”. En 1999 volvió a ser electo diputado, pero esta vez, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos lo impugnó por sus crímenes y por haber ocultado sus cuentas en 1993 y la Cámara de Diputados le impidió asumir. La Corte, tiempo después, dijo que debía hacerlo, pero como el mandato había terminado, el caso quedó abstracto. El dictador insistió en las urnas en 2003. Y todavía tenía resto. 17 votos a su favor le alcanzaron para consagrarse como intendente de San Miguel de Tucumán. Pero no llegó a asumir. Finalmente, fue detenido.

En agosto de 2008 fue condenado a prisión perpetua por la desa-parición del senador peronista Guillermo Vargas Aignasse. Un crimen entre los más de mil que debían habérsele achacado. Pero uno que bastó para que no muriera impune. Durante el juicio se presentaba con una sonda y la barba canosa crecida y en sus últimas palabras volvió a llorar. Pero también reivindicó sus crímenes (“los delincuentes buscaban convertir el país en un satélite del comunismo internacional”) y se consideró un “perseguido”. Su estado de salud le permitió evitar otros banquillos, pero no lo salvó de ver cómo se hacía justicia ni cómo su partido se desintegraba (sacó 3,2 por ciento en la última elección y sus dos hijos, Ricardo y Luis José, fueron en listas separadas) ni de enterarse que el Ejército lo había dado de baja.

No es raro equiparar a los represores con monstruos. Pero los estudiosos explican que al deshumanizarlos se pierde la capacidad de analizar y comprender los crímenes y cómo éstos fueron posibles. Sin embargo, a veces, evitar esas comparaciones se hace difícil

En Jujuy nada parece avanzar con los juicios

2011-11-24T09:09:00.000+01:00

Entrevista a Inés Peña. Es presidenta de la Asociación Madres y Familiares de Desaparecidos de Jujuy, presenciará hoy en Tucumán el juicio oral y público por el asesinato de una jujeña y el sábado representará a la provincia en el encuentro de organismos de Derechos Humanos en esa provincia.
Por Carmen Amador

En el marco del inicio de juicios orales y públicos en Tucumán por el asesinato de una jujeña se conoce la noticia de la muerte de uno de los acusados Domingo Bussi, ¿Cuál es la reflexión que merece este hecho?
Lamentamos de no haber tenido a Bussi sentado en el banquillo de los acusados, y de no habernos dicho qué pasó con nuestros desaparecidos. Para nosotros murió impune no lo pudimos juzgar. Fue juzgado en otras provincias, pero pese a que es el principal responsable de una masacre contra nuestros desaparecidos no tenemos odio ni venganza. Pero murió sin ser juzgados, queremos que se haga justicia para todos los desaparecidos jujeños. Murió uno de los peores siniestros personajes de la dictadura que cometió delitos atroces y aberrantes.

¿Asistirá al inicio del juicio oral y público en Tucumán?

Sí, hoy se inicia el juicio donde se va a investigar el asesinato de Margarita Susana Azize, una joven jujeña que estudiaba en Tucumán, que fue asesinada en la época de la dictadura militar, y su beba fue secuestrada por un tiempo y luego entregada a sus abuelos. También en ese dramático hecho la madre de Margarita y su tía sufrieron la detención y diferentes atropellos a los derechos humanos. En Tucumán se analizará el caso y se sentará en el banquillo de los acusados a los responsables. Aunque Bussi que falleció no estará ante el Tribunal lo que a nosotros nos deja la sensación de que quedó impune.

¿Creen que en este juicio se encuentre la verdad?

Es una exigencia de la Argentina de tener juicios históricos donde triunfe la verdad y se haga Justicia por todos los crímenes cometidos por el terrorismo de estado. Confiamos en la Justicia, creemos que a los responsables les darán cadena perpetua, para que estos represores estén en cárcel común y que no tengan las medidas que les otorgan por la vejez para obtener la prisión domiciliaria. Nosotros no dejamos de creer en la Justicia como un valor universal que atraviesa nuestro camino en el pedido de la Justicia sin venganza, sin odio, sin rencor, sino pidiendo que la justicia actué en un estado de democracia y derechos.
Además de asistir a Tucumán, la Asociación de Madres y Familiares de Desaparecidos de Jujuy asistirá un encuentro entre organismos de derechos humanos ¿qué temas se tratarán en ese evento?
Madres y familiares de desaparecidos participarán del encuentro de organismos de derechos humanos con funcionarios del programa Verdad y Justicia y el procurador general de la Nación Oscar Aguad, allí plantearemos varios temas que nos preocupan como la tardanza ene l inicio de los juicios orales, que peligran su ejecución, la forma de la designación de jueces entre otras cuestiones.

¿Qué pasa en Jujuy que aún no se iniciaron los juicios orales y públicos?

Jujuy parecer ser una provincia inédita en todo el ámbito del país, vemos cómo en todas las provincias están dadas las condiciones, los juicios por delitos de lesa humanidad, en algunas provincias como Córdoba o Tucumán, ya están por el tercer o cuarto juicio, cuando en Jujuy nada parece avanzar. En esto hay muchas cuestiones por analizar, primero que tenemos un juez federal que nunca le dio lugar a una medida solicitada por la querella. El Juez Olivera Pastor lleva las causas de forma muy lenta, hemos cuestionados cómo las medidas demoran mucho tiempo, no cita a declarar a muchos represores que hoy andan por las calles de Jujuy cuando ellos cometieron crímenes aberrantes.

¿Que significarían los juicios orales y públicos para la sociedad jujeña?

Yo creo que es una necesidad social, el conocerle la cara a los represores que pueden decir qué es lo que pasó con nuestros desaparecidos. Es una cuestión de memoria histórica, de verdad y de que se sepa lo que pasó.

¿Cree que esta es una deuda que tiene la Justicia con los jujeños?

Por supuesto que hay una deuda, pasaron cuantos años y seguimos insistiendo en que salde esa deuda, Jujuy también es una provincia que integra el territorio argentino y nos merecemos una justicia que instaure los juicios orales y públicos para que todos conozcamos nuestra verdad. Creemos que los juicios orales podrían comenzar en Jujuy recién en el 2012.

Al juez escapado le ayudó otro juez... una complicidad más...

2011-11-22T09:45:00.000+01:00

El ex juez Leiva destituído, ayudó al camarista Romano a escaparse a Chile

Con la ayuda de un experto

En el marco del juicio político al camarista mendocino acusado de connivencia con la represión ilegal, el ex juez reconoció que viajó junto a Romano, dijo que eran “amigos íntimos”. “Sentía agobio por el acoso periodístico”, dijo Leiva.

Por Irina Hauser

El ex juez mendocino Luis Leiva volvió a sentarse frente al organismo que en 2002 lo destituyó. Esta vez fue como testigo, para defender al camarista fugitivo Otilio Romano, acusado por su complicidad con los crímenes de la última dictadura cuando era fiscal, a quien definió como un “amigo íntimo” y reconoció que lo acompañó en su escape a Chile el 24 de agosto, un día antes de que lo suspendiera el Consejo de la Magistratura para iniciarle juicio político. “Sentía agobio por el acoso periodístico”, dijo Leiva ante el jurado. También declararon ayer dos víctimas, León Glogowsky y Rosa Gómez, que estuvieron detenidos en el Departamento de Policía de Mendoza conocido como D2. Ambos relataron cómo declararon y denunciaron torturas ante Romano, en 1975 y 1976 respectivamente. Este jueves serán los alegatos de la acusación y la defensa.

El juicio político a Romano transcurre en su ausencia, ya que está en Chile, donde pidió asilo político y consiguió una visa por ocho meses. Quien lo representa, la defensora oficial Fabiana León, había propuesto como “testigo de concepto” al ex juez Leiva, destituido por manejos irregulares en investigaciones y procesado por intento de extorsión a Raúl Moneta. Leiva, además de ser amigo de Romano, fue secretario del Juzgado Federal de Mendoza durante la última dictadura. Pero su declaración empezó por otro lado: lo primero que hizo el ex juez fue admitir su amistad con el juez acusado. Incluso dijo que lo consideraba un amigo íntimo, “de trato frecuente”, “yo le presenté a su esposa”, “fui testigo de su casamiento”, detalló. Entonces la presidenta del tribunal, Alicia Noli, le dijo que “en ese marco” es que “se valorará” su declaración. La defensora protestó y dijo que de todas maneras está obligado a decir la verdad.

¿Qué dijo Leiva? Ante la pregunta de uno de los acusadores, el consejero Hernán Ordiales (representante del Poder Ejecutivo), el ex juez confirmó que se había tomado el avión a Chile con Romano, quien había resuelto irse porque “sabía que el Consejo ya había tomado la decisión política de suspenderlo y no quería estar en el país”. “Yo le dije que no me podía quedar todo el fin de semana por mi familia y por eso me volví el viernes y él se quedó y pensaba regresar el lunes, pero algo pasó en el medio”, dijo, aunque no dio precisiones. La semana pasada el jury decidió ampliar los cargos contra Romano e incluir su situación de prófugo como un cargo más, agravante. El camarista suspendido tiene un pedido de captura ordenado por el juez Walter Bento –quien lo procesó por 103 delitos de lesa humanidad– que se podría activar si finalmente es destituido. Esto implica que podrían detenerlo en Chile y luego tendría que enfrentar el proceso de extradición.

Cuando le tocó hablar de cómo tramitaban los hábeas corpus y otras denuncias en la Justicia Federal mendocina durante la última dictadura, desde 1977, reconoció que los rechazaban casi automáticamente. Su justificación fue que se guiaban por lo que les decían las Fuerzas Armadas y de seguridad: negaban tener detenidos. En forma indirecta, admitió que desde la Justicia no se investigaba nada. Los acusadores decidieron no cuestionar su testimonio, pese a la cercanía con Romano, porque consideran que no modifica nada y que incluso confirma la huida del camarista.

Entre los testigos que declararon ayer contra Romano, estuvo Glogowsky, quien relató su detención en 1975, cuando era un estudiante de medicina de 19 años. Fue llevado al D2, donde contó que fue torturado con picana eléctrica y golpizas. Desde el calabozo, relató, escuchaba la voz de su novia de entonces, Luz Faingold, primera testigo del juicio. “La escuché gritar que no la violaran”, aseguró. Luego, precisó, denunció todo ante el ex juez Luis Miret (destituido) y Romano. Si Romano estuviera sentado en el jury, “no podría negármelo”. Nadie hizo nada, dijo. “Aún hoy sigo preguntándome si no se hubiera podido evitar posteriores violaciones, que ocurrieron y que fueron probadas en Mendoza luego, y torturas”, señaló.

Justicia tiene dificultades.... pero el genocidio lo cometieron los genocidas

2011-11-21T07:30:00.000+01:00

Debate sobre ls dificultades que enfrenta la justicia para acusar por homiciio a los responsables materiales
El problema de juzgar a los autores directos

Los juicios orales por violaciones a los derechos humanos intentan avanzar sobre los represores que actuaron directamente sobre las víctimas. La ausencia de pruebas y los diferentes criterios de los jueces. El caso del Hospital Posadas.

Por Alejandra Dandan

El Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires decidió no aceptar un pedido de la fiscalía para acusar por dos homicidios a tres represores de los grupos de tareas del Hospital Posadas. El pedido se sostenía en las pruebas de los asesinatos de dos víctimas: Jacobo Chester y Jorge Mario Roitman. El cuerpo de Chester apareció flotando en el Río de la Plata seis días después del secuestro; el de Roitman permanece desaparecido, pero dos sobrevivientes del espacio que funcionó como centro clandestino volvieron a relatar, en el juicio oral, cómo fue asesinado. El fiscal Javier de Luca criticó la decisión del Tribunal, porque sostiene que es una interpretación “anacrónica”. Pero en realidad el tema tiene más de una veta de discusión y hace foco en una de las dificultades que afrontan las causas de lesa humanidad cuando avanzan no sólo sobre la responsabilidad de los llamados “autores mediatos” –jefes y subjefes de la represión–, sino especialmente sobre los “autores directos”: los hombres que estuvieron adentro de los campos, cuerpo a cuerpo con los detenidos desaparecidos.

Una de las características de esta nueva etapa de juicios orales por violaciones a los derechos humanos es el tipo de autor que se juzga. No son sólo los responsables emblemáticos de la represión, como Jorge Videla o Reinaldo Bignone, sino también quienes quedaron sin condenas por las leyes de impunidad: jefes intermedios y personas que integraron los grupos de tareas, quienes estuvieron como celadores, torturaron, ubicaron a las personas en las filas de los llamados traslados o perpetraron otros delitos.

Todos ellos llegan al juicio oral acusados de distintas maneras. Luego de atravesar una primera etapa que es la instrucción, todos llegan en general acusados por privación ilegal de la libertad y tormentos. Pero, aun ante la existencia de pruebas, no todos llegan acusados por homicidios. Incluso podría decirse que son muy pocos los “autores directos” que, comparativamente, logran ser imputados y luego acusados por homicidios.

Un reflejo de esa situación fue el caso de los crímenes cometidos en el centro clandestino del Vesubio, que terminó a mediados de julio de este año: ocho acusados, tres de ellos militares y cinco del Servicio Penitenciario. Los militares eran los hombres de mayor jerarquía y aparecían como autores mediatos. Los otros fueron quienes estuvieron cuerpo a cuerpo con las víctimas y fueron presentados como autores directos. Los primeros fueron acusados y condenados por homicidios (menos uno, que murió al final del juicio), pero los otros no.

¿Cual es el problema? Uno de los problemas podría compararse con lo que el Equipo Argentino de Antropología Forense llama el “doble estándar” de la lógica represiva. Ellos se refieren a los mecanismos por los cuales la máquina de la represión, por un lado, hacía desaparecer a las víctimas y, por el otro, arrojaba a algunos cuerpos en algún camino, donde otras fuerzas de seguridad terminaban recogiendo los cadáveres, tomaban las huellas digitales y lo enterraban como NN.

Hoy la Justicia que avanza con las procesos, pero con una lógica penal de construcción de la prueba sobre los autores directos que, a más de 35 años de hechos fundados justamente en la desaparición de cuerpos y de huellas, genera un juego en ocasiones absurdo.
La primera etapa

Las causas tienen dos partes: la etapa de instrucción y el juicio oral. Una de las megacausas de la ciudad está radicada en el juzgado de Daniel Rafecas y la fiscalía de Federico Delgado. Tienen las causas del Primer Cuerpo del Ejército, de la que se desprendieron los innumerables juicios orales que se vienen haciendo en Capital, divididos en general por centros clandestinos.

Rafecas admite responsabilidades de homicidio para los jefes y cuadros intermedios, enrolados en la lógica de la autoría mediata: la idea de que son responsables porque de ellos dependieron las órdenes o que formaron parte de la organización criminal. Ahora bien, es restrictivo con las acusaciones de los autores directos. Cree que no está probado que todos hayan participado de los llamados “traslados” o hayan intervenido en las desapariciones y exterminios. Sobre la base del caso policial, que pide conectar materialmente causa y efecto, sólo acusa cuando todo corrobora la existencia de tal acto. Para los fiscales, el criterio es conservador y muy problemático. Félix Crous dice que Rafecas “entiende que cada uno de los autores es responsable por lo que hizo personalmente y no por la cuestión sistemática”.

Uno de los factores que Rafecas no parece tomar en cuenta podría funcionar como un atajo entre una y otra vía: la figura de la coautoría. La abogada Ana Oberlín señala que, además de la tesis de autoría mediata, “se puede utilizar la teoría de la coautoría: esto quiere decir que todos son autores del total del plan, más allá de su participación concreta. O sea, no sólo debe responder quien dispara, sino quien mantiene secuestrado, quien da la orden, todos en pie de igualdad, porque sin sus aportes parciales el total del accionar delictivo no hubiera podido cometerse. Esto es importante porque salva un poco la discusión sobre qué elementos se necesitan para acusar por autoría directa y por mediata. En la coautoría, todos son autores porque todos tuvieron un rol y un papel sin el cual los delitos no hubieran ocurrido”.

Pero como el criterio de algunos jueces es distinto, la decisión de no acusar por homicidios en la instrucción tiene un peso determinante en la etapa oral. El juez Sergio Torres, a cargo de las causas de la Marina, tiene en ese sentido un criterio parecido al de Rafecas, pero deja abierta la posibilidad de presentar las cosas de otra manera en el juicio oral. Por el tipo de estructura jurídica nacional, el peso de la instrucción y su historia determina el resto del avance de la causa. Por lo que se llama “principio de congruencia” nadie puede ser acusado en la etapa oral por un delito distinto del que se lo acusó en la etapa de instrucción. Si en instrucción a una persona le imputan privación ilegal y tormentos, no puede ser luego acusada por homicidio. Entre otras razones, para proteger su derecho a defenderse. Este es en este momento uno de los puntos de tensión.

El otro aparece al intentar resolver ese tema. La “congruencia” admite excepciones: la acusación puede cambiar de una a otra etapa si “surge” un nuevo elemento de prueba; si hay datos que marquen que es un delito continuado con el anterior o por la incorporación de un agravante. Qué significan esas condiciones, o cómo las interpretan defensas y fiscales, son otros puntos que se vuelven terreno de batalla en las salas de audiencia.

¿Cómo se prueba un homicidio? Los juristas suelen separar “el cuerpo del finado” del “cuerpo del delito”. En el país de los desaparecidos, sólo es posible acusar a los represores por homicidios cuando hay pruebas materiales de que la persona está muerta. Uno de los principales caminos de reconstrucción de pruebas lo abrió la política de identificación de personas del Equipo Argentino de Antropología Forense. Esos cuerpos aparecidos son parte de la base probatoria más importante en la mayoría de las causas. Otro camino es el relato de los testigos-sobrevivientes de los centros clandestinos que pueden contar cómo vieron muerto a un compañero.

Los problemas van desde cómo se construye esa prueba 35 años después hasta que, aún existiendo, el juez puede decidir no usarla, o cómo se hace para modificar eso en el tramo oral, o por qué los jueces de esos tribunales tienen distintos criterios para interpretar qué son “excepciones” a la congruencia.
Posadas

El caso del Hospital Posadas sirve de ejemplo para mostrar algunas de esas cuestiones. Chester era un técnico en estadísticas y secretario administrativo de la guardia del hospital. Lo secuestraron el 26 de noviembre de 1976, su cuerpo apareció flotando en el río seis días más tarde. La familia recibió un año después un certificado de defunción y más tarde tuvo la posibilidad de identificar el cadáver. Desde el Juicio a las Juntas se acusó a los jefes por su homicidio. El problema es que, en este nuevo tramo que juzga a los integrantes de la patota, nadie los acusó por esa muerte.

El caso de Roitman es distinto. Era un médico del Posadas secuestrado el 2 de diciembre de 1976 en su casa de Ramos Mejía y trasladado al Chalet, el centro clandestino del lugar. El permanece desaparecido, pero dos sobrevivientes fueron testigos del momento de su muerte, así lo vienen diciendo desde que quedaron liberados. Y volvieron a repetir en el juicio cómo vieron que lo “empalaban”, una tortura en la que “es imposible la supervivencia”, dijeron los fiscales.

Los fiscales no entienden, primero, por qué con esos datos la instrucción no elevó las causas por homicidio. Y segundo, por qué el Tribunal no se apartó de esa decisión y tomó un camino alternativo.

Para el fiscal De Luca la instrucción tenía desde el comienzo el cuerpo de Chester para imputar por homicidio a los integrantes de la patota. No lo hizo, a lo mejor porque el cuerpo apareció en el río y en la lógica de Rafecas faltó la conexión con el centro clandestino. Para hacerlo reingresar en la etapa oral bajo alguno de los caracteres aceptados como excepción, De Luca presentó su muerte como una “continuación” del delito anterior. Los jueces no aceptaron.

En el caso de Roitman los sobrevivientes vienen diciendo desde siempre que vieron el momento de su muerte dentro del centro: vieron cómo se les fue en la tortura. La causa no se instruyó con la acusación de homicidio para los autores directos ni en el carácter de coautores. De Luca buscó hacer reingresar el tema de manos de las sobrevivientes, que agregaron nuevas pruebas sobre cómo fue su muerte y las torturas. El tribunal tampoco aceptó.

Los fiscales tienen ahora dos caminos. Ir a Casación o buscar el modo de dejar planteada de alguna manera la acusación por los homicidios en los alegatos del final del juicio. El Tribunal Oral Federal 2 está integrado ahora por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Luciano Gorini y Pablo Bertuzzi. Giménez Uriburu era secretario del TOF 2 en el momento del juicio por los crímenes en los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo. Bertuzzi y Uriburu vienen de juzgar los delitos del Vesubio. La imputación por homicidio estaba dirigida a dos hombres de la patota: Luis Muiña y Argentino Ríos, que en este momento está mal del corazón y a punto de quedar fuera de la causa. También apuntaban al ex brigadier Hipólito Mariani.

“Nosotros citamos jurisprudencia del mismo tribunal”, dice De Luca. “Es como un retroceso en la interpretación del Código, hace diez años que soy fiscal de estos juicios, nos quedamos muy sorprendidos, han hecho una lectura anacrónica, respondieron con un Código procesal comentado y nosotros estamos hablando de lesa humanidad, de fallos de la Corte Suprema y jurisprudencia internacional. A mi modo de ver no tienen argumentos para impedirnos ampliar el hecho.”

Además, dice Oberlín, “en los casos en los que no se hallaron los cuerpos y tampoco hay testigos vivos existen jurisdicciones que llevan adelante investigaciones y juicios orales por homicidios, porque el paso del tiempo sin que la persona aparezca con vida, sumado a las condiciones represivas que se vivieron en este país y determinaron que el destino final de los desaparecidos sea la muerte, no hay dudas de que los asesinatos existieron

Los crímenes cometidos en Acindar son de lesa humanidad

2011-11-18T09:29:00.000+01:00

El principal acusado es el ex ministro José Alfredo Martínez de Hoz

El juez federal Norberto Oyarbide incorporó a los representantes de la UOM de Villa Constitución como querellantes en la causa en la cual investiga los delitos de lesa humanidad cometidos con la complicidad de los directivos de la empresa Acindar y que tienen como principal involucrado al ex ministro José Alfredo Martínez de Hoz. Con esta decisión, el magistrado, además, confirmó que los crímenes que se realizaron en ese contexto son considerados de “lesa humanidad” y por lo tanto resultan imprescriptibles.

La UOM de Villa Constitución se suma como querellante a los organismos que ya intervienen en la causa, como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, organismo que ya había sido reconocido en tal rol.

El viernes, el magistrado –titular de Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 5 de esta Capital– dispuso el comienzo de la instrucción penal para la investigación de los crímenes cometidos en el marco de la “Operación Serpiente Roja del Paraná” perpetrada por fuerzas armadas, de seguridad y civiles del Ministerio de Bienestar Social y la dirección de la empresa metalúrgica Acindar en la ciudad santafesina de Villa Constitución en el mes de marzo de 1975.

El juez Oyarbide escuchó los testimonios de los dirigentes gremiales y víctimas directas del operativo represivo como Alberto Piccinini y Juan Jesús Actis. Luego de recibir las declaraciones que realizaron los dirigentes, Oyarbide confirmó la reciente decisión de considerar los hechos delictivos denunciados como realizados con la tolerancia y aquiescencia del poder del Estado y por ende “crímenes de lesa humanidad” de carácter imprescriptible.

La resolución del magistrado luego de las medidas procesales que fue tomando, sumó ahora un nuevo elemento al permitir que la UOM de Villa Constitución se pueda incorporar como querellante en la causa 16.251/10 y que está caratulada como “Martínez de Hoz, José Alfredo y otros sobre/ Allanamiento ilegal y otros”.

La medida adoptada por el magistrado debe continuar ahora con el avance de la causa. Se espera que la fiscalía dictamine sobre las medidas de prueba a realizar para poner definitivamente en marcha la investigación. El hecho, ocurrido hace casi 37 años, significó un antecedente directo de los métodos que luego se aplicarían durante la dictadura que se instauró a partir del 24 de marzo de 1976, que colocó a Jorge Rafael Videla como presidente de facto.

La denuncia por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la empresa Acindar había sido promovida por la Liga en diciembre de 2010 en forma conjunta con los representantes de la UOM de Villa Constitución y la CTA de esa ciudad. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos buscaron “poner en claro la participación directa de las grandes empresas locales y trasnacionales en la construcción y desarrollo, tanto ideológico como material, del terrorismo de Estado y el genocidio”, según indicó la Liga.

Por medio de un comunicado, agregaron que “la demorada pero necesaria apertura del proceso de instrucción debe verse como un paso fundamental en la labor colectiva de luchar por el juicio y castigo a todos los responsables del terrorismo de Estado, con especial énfasis en el bloque social integrado por civiles y militares”.

Señalizaron como ex centro clandestino a una sede de la Policía Federal en Entre Ríos

2011-11-17T07:57:00.000+01:00

La sede de la Policía Federal de Concepción del Uruguay fue señalizada este martes como un lugar en donde funcionó un centro clandestino de detención durante la dictadura militar.

La placa recordatoria, ubicada a un costado de la puerta de ingreso, dice: “Aquí funcionó el Centro Clandestino de Detención delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal Argentina. Memoria, Verdad y Justicia”.

El director de Información Pública, Pedro Báez, resaltó la decisión de señalar estos lugares como centros clandestinos, “manteniendo viva la memoria en el pueblo”.

“Todo está guardado en la memoria de hombres y mujeres de Concepción del Uruguay y de otros lugares, que indefectiblemente saben qué es lo que pasó, lo que hicieron, dónde se los llevaron, quiénes participaron”, agregó.

El representante del Archivo Nacional de la Memoria, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gonzalo Vázquez, comentó que ya son 25 los centros clandestinos de detención que se vienen señalizando en el país.

“Esta placa tiene un objetivo político y pedagógico, y es importante que en cada uno de los lugares en donde funcionaron estos centros, sus vecinos y los funcionarios que trabajan en la dependencia policial o militar, tengan conocimiento de los hechos que ocurrieron durante el terrorismo de Estado”, agregó.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de Entre Ríos, Roque Minatta, uno de los uruguayenes que padeció secuestro y tortura en ese centro clandestino, recordó el triste paso por ese lugar junto a sus compañeros de militancia.

En ese marco, brindó detalles de la “tortura psicológica” que se les impartía, dándoles a conocer que sabían todo sobre sus familiares y seres queridos.

Minatta recordó que era apenas un adolescente cuando fue víctima de estos delitos, mientras se desempeñaba como presidente de la Unión de Estudiantes Secundarios y estudiante de la Escuela Normal de Concepción del Uruguay.

Comenzó el juicio político al juez Romano, prófugo en Chile

2011-11-15T09:12:00.000+01:00

Un inicio complicado para el juez fugitivo

Los consejeros de la Magistratura que actúan como fiscales acusaron a Romano de omitir en forma “deliberada” y “sistemática” la denuncia e investigación de secuestros, torturas y desapariciones durante la dictadura. Declararon testigos directos.

Por Irina Hauser

El juicio político al camarista mendocino fugitivo Otilio Romano no empezó de la mejor manera para él, ya que la defensora oficial que lo representa en su ausencia, Fabiana León, arrancó su exposición aclarando que está excusada de la defensa de acusados por violaciones a los derechos humanos, pero en este caso tuvo que aceptarla por una obligación profesional. Lo hizo, deslizó, según el criterio que sostiene la Defensoría General para este caso: que la acusación por mal desempeño que podría derivar en la destitución de Romano es independiente de la causa penal en su contra por un centenar de delitos de lesa humanidad. Sin embargo, para los dos consejeros de la Magistratura que actúan como fiscales, son cuestiones indisociables. De hecho lo acusaron de haber “omitido en forma reiterada y prolongada en el tiempo” la denuncia e investigación de secuestros, torturas y desapariciones “de los que habría tenido conocimiento” como fiscal y juez subrogante entre 1975 y 1983. Esa “omisión”, dijeron, fue “deliberada” y “sistemática” y muestra que “prestó una colaboración fundamental” con el terrorismo de Estado. En la primera audiencia del jury declararon ex detenidos, testigos directos.

Romano huyó a Chile un día antes de que el Consejo de la Magistratura lo suspendiera para iniciarle juicio político, a fines de agosto. Fue declarado prófugo en el expediente donde está procesado en Mendoza como partícipe en 103 crímenes de lesa humanidad. El juez Walter Bento pidió su captura, aunque la dejó supeditada al proceso de remoción. Si el Jurado de Enjuiciamiento destituye a Romano, se activará la orden de arresto. A diferencia del juicio penal, el político se puede hacer en ausencia. La defensora que actúa en su nombre jamás tuvo contacto con él. Ni siquiera sabe si sigue en territorio chileno. Para dejar su postura a salvo dijo: “No tengo que coincidir con Romano para defenderlo”. El eje de su defensa es que le imputan actos como fiscal y no como juez, lo que –sostiene– está fuera de la órbita del Consejo.

El juicio, presidido por la jueza Alicia Noli, empezó con la sala casi llena de asesores judiciales, organismos de derechos humanos y estudiantes. “Romano no reúne las calidades mínimas para continuar siendo magistrado”, advirtió Hernán Ordiales, representante del Poder Ejecutivo, acusador junto con el diputado Carlos Moreno (FpV). Le imputó siete cargos que confluyen en su “omisión deliberada” de “investigar y/o denunciar secuestros, torturas, violaciones, robos, golpes, que tuvo el privilegio de conocer en su calidad de fiscal federal y de juez federal subrogante, y de boca de las propias víctimas o de sus familiares más directos”. Al contrario, señaló Ordiales, contra ellos “demostró una llamativa diligencia” para acusarlos por “la (llamada) ley antisubversiva 20.840”. Su conducta, sostuvo, fue “funcional al aparato represivo” y se extendió después de su ascenso como camarista en 1993. Consideró que su carácter de prófugo es un agravante.

Los testigos dieron ejemplos palpables. Luz Faingold recordó su detención a los 17 años cuando militaba en el secundario y fue llevada al D2, una cárcel de adultos. De pelo negro lacio y ojos color miel, revivió ayer las torturas y agresiones sexuales que sufrió estando detenida “igual que todas las mujeres”, que nadie investigó. Contó el día que Romano –el fiscal que la acusaba de “delincuente subversiva”– apareció en su calabozo: “Abrió la puerta, miró y se fue. Yo estaba tirada en el piso, deshidratada. Pensé que venía a buscarme, a sacarme de ese lugar”. Romano y el ex juez Luis Miret –destituido el año pasado– negaron la restitución de Luz a sus padres, que la reclamaban.

Silvia Ontivero, de ojos chiquitos y corte carré, estuvo seis años detenida, en Mendoza y Devoto. Era delegada gremial de ATE. Recordó las golpizas y su ropa destruida por los ataques sexuales. “Le mostré al juez lo lastimada que estaba y me preguntó si me había caído”, relató. Romano era el fiscal. También lo era en el expediente que le armaron a Héctor Rosendo Chaves, abogado de presos políticos en los ’70. “Me indagaron tres años después de detenido; denuncié torturas y no se investigó nada. Es evidente la estrecha relación entre la Justicia y la represión”, dijo.

A Daniel Pina, médico, lo detuvieron por orden de Romano, acusándolo de integrar seis organizaciones. Al firmar una declaración con los ojos vendados escribió “Apelo”, alegando que era su apellido. En vano denunció torturas y el asesinato de otro preso, Luis Moriña. Otros detenidos, recordó, decían que Romano y Miret “presenciaban torturas”. Por la tarde testificó Alicia Saadi, que integraba la Comisión de Acuerdos del Senado cuando Romano fue nombrado camarista. Dijo que de haber habido impugnaciones –no hubo– ella no aprobaba el pliego.

Haydée Fernández conmovió a quienes la escuchaban. Bajita y rubiona, contó cómo pasó de defender presos políticos a caer presa por la “ley antisubversiva” el 16 marzo de 1976. Recordó “la picana eléctrica”, que dejaron de aplicarle “cuando se llenó de presos después del golpe”, y el laberinto judicial en el que Romano le decía a su hermana, que había presentado un hábeas corpus, que ignoraba dónde estaba. Detalló que quienes iban a ver a las presas llegaban bañados en whisky para no sentirles el olor y que una compañera fue torturada alrededor de la herida de una histerectomía que le acababan de practicar. “¿Qué más pruebas quieren de Romano? Toda la Justicia era cómplice, por eso nosotros no teníamos salida”, aseguró. “En la cárcel –le dijo a Página/12– soñábamos con que llegara este día, así resistíamos.”

Comienza hoy 14/11, el juicio político al magistrado argentino prófugo en Chile

2011-11-14T09:13:00.000+01:00

El suspendido camarista federal de Mendoza Roque Otilio Romano, prófugo en Chile, empezará a a ser juzgado por mal desempeño en su cargo, acusado de no investigar más de un centenar de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, que se conformó tras una acusación a Romano efectuada por el Consejo dela Magistraturanacional, se constituirá a las 9 para dar inicio a la audiencia de debate oral y público en la sala "Horacio Billoch Caride", ubicada en Libertad 731.

Los integrantes del Jurado recibirán las declaraciones de entre 45 y 50 testigos y los documentos admitidos como pruebas los días 15, 17, 18, 21, 22, 24 y 25 de noviembre, en tanto que luego será el turno de los alegatos y la sentencia.

El Jurado estará presidido por la jueza de Cámara María Alicia Noli, y compuesto por la magistrada María Susana Najurieta, los senadores nacionales Rolando Bermejo (Frente parala Victoria) y Emilio Rached (Frente Cívico por Santiago), los diputados Oscar Albrieu (Frente parala Victoria) y Ricardo Buryaile (UCR), y el abogado Fabián Sahade.

La acusación, en tanto, está integrada por Hernán Ordiales, representante del Poder Ejecutivo, y Carlos Moreno, en representación del Consejo dela Magistratura, mientras que las defensoras oficiales de Romano serán Estela León y Diana Yofre.

El proceso se prevé que finalice antes de fin de año y podría terminar con la carrera judicial del camarista si es destituido.

El juicio podrá realizarse aunque Romano continúe prófugo en Chile, donde recibió una visa de ocho meses y pidió asilo, porque la ley prevé para estos casos la acusación en ausencia.

Limpiar el Poder Judicial... con los archivos de la dictadura podría ser total

2011-11-11T09:22:00.000+01:00

La Federación Judicial Argentina pide la remoción del Juez Hooft por delitos de lesa humanidad La Mesa Directiva Nacional de la Federación Judicial Argentina (FJA) manifestó su “repudio” ante la “indeseable permanencia de jueces comprometidos con la dictadura militar” como el caso del Magistrado Pedro Hooft. Desde la entidad se exigió que la Legislatura bonaerense avance en su remoción a través del juicio político. En numerosas oportunidades, la Federación Judicial Argentina expresó su opinión en relación con la situación del sistema judicial en nuestro país, y puntualmente con la persistencia de jueces y funcionarios que fueron partícipes del Estado terrorista y cómplices del genocidio perpetrado durante la dictadura cívico-militar. En ese sentido, desde la FJA se indicó que “a pesar de que existen normas constitucionales y mecanismos institucionales para desplazar definitivamente a esos nefastos personajes, no se ha llegado a fondo en problema.

Es así como nos encontramos a veces con la ‘sorpresa’ de que camaristas u otros magistrados ‘huyen’ a otros países cuando se encuentran que están a punto de ser procesados en causas por violaciones a los derechos humanos, siendo que, sin embargo, podrían haber sido destituidos o removidos legítimamente mucho antes”. A renglón seguido, se detalló: “Ese fue el caso de Otilio Roque Romano. Y sería el de muchos otros si los juicios que están en marcha profundizan en la investigación de la manera en que la farsa de poder judicial que actuó en aquel período se encargó de encubrir los crímenes rechazando habeas corpus, denegando libertades, ocultando de todas las maneras posibles la acción del terrorismo de Estado”. “No se trata de un problema solo de justicia retroactiva o deber moral, lo que no sería poco decir. Se trata también de un problema que incide en nuestra vida judicial de modo cotidiano porque estos personajes siguen actuando muchas veces con la misma impunidad y autoritarismo que en los viejos tiempos.

Son parte de un poder judicial que aún hoy promueve la brutalidad policial, la degradación de las cárceles, la violación de los derechos humanos, la criminalización de la protesta y todas las injusticias imaginables. Tales son los casos, por ejemplo, de los jueces Julio Casanello (en Quilmes), Pedro Federico Hooft (en Mar del Plata), Néstor Montezanti (Bahía Blanca), entre otros. Es nuestro deber, remover a estos magistrados inmediatamente. Así habremos dado un paso más en dirección a una auténtica democracia”, destacaron desde la Mesa Directiva Nacional de la Federación Judicial Argentina.

Cabe recordar que hace pocos días, tal como adelantó 0223.com.ar, el fiscal federal subrogante de Mar del Plata, Claudio Kishimoto, le solicitó al juez Alfredo López que cite a declaración indagatoria a su par de primera instancia Pedro Federico Hooft por su supuesta participación en violaciones a los derechos humanos cometidas en esa ciudad balnearia durante la pasada dictadura militar. El pedido de Kishimoto contra Hooft refiere al secuestro y posterior desaparición de un grupo de abogados marplatenses, entre los que figuran Tomás Fresneda y su esposa, Mercedes Argañaraz; Norberto Centeno, redactor de la Ley de Contrato de Trabajo; Raúl Hugo Alais, Salvador Arestín y Jorge Candeloro y su esposa Marta García –una de las pocas sobrevivientes– en lo que se iba a conocer como La Noche de las Corbatas. El hecho ocurrió entre el 6 y el 8 de julio de 1977.

Se trata de la acusación central que utilizó el fiscal para imputarle a Hooft los delitos de “prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de promover la persecución y represión” de víctimas del terrorismo de Estado, así como la sustracción de medios de prueba, dada la desaparición de la mayoría de los expedientes que se tramitaron en su juzgado. Por esos hechos, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenó a la pena de prisión perpetua a Gregorio Rafael Molina, un ex suboficial de la Fuerza Aérea que integró la patota represiva y era uno de los encargados de la tortura. Por esos mismos hechos, en la actualidad, está siendo juzgada entre otros, parte de los integrantes de la plana mayor de la agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601 y de los policías que estuvieron a cargo de la ex Regional Cuarta de la Policía Bonaerense en esta ciudad. Además de la denuncia penal promovida contra el magistrado tanto por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, como por los organismos de derechos humanos marplatenses, se sumó un pedido de jury de enjuiciamiento que logró avanzar en la Justicia y que Hooft se encargó de entorpecer con presentaciones de todo tipo, que fueron rechazadas sucesivamente. En ese sentido, si bien la ley en la materia establece que una vez abierto el proceso el juez cuestionado debe quedar automáticamente suspendido, eso no ocurrió en este caso y aún está pendiente su fecha de debate

Otilio Romano, el que huyó a Chile, a juicio político

2011-11-11T08:59:00.000+01:00

El magistrado argentino Otilio Romano, quien huyó a Chile tras ser procesado por 103 casos de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura (1976-1983), será sometido a un juicio político con fines de destitución desde el próximo lunes, informaron hoy fuentes judiciales.

El proceso oral y público se realizará en Buenos Aires y será llevado adelante por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Argentina.

Romano, titular de la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Mendoza, será juzgado por presunto mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos, según la acusación del Consejo de la Magistratura de Argentina.

Las audiencias para presentación de pruebas y testimonios se celebrarán hasta el 25 de noviembre, en tanto que los alegatos de las partes se realizarán en fecha posteriores a fijar.

Romano fue suspendido en sus funciones el pasado 25 de agosto, pero una día antes viajó a Chile, donde solicitó asilo político y ya obtuvo una visa de residencia de ocho meses.

Tras conocerse su salida del país, el juez de Mendoza que lleva el proceso en su contra, Walter Bento, lo citó a declarar por su procesamiento como partícipe en casos de secuestros, torturas, desapariciones de personas y allanamientos ilegales cometidos cuando era fiscal de esa provincia vecina a Chile, pero Romano no se presentó.

Bento emitió entonces una orden de detención internacional contra Romano, pero supeditó su solicitud a que previamente sea destituido como magistrado.

Aportan nuevas pruebas por el caso “La Noche de los Lápices”

2011-11-09T22:46:00.001+01:00

La jornada de hoy del Juicio por la Verdad contó con la declaración de un hijo de desaparecidos y el aporte documental que brindó Marta Noemí Ungaro, hermana de una de las víctimas de la denominada “Noche de los Lápices”, el estudiante secundario Horacio Ungaro, quien fue secuestrado de su casa el 16 de septiembre de 1976 junto a Daniel Racero, en el marco de un operativo que tuvo como blanco a otros jóvenes que integraban la Unión de Estudiantes Secundarios.

Fuentes judiciales detallaron que el pedido de ampliación testimonial realizado por la propia testigo tuvo el objetivo de aportar documentación a la causa que investiga la desaparición de hermano. “Lo que traigo es un documento del Ministerio de Educación de la Nación del año ’76, cuando Pedro Bruera era el ministro”, dijo Ungaro, en alusión al “Operativo Claridad”, es decir, la operación ejecutada durante la última dictadura mediante la cual debía reunirse información para combatir los focos “subversivos”, a través de la vigilancia, la identificación, y el espionaje sobre personas del ámbito educativo y cultural.

“En el ‘Operativo Claridad’ están las pautas del plan que se extendió a todo el país, donde el terrorista era aquel que subvertía una idea”, sostuvo la testigo. Y agregó: “ahí está planificado un esquema de cómo controlar el pensamiento de los niños desde el jardín de infantes”.

La testigo aclaró que la documentación le había sido suministrada por Adelina Dematti de Alaye, Madre de Plaza de Mayo y fundadora de la APDH La Plata, a través del Archivo Histórico de la Provincia.

“Quisiera ver si se puede derivar una acción penal o civil al señor Bruera, de quien supe que fue rector del Colegio Nacional de Rosario hasta septiembre de 2011”, solicitó Ungaro, a lo que el juez Leopoldo Schiffrin contestó que correspondía a la jurisdicción de Capital Federal.

Además del documento sobre el “Operativo Claridad”, la testigo aportó un radiograma que informaba sobre detenciones con el sello de clasificados de Estados Unidos, y un petitorio firmado por más de doscientas personas que se habían juntado frente al Congreso Nacional en octubre de 1977 para reclamar por sus familiares detenidos-desaparecidos.

“El aporte es muy valioso y me ha hecho cambiar la visión acerca de la Noche de los Lápices, que durante los 80 fue un episodio muy minimizado”, concluyó Schiffrin.

La denominada “Noche de los Lápices” fue uno de los sucesos más representativos dentro de la represión impuesta por la última dictadura militar argentina, ya que las desapariciones se realizaron sobre estudiantes, en su mayoría, menores de edad, que peleaban por la implementación del hasta hoy llamado boleto secundario.

El caso tomó notoriedad pública en 1985, luego del testimonio de Pablo Díaz (uno de los sobrevivientes) en el Juicio a las Juntas. Él mismo participó de la creación del guión que llevó la historia al cine en 1986.

Cuatro de los estudiantes secuestrados sobrevivieron a las posteriores torturas y traslados impuestos por la dictadura.

El relato de un hijo

Gustavo Hernán Rojas, por su parte, declaró en el marco de la causa que investiga el secuestro de su padre Marcos Alberto Rojas, un operario de la empresa Techint que cumplía funciones en Propulsora Siderúrgica y que fue detenido la tarde del 24 de marzo de 1976 por un grupo de entre quince y veinte personas del Ejército que se presentó en su casa de Gonnet.

“Cuando mi papá fue detenido yo dormía la siesta y fui llevado con él, hasta que días después me devolvieron a mi abuela paterna”, contó Rojas. Según declaró, su padre permaneció desaparecido tres meses y pasó por la Sección Cannes de 1 y 44, y luego por la Comisaría Novena.

Tiempo después, a la que detuvieron fue a su madre Mirta Mabel Barragán, embarazada de seis meses, junto al testigo y a su compañero Edgardo Zampallo. Esta vez la familia pasó por la Comisaría Séptima de Capital Federal y Rojas, de apenas cuatro años por aquel entonces, recordó que uno de los comisarios se encariñó con él y lo tuvo dos meses, hasta que apareció su padre, quien lo retiró definitivamente de la dependencia. Respecto a su madre, continúa desaparecida y se presume que habría estado en los Centros Clandestinos de Detención conocidos como “El Atlético” y “El Banco”.

Juicio en San Juan

2011-11-09T08:44:00.000+01:00

Con pedido de captura

Por Ailín Bullentini

El Tribunal Oral Federal de San Juan ordenó la captura nacional e internacional de los siete represores imputados en el primer juicio que se desarrolla en la provincia por delitos de lesa humanidad. Los acusados permanecen prófugos. La Cámara Federal de Mendoza les había revocado la prisión preventiva y cuando fueron citados a declarar en otras causas, los imputados no se presentaron.

“El más complicado de todos es (el teniente retirado Carlos) Malatto, que está en Italia y cuya salida del país se le había prohibido. Se cree que (el suboficial retirado José) Del Torchio también salió del país, pero eso no hay nada confirmado”, explicó a este diario Roberto Scherbosky, abogado de una de las cuatro querellas que participan del juicio.

El tribunal leyó ayer la elevación a juicio de una de las dos causas que Scherbosky patrocina dentro del juicio –que combinó cuatro– y que incluye el secuestro y torturas al militante peronista Hugo Bustos; al gobernador sanjuanino José Luis Gioja y a su hermano, el legislador Cesar Gioja; y al juez de la Corte Suprema local Abel Soria Vega.

Los jueces Héctor Cortéz, Raúl Fourcade y Alejandro Piña solicitaron a las policías local, federal y aeroportuaria las capturas de Malotto, Del Torchio y de los otros militares retirados Eduardo Vic, Jorge Páez, Edgardo Cardozo y Gustavo De Marchi, así como al ex jefe de la Policía de San Juan Juan Carlos Coronel.

La Cámara Federal de Mendoza les había revocado la prisión preventiva en 2010. Malotto viajó a Italia haciendo uso de su pasaporte europeo, a pesar de que tenía prohibido –al igual que el resto del grupo– salir del país. El tribunal, además, exigió al Ministerio de Defensa que informe los lugares de cobro de sus pensiones.

La captura de los prófugos, pedida por la fiscalía y las querellas prácticamente en conjunto, no fue la única orden que impartió el tribunal sobre los 13 imputados –incluido quien fue jefe del tercer Cuerpo del Ejército entonces, Luciano Benjamín Menéndez– en el juicio en el que analizará sus responsabilidades por la desaparición de la modelo argentino-francesa Marie-Anne Erize; el secuestro y muerte del dirigente del Partido Comunista José Carabajal y las torturas y detenciones ilegales de otras 58 personas.

A raíz de una presentación de los fiscales, que pidieron la revocación del privilegio de prisión domiciliaria del que gozan Alejandro Lazo y Horacio Nieto, el tribunal aseguró que reexaminará el estado médico de los dos imputados. “Que el 50 por ciento de los imputados en este juicio estén prófugos es un indicio de que los otros pueden seguir el mismo camino”, reconoció a medios locales uno de los fiscales del proceso, Germán Bermejo.

Por último, los jueces ordenaron separar a los tres imputados que permanecen detenidos en el penal de Chimbas, los militares retirados Benito Martel, Daniel Gómez y Jorge Olivera –quien fue, en democracia, abogado de represores–, entre sí y del resto de los detenidos en ese recinto.

A Olivera, por último, le permitió mantener la computadora portátil que tiene en la celda, pero sin conexión con Internet.

En la audiencia de hoy, el tribunal leerá la elevación a juicio de la causa sobre los tormentos sufridos por la actual jueza y querellante Margarita Camus, y la muerte de Carabajal, quien “falleció por ahogo y le inventaron un ahorcamiento”, detalló Scherbosky, que también lo patrocina.

Quince represores detenidos por la causa del Primer Cuerpo de Ejército

2011-11-08T08:50:00.001+01:00

Detrás de Protobanco y Puente 12

“Por deshumanización de las víctimas”

En el marco de la investigación por la represión ilegal en el centro clandestino conocido como Protobanco, la Justicia dispuso la detención de ex comisarios de la Bonaerense. Se identificaron 120 víctimas, de las cuales 30 siguen desaparecidas.

Por Irina Hauser

En la zona que rodea el cruce del Camino de Cintura y la autopista Ricchieri había un conglomerado de centros clandestinos de detención que manejaba la Policía Bonaerense aún antes de la última dictadura. A uno de ellos, que funcionaba en 1974 con la Triple A, se lo conoce como Protobanco o Puente 12. Según una resolución del juez Daniel Rafecas, el salvajismo desplegado por sus responsables se evidenció en las “condiciones infrahumanas de existencia” a la que eran sometidas las personas allí detenidas y en la muerte de algunas de ellas en medio de sesiones de picana y golpizas. Por el secuestro y la aplicación de torturas a 120 víctimas, de las cuales unas 30 permanecen desaparecidas o fueron asesinadas, Rafecas ordenó la detención de 15 represores. Algunos ya estaban presos, pero varios aún estaban en libertad, igual que los que dispuso arrestar por crímenes cometidos en la Comisaría de Monte Grande.

Entre los nuevos detenidos figuran los ex comisarios de la bonaerense José Félix Madrid y Guillermo Horacio Ornstein y los suboficiales José Sánchez, Angel Salerno y Carlos Tarantino, alojados en el penal de Marcos Paz. El 5 de noviembre de 1975 desplegaron un operativo ilegal en Palermo donde mataron a María Teresa Barvich, de 22 años, molieron a golpes a una embarazada de siete meses, Noemí Moreno, y lo mismo hicieron con Norberto Rey hasta quebrarle las costillas y con Blanca Becher, hasta dejarla inconsciente, mientras que balearon a Washington Mogorodoy. Los cuatro fueron detenidos junto con Juan Carlos Mogorodoy y Griselda Lazarte y siguieron siendo torturados en la División Cuatrerismo de La Matanza, donde funcionaba Protobanco y aun alberga dependencias policiales. El jefe era el comisario Juan Modesto Carabajal, quien murió en 1977.

Protobanco –que luego sería El Banco– estaba enfrente de El Vesubio e integra la megainvestigación sobre todo lo ocurrido en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército. Empezó como una suerte de cueva ilegal de la policía donde operaba la banda de agentes de inteligencia liderada por Aníbal Gordon. De hecho, el pedido de detenciones abarca también a dos iconos de ese grupo: Eduardo Ruffo y Raúl Antonio Guglielminetti, ya condenados por los crímenes cometidos en Automotores Orletti. El juez Rafecas llama la atención en su resolución sobre la ferocidad con que actuaban en Protobanco los represores. Señala “condiciones infrahumanas de existencia constitutivas de tormentos, tales como la sujeción e inmovilización, la prohibición del habla, el tabicamiento, la privación de agua y alimento, la frecuente prohibición de ir al baño, la exposición a desnudez, la amenaza constante con ser torturados físicamente, interrogatorios y en casi todos los casos, la aplicación de picana eléctrica, submarino, o golpes; mecanismos que se encaminaban a obtener la despersonalización de las víctimas”.

Por lo menos tres detenidos murieron a causa de los tormentos, señala el juez. Uno de ellos, Jorge Marcelo Scelso, de 26 años, padre de dos niños, detenido el 6 de septiembre de 1976, falleció cinco días después de la tortura. Le habían perforado los pulmones, además de quebrarle las costillas. Murieron en circunstancias similares los hermanos Rubén Gerardo y Jorge Luis Salinas, alojados en Protobanco la primera semana de enero de 1977. Fueron sacados de allí durante algunas horas y al volver no pudieron sobreponerse. Fallecieron con una diferencia de media hora. Los guardias se llevaron los cuerpos.

El juez incluyó las historias de 20 víctimas que estuvieron recluidas en la comisaría de Monte Grande, donde entre 1976 y 1978 se usaron modalidades “equiparables al delito de torturas”. Por estos hechos fue detenido el ex comisario Guillermo Néstor Díaz, jefe de la seccional donde “las víctimas fueron sometidas a un régimen brutal de inanición, en absoluta oscuridad, abstraídos del conocimiento de sus familiares y sin poder mantener contacto con el exterior y con la amenaza de la tortura o de la desaparición”. También fueron responsabilizados los ex suboficiales de la Bonaerense Nildo Delgado, Daniel Mancuso, Alberto Faustino Bulacio y Jorge Gauna.

Por aquella comisaría pasaron tres funcionarios del gobierno bonaerense: Ramón Miralles, Pedro Goin y Alberto Liberman. En el mismo grupo estuvo Juan Ramón Nazar, director de La Opinión, de Trenque Lauquen. Otro grupo, conformado por Jorge Watts, Faustino Fernández, Darío Machado y Ricardo Wejchenberg, llegó allí después de haber estado en El Vesubio.

Piden indagatoria del juez Pedro Hooft por delitos de lesa humanidad

2011-11-03T08:14:00.000+01:00

El magistrado quedó acusado

Está señalado como partícipe en privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios durante la última dictadura, cuando se desempeñaba como juez en lo criminal y correccional de Mar del Plata.

Por Diego Martínez

El juez penal marplatense y presidente honorario de la Asociación Argentina de Bioética, Pedro Federico Hooft, podría ser citado en los próximos días a prestar declaración indagatoria por su participación en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. El fiscal federal subrogante Claudio Kishimoto formuló el pedido ante el juez federal Alfredo López para que lo indague sobre su participación en privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios contra una veintena de víctimas, incluidos los abogados laboralistas secuestrados durante la denominada Noche de las Corbatas, de julio de 1977, cuando Hooft se desempeñaba como juez en lo criminal y correccional de Mar del Plata.

El magistrado figura desde 1984 en el informe de la Conadep y acumula denuncias de organismos marplatenses y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación desde hace más de un lustro. Logró evitar rendir cuentas gracias a la parálisis del proceso en su contra por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires y a su invocación a la “inmunidad” de arresto que la Constitución provincial otorga a los jueces en funciones.

La excusa le permitió ganar tiempo, pero tuvo un último revés en julio, cuando la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó un fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata que, después de congelar el expediente durante años, rechazó el pedido de Hooft para que se archivara la causa. “Las inmunidades no son de carácter protector o tuitivo de las personas, sino que se hallan fundadas en razones de carácter institucional”, destacó el juez Guillermo Yacobucci. “Sería absurdo” que en una investigación por crímenes de lesa humanidad “la marcha de la averiguación quedara neutralizada hasta tanto no se pronuncie el jury”, agregó, argumento que compartieron sus colegas Luis García y Raúl Madueño.

La novedad es la acusación de Kishimoto, a cargo de la Fiscalía Federal 1 de Mar del Plata, que imputa a Hooft por su intervención en privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios cometidos por miembros de fuerzas armadas y de seguridad. La base de la imputación surge de la intervención del juez en el rechazo sistemático de hábeas corpus presentados por familiares de desaparecidos, inclusive en casos en los que el Ejército había admitido tener en su poder a las víctimas.

En total son veinte los casos reseñados en el dictamen del fiscal, incluido el de la Noche de las Corbatas, caso por el que ya fue condenado el suboficial naval Gregorio Molina y por el que en estos días son juzgados ex miembros de la plana mayor de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601 con base en el centro clandestino La Cueva. La fiscalía solicitó también la indagatoria de Hooft por los delitos de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de promover la persecución y represión de delincuentes y sustracción de medios de prueba, por la desaparición de la mayoría de los expedientes que se tramitaron en el juzgado a su cargo.

Misiones : Delitos de lesa humanidad: quieren unificar las causas Jefatura y RIM 30

2011-11-01T08:50:00.000+01:00

La Fiscalía del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Misiones solicitó que las causas donde se investigan delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la Jefatura de Policía y en el Regimiento de Infantería de Monte 30 de Apóstoles, sean ventilados en un único juicio oral y público. Fuentes judiciales dijeron que el pedido obedece a que muchas de las víctimas deben declarar en ambas causas y con esta unificación se intenta la revictimización. El planteo ya fue elevado a los camaristas que iban a juzgar a cinco integrantes de la Policía de Misiones que están acusados de la aplicación de tormentos al menos contra 42 personas y privaciones ilegítimas de la libertad.

Más allá de lo que resuelvan los camaristas Rubén David Quiñones, Alfredo García Wenk y Eduardo Ariel Belforte, está claro que el o los juicios orales recién se realizarán el próximo año pese a que la causa de la Jefatura de Policía debía realizarse en el transcurso de 2011.

La primera

La primera en llegar a debate fue el expediente 87/10, en el que están imputados el ex coronel del Ejército y jefe de la Policía de Misiones, Carlos Omar Herrero; el ex comisario Felipe Nicolás Giménez; y el ex médico de esa fuerza, Guillermo Roque Mendoza. Este último deberá responder por privaciones ilegítimas de la libertad agravada y de aplicación de tormentos agravados en tres hechos.
En un primer momento el expediente fue elevado a juicio con estos tres procesados, pero luego se sumaron el ex sargento Julio Argentino Amarilla y ahora su camarada Carlos Alberto Pombo. Los expedientes fueron unificados por el Tribunal para evitar el desgaste que implica realizar dos juicios más en casos que tienen relación.
En los juicios por delitos de lesa humanidad que ya se realizaron en Misiones, las víctimas sobrevivientes relataron que eran alojadas esposadas y encapuchadas en dependencias de la Jefatura de Policía antes de ser conducidos a otros centros clandestinos de detención. Y que en ese lugar eran picaneados por policías que contaban con la supervisión del médico Mendoza, quien revisaba a las víctimas y autorizaba o no la continuidad de la sesión de tortura, de acuerdo con el testimonio de las víctimas.

El “graduado de Honor”
El otro expediente que podría llegar a debate en forma simultánea con el de la Jefatura de Policía tiene como único imputado al general de brigada retirado Leopoldo Héctor Flores (80), un graduado de honor de la tristemente célebre Escuela de las Américas. El militar está considerado autor mediato de 21 hechos de tormentos y un homicidio calificado.

El por entonces teniente coronel Flores se desempeñó como jefe del Regimiento de Apóstoles entre octubre de 1975 hasta octubre de 1977, cuando fue reemplazado por su camarada Antonio José Deimundo Piñeiro. Para los investigadores está claro que las denominadas “operaciones militares sobre el terreno” estuvieron a cargo del Ejército y no de la Marina pese a que esa fuerza se había hecho cargo de la gobernación tras el golpe militar.

En base a la documentación reunida por la Justicia Federal, se estableció que Flores encabezó muchos de los operativos en distintos puntos de la provincia, siempre bajo control del Jefe del Distrito Militar Misiones, que actuaba como enlace con el comandante de la Brigada de Infantería VII, que tenía su asiento en Corrientes.

“A cargo del Regimiento de Monte 30 estuvieron todos los procedimientos de secuestro y detención de personas en el interior de la provincia, traslados y disposición de las mismas con control jerárquico correspondiente”, señaló el fiscal al momento de pedir la elevación a juicio del expediente.

Uno de los principales objetivos del Regimiento y del Ejército en Misiones fueron los miembros del Movimiento Agrario de Misiones, considerados verdaderos terroristas por las fuerzas armadas, que los vinculaban al grupo armado Montoneros.

Otro policía a juicio
El Juzgado Federal de Posadas remitió al Tribunal Oral en lo Criminal Federal el expediente en el que se halla procesado el ex suboficial de la Policía Carlos Alberto Pombo. El uniformado está acusado de haber cometido diez hechos de tortura.

En el departamento Informaciones de la Jefatura de Policía, sobre la calle Santiago del Estero funcionó durante la última dictadura militar un centro clandestino de detención donde los presos políticos eran sometidos a sesiones de tortura para obtener datos sobre el movimiento de supuestos subversivos en la Tierra Colorada.

Identidad de inocentes
La nieta recuperada Nº 78, Victoria Montenegro, estuvo en Misiones para participar del señalamiento de un centro clandestino de detención en los años de la última Dictadura Militar en lo que es la sede física de la Policía Federal. En ese lugar se colocó una placa recordatoria.

"A mí me costó muchísimo caer sobre mi situación. Yo me creía hija del matrimonio que me crió y gracias a las Abuelas de Plaza de Mayo que me buscaron y que pidieron el ADN sabiendo que yo no lo quería, pude recuperar mi identidad. Me costó. Más de ocho años". En la ocasión, familiares de las víctimas de la dictadura militar destacaron la posibilidad de "conocer la verdad a través de los juicios".

"A uno de mis hijos lo mataron y al otro lo detuvieron durante 8 años. El detenido estuvo acá (Policía Federal). Es muy importante esto porque quedará para el recuerdo de toda la sociedad y jóvenes", expresó una mujer que también participó del acto realizado en la repartición policíaca ubicada sobre la calle Ayacucho.

Harguindeguy, el represor, sin condena y en casa, a un juicio nuevo

2011-10-22T09:00:00.000+02:00

Albano Hargyuindeguy, señalado como responsable de 34 homicidios y más de 200 secuestros y torturas
Represor con nueva orden de detención

El arresto del ex ministro del Interior de la dictadura, quien cumple prisión domiciliaria por otra causa, lo dictó el juez Daniel Rafecas. Lo responsabilizó por los crímenes cometidos en los centros clandestinos Coordinación Federal y Garage Azopardo.

A los 84 años, aún sin condena, arrestado en un lujoso chalet en calle Eva Perón 1331 de Los Polvorines gracias a sus problemas de salud, el ex ministro del Interior de la dictadura Albano Eduardo Harguindeguy sumó ayer una nueva orden de detención, esta vez como máximo responsable político-militar de la Policía Federal. El juez federal Daniel Rafecas, que instruye la megacausa por delitos de lesa humanidad en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, responsabilizó al ex general de división por secuestros, torturas y homicidios en los centros clandestinos Coordinación Federal y Garage Azopardo. La resolución abarca también a los ex comisarios Juan Carlos Lapuyole y Carlos Enrique Gallone, ambos condenados a prisión perpetua por la Masacre de Fátima, y a los menos conocidos Antonio Doval y Eduardo Norberto Comesaña, quienes ya están presos en el penal de Marcos Paz.

Jefe de la Policía Federal designado en 1975 por la presidenta María Estela Martínez de Perón, Harguindeguy tuvo un rol central en la planificación del golpe y la toma del Estado y fue el ministro político durante cinco de los siete años de la dictadura. En 2003 admitió los secuestros, torturas y asesinatos de detenidos cometidos por las Fuerzas Armadas durante una entrevista con la periodista francesa Marie-Monique Robin. “Empezamos bajo un gobierno constitucional y seguimos en un gobierno de facto”, recordó. Contó que los militares argentinos aprendieron los métodos a partir de la experiencia francesa en Argelia e Indochina y consideró que las violaciones masivas a los derechos humanos constituyeron “un error político”. Su consecuencia fue que “ganamos la guerra pero perdimos la paz”, dijo.

El ex ministro de Videla & Massera tiene arresto domiciliario desde julio de 2004 por su actuación en el Plan Cóndor. La causa se elevó en 2007, pero el proceso oral aún no comenzó. También está en condiciones de ser juzgado en una causa de Entre Ríos conocida como Area Concordia, que se elevó en octubre de 2010 y todavía no tiene fecha de inicio. Tiene procesamientos confirmados en segunda instancia por las cámaras federales de Córdoba (causa Roselli), de San Martín, por el secuestro y la desaparición de Roberto Quieto en diciembre de 1975, y de Buenos Aires, por el secuestro extorsivo de los empresarios Gutheim en 1977, causa en la que fue indultado por el ex presidente Carlos Menem. En La Rioja fue indagado por el asesinato del obispo Enrique Angelelli.

El juez Rafecas responsabilizó a Harguindeguy en 34 homicidios y más de doscientos casos de secuestros y torturas en Coordinación Federal, cuyo centro de detención funcionó en el tercer piso de Moreno 1417, y Garage Azopardo, en el edificio de Chile y Huergo, donde hasta hace meses se tramitaban los pasaportes. El ex miembro del gabinete de la primera junta militar será indagado entre otros casos por la Masacre de Fátima, como pasó a la historia el homicidio de treinta cautivos de Coordinación Federal que fueron trasladados, fusilados y dinamitados en Pilar en agosto de 1976.

Por los delitos en Coordinación Federal, el juez también indagará al Francés Lapuyole –quien cumple condena en su casa–, a Gallone, Doval y Comesaña. Antonio Doval fue uno de los guardias de los secuestrados en los calabozos del tercer piso, donde utilizaba el alias de Gato. Comesaña era auxiliar de inteligencia y su nombre de cobertura para no ser identificado por sus víctimas era Esteban Cruces. De su legajo surge que fue ascendido por su actuación en un “procedimiento antisubversivo” en junio de 1977.

Harguindeguy y Comesaña serán indagados, entre otros crímenes, por la fabricación de un falso “operativo antisubversivo”, seis días antes del golpe de Estado, en el que fueron ametrallados dos hombres y dos mujeres previamente secuestrados. El montaje, que se publicitó en la prensa como un “enfrentamiento armado”, ocurrió en calle Labardén al 300 y las víctimas, masacradas con más de cien disparos de ametralladoras adentro de un auto, fueron Norberto Gómez, Elena Kalaidjian, Julio Enzo Panebianco y Ana Teresa del Valle Aguilar. El juez considera probado que los cuatro habían sido secuestrados en las semanas previas. Por testimonios de sobrevivientes de Garage Azopardo, pudo saber también que el médico Gómez fue obligado a atender a otros secuestrados luego de las sesiones de tortura, y que Kalaidjian, de 22 años y origen armenio, debió auxiliarlo en las curaciones precarias que hicieron en cautiverio. Panebianco había sido secuestrado junto con su pareja, María Fernández Martínez Suárez, sobrina de la octogenaria animadora Mirta Legrand. Por los cuatro asesinatos también será indagado Raúl Antonio Guglielminetti, ex agente del Batallón de Inteligencia 601, condenado el año pasado por su actuación en el circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo.

El centro clandestino del hospital Posadas

2011-10-20T09:43:00.000+02:00

Se inicia el juicio por la represión en el Hospital Posadas.

El dictador Reynaldo Bignone, el ex brigadier Hipólito Mariani y dos civiles serán juzgados por secuestros y torturas a veintidós víctimas, de las cuales seis siguen desaparecidas.

Reynaldo Benito Bignone, quien purga dos condenas por crímenes de lesa humanidad, afrontará a partir de hoy su cuarto juicio por delitos durante la última dictadura. El último dictador será juzgado por el Tribunal Oral Federal 2 por secuestros y torturas en el Hospital Posadas, en el partido de Morón, ejecutados contra 22 víctimas, de las cuales seis continúan desaparecidas. La audiencia oral y pública comenzará a las diez de la mañana. Al mediodía se realizará un acto frente a los tribunales de Retiro, organizado por la Mesa por el Juicio y Castigo a los genocidas-H.I.J.O.S., la Comisión de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia del Hospital Posadas, la Asociación de Profesionales del Hospital Posadas, Foetra y la Dirección de Derechos Humanos de Morón.

Junto al ex general Bignone, de 83 años, se sentarán en el banquillo los civiles Luis Muiña y Argentino Ríos, y el ex brigadier Hipólito Rafael Mariani, condenado a prisión perpetua como jefe del área militar en el que funcionó el centro clandestino Mansión Seré. La causa fue elevada a juicio en enero de 2009 por el juez federal Daniel Rafecas. Durante los 34 meses posteriores, que incluyeron dos postergaciones, quedaron fuera de juego el coronel Agatino Di Benedetto, ex interventor del hospital, quien fue declarado insano, y el ex personal civil de inteligencia Juan Máximo Copteleza, que falleció. También murieron imputados pero no juzgados Ricardo Antonio Nicastro, José Faraci, Oscar Raúl Tévez, José Meza, Carlos Domingo Ricci, Adolfo José Marcolini y Julio Ricardo Estévez.

El TOF-2 arrancará el juicio con nueva composición: a Pablo Bertuzzi se sumaron Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, que acaban de jurar en sus cargos. En principio fueron citados 53 testigos. Algunos declararán por videoconferencia desde sus países de residencia.

El Hospital Posadas fue intervenido tras el golpe de Estado por el general Bignone, que era delegado de la junta militar en el área de Bienestar Social, con la excusa de que funcionaban allí postas sanitarias de organizaciones armadas.

La represión comenzó el 28 de marzo de 1976, con la intervención a cargo de Di Benedetto, e incluyó secuestros de médicos, enfermeras, empleados y pacientes. El brigadier Mariani era jefe de la Brigada Aérea de El Palomar, de la que dependía el personal militar que actuó en el Posadas, en tanto Ríos y Muiña integraron un grupo de tareas denominado Swat, que operó a partir de julio en el centro clandestino El Chalet, en la misma casa donde vivía el director del hospital.

Hospital Militar de Paraná : pedido de prisión perpetua y cárcel común para todos los acusados

2011-10-18T14:29:00.000+02:00

El pedido de condena es por la condición de coautores de Guerrieri, Fariña, Amelong, Pagano y González y de partícipe necesario de Zaccaría, de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de los hijos de Raquel Negro y de desaparición forzada del bebé varón • Ahora presentan su alegato los fiscales

Los abogados de las partes querellantes pidieron este miércoles una condena de prisión perpetua de cumplimiento efectivo en cárcel común para todos los acusados en el juicio por la causa Hospital Militar, por los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de los hijos de Raquel Negro, la supresión de sus identidades y la desaparición forzada del mellizo varón, publicó UNO.

Se consideró partícipe necesario al médico militar Juan Antonio Zaccaría y coautores a Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Marino González y Walter Pagano. De la misma manera, solicitaron la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y tareas de seguridad privada; y que se revoque la prisión domiciliaria de la cual goza actualmente Guerrieri.

Subsidiariamente, para el caso que el Tribunal Oral Federal de Paraná no acepte la calificación del delito de desaparición forzada, se pidió una pena de prisión de 25 años e inhabilitación de cumplimiento efectivo.

Álvaro Baella, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, concluyó el extenso alegato de cuatro horas de las partes querellantes, calificando a los delitos de que fue víctima el bebé varón de Raquel Negro de “desaparición forzada” agravada por ser la victima una persona nacida durante la desaparición forzada de su madre, en concurso ideal con el delito de “supresión de estado civil de un menor de diez años”; todo esto en concurso real con la sustracción, retención y ocultación de un menor de diez años en concurso ideal con el delito de supresión de estado civil de un menor de diez años que tuvieron por víctima a Sabrina Gullino, la hija mujer de Negro.

Son querellantes en la causa la Secretaría de Derechos Humanos, representada por Lucas Ciarniello Ibañez; la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (Ana Oberlin y Álvaro Baella son sus abogados); Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (Hijos), representados por Florencia Amore y Álvaro Piérola, quien también representan a Sebastián Álvarez y Sabrina Gullino.

Al comienzo de los alegatos, Ana Oberlin, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, dijo: "Tenemos la certeza de que hemos llegado a probar de forma total y completa todos los elementos que habíamos puesto en nuestras acusaciones."

La letrada continuó: "El objetivo de la dictadura cívico militar era transformar totalmente la estructura económica y social del país, reprimir a los opositores políticos y disciplinar al resto de la sociedad, y esto sólo se podía lograr a través de la implantación del terrorismo de Estado, porque se necesitaban poseer todos los resortes del gobierno para poder garantizar la impunidad".

"Esos objetivos tenían algunos contornos difusos, por ejemplo qué hacer con los niños nacidos en cautiverio o de muy pequeña edad que eran secuestrados con sus padres. Esto surgió de forma casi inmediata y fue absorbido como parte de los objetivos a desarrollar en este plan criminal", sostuvo.

Oberlín detalló que durante la dictadura se organizaban los partos de las mujeres secuestradas embarazadas "de dos formas generales: una era organizar en los centros clandestinos de detención verdaderas maternidades clandestinas, donde se llevaba a parir a las mujeres que estaban en ese y otros CCD. La otra era usar infraestructura que ya existía y tenían a mano, que son los Hospitales Militares, como en el caso abordado en este juicio".

Agregó que durante el debate quedó claro que Raquel Negro “no fue la única mujer que fue traída a parir ilegalmente aquí”.

"Esa práctica represiva –destacó la abogada– tenía tres objetivos centrales: el primero era que los menores no crecieran con sus familias biológicas, como se hiciera en España durante el franquismo con los hijos de los republicanos. En Argentina algunos niños fueron apropiados, otros asesinados y otros dejados en orfanatos y entregados de buena fe a familias que los criaron, como el caso de Sabrina Gullino. El segundo objetivo de este plan sistemático fue efectuar un castigo adicional a las familias de los desaparecidos. Cuesta mucho imaginar efectos más perversos y más actuales que este; se reactualiza cotidianamente el dolor de esa búsqueda que no termina”, aseguró Oberlin.

El tercero de los objetivos era que consistía en una forma más de disciplinamiento para la sociedad. “No creo que exista un terror asimilable a pensar que te pueden llegar a robar a tus hijos, eso sin duda era paralizante para el resto de la sociedad”, aseveró.

Luego la abogada de HIJOS, Florencia Amore, hizo un desmenuzamiento de los pruebas que acreditan los delitos investigados: sobre todo los testimonios de Eduardo Costanzo, Jaime Dri, los periodistas Miguel Bonasso, Carlos del Frade y Reinaldo Sietecase, las enfermeras del Hospital Militar y del Instituto Privado de Pediatrpia, la declaración del imputado Juan Antonio Zaccaría y de los médicos de ambos centros asistenciales, entre otros.

Amore y los representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Lucas Ciarnello, y de Abuelas, Álvaro Baella, detallaron cada una de las pruebas que incriminan a Guerrieri, Amelong, Fariña, Pagano, González y Zaccaría.

• Alegato de la fiscalía

La fiscal Marina Herbel manifestó que los delitos ocurrieron dentro de un plan sistemático clandestino estructurado desde el poder, bajo la jurisdicción del segundo cuerpo de Ejército y en el Hospital Militar de Paraná que dependía de aquel. El “eje” del operativo fue el Destacamento de Inteligencia 121, que ejecutó la sustracción de los menores y la sustitución de sus identidades, delitos de lesa humanidad que ocurrieron en el marco del terrorismo de Estado, aseguró la fiscal.

Herbel expuso los fundamentos de su acusación citando las pruebas testimoniales en coincidencia con lo manifestado previamente por la querella y repasando cómo se produjeron los hechos desde el traslado de Raquel Negro a Paraná y su internación en el nosocomio, hasta el nacimiento de los mellizos y su posterior derivación al IPP.

Además hizo una “exhortación a la gente de esta ciudad” que tenga algún conocimiento del paradero del mellizo varón, a que lo acerque al Ministerio Público Fiscal o al Juzgado federal de primera instancia de Paraná.

Luego el fiscal José Ignacio Candioti adelantó que mantendrían la postura sustentada en el requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía, es decir que consideran que las figuras aplicables son las establecidas en los artículos 139 inciso 2 del Código Penal en concurso real con la establecida en el 146 del CP, es decir la “supresión de estado civil” y la “sustracción de menores”.

Asimismo dijo que mantenían la postura de considerar autores mediatos a Guerrieri, Fariña, Amelong y González, pero entendieron que en el curso del debate quedó acreditado que la responsabilidad de Pagano y Zaccaría debe ser encuadrada dentro de la participación necesaria.

Se espera que la semana que viene se conozca la sentencia por los delitos de lesa humanidad por los que son juzgados los militares de Inteligencia Amelong, Pascual Oscar Guerrieri, Marino Héctor González y Jorge Alberto Fariña; el agente civil de Inteligencia Walter Salvador Dionisio Pagano y el médico militar Juan Antonio Zaccaría.

La detenida desaparecida Raquel Negro dio a luz a mellizos en el Hospital Militar en 1978. Ambos fueron sustraídos y su identidad sustituída. Uno de ellos, Sabrina Gullino, recuperó su identidad en 2008, mientras que su hermano varón continúa siendo buscado.

El juicio por los crímenes cometidos en el Hospital Posadas

2011-10-17T08:24:00.000+02:00

El juicio por los crímenes en El Chalet

Por violaciones a los derechos humanos en perjuicio de 21 víctimas están acusados cuatro represores que actuaron en la fuerza parapolicial que funcionó en el Posadas.

Cuatro represores que integraron una fuerza parapolicial creada por la dictadura específicamente para operar en el Hospital Posadas serán juzgados a partir de esta semana por delitos de lesa humanidad cometidos contra 21 víctimas en El Chalet, un centro clandestino de detención que funcionó en el predio de ese centro asistencial del oeste del conurbano bonaerense. Se trata de los únicos represores relacionados con la causa que están vivos. Un quinto quedó fuera de la lista tras ser declarado insano. “El juicio siempre sirve, pero la realidad es que empezamos a recorrer este camino con muchas expectativas de justicia que han quedado en el camino”, remarcó Zulema Chester, querellante en el juicio que a partir del jueves llevará a cabo el Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires. Su padre, Jacobo Chester, fue secuestrado en 1976 y torturado en El Chalet. Su cuerpo fue encontrado flotando en el Río de la Plata y la familia recibió el certificado de defunción, pero nunca los restos. El caso es uno de los dos a los que la fiscalía intentará sumar el delito de desaparición, aplicado por otras seis víctimas.

Son más de 50 los testigos citados a declarar en el juicio y el debate durará alrededor de dos meses, bajo la vista de un tribunal renovado en su composición y debutante en juicios de derechos humanos, conformado por Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini junto a Pablo Bertuzzi.

Tras dos postergaciones, el juicio que intentará reconstruir lo ocurrido en el Hospital Posadas desde su intervención, instrumentada cuatro días después del último golpe militar por el represor Reynaldo Bignone, comenzará finalmente el jueves próximo. Desde el 28 de marzo de 1976, una patota parapolicial autobautizada “Swat” tomó el control del hospital y transformó la casa construida en el predio para que el director de la institución la utilizara como vivienda en el centro clandestino conocido como El Chalet. Allí permanecieron secuestrados, fueron torturados y desaparecidos médicos, enfermeras y vecinos de la zona.

Según se reconstruyó en la causa, el hospital fue intervenido por Bignone en un operativo militar con tanques y helicópteros apenas se concretó el golpe de Estado. Los represores acusaban a los profesionales de atender a miembros de “grupos subversivos” y ser “base ideológica” de la guerrilla, entre otras cosas. Muchos de los empleados fueron trasladados a cárceles, tras ser torturados en diferentes centros de detención clandestina. En una segunda etapa se formó el grupo Swat con ex empleados de seguridad del mismo centro y policías exonerados. Entonces comenzaron las desapariciones.

“El inicio de un juicio siempre es bienvenido, pero el hecho de que la mayoría de los represores que deberían ser juzgados están muertos deja un gusto amargo. Nosotros lo recibimos a la espera de que alguna vez haya claridad y justicia”, aseguró Chester. Bignone, Luis Muiña y Argentino Ríos, acusados de integrar el Swat, e Hipólito Mariani son los imputados. El resto de los integrantes de la fuerza parapolicial, así como su jefe máximo, el segundo interventor del Posadas, el coronel médico Julio Esteves, fallecieron sin condena. El primer interventor, Abatino Di Benedetto, fue declarado insano. “Empezamos la búsqueda de justicia no bien la patota de Swat se fue de mi casa. Los reconocimos en ese mismo momento; sabíamos que el secuestro de mi viejo tenía que ver con el hospital. Sabíamos quiénes eran y los buscábamos con vida”, se lamentó la mujer.

En total se juzgará lo ocurrido a 21 víctimas, seis de ellas desaparecidas. En los casos de Jorge Roitman y Jacobo Chester, secretario administrativo de la guardia del hospital secuestrado el 27 de noviembre de 1976, si bien fueron asesinados, sus cuerpos nunca fueron hallados y no hay acusación por el homicidio y la desaparición. Los fiscales Javier De Luca y Guillermo Silva intentarán recolectar evidencia para probar que esas dos personas fueron asesinadas y permanecen desaparecidas, para agregar esos delitos a la acusación final.

2011-10-07T10:35:00.002+02:00

Mendoza: prisión perpetua a 4 represores, "en el contexto del delito internacional de genocidio"

2011-10-06T21:56:00.000+02:00

Cuatro de ellos condenados a prisión perpetua, otro a doce años y un absuelto.

El Tribunal Federal 1 fue el escenario para que cientos de personas se apostaran en el lugar para escuchar la sentencia final a los represores de la dictadura militar en nuestro país en 1976.

Hoy, 6 de octubre de 2011, en Mendoza se vivió un día que para muchos nunca iba a llegar: la sentencia a los represores acusados de cometer crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar vivida en Argentina en 1976. El ambiente no era de alegría pero si de mucha conmoción.

Pasadas las 11, los jueces Antonio González Macias, Héctor Cortés y Alejandro Piña se hicieron presentes para leer el esperado veredicto final a los seis imputados. Mientras que en la vereda de los Tribunales se vivía un ambiente protagonizado por más de 250 personas, en el interior solamente había butacas para 80 personas. Sin embargo, el lugar se copó e ingresaron más de 120 personas.

En el banco de los acusados se sentaron tres de los seis ex policías y militares: Celustiano Lucero Lorca, Eduardo Smaha Borzuk y Paulino Furió. Por pantalla, a través de tele conferencia se pudo observar a Dardo Migno desde Rosario y Juan Agustín Oyarzábal con prisión domiciliaria en Rivadavia.

A penas ingresaron los represores, los familiares con fotografías de sus desparecidos en las manos, las alzaron con un silencio conmovedor. Algunos llantos, y miradas hacia los genocidas impactaron sin mediar ninguna palabra hasta que comenzaron a escuchar el juicio final.

Después de un año del comienzo; el comisario general retirado Oyarzábal, el comisario retirado Smaha, el policía Lucero y Rodríguez Vázquez recibieron la pena máxima: prisión perpetua y el ex teniente Migno recibió 12 años de prisión. Tres de ellos tenían prisión domiciliaria pero serán trasladados a San Felipe para cumplir con sus respectivas condenas.

Mendoza : El D2 será declarado una "organización criminal"

2011-10-06T09:39:00.000+02:00

por Ramón Ábalo

La bronca acumulada en este casi año en que dieron comienzo los juicios (más los 35 de espera) por lesa humanidad contra los genocidas del 76, no se va a atemperar este jueves cuando se conozca el veredicto del Tribunal Oral No. 1, de esta ciudad de Mendoza. Entre medio es posible la satisfacción por esta primera puntada de la justicia federal.

En las últimas jornadas, la semana pasada, el Ministerio Público y los abogados de la querella, se introdujeron en hitos de la historia de un pasado reciente y mundial para afirmar los argumentos jurídicos en que se basarán las penas que pedirán para los que están en el banquillo de los acusados en este primer tramo que solamente alcanza a una decena de entre unas doscientas en que se sintetiza el accionar macabro del terrorismo de Estado en Mendoza.

Trajeron a colación a los genocidios nazis, aquel de la Segunda Guerra Mundial y los de la ex-Yugoeslavia, a las organizaciones criminales como las SS. Los cabecillas y líderes, en una serie de juicios llevados a cabo entre 1945 y 1946, fueron acusados y juzgados como criminales de guerra por un Tribunal Militar Internacional, en Nuremberg. Acusados por: 1) Crímenes contra la paz (planear, instigar y librar guerras de agresión, violando pactos y normas internacionales) - 2) Crímenes contra la humanidad (exterminio, deportaciones y genocidio) - 3) Crímenes de guerra (violación de las normas de guerra) - y 4) Haber planeado y conspirado para cometer los actos criminales señalados. Hubo condenas menores y absoluciones, pero principalmente hubo condenas a cadena perpetua y muerte por ahorcamiento, el 16 de octubre de 1946.

lgunos países y mucha gente consideraron que los juicios no habían sido justos. Negaban la validez jurídica de aquel Tribunal. Se aducía que los vencidos no podían ser jueces justos de los vencidos. Medio siglo después, nadie discute ya la oportunidad de aquellos juicios.

Toda coincidencia que quisiéramos encontrar con los juicios actuales en nuestro país son valederas y más como apoyaturas históricas y jurídicas para condenar con penas máximas a los genocidas argentinos. Y no será necesario el transcurso de los años para legitimar esto que es una reivindicación universal de los derechos humanos. Por ello, la Argentina es un ejemplo en el mundo entero. En este primer grupo son juzgados siete genocidas por delitos contra 24 víctimas, entre ellos el poeta y militante Paco Urondo. Los imputados eran doce, pero tres de ellos murieron en el transcurso de los juicios, y dos fueron apartados por motivos de salud. Los que recibirán penas son Agustín Oyarzábal, Eduardo Smaha Borzuk, Luis A. Rodríguez, S. Lucero, Dardo Miño y Paulino Furió. Han muerto J.Pablo Sáa y Orlando Dopazo. Fueron apartados de las causas Tamer Yapur y Ramón Lépori, En el transcurso de las jornadas ante el Tribunal, los numerosos testigos, la mayoría víctimas, lograron reconocer a algunos de sus victimarios, los que han sido imputados y a juzgar posteriormente.

El D2 será declarado una "organización criminal"

Cuando escuchábamos los testimonios de, por ejemplo, Rosa Gómez, Luz Faingold, Fernando Rule, Pablo Seydel, Rubén Bravo (fallecido recientemente), Silvia Ontiveros, Lucy Allegrini, Eugenio París, Angel Bustelo,víctimas que coincidieron en afirmar los padecimientos sufridos en las mazmorras del D-2, o sea el organismo de inteligencia de la Policía mendocina, nos sentíamos igualmente heridos, lastimados, destrozados y torturados espiritual y anímicamente. Y mucha bronca y odio. Son centenares los torturados, maltratados, asesinados, violadas/dos, secuestrados y desaparecidos en ese ámbito. De las investigaciones que realizamos y transcribimos en la primera edición de nuestro libro El Terrorismo de Estado en Mendoza, en 1907, afirmábamos, de acuerdo con los organismos de derechos humanos; respecto al caso de Miguel Angel Gil: "...había sido detenido el 22 de febrero de 1976...En el expediente que obra en el Juzgado Federal No. 1, del Dr. Roberto Burad ...surge la participación evidente de seis personas que intervinieron en sesiones de interrogatorios y torturas en el D-2 de la policía. Los seis a quienes se les imputa intervención evidente en la muerte de Gil son el comisario Pedro Sánchez Camargo, el comisario Agustín Oryazábal, el subcomisario Luis Eduardo Smaha Borzuk y otro policía de apellido Funes...En cada expediente de los casi 200 desaparecidos, los casi 1.200 presos, las decenas de asesinatos, tienen un listado similar de culpables.Decenas y decenas de culpables del genecidio... Entre 1974/75 y 1983, ocuparon en diversos periodos la jefatura de la Policía de Mendoa, titulares e interinos, fueron responsables de gran parte de la represión. Eran los que mandaban y tuvieron la máxima conducción y las decisiones contra las víctimas. De ninguna manera podrían invocar desconocimiento y menos inocencia. Esta es la lista: Vicecomodo Julio César Santuccione, subjefe Ramón A. Arrieta Cortez, jefe UR II José Martínez Blasco, subjefe Jorge N. Calderón, vicecomodoro Alcides París Francisca, subjefe Raúl A. Ruiz Soppe, vicecoodro Mario A. Laporta, subjefe Nicolás R. Spinelli, subjefe Calixto Cuesta García, Cnel. Alberto R. Olivera, subjefe Augusto S. Grecco, y comisario general José Naman García. Este fue nombrado jefe de Policía (1983) por el gobernador Felipe Llaver. Por la presión y denuncia de los organismos de derechos humanos, debió renunciar, meses después del 10 de diciembre de 1983. Había sido director de la Cárcel durante la dictadura y denunciado por ex-presos políticos en que la había convertido en un campo de concentración y torturas".

De ser declarado el D-2 organización criminal, sería el segundo, ya que el primero lo ha sido la Esma. Primeros puestos de un ranking de la barbarie "procesista".

Al genocida Duret lo esperan en el penal de Marcos Paz

2011-10-06T09:14:00.000+02:00

El coronel condenado por el secuestro y desaparción de CARLOS LABOLITA fue entregado por la policía de Chile
Duret, con vacante en el penal de Marcos Paz

Un día antes de que la Cámara de Casación revocara su absolución, el militar condenado a 15 años de prisión se fue a Chile. Anteayer lo expulsaron y la policía chilena lo entregó ayer por la tarde a la Gendarmería en el Cristo Rendentor.

La Policía de Investigaciones de Chile detuvo ayer al mediodía en la casa de un abogado amigo al coronel retirado Alejandro Duret, condenado a quince años de prisión en la Argentina por el secuestro, tortura y desaparición de Carlos Alberto Labolita, compañero de la facultad de Néstor Kirchner. A las cinco de la tarde, el represor fue trasladado al cruce fronterizo del Cristo Redentor donde fue entregado a la Gendarmería. Pasó la noche en la Unidad 32 de los tribunales mendocinos. El juez federal Carlos Rozanski pidió un lugar en el pabellón de lesa humanidad de Marcos Paz, donde será alojado para cumplir la pena. El coronel había cruzado la cordillera por Mendoza un día antes de que la Cámara de Casación revocara su absolución.

No hubo necesidad de tramitar un pedido de extradición. El intendente de la VII Región de Chile, Rodrigo Galilea, firmó la orden de expulsión de Duret anteayer. Página/12 publicó el sábado pasado que el coronel había cruzado a Chile y curiosamente no había regresado con su ex compañero del arma de Artillería, el coronel Héctor Osvaldo Miranda. En medios diplomáticos estimaban que el gobierno de Sebastián Piñera optó por resolver rápido el tema y lo diferenciaron de la situación del ex camarista mendocino Otilio Romano, quien también huyó a Chile: “Romano está apenas suspendido por el Consejo de la Magistratura. Duret, en cambio, está condenado por delitos de lesa humanidad”.

Los registros de Migración indicaron que Duret viajó en un Peugeot 206, patente EVC743 junto con Miranda y su esposa, Ana María Groppa, quienes regresaron a Mendoza en un par de horas. Miranda es socio de otro artillero, Francisco Casares, en la empresa de seguridad Kustos. Casares es el director del Instituto Superior de Seguridad Pública de la Policía de San Luis. El entramado de vinculaciones que alimentaron las sospechas sobre cómo se enteró Duret de su inminente detención se completa con que Casares es el cuñado del ex jefe de Inteligencia del Ejército, Osvaldo Montero, pasado a retiro por la ex ministra de Defensa Nilda Garré, acusado de operar en su contra.

El fiscal Daniel Adler advirtió que Duret se había ido del país y pidió de inmediato su detención. Una cuestión burocrática retrasó la ejecución del pedido. En el Tribunal que debía firmar la orden sólo estaba Rozanski ya que los otros dos integrantes del tribunal, Nelson Jarazzo y Alejandro Esmoris, tuvieron un accidente y pidieron licencia. Ante el pedido urgente de reemplazantes realizado por Rozanski, Casación designó dos jueces subrogantes. Finalmente ayer el propio Rozanski y Lidia Soto emitieron la orden lo cual le permitió a la Gendarmería recibir de manos de la policía chilena al represor expulsado.

Duret ya había viajado a Chile a mediados de septiembre. Su hijo Alejandro es instructor de esquí en Portillo y esta vez pasó a visitarlo antes de recalar en la casa de su abogado amigo, donde fue detenido.
El horror

Labolita era un militante de la Juventud Peronista que estudiaba en La Universidad Nacional de La Plata. Compartió la pensión con Néstor Kirchner y más de un grupo de estudio con Cristina Fernández. La redada militar-policial que dejaba el tendal de víctimas entre la militancia apenas instaurada la dictadura convenció a Labolita y su compañera, Gladis, de volver a su pueblo, Las Flores. Los estaban siguiendo: a él lo detuvieron primero legalmente y lo convirtieron en secuestrado apenas lo trasladaron a Azul, regimiento donde actuaba el por entonces joven oficial Duret. La madre de Labolita y la propia Gladis, sobreviviente de aquel horror, identificaron a Duret como uno de los militares que actuaron en el operativo de secuestro. En el libro La Presidenta, de Sandra Russo, Gladis recordó que cuando la secuestraron a ella lo llevaron a él para que lo viera masacrado por la tortura.

En un fallo sin precedentes, los jueces Jarazzo y Esmoris desestimaron el testimonio de la madre de Labolita y absolvieron a Duret. Lo definieron como un oficial de bajo rango pese a que integraba el Estado Mayor del Regimiento y prescindieron de los testimonios de los policías que entregaron a la víctima en Azul, por considerarlos potenciales imputados.

En el tribunal todavía recuerdan que en la primera hilera de la sala de audiencias la esposa de Duret departía con la esposa del juez Jarazzo. Mientras uno de los abogados del represor Eduardo Sinforiano San Emetero, ex chofer del general Otto Paladino y ex agente de la SIDE durante la dictadura, se regodeaba con la resolución del tribunal.

Ese fallo de agosto de 2009, apenas semanas después de que el kirchnerismo perdiera las elecciones legislativas, fue apelado. “Los señores jueces han realizado un denodado esfuerzo analítico por destruir una por una las pruebas en contra del acusado”, escribieron los fiscales Daniel Adler y Horacio Azzolín. “Si del conjunto de estas pruebas no puede deducirse una activa participación de Duret en los crímenes, sólo cabe esperar que un escribano certifique las acciones delictivas al momento de ser cometidas”, ironizaron.

El lunes pasado, Casación, en una decisión histórica, revocó la absolución del represor. Fiscales y abogados de organismos de derechos humanos destacaron la decisión de la Sala IV de Casación. Los jueces Mariano González Palazzo, Gustavo Hornos y Augusto Díaz Ojeda no sólo revirtieron la absolución, también impusieron pena, asumieron “competencia positiva” en la jerga jurídica. Lo que no hicieron los miembros del máximo tribunal penal del país fue tomar alguna medida para evitar la fuga del militar, que estuvo con prisión preventiva hasta que los jueces Jaranzo y Esmoris lo dejaron en libertad.

Condenado ahora a 15 años de prisión, Duret pasó la noche en la Unidad 32 de los Tribunales Federales de Mendoza. La Gendarmería custodiará su traslado hasta el penal de Marcos Paz. Seguramente allí, en el pabellón de lesa humanidad, el coronel de 59 años encontrará un auditorio fiel para desarrollar la tesis que lo obsesionó durante su alegato en el juicio: sentenció que nada de lo que pasó en los ’70 hubiera pasado si Marx no hubiera escrito El Capital, y se quejó porque lo estaban condenando con el Código Penal del enemigo.

Ex coronel condenado, también se esconde en Chile

2011-10-01T08:58:00.001+02:00

El ex coronel Duret, condenado a 15 años, también estaría escondido en Chile
La moda de esconderse tras la Cordillera

Como pasó hace un mes con el suspendido Otilio Romano, esta vez fue Duret quien salió del país justo antes de que Casación lo condenara por considerarlo responsable del crimen de Carlos Labollita, en 1976.

Por Diego Martínez

Atravesar la cordillera para esperar en Chile decisiones cruciales sobre sus futuros parece ser una nueva costumbre de los imputados por crímenes de lesa humanidad. La inauguró un mes atrás el ex camarista mendocino Otilio Roque Romano, que al día siguiente fue suspendido por el Consejo de la Magistratura. El domingo siguió sus pasos el coronel retirado Alejandro Duret, condenado un día después a quince años de prisión por la Cámara Nacional de Casación Penal. Igual que el cuyano, el militar responsable de secuestrar, torturar y desaparecer a Carlos Labollita en 1976 era técnicamente inocente y no tenía prohibición para salir del país. Hasta anoche ni siquiera tenía orden de captura, pedido que formuló el jueves el fiscal federal Daniel Adler y sobre el que debe pronunciarse el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. La pregunta obligada es si el viaje de Duret es pura coincidencia, si el oficial de Inteligencia del Ejército Argentino seguirá el ejemplo de Romano para buscar refugio e impunidad en los pagos de Sebastián Piñera, o si ya cruzó también el Pacífico y pronto sumará su nombre al de otros cuarenta represores prófugos.

Fiscales y abogados de organismos de derechos humanos coincidieron en destacar el valor de la decisión de la Sala IV de Casación. Los jueces Mariano González Palazzo, Gustavo Hornos y Augusto Díaz Ojeda no sólo revirtieron la absolución, también impusieron pena, asumieron “competencia positiva” en la jerga jurídica. Lo que no hicieron los miembros del máximo tribunal penal del país fue tomar alguna medida para evitar la fuga del militar, que estuvo con prisión preventiva hasta que los jueces Nelson Jaranzo y Alejandro Smoris lo dejaron en libertad.

Duret fue absuelto a mediados de 2009, cinco días después de la derrota electoral de kirchnerismo. El 9 de agosto último se realizó la audiencia pública en la que fiscales y abogados pidieron su condena en nombre de los familiares de la víctima, y militares retirados y allegados hicieron acto de presencia junto con Cecilia Pando. Comenzó entonces la cuenta regresiva para que Casación se pronunciara. Según el Código Procesal Penal, la Sala IV debió convocar a Duret en persona para conocerlo antes de fallar. La audiencia, sobre la cual el Ministerio Público Fiscal nunca fue notificado, se habría realizado a principios de mes.

El lunes, Casación firmó la condena y ordenó notificar al Tribunal Oral marplatense. El miércoles la noticia trascendió extraoficialmente. El jueves al mediodía, el fiscal ante Casación, Raúl Plee, les solicitó a los jueces que ordenaran la prohibición de salir del país para Duret. Cuando los representantes del Ministerio Público apuntaron el nombre del condenado en los registros de Migraciones (también son accesibles a los jueces) se encontraron con la novedad del viaje a Chile. Por la noche, el fiscal Adler pidió la captura nacional e internacional, sobre la que debe pronunciarse ahora el TOF de Mar del Plata, acotado esta vez a Carlos Rozanski dado que Esmoris y Jarazo están de licencia y se reponen de un accidente automovilístico ocurrido el martes.

Duret cruzó la frontera por Mendoza, como Romano, pero no en avión sino en auto. Según los registros de Migraciones, viajó en un Peugeot 206, patente EVC743, junto con un militar y su esposa. Se trata de Héctor Osvaldo Miranda, que en 2003 ascendió a teniente coronel, y su esposa Ana María Groppa, ambos radicados en el barrio de oficiales del Grupo de Artillería de Montaña 8 de Mendoza. Miranda tiene 56 años, edad con la que podría permanecer en actividad en el Ejército, aunque según bases de datos empresariales está abocado a tareas privadas en un rubro sensible a los uniformados: preside la agencia de seguridad Kustos. Migraciones también registró el retorno del matrimonio, apenas dos horas después, pero entonces a solas, sin Duret, que ya se había hecho una escapada al país trasandino el 17 de septiembre.

Funcionarios chilenos afirmaron durante el último mes que Chile respeta los derechos humanos. Tanto sus normas internas como el derecho internacional establecen que el status de refugiado no incluye a acusados (menos aún condenados) por delitos de lesa humanidad. Los trámites previstos para quien solicita el refugio, sin embargo, le permiten a Romano ganar tiempo y burlar la cárcel. En los próximos días se sabrá si el del camarista es un caso aislado o si Duret decidió acompañarlo.

Advierten sobre "injustificadas demoras" en los juicios a los represores de la última dictadura

2011-09-28T09:05:00.001+02:00

Los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura sufren “injustificadas demoras” que constituyen un “impedimento para que concluyan en un tiempo razonable”, evaluó la Comisión Interpoderes para agilización de esos procesos.

La comisión, que integran representantes del máximo nivel de los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo, citó en concreto a los juicios orales por las causas Feced, en Rosario, y ESMA, como un ejemplo de esas dilaciones.

El organismo exhortó por ello a los jueces a cargo de esos procesos a “imprimirle la mayor celeridad posible” de modo de no desvirtuar “lo que los tres Poderes del Estado Nacional han considerado como política de Estado”.

La “exhortación” a los jueces que llevan estas causas fue emitida al fin de la última reunión plenaria de la Comisión para la Agilización de las causas por delitos de lesa humanidad (Comisión Interpoderes).

Del encuentro participaron los responsables de la unidad fiscal para seguimiento de estas causas en la Procuración General de la Nación, Jorge Auat y Pablo Parenti; el secretario general de la Corte Suprema, Alfredo Kraut; la presidente de la Cámara de Casación Penal, Ángela Ledesma, y su secretario general, Javier Carbajo; el titular del Consejo de la Magistratura, Mario Fera y su secretario de DDHH, Pablo Vassel, y el juez federal Daniel Rafecas.

“Con sustento en la Acordada n° 42/08 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta Comisión Interpoderes considera necesario exhortar a los jueces intervinientes en causas por delitos de lesa humanidad a impulsar con la mayor celeridad posible el trámite de dichos juicios”, sostuvo el documento.

La comisión consideró “imprescindible” que los magistrados agilicen las investigaciones en curso y el inicio de los juicios orales y públicos que aún no tienen fecha de debate, “procurando incluir en ellos la mayor cantidad de casos posibles, a los efectos de evitar su atomización, el desgaste de las partes”, en especial los testigos.

Además de denunciar la “excesiva prolongación y retraso” de las horas de debate en algunas causas, la Comisión exhortó a los jueces de los tribunales orales que comparten salas de audiencias a optimizar su uso.

El juicio oral contra 17 represores de la ESMA se inició a fines de noviembre del 2009 y el Tribunal Oral Federal 5 de esta capital, que integran los jueces Ricardo Farías, Daniel Obligado y Oscar Hergot, proyecta emitir sentencia a mediados de octubre próximo.

El juicio por los crímenes en el Servicio de Informaciones de la policía de Rosario, conocida como causa Feced, comenzó a ventilarse en julio del 2010 ante el Tribunal Oral Federal 2 de esa ciudad, que integran los camaristas Beatriz Caballero de Barabani, Omar Digerónimo y Jorge Venegas Echagüe.

En ambos casos se trata de verdaderas “megacausas” por la cantidad de imputados y víctimas, y los presentes juicios son apenas los primeros tramos en ser juzgados.

Mendoza se moviliza para exigir la extradición de Romano

2011-09-23T07:41:00.000+02:00

La Comisión de Estudiantes y Egresados por los Derechos Humanos y la Ética (CEDHE) de la UNCuyo, una delegación deportiva de la UBA y otras comitivas de universidades públicas del país marcharon junto a las Madres de Plaza de Mayo de Mendoza, en su ronda habitual de los jueves, para reclamar a Chile la "inmediata extradición" del fugitivo juez Otilio Romano, acusado de participar como autor y cómplice en crímenes de lesa humanidad.

Los estudiantes informaron que la intención fue demostrar el compromiso de los alumnos de las universidades públicas de todo el país con el "actual procesamiento y sometimiento a la justicia de los cómplices civiles de la última dictadura militar". "Vamos a reivindicar con alegría la lucha y la coherencia de las Madres, vamos a abrazarlas y a darles nuestro apoyo", afirmaron estudiantes de la delegación de la UBA, durante la ronda que hicieron por la Plaza San Martín, en la ciudad de Mendoza, donde habitualmente se realiza la marcha de los jueves.

"Hoy en nuestro país, después de décadas de impunidad, tenemos la satisfacción de asistir al enjuiciamiento de los genocidas y se abre el capítulo necesario del procesamiento a los cómplices civiles", como es el caso de Romano, quien "se fugó para asegurar su impunidad", señalaron. En consecuencia, los estudiantes apoyarán "el reclamo para que se lo extradite y enfrente a la justicia argentina", agregaron.

Durante la movilización, pidieron "al gobierno chileno que rechace el infundado y cobarde pedido de asilo solicitado por el juez camarista Romano" porque "no es un perseguido político". En ese sentido, recordaron que Romano "se encuentra procesado por la Justicia argentina por su participación como autor y cómplice en crímenes de lesa humanidad". Por ese motivo, agregaron, "está sometido también al mecanismo constitucional y democrático que prevé la Ley ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para evaluar su desempeño como juez".

Juez cómplice de la dictadura deja de cobrar jubilación extraordinaria... ¿y los demás?

2011-09-23T07:29:00.000+02:00

LA COMPLICIDAD NO OTORGA BENEFICIOS
Miret perdió la jubilación extraordinaria

La Cámara de la Seguridad Social revocó por "improcedente" la medida cautelar dictada por el Juzgado Federal 2 que ordenaba pagar el retiro extraordinadio al excamarista federal de Mendoza, Luis Miret, destituído por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

La decisión fue tomada por la sala I del Tribunal, integrado por Lilia Maffei de Borghi, Bernabé Chirinos y Victoria Pérez Tognola, en contra de la resolución pronunciada por el conjuez mendocino Gustavo Campo a favor de Miret. El otorgamiento de la jubilación había sido apelado por el Consejo de la Magistratura, que sostuvo que a Miret "no le asiste derecho a la percepción del beneficio de pasividad concedido por Anses en razón de haber quedado alcanzado en la causal prevista en el art 29° de la ley 24018", que establece que los jueces destituidos no cobran el haber extraordinario.

El organismo judicial recordó que la remoción del ex camarista acusado de "complicidad manifiesta con los represores y mal desempeño" se realizó en marzo pasada mediante un jury de enjuiciamiento dado que el Poder Ejecutivo no le aceptó la renuncia presentada en octubre del 2010.

Al fundamentar su negativa de otorgarle la jubilación, la Cámara de la Seguridad Social explicó que "las medidas cautelares son básicamente instrumentales y subsidiarias, dado que su finalidad consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia definitiva" y por ello es "improcedente" el "establecer medidas precautorias que coincidan con el objeto de la pretensión de fondo".

Juicio en mendoza : siete represores acusados de delitos sexuales

2011-09-22T08:24:00.000+02:00

En el juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en Mendoza, siete de los doce militares y policías procesados por torturas y desapariciones durante la dictadura fueron señalados también como responsables de haber cometido delitos sexuales sobre al menos seis víctimas.

Con anterioridad, esa acusación había sido desestimada por “falta de mérito”. Ayer, abogados querellantes y el fiscal Omar Palermo pidieron a la Cámara Federal incluir este tipo de delitos en el juicio que la próxima semana avanzará al dictado de sentencias: “Solicitamos a las autoridades de la Cámara Federal que sean procesados como autores mediatos de ataques sexuales Osvaldo Fernández, Eduardo Smaha, Agustín Oyarzábal (ex jefes policiales del D-2) y Luciano Benjamín Menéndez (ex militar que ordenó las torturas)”, detalló Pablo Salinas, vocero del grupo de abogados querellantes.

Seguir juicio en http://juiciosmendoza.blogspot.com/

Brasil concedió la extradición de Norberto Tozzo por la matanza de Margarita Belén

2011-09-21T09:05:00.000+02:00

Desde Brasil, se autorizó la extradición del militar retirado Norberto Raúl Tozzo, imputado por su participación en el fusilamiento de una veintena de presos políticos en 1976 en la denominada Masacre de Margarita Belén. La medida complementa la decisión del Tribunal Supremo Federal (TSF) de Brasil, que en mayo accedió a la solicitud de la Justicia argentina. Tozzo llegaría el país en no más de treinta días. El exhorto con el decreto firmado por Rousseff llegó ayer al Juzgado Federal de Resistencia, según informaron fuentes judiciales al diario on line Chaco Día por Día. Ahora la Justicia argentina está habilitada para repatriar al represor, en un operativo que deberán coordinar las oficinas de Interpol y las cancillerías de ambos países junto con el Juzgado Federal chaqueño. Según las normativas previstas en el acuerdo de extradición firmado por Brasil y la Argentina, el plazo máximo para que el acusado llegue al país es de treinta días.

El TSF de Brasil decidió por mayoría la extradición, aunque fijó varias condiciones favorables al militar. La primera es que, en caso de ser encontrado culpable, Tozzo no reciba una condena superior a treinta años de cárcel, pena máxima prevista en la legislación brasileña. La segunda es que sólo podrá ser juzgado por las privaciones ilegales de la libertad de los cuatro fusilados que no fueron identificados. Sobre los otros 18, si bien según la legislación argentina el represor debería ser juzgado por sus homicidios, el máximo tribunal de Brasil consideró que ese delito está prescripto.

Tozzo había sido detenido en junio de 2003 pero se benefició días después con la excarcelación que le concedió la Cámara Federal de Resistencia. Entonces se fue del país, hasta que en septiembre de 2008 fue detenido en un hotel de Río de Janeiro y apresado en la prisión federal de máxima seguridad de Ary Franco. Tozzo rendirá cuentas en el segundo juicio por la Masacre de Margarita Belén. En el primero, que concluyó en mayo, ocho militares fueron condenados a prisión perpetua y fue absuelto un policía

Bahía Blanca: ¡¡Novena requisitoria de elevación a juicio contra 14 represores!!

2011-09-20T08:53:00.000+02:00

La Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos formuló la novena requisitoria de elevación a juicio contra 14 personas, entre ellos integrantes del Ejército, Policía Federal y de Río Negro, en el marco de hechos ocurridos en el Comando en V Cuerpo del Ejército durante la última dictadura militar en Bahía Blanca.

El Fiscal Federal ad hoc Abel Córdoba solicitó una nueva requisitoria de elevación a juicio en el marco de la causa por violaciones a los derechos humanos.

Fuentes judiciales informaron que "en dicha elevación fue ampliada la acusación al teniente coronel retirado Osvaldo Bernardino Paéz y se formuló también respecto de los oficiales retirados del Ejército Argentino Alejandro Lawless".

También el fiscal Córdoba solicitó la medida para los suboficiales retirados del Ejército Argentino Víctor Raúl Aguirre de la especialidad Inteligencia, Raúl Artemio Domínguez, Desiderio Andrés Gonzalez, Gabriel Cañicul y Arsenio Lavayén quienes se desempeñaban como guardias del centro clandestino La Escuelita.

La requisitoria, que comprende crímenes de lesa humanidad, abarcó además al suboficial retirado de la Policía Federal Argentina Osvaldo Vicente Floridia y al oficial retirado de la policía de la provincia de Río Negro Antonio Alberto Camarelli.

Ex Juez Romano: Le suspenden salarios por fugitivo y no por los crímenes de lesa humanidad

2011-09-16T08:59:00.000+02:00

Sin sueldo mientras sea fugitivo

La decisión de cancelarle los haberes, que según los consejeros rondan los 40 mil pesos, fue unánime. Se tomó en respuesta a la huida del suspendido camarista a Chile para eludir los procesos que se le siguen por su participación en crímenes de lesa humanidad.

Por Irina Hauser

El suspendido camarista Otilio Romano, apoltronado en una playa chilena para evitar ser juzgado en Argentina por violaciones a los derechos humanos, no podrá cobrar su sueldo mientras siga fugitivo y pidiendo refugio al país vecino. Así lo resolvió ayer por unanimidad el Consejo de la Magistratura, que el 25 de agosto último había ordenado la apertura del juicio político en su contra. El organismo fundamentó que la “conducta” de Romano de sustraerse al juicio penal donde se le imputan 103 casos de crímenes de lesa humanidad y eludir el proceso de remoción es “incompatible con el mantenimiento de las prerrogativas” de “un juez federal”. El razonamiento de los consejeros es que el Estado no debe financiarle su estadía como prófugo en ninguna parte. También votaron que su huida debería ser un agravante en el proceso de destitución.

Según calculan en el Consejo de la Magistratura, los haberes de Romano deben rondar los 40 mil pesos. Hasta ayer se supone que podía retirarlos desde el exterior con su tarjeta de débito o crédito, pero el cuerpo de consejeros resolvió que ya no se los depositará. La decisión fue tomada en un plenario al que faltaron el camarista antikirchnerista Ricardo Recondo –quien está en el exterior– y el diputado de la UCR Oscar Aguad. El senador Mario Cimadevilla y el abogado mendocino Daniel Ostropolsky, ambos radicales, plantearon dudas sobre si correspondía quitarle el sueldo teniendo en cuenta que no fue destituido. Se acordó que mientras siga sin presentarse ante la Justicia y el jury de enjuiciamiento no cobra. Si vuelve y lo hace, hay marcha atrás.

Después de lograr dilatar durante un año y medio la apertura del juicio político en su contra Romano fue suspendido el 25 de agosto último. Se va a Chile un día antes. Ante el gobierno de Sebastián Piñera pidió asilo político y le dieron ocho meses de visa mientras evalúan su petición. El Consejo recuerda en su resolución de ayer que la acusación aprobada contra el camarista se basó en “gravísimas imputaciones” relacionadas con su actuación como fiscal y juez subrogante en complicidad con el terrorismo de Estado, ya desde la época de la Triple A. Señala, además, que el cuerpo tuvo en cuenta que estaba procesado por “su participación en numerosos delitos de lesa humanidad” como secuestros, desapariciones, robo de bienes y allanamientos ilegales, por los que además “existe un requerimiento de elevación a juicio oral”.

Todo indicaría que, de acuerdo a la legislación y las convenciones a las que adhirió Chile, no hay razones para que cobije a Romano. El camarista suspendido estuvo anteayer ante la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado. Todo indicaría que alega ser un “perseguido político”. En un próximo paso tendrá una entrevista de “elegibilidad”.

Todo esto se podría transformar en un juicio de extradición si la Justicia argentina pidiera la captura y detención de Romano, y el Gobierno solicitara que lo devuelvan para juzgarlo. El fiscal Omar Palermo, que ha llevado adelante la investigación penal en su contra ya le pidió al juez del caso, Walter Bento, la captura internacional. Hasta ayer Bento no había tomado decisión alguna. No está descartado que tome alguna resolución intermedia, como una exigencia de que comparezca en su tribunal. Una de sus principales dudas pasaría por si Romano tiene o no inmunidad de arresto, teniendo en cuenta que aún no fue destituido y conserva el cargo de juez. Según Palermo ya no tiene protección de los fueros. Entiende que los fueros son a la función, que el camarista suspendido abandonó para evitar comparecer ante la Justicia. En ese caso, la inmunidad de arresto, según el fiscal, sería garantía de impunidad.

El Consejo evaluó ayer que “la intención del magistrado acusado de sustraerse al proceso judicial en trámite tanto ante la Justicia federal de Mendoza, cuanto el proceso de remoción iniciado ante el jurado de enjuiciamiento (...) denotan el apartamiento de los deberes mínimos indispensables para hacerse acreedor de la contraprestación correspondiente al estatus judicial”. El consejero Hernán Ordiales –representante del Poder Ejecutivo– e impulsor del dictamen que llevó a Romano al jury, tradujo: “Un juez que se fuga no tiene derecho a cobrar su sueldo porque le estaríamos financiando la contumacia de prófugo”. El cuerpo de consejeros, además, resolvió pedirle al jurado de enjuiciamiento que incorpore como un cargo más el hecho de que Romano se haya escapado para evitar ser juzgado.

El jurado de enjuiciamiento, que tiene plazo formal hasta mitad de febrero para resolver si remueve a Romano, se hizo eco de lo que algunos de sus miembros consideraron una situación de suma gravedad y se reunió el lunes último para analizar las posibilidades de acelerar el proceso. Según los cálculos, para respetar todos los plazos procesales empezarían en noviembre. Se podrá hacer en ausencia del acusado, pero tendrá que estar siempre su defensor oficial, Fabiana León, designada porque Romano no presentó abogados propios. En el ínterin, habrá que ver qué hace el gobierno chileno y, si hay pedido de extradición, sus jueces.

5 años sin LÓPEZ : Basta de silencio y encubrimiento oficial

2011-09-10T16:43:00.000+02:00

El ex juez prófugo por delitos de lesa humanidad, ¡¡pidió refugio político en Chile!!

2011-09-09T16:27:00.000+02:00

Otilio Romano : Cuando pa’ Chile me voy es que fugándome estoy

Cuando era inminente su suspensión como juez y su pérdida de fueros, Otilio Romano se fugó a Chile. Interpol informó a la Justicia argentina que allí obtuvo una visa por ocho meses y pidió estatus de refugiado.
Por Diego Martínez

Durante un año y medio dilató con éxito el proceso de destitución en el Consejo de la Magistratura. Ante la inminente suspensión y la pérdida de los fueros que le permitían burlar la cárcel, se tomó un avión de LAN rumbo a Chile. Ayer, mientras la noticia del camarista fugitivo circulaba en los medios trasandinos, Interpol le informó a la Justicia argentina que Otilio Romano, flamante ex juez con procesamiento firme como partícipe en delitos de lesa humanidad durante la dictadura, se encuentra “con visa temporaria por ocho meses y solicitando refugio a las autoridades” chilenas. El próximo paso corresponde ahora al juez mendocino Walter Bento, en condiciones de pedir su captura internacional con fines de extradición. La última palabra la tendrá la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) de Chile, integrada por funcionarios del gobierno de Sebastián Piñera. El Consejo de la Magistratura, que suspendió a Romano y ordenó un jury de enjuiciamiento por su actuación en el terrorismo de Estado, se reunirá “de urgencia” el próximo jueves para considerar la suspensión del pago de haberes ante “la intención evidente de abstraerse del proceso judicial en trámite así como del proceso de remoción”.

La noticia sobre el pedido de refugio de Romano despertó ayer suspicacias respecto del uso político que el gobierno de Piñera pueda hacer del caso, sobre todo a partir del asilo que la Conare argentina le otorgó el año pasado al ex guerrillero chileno Sergio Galvarino Apablaza, ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, a quien Chile pretende juzgar por un asesinato y un secuestro en 1991. El gobierno chileno, patrocinado por un estudio de abogados argentinos, se presentó días atrás ante la Justicia en lo contencioso administrativo para intentar revertir la decisión de la Conare. Fuentes judiciales explicaron a Página/12 que “la presentación es técnicamente un disparate, porque el asilo es una decisión política que se funda en la oportunidad, el mérito y la conveniencia de quien tiene la facultad para ejercerla”, aunque no descartaron que Piñera utilice el caso “para devolver gentilezas”.

Salvo que Chile decidiera expulsar a Romano, decisión poco probable dado que no ingresó al país ilegalmente, el proceso para que el imputado retorne a la Argentina podría demorar semanas e incluso meses. Si bien no se conoce el escrito que el ex juez presentó para pedir refugio, abogados con experiencia en trámites de extradición consultados por este diario dieron por descontado que se presentó como “un perseguido político”, en línea con la carta pública que difundió desde el diario Los Andes en octubre de 2010, cuando vinculó el avance de la investigación sobre su pasado con el fallo de la Cámara Federal que convalidó la suspensión de todos los artículos de la ley de servicios audiovisuales. Esa hipótesis fue desbaratada de inmediato por los organismos de derechos humanos de Mendoza, cuando recordaron que ya en enero de 2010 habían denunciado penalmente y habían pedido la destitución de Romano y de su entonces colega Luis Francisco Miret por su “compromiso ideológico” y su participación en “la persecución sistemática de la población civil emprendida por el régimen militar”.

Romano se convirtió en fugitivo para la Justicia el miércoles a las 13, cuando venció el plazo de 48 horas que el juez Bento le había fijado para demostrar que continuaba “sujeto a proceso”. Ayer por la mañana, antes de que el juez alcanzara a pedirle autorización al Consejo para dictar la orden de captura, la oficina de Interpol en Buenos Aires le informó que Romano “se encuentra en la República de Chile, con visa temporaria por ocho meses y solicitando refugio a las autoridades del citado país”.

Bento le informó la novedad al Consejo de la Magistratura, que el viernes 25 lo había suspendido y había designado a dos consejeros para que prepararan la acusación ante el jury de enjuiciamiento. La suspensión implica que el magistrado no puede concurrir a su trabajo ni firmar resoluciones, pero sí mantener su salario, su obra social y el tratamiento especial que se dispensa a Sus Señorías. Ante la novedad, el presidente del organismo, Mario Fera, convocó al resto de los consejeros para el jueves a las 10 con el fin de tratar “la propuesta de suspensión del pago de haberes al doctor Otilio Irineo Roque Romano”. Fera recordó que ayer venció “el plazo otorgado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados al juez Romano para su presentación”, y al no presentarse le dio traslado al defensor oficial. “Deberían destituirlo de una vez, ahora no sólo por su participación en crímenes de lesa humanidad, sino por sustraerse a la Justicia, una conducta inadmisible en un magistrado”, opinó el abogado Pablo Salinas, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Cuyo.

Al margen de lo que decida el Consejo de la Magistratura, los próximos pasos están ahora en manos del juez Bento. Una vez que el magistrado pida la captura internacional, Cancillería deberá comenzar a tramitar la extradición. La Conare chilena deberá analizar entonces los argumentos de Romano y las pruebas provenientes de la Argentina, donde ya estaba en condiciones de afrontar su primer juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad. El organismo del que dependerá la suerte del ex hombre fuerte de la Justicia cuyana está integrado por funcionarios de los ministerios del Interior, de Justicia, de Desarrollo Social y por el canciller de Chile. La principal diferencia con la Argentina y la mayor parte de los países de la región es que no cuenta con representantes del Acnur, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados