Comienza el juicio por delitos de lesa humanidad en el hospital Posadas

Detenidos/desaparecidos durante la represión ilegal en el Hospital Posadas:
Ignacio Jesús Luna Sanchez - Estudiante Técnico de Hemoterapia - Detenido desaparecido 25-07-1976Josefina Pedemonte - Empleada de Guardería - Desaparecida 10-08-1976María Teresa de Cuello - Técnica de Esterilización - Desaparecida 26-11-1976Jacobo Chester - Empleado Estadística - Desaparecido y asesinado 27-11-1976María Ángela Cairo - Enfermera Emergencia - Desaparecida 27-11-1976Osvaldo Fraga - Enfermero Emergencia - Desaparecido 1 - 12 - 1976Jorge Roitman - Médico - Desaparecido 2-12-1976Julio Quiroga - Empleado de Imprenta - Desaparecido 5-01-1977Eduardo Carla Salas - Médico - Desaparecido 14-01-1977Daniel Eduardo Calleja - Médico Psiquiatra - Desaparecido 22-03-1977María Esther Goulecdzian - Psicóloga - Desaparecida 1-08-1977


Los crímenes cometidos en El Chalet

El proceso reconstruirá los casos de 21 víctimas, seis desaparecidas. Son acusados Bignone y los dos únicos sobrevivientes de una patota parapolicial.
Por Alejandra Dandan

La mayor parte de los responsables de la cadena de mandos de los crímenes cometidos en el Hospital Posadas murió sin condena. Es el caso del coronel médico Julio Esteves o de Juan Máximo Coptelesa, hombre de Inteligencia y de la patota parapolicial, emblemático por su sadismo, que murió en julio pasado. La lista suma además al primer interventor del hospital, el coronel Abatino di Benedetto, que está eximido por insania. En esas condiciones, de todos modos, comenzará el primer tramo del juicio oral por los delitos de lesa humanidad perpetrados en el Posadas durante la dictadura. Un juicio que para los familiares y sobrevivientes es histórico, porque esperan reconstruir su funcionamiento y el del centro clandestino. El juicio volverá a sentar en el banco de los acusados al dictador Reynaldo Bignone. “Nos hubiese encantado y teníamos todo para que se los juzgara antes”, dice a Página/12 Zulema Chester, hija de Jacobo Chester, una de las víctimas. “A diferencia de otros procesos, tuvimos establecida la cadena de represión desde el ’84, pero esta estafa de la Justicia que tantas veces retrasó el juicio hizo que muchos de ellos murieran sin condenas.”

Quizá ésa sea una de las características del juicio que, después de ser postergado una vez, tiene fecha de inicio el 21 de septiembre: como la patota actuó a cara descubierta desde el hospital, la mayoría de los autores directos de los crímenes pudo ser identificada. Con Bignone, serán juzgados Hipólito Rafael Mariani, Luis Muiña y Argentino Ríos, los únicos dos sobrevivientes de la patota parapolicial que se organizó bajo el nombre de Swat, integrada por unas diez personas, la mayor parte policías exonerados de la fuerza. El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal 2, integrado hasta ahora por Jorge Alberto Tassara, María Garrigos de Rébori y Pablo Bertuzzi. Hay previstos unos 70 testigos en un debate que se calcula durará tres meses.

El Posadas, que estuvo bajo jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército y en junio de 1976 quedó en la órbita de la Fuerza Aérea, cobijó un centro clandestino. El Chalet funcionó en la antigua casa del director del hospital. La causa judicial articula responsabilidades no sólo del Ejército y la Fuerza Aérea, también de la Marina. En el juicio se reconstruirán los casos de 21 víctimas, seis de las cuales permanecen desaparecidas. Las imputaciones incluyen privación ilegal de la libertad y tormentos, pero no hay imputaciones por homicidios. Los fiscales –Javier de Luca y Guillermo Silva– tendrán el desafío de poder probar al menos dos de ellos: el caso del padre de Zulema, Jacobo Chester, y el de Jorge Roitman, pese a la ausencia de cuerpos.
Los casos

La historia represiva del Posadas está dividida en dos. La primera etapa comenzó el 28 de marzo de 1976 con la intervención de Di Benedetto, más tarde trasladado a la dirección del Hospital Militar de Campo de Mayo. La segunda etapa comenzó con Esteves, fue la más cruda de la represión y se profundizó en noviembre de 1976, cuando se supone que empezó a funcionar El Chalet como centro clandestino.

En el primer momento no hubo desaparecidos. Los detenidos eran trabajadores del hospital que pasaron por Coordinación Federal y entraron en el proceso de blanqueo en las cárceles de Olmos y Devoto. Ese período también tuvo dos momentos. El primero abarca los días 28 y 29 de marzo cuando Bignone interviene el Posadas como delegado de la Junta del Ministerio de Bienestar Social, un cargo que la Marina asume días después. Dentro del segundo momento, el período más oscuro se abrió cuando Esteves empieza a reclutar a la patota para organizar grupos armados que acelera las persecuciones en noviembre. “Esteves organiza la custodia con un grupo armado para defender el hospital de posibles actos subversivos”, dice Zulema. “Secuestran a ocho trabajadores en el hospital y a otros tres que detuvieron en sus casas o en otras instituciones.” La selección de mano de obra la hizo Esteves desde el hospital, dice en este caso Silva. “Reincorpora despedidos y suma a Argentino Ríos, que hasta ese momento trabajaba en seguridad desde la portería.” El grupo Swat existió hasta enero del 1977, cuando dejó de actuar aparentemente por un enfrentamiento con la Fuerza Aérea. Los integrantes quedaron detenidos en la Base Aérea de El Palomar. Esteves los rescata y luego renuncia. Según los testimonios que se escucharán durante el juicio, actuaron en coordinación con la Fuerza Aérea e integraron las patotas que secuestraron a las víctimas.

Jacobo Chester era técnico en estadísticas y secretario administrativo de la Guardia del Posadas cada fin de semana. Lo secuestraron el 27 de noviembre de 1976. No tenía militancia orgánica, pero a partir del golpe de Estado se sumó a quienes empezaron a organizarse. “No estaban agremiados –dice Zulema–, pero se dieron una organización espontánea para acercarse a las casas de las familias, intentaban armar alguna colecta para llevarles dinero. Todos reconocimos que en los secuestros participó gente que trabajaba en el hospital.” Esa comisión hacía reclamos, denunció malos tratos del grupo parapolicial a pacientes y profesionales. Hubo cruces y enfrentamientos directos entre algunas de las víctimas y miembros de la patota, lo que habilita ahora la hipótesis de que muchas de esas desapariciones corrieron por cuenta de Esteves y su grupo, que con cierta autonomía buscaban venganza.

Jacobo al parecer estuvo secuestrado en El Chalet. Su cuerpo apareció flotando en el Río de la Plata el 2 de diciembre, cinco días después del secuestro. La familia no lo supo hasta 1977, cuando recibió un certificado de defunción. Primero como NN y luego una autopsia ordenada por el ex juez de la dictadura Lucio Somoza estableció su identidad. “Certificó que el cuerpo era de mi papá, pero nunca nos dieron el cuerpo. Nos dieron el número de una tumba en Chacarita donde había varios cuerpos, una especie de fosa común, pero nunca nos permitieron abrirla ni recuperarlo. Cuando en democracia fuimos a rescatar algo al osario común, no había ya dónde hacerlo.”

La misma noche de la caída de Jacobo, cayó otra empleada del hospital y luego se produjeron las otras desapariciones hasta enero. Como el cuerpo de Jacobo no apareció, la causa llegó sin la imputación por su homicidio. La fiscalía recurrirá ahora a los certificados y a la autopsia y a los testigos para poder incorporarla. Lo mismo sucederá en el caso de Roitman, de cuyo asesinato dan cuenta otros testigos.

Un disparate de fallo: ex represor debe recorrer centros de dictadura para evitar juicio en Argentina

La justicia argentina suspendió un proceso contra un ex marino acusado de falso testimonio, a cambio de que visite sitios donde funcionaron centros clandestinos de detención durante la última dictadura.
El juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenó la pena con el objetivo de que el acusado "tome conocimiento" y para "contribuir a una posible reflexión sobre la crueldad e ilegalidad de la actuación de las fuerzas armadas en aquella época", indicó en el fallo.

El ex suboficial de la Armada (marina de guerra) Angel Valoy había sido encausado sin prisión preventiva en diciembre pasado tras declarar como testigo en el juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino conocido como 'El Vesubio', en la periferia sudoeste.

En aquella ocasión, interrogado sobre la desaparición de su sobrina y su esposo y el hijo de ambos, Valoy dijo que había "versiones de que andaban en algo raro", además de ser reticente a responder las preguntas del tribunal.

"La respuesta brindada por el acusado ha sido doblemente agraviante por su vínculo parental con las víctimas de desaparición forzada", dijo el juez y estimó que esos términos "hablan de mecanismos de lenguaje destinados a la justificación de los crímenes aberrantes".

"Tiene un desprecio por la investigación y una minimización de lo ocurrido", consideró.

El imputado solicitó una 'probation', es decir que se suspenda el juicio a cambio de realizar tareas comunitarias en una parroquia por un año.

El magistrado aceptó el pedido pero obligando al ex marino a recorrer centros clandestinos de detención de la dictadura, muchos de ellos transformados en museos de la memoria.

Deberá visitar seis campos de exterminio de la dictadura, incluido el de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los más grandes por donde pasaron unos 5.000 detenidos desaparecidos, de los cuales sobrevivió apenas un centenar.

También deberá visitar el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado Parque de la Memoria de la capital argentina.

"No es seguro que el señor Valoy pueda incorporar la información sobre la tortura, la desaparición, el sufrimiento, la conciencia sobre lo que es debido e indebido en una sociedad democrática basada en la justicia", admitió el juez en el fallo pero entendió que será más útil que la propuesta del acusado.

San Nicolás y San Pedro a juicio oral

Una de las causas es por la Masacre de la calle Juan B Justo. Sólo se salvó un bebé que su mamá pudo esconder en unas mantas; los otros dos de 5 y 3 años, fueron asesinados.
  

El juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo elevó a juicio oral seis nuevas causas por crímenes de lesa humanidad, en las que se investigan varios hechos secuestros, torturas y homicidios ocurridos entre los años 1976 y 1977, en aquella ciudad y en San Pedro, que seran sutanciados en los tribuanles rosarinos. En el mismos sentido, otra cuasa dela msima jurdisccion fue reprogramada poe el Tribunal oral Federal Nº 2: el debate estaba previsto que comience el 29 de agosto, pero fue postergado debido a que el tribunal encabeza otro juicio por delitos de lesa humanidad que aun no termina.

"En el marco de una serie de investigaciones que se vienen llevando adelante ante el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás por secretaría del Dr. Cristián Lassalle, el Juez Federal Carlos Villafuerte Ruzo ordenó la elevación a juicio oral y público del tramo de las causas denominadas 'Ocariz', 'Zuelgaray', 'Schiel', 'Peris', 'Montalvo' y 'Acosta', en las cuales se responsabiliza al por entonces Jefe del Batallón de San Nicolás, hoy Coronel (r) Manuel Fernando Saint Amant.

Estas investigaciones vienen a sumarse a las otras cuatro causas que ya fueron elevadas por Villafuerte Ruzo, una de las cuales ya tiene fecha de audiencia de debate fijada por el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario para el 27 de febrero del 2012.

Se trata de la denominada causa 'Masacre de calle J. B. Justo', donde se investigan la privación ilegitima de la libertad, tormentos y homicidios de cinco personas ocurridos en noviembre de 1976 en San Nicolás y por el cual serán juzgados el mencionado Saint Amant, el ex Jefe de Operaciones Mayor Antonio Federico Bossie y el ex comisario general Jorge Muñoz".

El 19 de noviembre de 1976, unos 40 militares llegaron a la casa ubicada en Juan B. Justo al 600, la rodearon y comenzaron a lanzar granadas y gases lacrimógenos. Ingresaron a la vivienda y desataron una balacera. En el lugar se encontraban Omar Darío Amestoy, su esposa María del Carmen Fettolini, sus hijos María Eugenia de 5 años y Fernando de tres. También estaba Ana María, la esposa de Gastón Gonçlaves y su bebé Manuel de cinco meses, quien fue el único sobreviviente de este trágico hecho.

Tras el secuestro de Gastón Gonçalvez, Ana María, con cinco meses de embarazo, se refugió en la localidad de San Nicolás en la casa de la familia Amestoy. El único sobreviviente de la Masacre, el nieto recuperado Manuel Gonçalves Granada, hijo de Ana María, dio inicio a la causa luego de la caída de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y es uno de los querellantes en el juicio oral. El debate comenzará al término del juicio al ex comisario Luis Patti por el asesinato de su padre, Gastón Gonçalvez. El día del ataque, Ana María, alcanzó a envolver a Manuel en unas frazadas para que no lleguen a él los gases lacrimógenos y a esconderlo en un ropero. Eso le salvó la vida.

Por orden del coronel Saint Amant, Manuel fue trasladado al Hospital San Felipe y a través de un juez de menores de San Nicolás, fue dado en adopción a una pareja en febrero de 1977.

Finalmente suspenden al juez Otilio Romano por haber sido funcional a la dictadura

“Un modus operandi que perduró en el tiempo”

Fue acusado por unanimidad de haber “omitido en forma reiterada y prolongada” la investigación de “delitos de lesa humanidad de los que habría tomado conocimiento en su condición de fiscal federal y de juez federal subrogante”, entre 1975 y 1983.
 Por Irina Hauser
Quedará suspendido hasta que termine su juicio político, algo que deberá ocurrir antes de que se cumplan 180 días hábiles.
En Tribunales, en territorio de la Justicia en general, esperar es costumbre. Es un dato insalvable, casi naturalizado, que la realidad depara. Esperar un trámite, un papel, un fallo. Los organismos de derechos humanos y las víctimas que ayer llenaban buena parte de la sala de audiencias del Consejo de la Magistratura tuvieron que aguardar cerca de dos horas a que empezara esa reunión plenaria que tanto ansiaban. Era, de todos modos, la prolongación de un continuo que llevaba más de un año y medio, cuando una medida cautelar frenó casi todo lo que habían avanzado en sus denuncias contra jueces de Mendoza por complicidad con la última dictadura. Pero ellos apostaron a convertir ese paréntesis en un tiempo activo, en el que sacaron a la luz sus historias y las de otros ex detenidos-desaparecidos ignorados por ciertos integrantes del Poder Judicial durante el terrorismo de Estado, cuyo auxilio ante el secuestro y la tortura nunca llegaba y devenía en una de las más crueles esperas. Cerca del mediodía, cuando el público se acomodaba para escuchar largos discursos, el Consejo sorprendió con una decisión expeditiva: sin mediar discusiones aprobó por unanimidad la “inmediata suspensión” y la apertura del juicio político del camarista federal mendocino Otilio Romano, a quien le adjudicó una conducta “funcional” al terrorismo de Estado al haber “omitido en forma reiterada y prolongada en el tiempo” la investigación de “delitos de lesa humanidad de los que habría tomado conocimiento en su condición de fiscal federal y de juez federal subrogante”, entre 1975 y 1983.

Romano quedará suspendido como camarista hasta que termine su juicio político, algo que deberá ocurrir –según la Constitución– antes de que se cumplan 180 días hábiles contados a partir de la sesión de ayer. La decisión del Consejo señala sospechas de “mal desempeño” y la “posible comisión de delitos” en función de un dictamen que propuso el representante del Poder Ejecutivo, Hernán Ordiales, quien estuvo al frente del expediente. A su vez, este consejero se basó en los fallos judiciales, de primera instancia y de Cámara, por los que Romano está procesado como partícipe primario en 103 delitos de lesa humanidad que van desde secuestros, torturas, allanamientos ilegales y robo de bienes hasta el archivo de la causa por la apropiación de una hija de desaparecidos que impulsó invocando las leyes de impunidad (pese a que no eran aplicables a ese delito). Se le adjudican conductas como no haber denunciado o investigado evidentes violaciones a los derechos humanos de las que habría tenido conocimiento por los detenidos o por visitas a los centros de detención como el D2 –el del Departamento de Policía de Mendoza– y la U9 de La Plata (ver testimonios aparte), e incluso haberse basado en testimonios obtenidos bajo tortura para promover causas por la llamada “ley antisubversiva”, de los tiempos de la Triple A.

La acusación y suspensión fueron votadas por integrantes de todos los sectores y fuerzas políticas representados en el Consejo: el camarista laboral y presidente del cuerpo, Mario Fera; el académico Manuel Urriza, el representante del Poder Ejecutivo, Hernán Ordiales; los senadores kirchneristas Ada Iturrez y Marcelo Fuentes y el radical Mario Cimadevilla; el diputado oficialista Carlos Moreno y el de la UCR Oscar Aguad, y los abogados Alejandro Fargosi y Daniel Ostropolsky. Este último, un mendocino que había sido cuestionado por vínculos con el acusado, apoyó la suspensión, pero acotó que había que investigar y juzgar por igual a jueces que pudieran tener “claudicación en la independencia judicial” cualquiera fuera el gobierno de turno. Los únicos ausentes fueron el camarista Ricardo Recondo –asumido militante antikirchnerista y referente de la Asociación de Magistrados– y la diputada del Frente para la Victoria Stella Maris Córdoba, de campaña por Tucumán, donde es candidata a gobernadora.

En el recinto, que desbordaba de gente, estaban la secretaria de Derechos Humanos de Mendoza, María José Ubaldini; el subsecretario de Gobierno, Ariel Pringles; representantes de organismos de derechos humanos como el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) –que impulsó la causa–, algunas de las víctimas que comprometieron a Romano con sus relatos, el abogado Rodolfo Yanzón y Angela Urondo, secuestrada junto con sus padres, el escritor Paco Urondo, asesinado, y Alicia Raboy, desaparecida. Había un grupo encabezado por el secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato, y unos cuantos curiosos del Poder Judicial. A medida que los consejeros encendían su micrófono y anunciaban su voto, la platea iba ganando sonrisas, que terminaron en un intenso aplauso ante el anuncio de la suspensión.

Si hay algo que desconcierta a los mendocinos es haber pasado de ser una de las provincias más rezagadas en los juicios de lesa humanidad, con record de represores sueltos, a tener audiencias y condenas y en menos de un año dos jueces suspendidos por haber actuado en complicidad con la maquinaria dictatorial. Uno de ellos, Luis Miret, juez durante la última dictadura, fue destituido en marzo último. Tenía imputaciones y hechos en común con Romano, quien en forma contemporánea era fiscal. El caso de Miret abrió un nuevo ciclo donde crece el número de investigaciones que involucran a jueces en acciones colaboracionistas con la dictadura y/o en conductas tendientes a evitar el juzgamiento del terrorismo de Estado aún en la actualidad. Pero Romano recurrió a todo a su alcance para frenar su juicio penal y su proceso de destitución, y lo logró por un tiempo: con una medida cautelar de un conjuez abogado puso stop en el Consejo hasta hace poco. En la causa judicial hizo apartar al juez que lo procesó, algo que llevó meses revertir. Los consejeros Ordiales y Moreno, que fueron fiscales en el jury a Miret, también lo serán en el juicio a Romano.
El dictamen acusatorio aprobado propone siete cargos contra Romano, que precisan algunos casos concretos de omisión de denuncias y requerimiento de medidas, pero confluyen en una conclusión: “La conducta omisiva del Dr. Romano respecto de delitos de lesa humanidad resulta sistemática, ya que no se reduce a uno o pocos casos aislados, sino que por su reiteración demuestra un patrón de conducta, un modus operandi, y por otra parte resulta prolongada, ya que ha perdurado en el tiempo. Ello se registra no sólo (...) entre 1975 y 1983 sino que (...) hasta el día de hoy nada hizo el juez Romano para promover la investigación de los delitos de los que tuvo conocimiento mientras se desempeñaba en el cargo de fiscal federal de primera instancia, sin perjuicio de haber continuado ininterrumpidamente siendo funcionario, ya sea como miembro del Ministerio Público Fiscal o del Poder Judicial de la Nación”.


Las voces de las víctimas

“Después de visitarme en la celda, Romano le dijo a Miret que yo era una delincuente subversiva”, cuenta Luz Faingold, que fue detenida en 1975. La denuncia de Fernando Rule ante el Consejo de la Magistratura que permitió la aparición de otros testimonios.
  
 Por Irina Hauser
Romano y otros funcionarios del Poder Judicial aplicaron desde 1975 la “ley antisubversiva”.

Fernando Rule tiene una barba gris muy tupida y anteojos pequeños, ovalados. Estuvo siete años detenido desde febrero de 1976 en el D2 (el centro de detención del Departamento de Policía de Mendoza), en la cárcel provincial, la U9 de La Plata y en Caseros. Sufrió torturas, vio morir a varios amigos y presenció la violencia sexual a su propia compañera a pocas celdas de la suya. Cuenta que hace algunos años, reunido con el abogado de derechos humanos Pablo Salinas, intentaban descifrar qué pasaba en Mendoza que no lograban que avanzaran los juicios por los crímenes de la última dictadura, que todo se dilataba y hasta los represores salían libres. Le dieron vueltas al tema, hasta que cayeron en la cuenta de que “la clave estaba en la Cámara Federal”, dice. “Los mismos jueces de ese tribunal que ponían escollos para avanzar habían sido jueces o fiscales durante el terrorismo de Estado. Es más, vimos que Luis Miret defendía como profesor de Etica en la Universidad de Cuyo a la dictadura porque había puesto orden; Miret había sido juez antes de camarista, Otilio Romano, su fiscal”, cuenta. Fue así como se convirtió en el primero en denunciarlos junto con David Blanco, quien falleció, ante el Consejo de la Magistratura.

Miret fue destituido en marzo último por el jurado de enjuiciamiento, por haber omitido investigar denuncias de torturas y secuestros. Romano fue suspendido por las mismas razones, y por más hechos todavía. A Rule aún le parece increíble haber estado preso en calabozos del palacio policial cuyo diseño había seguido de cerca, ya que era técnico en electrónica y proyectaba las comunicaciones de los edificios públicos. No recuerda haberse cruzado personalmente con Romano o Miret, aunque sí que este último, quien actuó como su defensor oficial, les dijo a sus padres: “Si su hijo atentó contra el Estado, tenga en cuenta que a mí me paga el Estado”. La denuncia de este ex detenido dio pie a la aparición de otros testimonios que fueron ayudando a reconstruir el papel que estos funcionarios del Poder Judicial tuvieron ya desde 1975, cuando aplicaban la llamada “ley antisubversiva”.

Invocando esa norma fue como detuvieron a Luz Faingold, en 1975, cuando militaba en la escuela secundaria, en la Organización Revolucionaria Poder Obrero y era delegada de su curso, en quinto año. Luz, de pelo lacio y ojos color miel, era menor de edad, tenía 17 años, pero la mandaron al D2, una cárcel de adultos, donde estuvo una semana. Un día –le cuenta a Página/12–, alguien abrió la puerta de su celda. “Pensé que venían a buscarme, para irme a casa. Vi un hombre con aspecto de abogado”, repasa, junto a su hija.

–¿Me voy? –preguntó Luz, ilusionada. El hombre hizo un “no” con la cabeza.

“Nunca supe quién era verdaderamente ese señor –dice Luz–, hasta hace un tiempo, cuando vi en los diarios de Mendoza una foto de Romano que había salido a festejar con champán en un restaurante con otro camarista, Julio Petra Fernández, que habían apartado al juez que lo había llamado a indagatoria por crímenes de lesa humanidad. Hasta ese día, la única foto que circulaba de Romano no se parecía a la imagen que yo recordaba. Esta sí.” Durante su cautiverio, Luz sufrió ataques sexuales que incluso eran oídos desde otros calabozos. En uno de ellos estaba su pareja, quien denunció lo que sucedía, además de las torturas a otros detenidos. Ni el fiscal Romano ni el juez Miret, dice Luz, investigaron nada. “Después de visitarme en la celda, Romano le dijo a Miret que yo era una delincuente subversiva y que desaconsejaba la restitución a mis padres, que me buscaban. Estuve en un hogar de niños por tres semanas, hasta que pude volver a casa”, cuenta.

Luis Toledo también fue detenido en Mendoza a los 18 años, cuando militaba en la Juventud Peronista. Su primera parada fue también el D2, donde un suboficial que le fue a tomar los datos le leyó lo que le imputaban: “Delincuente subversivo sin Dios y sin Patria, al servicio de la sinarquía internacional y en contra de la Iglesia Católica y el Ejército Argentino”. Lo conoció a Romano, cuenta a este diario, pero no fue en Mendoza, sino mucho más lejos, en la U9 de La Plata, donde lo trasladaron. “Primero vinieron a verme unos tipos, que me querían hacer firmar unos papeles. Con el tiempo entendí que eran para armarme una causa, pero en ese momento estaba muy golpeado y no tenía claridad para pensar. Después aparecí en un expediente con otras tres personas sobre un allanamiento a una casa donde habían encontrado cientos de panfletos. Luego apareció Romano, que me pidió el nombre, me informó de la causa y preguntó si tenía algo que decir. Dijo que si firmaba un arrepentimiento tendría una condena menor. Para esto me sacaban de la celda, me llevaban a otro lugar dentro del mismo centro. Más adelante me vino a tomar declaración el juez Gabriel Guzzo. Cuando me están llevando a una oficina, me cruzo con Romano otra vez”, repasa Luis, con mezcla de acento norteamericano, producto de haberse exiliado a Wa-shington cuando recuperó la libertad. Allí terminó el secundario, estudió sociología y construyó su vida hasta hace dos meses, cuando volvió a la Argentina.

Eugenio Pais, quien también estuvo ayer en la audiencia en el Consejo de la Magistratura, es otra de las víctimas que se sumaron a las denuncias contra los camaristas por no haber investigado ni su secuestro, en el D2, ni el de sus compañeros. Angela Urondo pudo reconstruir que estuvo al menos una noche en el D2 con apenas un año (luego la llevaron a Casa Cuna), mientras mataban a su papá, el escritor Paco Urondo, y desaparecían a su mamá, Angela Raboy. “¿Cómo es que nadie investigó mi paso por ahí?”, se pregunta.

Mar del Plata : el juicio lento... los represores se dormían....

Un juicio que comenzó a paso lento

Con dos horas de demora, dos cuartos intermedios y un cierre tempranero porque los represores se dormían, comenzó ayer en Mar del Plata el mayor proceso por delitos de lesa humanidad en la historia de la ciudad. La audiencia se limitó a la lectura de la elevación, en la que se detallaron los padecimientos de las 69 víctimas, incluidos cuarenta desaparecidos, por los que se juzga a catorce imputados que actuaron en la base naval, la Escuela de Suboficiales de Infantería de marina y la delegación Prefectura de Mar del Plata. El juicio continuará hoy, en teoría desde las 10.

El tribunal que juzga los crímenes de la Armada en Mar del Plata lo integran Alejandro Smoris, Nélson Jarazo y Jorge Micheli. Los dos primeros son quienes a cinco días de la derrota del kirchnerismo en las elecciones de 2009 absolvieron al coronel Alejandro Duret por el homicidio de Carlos Labolita, fallo que en estos días revisa la Cámara de Casación Penal.

La audiencia arrancó al mediodía porque los penitenciarios que trasladaron a los represores radicados en Buenos Aires se olvidaron de buscar en sus casas a los tres imputados que viven en Mar del Plata. A diferencia de los tribunales que se aseguran la presencia de los represores antes del proceso, el marplatense los trasladó sobre la hora. “Mañana (por hoy), 9.15 los quiero acá”, retó Jarazo a los penitenciarios.

Los acusados bajaron del celular sin esposas. “¿Cuánto les pagan por estar acá?”, provocó a los familiares de las víctimas el marino Aldo Máspero. Luego advirtió a sus camaradas sobre la presencia del fotógrafo Marcelo Núñez, de HIJOS Mar del Plata, quien ya inmortalizó con su cámara a cientos de represores en todo el país. A la audiencia asistieron veinte personas, incluidas tres Abuelas de Plaza de Mayo y ocho familiares de militares, informó Núñez a Página/12. A las 13.30, el tribunal dispuso un cuarto intermedio para el almuerzo, que se prolongó hasta las 15.20. A las 17 informaron de un receso de media hora y dos horas después un cuarto intermedio hasta hoy. Al ritmo actual, con dos audiencias por semana, la lectura demorará al menos tres semanas, calculó Núñez.

El juicio por la Base Naval tiene dos imputados en común con el del centro clandestino La Cueva: Máspero y el general Manuel Arrillaga, el fusilador del MTP en La Tablada. El tercer militar, coronel Alberto Barda, murió el 12 de agosto. Comparten banquillo con los marinos Justo Ignacio Ortiz, Roberto Pertusio (ambos con una condena en el haber), Rafael Guiñazú, Julio César Falcke (el único preso, en la Alcaidía 44), Narciso Angel Racedo, Mario José Fórbice, Juan José Lombardo, Raúl Alberto Marino y José Omar Lodigiani, los prefectos Ariel Macedonio Silva y Juan Eduardo Mosqueda (que aprovechó el juicio para presentar en sociedad a su esposa), y el abogado Juan Carlos Guyot, el único civil, que está excarcelado y se paseó con impunidad entre las víctimas.

En Mar del Plata se inicia un nuevo juicio por la represión ilegal

Los engranajes de la Marina

El juicio Base Naval II por el funcionamiento de un centro clandestino en esa sede de la Marina en Mar del Plata permitirá reconstruir el circuito de traslado de secuestrados a la ESMA. Se juzgará a catorce represores por sesenta y nueve casos.
Por Alejandra Dandan

En los próximos días empiezan otros tres juicios orales por crímenes de lesa humanidad. Por primera vez se desarrollarán juicios en San Juan y Paraná por dos casos de robo de bebés. Y en Mar del Plata empezará el juicio Base Naval II, el tramo más importante de las causas a la Marina considerado histórico porque mostrará el circuito represivo de una fuerza a la que, aún hoy, a los fiscales les cuesta acceder. A diferencia del Ejército, la Marina funcionó en condiciones de mayor clandestinidad, dejó menos sobrevivientes y por los tabicamientos más duros quedaron menos datos sobre condiciones y lugares de represión. Pero además, la estructura demoró y receló la entrega de documentos y de información aún en el presente. El juicio avanza además con un modo de acusación por homicidios más amplio que en otros lugares.

En Mar del Plata se juzgará a 14 represores por 69 víctimas que pasaron por los centros clandestinos en la Base Naval, la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina y la sede de la Prefectura. El debate empezará pasado mañana y se hará en paralelo con el que avanza en esa ciudad contra el Ejército por las víctimas de La Cueva, la Comisaría 4 y el circuito policial de Necochea. Lo que empieza es la segunda parte de Base Naval I, técnicamente el primer juicio a la Marina, pero escaso porque los jueces del Tribunal Oral Nelson Jarazo, Alejandro Esmoris y Jorge Michelli no aceptaron unificar las causas y sólo juzgaron y condenaron a tres represores, el general de brigada Alfredo Manuel Arrillaga, el capitán de navío Justo Ignacio Ortiz y el contralmirante Roberto Luis Pertusio, por secuestros, torturas, robo y homicidios. Ahora entrará la mayor parte de los marinos de los que existen datos, jefes y subjefes de la base naval entre 1976 y 1978; el director de la Escuela de Suboficiales de la Marina, jefes de la Agrupación Buzos Tácticos y jefes y subjefes de la Prefectura. La mayoría tuvo a cargo las Fuerzas de Tareas de las que dependían a su vez los Grupos Tarea, cuyos integrantes en cambio aún no están identificados y se investigan en instrucción. Entre los imputados, hay dos prefectos, Ariel Macedonio Silva y Juan Ignacio Mosqueda; el jefe de la Agrupación de Buzos Tácticos y jefe de la base que es el único marino de Mar del Plata Rafael Guiñazú; un civil, el abogado auditor que trabajó para las Fuerzas Armadas Juan Carlos Guyot, que estuvo a cargo del blanqueo de detenidos. Dos integrantes de la patota, Julio César Fulgencio Falcke y Narciso Angel Racedo. También los jefes y subjefes Alfredo Arrillaga, Mario José Forice, José Omar Lodigiani, Juan José Lombardo, Raúl Alberto Marino, Aldo Carlos Máspero, Justo Alberto Ortiz, Roberto Pertusio. Arrillaga y Máspero son del Ejército. Arrillaga fue condenado en Base Naval 1 y Máspero fue el jefe de la Subzona después del coronel Pedro Alberto Barda, quien falleció la semana pasada.

María Eugenia Montero es la fiscal que llevará adelante el juicio con Guillermo Friele, ex fiscal del juicio por Orletti. Ella explica los problemas de la investigación y las razones por las que aún no están claros los nombres de todos los integrantes de las patotas: “Para investigar a la Marina tuvimos muchas dificultades porque el circuito era más clandestino que, por ejemplo, el del Ejército”, dice. “Hubo menos personas que sobrevivieron y entonces vieron muchas menos cosas, y reconstruir las historias fue mucho más complejo. El Ejército fue de algún modo más flexible en las condiciones de clandestinidad, tenía cabezas más visibles, los nombres aparecían en todos los diarios, eran más burócratas y fue más fácil investigarlos. La Marina, en cambio, costó mucho por la entidad y el grado de superioridad que suponen que tienen respecto de las otras fuerzas y eso hizo difícil el acceso a la información de registros, legajos personales; fue muy difícil que nos mandaran datos, costó mucho lograr que ubicaran nombres en el organigrama.”

Los acusados serán juzgados por privación ilegal de la libertad, tormentos, pero además los jefes y subjefes llegan acusados como partícipes de homicidio agravado gracias a un criterio de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, más amplio que en otros lugares. La Cámara resolvió hace varios años aceptar como prueba de homicidio no sólo los casos de desaparecidos en los que se recuperaron los cuerpos, sino datos que dan cuenta de que “existe la certeza necesaria”. La suma de pruebas indiciarias permiten así probar el homicidio cuando el cuerpo no está: los indicios son los más de treinta años transcurridos desde la desaparición; las presentaciones de hábeas corpus de los familiares con respuestas negativas; la reparación del Estado y testigos que vieron a las víctimas en un centro clandestino. Esa interpretación permite suponer que los marinos pueden terminar condenados a prisión perpetua, una pena que de otro modo en general no se alcanza.

Otra de las características del juicio es la intervención de las Abuelas de Plaza de Mayo como querellantes junto con las secretarías de Derechos Humanos de Nación y de Provincia y la APDH representada por César Sivo. Las Abuelas intervienen pese a que no hay casos de apropiación porque muchas de las víctimas eran mujeres embarazadas, varias de las cuales terminaron trasladadas a la maternidad clandestina de la ESMA para dar a luz y luego volvieron a Mar del Plata. Ese es el caso de Liliana Pereyra y de Laura Adhelma Godoy. También Delia Garabuzo, aunque aún no está claro si estuvo en la ESMA, y también de Susana Pegoraro, que estuvo en ESMA pero no se sabe aún si volvió a Mar del Plata. “La reconstrucción indica que fueron vistas por otras víctimas en la ESMA y en muchos casos por otros detenidos de nuevo en la Base Naval o sus restos aparecieron en una zona de acá, como sucedió con Liliana Pereyra, cuyos restos se hallaron en Chapadmalal”, dice Montenegro.

Juicios demorados por falta de sala. (¡¿?!)


Cinco causas por delitos de lesa humanidad esperan lugar para comenzar en San Martin.

La fiscalía federal de San Martín tiene cinco procesos de la megacausa Campo de Mayo detenidos porque no hay dónde iniciarlos. Las querellas y los fiscales también señalan problemas con la falta de jueces y la organización de las causas.
Por Alejandra Dandan

El comienzo del juicio oral por los crímenes del Vesubio se demoró porque los Tribunales de Retiro no tenían sala. Si no se hubiese postergado, el jefe del centro clandestino, Pedro Durán Sáenz, podría haber sido condenado antes de morir. A lo largo de este año, hubo otros comienzos de juicios de lesa humanidad demorados. Uno de los lugares con más cantidad de juicios elevados pero que no empiezan es la jurisdicción de San Martín, sede de la megacausa de Campo de Mayo. La fiscalía federal tiene cinco causas a las que sólo les falta la fecha del debate. Aunque no es la única razón, porque querellas y actores señalan que hay problemas con la falta de jueces y la estructuración de las causas, hay un problema casi doméstico que vuelve a repetirse ahora como sucede desde hace años: la falta de salas, un problema que debería resolver el Consejo de la Magistratura –a cargo de proveerlas–, pero no lo hace.

Hasta ahora se hicieron tres grandes juicios orales por delitos de lesa humanidad en San Martín pero todos, en algún momento, se toparon con el problema del espacio. Pese a que en principio parece un tema menor, la repetición lo convirtió en un problema casi político. El primer juicio fue el del secuestro y desaparición del “Negrito” Floreal Avellaneda, que se hizo en una sala prestada por los tribunales provinciales sólo porque medió la buena voluntad de un integrante de la Cámara penal, hijo de desaparecidos.

Concluido el debate, el problema se repitió con el segundo juicio, esta vez por 56 víctimas, para el cual el Tribunal intentó articular la búsqueda con alguna de las intendencias de la zona. El jefe comunal de Vicente López, Enrique “El Japonés” García, primero ofreció un teatro en pleno centro de Munro, pero los comerciantes protestaron y dio marcha atrás. Finalmente, el juicio se hizo en una cancha de un centro cultural de esa misma localidad. Un espacio que sacó del claustro judicial a las audiencias y cuyo costo no sólo fue la demora, sino acondicionar un lugar para el funcionamiento de un juicio oral.

Para el juicio al represor Luis Abelardo Patti, el Tribunal Oral Federal 1 volvió a golpear puertas por el espacio. Dicen que los jueces hicieron hasta de operadores inmobiliarios en la búsqueda. Consiguieron esa vez el auditorio municipal de José León Suárez con un acuerdo con el jefe comunal de San Martín. Pero en medio de la búsqueda, la presidenta del Tribunal, Lucila Larrandart, intentó hasta comunicarse –sin éxito– con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, porque no conseguía resolver el problema.

En los papeles, la responsabilidad del espacio aparece en manos de un área del Consejo de la Magistratura de la que depende lo que se llama Infraestructura de los Juicios. En diciembre del año pasado, la Comisión de víctimas y familiares de Campo de Mayo zona norte inició un trámite en el Consejo por el espacio definitivo y para que las respuestas queden escritas. Adriana Taboada es integrante de la comisión y empezó el expediente el 28 de diciembre. “Desde diciembre todo siguió un camino administrativo enorme y larguísimo”, dice. Según supo a través de llamadas que repitió sin falta semana a semana, el Consejo terminó encontrando un lugar adecuado en San Martín. El espacio iba a servir para las causas de lesa humanidad y para otras causas que tampoco tienen espacio. La superintendencia de la Cámara de San Martín lo revisó, dice Taboada. Dio el visto bueno. Se dijo que a la planta baja irían los juicios y a la planta alta, el juzgado que lleva las causas de lesa humanidad. El contrato finalmente volvió al Consejo y cuando todo debía terminar, volvió a pararse: la inmobiliaria aumentó el alquiler y hace dos semanas, la comisión supo que el presupuesto debe volver a ser chequeado por el Consejo.

“Yo valoro el expediente porque ahora se va a tener que solucionar la situación realmente –dice Taboada–, pero esto de que lo pasen de oficina en oficina termina dejando un camino de incertidumbre. Todo el tiempo hay obstáculos, nosotros calculábamos que a mitad de año iba empezar otro juicio, pero ahora no tenemos ni fecha para empezar. Con el agravante de que Riveros y Bignone consiguieron domiciliarias y otros están por hacerlo: es decir que por falta de espacio se va a terminar concretando la impunidad biológica.”

Pero, si hubiese espacio, ¿los juicios empezarían? Los querellantes y la fiscalía de Marcelo García Berro agregan un nuevo problema: la falta de jueces. El TOF 1 está a cargo de los juicios. Hay una jueza con licencia por enfermedad, jueces que como ya acusaron deben excusarse en algún tramo y dificultad para encontrar reemplazantes porque existen lugares vacantes. Pablo Llonto, que representa a una parte de las querellas de la megacausa, destaca la falta de jueces y la fragmentación de las causas. “Problemas con los jueces, pero además está el diseño de cómo se fragmentaron las causas, que obliga a juzgar caso por caso y no en una forma colectiva. La causa Campo de Mayo abarca once partidos del Gran Buenos Aires, es difícil ordenar los casos y fijar un criterio... Y ahora es difícil dar marcha atrás.” En ese sentido, dice que se necesita una propuesta para generar un nuevo orden para abordar lo que aún falta investigar: hasta ahora, dice, sólo se avanzó en un 10 o 15 por ciento.

Las causas que la fiscalía federal de San Martín considera en condiciones de iniciar el debate son las siguientes: (1) la causa conocida como Embarazadas, un grupo de 14 víctimas entre las cuales hubo mujeres que dieron a luz en Campo de Mayo, fue elevada a juicio oral hace un año y medio, está terminada, con pruebas presentadas y aprobadas; (2) la causa 2128 tiene entre las víctimas a Santina Mastinú y Mario Marras, obrero de los astilleros Astarsa; (3) la 2203 son dos víctimas de la fábrica Ford por la que están imputados Omar Riveros, Reynaldo Bignone y Juan Demetrio Luna, ex comisario de Tigre; (4) la causa 2248, donde las víctimas son siete trabajadores de los astilleros de Astarsa y Mestrina; (5) la 2257, por la desaparición de Beatriz Recchia. Fuera de esa lista, la causa 2285 está elevada pero aún abierta a prueba. El expediente juzga a Riveros y a Luna por los ocho víctimas de los astilleros de Astarsa. Por otra parte, el TOF 5 recibió un tramo de más de veinte de víctimas de Zárate Campana, la mayoría de las cuales fue secuestrada en las primeras horas del golpe. Pasaron por Escobar, Del Viso, Zárate y Campana y muchos quedaron a disposición del PEN. La causa está abierta a prueba.

Las patotas de Camps y Etchecolatz. El 12 de septiembre juicio a 26 represores

Entre los acusados están el interventor en la gobernación Ibérico Saint Jean y su ministro de Gobierno Jaime Lamont Smart, único imputado civil. Se juzgan 280 casos, entre ellos los jóvenes de la Noche de los Lápices, el periodista Jacobo Timerman y Jorge Julio López.
Por Diego Martínez

A 35 años de los crímenes, 24 de la condena al general Ramón Camps y un lustro desde la última condena al subcomisario Miguel Etchecolatz y la segunda desaparición de Jorge Julio López, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata comenzará a juzgar el 12 de septiembre a un grupo de veintiséis policías y militares por delitos de lesa humanidad en el llamado “Circuito Camps”, como pasó a la historia el conjunto de campos de concentración que comandó durante la dictadura el entonces jefe de la Policía Bonaerense. El proceso oral y público tendrá en el banquillo al interventor militar en la gobernación de la provincia, general Ibérico Saint Jean, y a su ministro de Gobierno Jaime Lamont Smart, único civil entre los imputados. Entre las 280 víctimas por las que rendirán cuentas, se encuentran los militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios secuestrados durante la denominada Noche de los Lápices, el periodista Jacobo Timerman y la sobreviviente Adriana Calvo, quien murió en diciembre luego de luchar durante el tercio de siglo posterior a su cautiverio para llevar a los genocidas a la cárcel. También se juzgará la masacre de calle 30 en la que policías y militares asesinaron a cuatro militantes montoneros y secuestraron a la beba de tres meses Clara Anahí Mariani, a quien desde entonces busca incansablemente su abuela María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani.

El 2 de diciembre de 1986, a un año del juicio a los ex comandantes y mientras el presidente Raúl Alfonsín se aprestaba a anunciar la Ley de Punto Final, la Cámara Federal porteña condenó a Camps y a su sucesor, el general Ovidio Ricchieri, a 25 y 14 años de prisión; al ex director de investigaciones Etchecolatz, a 23 años, y a los policías Jorge Antonio Bergés y Norberto Cozzani a seis y cuatro años, en tanto absolvió a los comisarios Luis Vides y Alberto Rousse. Lejos de la interpretación de la obediencia debida que el jefe de Estado radical intentaba imponer por medio de instrucciones a los fiscales, el tribunal destacó que “matar a un enemigo en el campo de batalla y en el fragor de la lucha no es situación que guarde identidad alguna con la de aplicar crueles tormentos a personas inermes en la tranquilidad y seguridad de cuatro paredes”.

No habían pasado seis meses cuando la Corte Suprema de Justicia, con votos de José Severo Caballero, César Augusto Belluscio y Carlos Santiago Fayt, aplicó por primera vez la Ley de Obediencia Debida de Alfonsín y absolvió por “falta de capacidad decisoria” a Etchecolatz, ex mano derecha de Camps, al médico Jorge Bergés, que controlaba que los secuestrados no murieran durante la tortura, y al resto de los subordinados. Camps y Ricchieri purgaron su condena hasta el 30 de diciembre de 1990, cuando a pesar del “día de protesta y duelo nacional” convocado por los organismos de derechos humanos y en medio de una masiva manifestación de repudio, el presidente Carlos Menem los indultó junto con los ex comandantes condenados y el ex ministro José Martínez de Hoz, entre otros.

La impunidad de los miles de policías bonaerenses que secuestraron y torturaron durante la dictadura tuvo un primer quiebre en 2004, cuando Bergés y Etchecolatz fueron condenados por la apropiación de una menor. Dos años después, tras la declaración de inconstitucionalidad de la obediencia debida, el tribunal presidido por Carlos Rozansky comenzó a jugar a Etchecolatz en el primer proceso oral y público a represores del país (luego comenzó en Buenos Aires el de Julio Simón, alias “el Turco Julián”). El 26 de septiembre de 2006, días después de la desaparición de Jorge Julio López, testigo central del proceso, el tribunal condenó al ex subcomisario a la pena de prisión perpetua, que purga en el penal de Marcos Paz.

En noviembre de 2007, en otro proceso con un solo acusado, el mismo tribunal sentenció a pasar el resto de sus días en la cárcel al capellán Cristian Von Wernich, quien a pesar de tener condena confirmada por la Corte Suprema de Justicia continúa en actividad como sacerdote de la iglesia Católica. El primer proceso platense con un número significativo de imputados fue recién el año pasado y concluyó con la condena a catorce agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, encabezados por Abel Dupuy, ex director de la Unidad 9, por torturas y asesinatos de presos políticos.

La demora en concretar el primer juicio por el Circuito Camps es consecuencia de la lentitud en las instrucciones a cargo de los jueces Arnaldo Corazza y Manuel Blanco, pero también de las internas en el TOF1, cuyo presidente, Carlos Rozansky, afronta un sumario en el Consejo de la Magistratura por el elevado número de causas prescriptas bajo su responsabilidad y por el maltrato a sus empleados, denunciado por el gremio de los judiciales que conduce Julio Piumato.

El juicio que arranca el 12 de septiembre se desarrollará en el teatro platense de la AMIA, donde se juzgó a los penitenciarios. Acompañarán a Rozansky los jueces Roberto Falcone y Mario Portela. En representación del Ministerio Público Fiscal intervendrán los fiscales Hernán Schapiro y Marcelo Molina. También participarán como querellantes abogados de Justicia Ya!, la APDH de La Plata y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Más allá de los 26 imputados que llegan a juicio por secuestros, torturas y asesinatos en la Comisaría 5ª, el Destacamento de Arana, las brigadas de San Justo y de Investigaciones de La Plata y los centros clandestinos Puesto Vasco y COT 1 Martínez, hay ya un listado de más de cincuenta procesados del Circuito Camps en condiciones de ser juzgados, pero también de morir si el proceso judicial no se acelera.

Todos los acusados:  

- Ibérico Manuel Saint Jean, 88 años, abogado y general del Ejército, ex gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires.
- Jaime Lamont Smart, 75 años, civil, abogado, ex ministro de gobierno de Saint Jean.
- Rodolfo Aníbal Campos, 83 años, coronel del Ejército, ex segundo jefe de la policía debajo de Ramón Camps.
- Alejandro Agustín Arias Duval, 82 años, coronel del Ejército, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata.
- Miguel Osvaldo Etchecolatz, 82 años, subcomisario, ex director general de Investigaciones de la policía, condenado a prisión perpetua.
- Hugo Alberto Guallama, 64 años, changarín, ex chofer de Etchecolatz.
- Domingo Almeida, 72 años, ex sargento en la Comisaría 5ª, responsable de los calabozos.
- Luis Vicente Patrault, 82 años, ex sargento en la Comisaría 5ª, alias “Tío” o “Patrú”.
- Carlos García, 70 años, comisario retirado, ex miembro de la Unidad Regional La Plata, alias “Oso”.
- Horacio Elizardo Luján, 69 años, comisario mayor, ex jefe de la Unidad Regional La Plata.
- Eros Amílcar Tarela, 75 años, policía, alias “Capitán Trimarco”.
- Roberto Antonio Cabrera, 75 años, oficial, ex miembro de la Brigada de Investigaciones de Lanús, actuó en el CCD Puesto Vasco.
- Sergio Arturo Verduri, 65 años, comisario retirado, ex oficial de la Dirección de Investigaciones de La Plata.
- Norberto Cozzani, 59 años, ex cabo, alias “Beto”.
- Jorge Antonio Bergés, 68 años, comisario y médico, condenado en 1986 por torturador y en 2004 por apropiador.
- Rubén Oscar Páez, ex jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata (BILP).
- Pedro Ferriole, ex jefe de la BILP.
- Miguel Kearney, subcomisario, actuó en la BILP
- Fernando Svedas, segundo jefe de la BILP.
- Bernabé Jesús Corrales, ex segundo jefe de la BILP.
- Raúl Orlando Machuca, oficial subinspector, segundo en la BILP.
- Julio César Argüello, ex cabo de la BILP.
- Mario Víctor Sita, sargento primero.
- Roberto Omar Grillo, oficial.
- Daniel Jorge Lencinas, oficial ayudante.
- Santiago Antonini, oficial.

Siete juicios por crimenes de lesa humanidad


Siete juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura comenzarán en lo que resta del año en diversos Tribunales del país. Entre ellos, se cuenta la causa por robos de bebés en el Hospital Militar de Paraná, que comenzará el miércoles 24 de agosto próximo, que investiga la sustracción de identidad de los hijos de Raquel Negro.

El Tribunal federal paranaense juzgará a cinco militares y un médico con rango militar, acusados por sustracción de menores y sustitución de identidad, en el caso de Sabrina Gullino, hija biológica de los militantes montoneros Raquel Negro y Tulio Valenzuela.

En el banquillo de los acusados estarán sentados Pascual Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Walter Pagano y Jorge Fariña, todos ellos condenados por crímenes de lesa humanidad en los centros clandestinos Quinta de Funes, La Calamita y Fábrica Militar Domingo Matheu, entre otros. También están imputados el ex oficial del Ejército Marino Héctor González y el médico anestesista Juan Antonio Zaccaría, quien se desempeñaba como jefe de terapia intensiva del Hospital Militar cuando Raquel Negro fue trasladada desde Rosario —estaba apresada en la Quinta de Funes— para dar a luz.

Según el represor Eduardo Tucu Costanzo, Negro dio a luz a mellizos, de los cuales una es Sabrina Gullino, la 96ª nieta recuperada por Abuelas, mientras que su hermano varón haría muerto horas después del nacimiento. Costanzo declaró también que tras el parto, la prisionera fue retornada a Rosario en el baúl de un auto, tránsito en el cual murió.

Agenda. En Mar del Plata comenzará el juicio a 14 represores en perjuicio de 69 víctimas en los centros clandestinos de esa zona. En San Juan, el 29 de agosto se iniciará el primer proceso por crímenes de lesa humanidad en esa provincia, en este caso por la apropiación de un menor. En La Plata, el 5 de septiembre comenzará un megaproceso por crímenes en contra 280 víctimas.

El 21 de septiembre comenzará otro proceso al ex dictador Reynaldo Bignone por crímenes en el Policlínico Posadas.

El 4 de octubre, en Tucumán, Jorge Videla y Luciano Menéndez enfrentan otros proceso. El 26 de octubre, en Mendoza, Menéndez se sentará en el banquillo otra vez, donde se acumularán al menos 17 causas.

Demora para San Nicolás. Fue postergado sin fecha el inicio del juicio oral contra el ex coronel Manuel Saint Amant, y los ex policías Antonio Bossie y Jorge Muñoz por los delitos de secuestros, tormentos y homicidios cometidos contra 15 víctimas en noviembre de 1976 en San Nicolás. La causa es conocida como la "Masacre de la calle Juan B. Justo", y estaba previsto que el juicio comenzara el 29 de agosto en Rosario.

Un robo misterioso

Una camioneta de la Unidad Especial de la policía santafesina encargada de la protección de testigos y querellantes de juicios por violaciones a los derechos humanos fue robada en las primeras horas del lunes 25 de julio, cuando toda la atención estaba centrada en los resultados de las elecciones generales, aunque la información trascendió recién ayer.
Según informó el portal de noticias Notife, el comisario Omar Odriozola, jefe de la Unidad Especial, confirmó el hecho, y señaló que “la camioneta estaba rota, con un desperfecto en el motor de arranque”, estacionada frente a la base de operaciones de esa unidad policial.
En la capital provincial también circularon las versiones que vincularon el robo con una interna dentro del grupo especial cuestionando la figura de Odriozola, mientras que otros sospechan un posible acto intimidatorio en contra de testigos y querellantes en los juicios.

La violación, crimen de lesa humanidad

Organizaciones de derechos humanos presentaron ante la Justicia federal de Mendoza un recurso para solicitar que las violaciones a mujeres detenidas durante la última dictadura sean consideradas crímenes de lesa humanidad. “Pensamos que eso es un delito que puede ser o un agravante de la tortura, o un delito juzgado específicamente, pero tiene que ser declarado de lesa humanidad, porque fue sistemático”, dijo la psicóloga Cristina Zurutuza. La presentación fue realizada por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de la Mujer y el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo.

Barrionuevo admitió portar armas en los 70

El titular de la CGT disidente Azul y Blanca, Luis Barrionuevo, reveló ayer que durante la década del 70 portaba armas porque “había que pelear” contra la organización Montoneros. “En la época nefasta cuando había que pelear contra los montos (sic), la izquierda, en aquella época, pero después nunca usé armas porque es un tema delicado”, confesó Barrionuevo.
Opinó que “las armas las carga el Diablo”, y agregó que “cuando vos portás armas es para tirar, no para andar”, por eso consideró un “error tremendo” que la gente esté en la calle portando armas.

Un fiscal que busca la puerta de salida

El fiscal Juan Romero Victorica presentó su renuncia para evitar el jury en su contra
Estaba en marcha un proceso que podía terminar con su destitución. La nieta recuperada Victoria Montenegro lo acusó de ayudar y adelantarle información a su apropiador. La Procuración debe decidir si le acepta la renuncia.

 Por Irina Hauser

El fiscal de la Cámara de Casación Penal Juan Martín Romero Victorica presentó la renuncia justo cuando se avecinaba el jury de enjuiciamiento que podría llevar a su destitución. La apertura del procedimiento había sido ordenada por el procurador general de la Nación, Esteban Righi, ante la denuncia de la nieta recuperada Victoria Montenegro, quien lo acusó de adelantarle información a su apropiador, el coronel de Inteligencia del Ejército Herman Tetzlaff, sobre la causa en su contra y de haberle puesto abogados. La joven también aseguró que el fiscal sabía que Tetzlaff había sido quien mató a sus padres. Ahora Righi debe resolver si acepta que deje el cargo sin pasar por el proceso de remoción. En el organismo están analizando cuál sería la mejor decisión. Las Abuelas de Plaza de Mayo se inclinan por que se haga el juicio político.

Romero Victorica presentó la semana pasada una nota en la que anunciaba su renuncia. Alegaba simplemente sus largos años en el Poder Judicial, donde fue fiscal en San Martín antes de desembarcar en Casación, en 1994, según informaron funcionarios judiciales a Página/12. Pero su decisión apuntaría a evitar el enjuiciamiento que tiene en puerta, que podría llevar a su destitución y quizás a la pérdida de toda o parte de su jubilación. De todos modos, Righi debe resolver formalmente y por escrito si acepta el planteo. En otros casos donde también estaba en juego la suerte de fiscales implicados en historias de complicidad con la última dictadura o con represores, decidió aceptar las renuncias por considerar que la finalidad de que se vayan de su puesto quedaba cumplida.

En el balance de la Procuración, por lo general, pesan a favor de la aceptación de renuncias factores como que el proceso se puede prolongar por dos o tres años; que la sentencia del jurado se puede apelar ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo (lo cual estira más los tiempos); que no parecería deseable que en el ínterin siga actuando como fiscal, en especial en causas de violaciones a los derechos humanos; que aunque el fiscal imputado sea suspendido preventivamente no se puede nombrar a nadie en su reemplazo hasta el final del proceso; que si el jurado lo absuelve, inmediatamente intentará retirarse o jubilarse; y que si el fin es que pierda la jubilación, existen altas chances de que logre recuperarla con una demanda. En el caso de Romero Victorica, además, hay una denuncia penal en trámite en su contra, a cargo del juez Norberto Oyarbide. Righi tomaría una determinación en el transcurso de esta semana.

En Abuelas de Plaza de Mayo preferirían que avance el jury. “Por el momento nos parece que, dado que hay una instancia de enjuiciamiento abierta, debería evaluarse que Romero Victorica sea destituido. Como declaró Victoria Montenegro, habría colaborado con el encubrimiento de delitos de lesa humanidad. No parece una buena señal que se vaya como si no hubiera pasado nada. Sería muy bueno que, teniendo en cuenta las graves denuncias, la institución donde se desempeñó como fiscal lo separe por medio de la destitución”, dijo Alan Iud, abogado del organismo. “Desde Abuelas lo recusamos en todas las causas de derechos humanos, con lo cual no hay riesgos de que entorpezca este tipo de procesos”, aclaró.

Romero Victorica ya había sido sancionado por la Procuración a raíz de que, en una audiencia en Casación por la excarcelación del ex ministro de Gobierno de facto Jaime Smart, dijo: “No puedo creer que a Jimmy le imputen esos hechos, no sé qué hace esta causa acá, si yo estoy de acuerdo con la excarcelación”. Los hechos eran 60 privaciones ilegales de la libertad y tormentos en el circuito Camps. Pero el ocaso de su carrera se hizo más palpable el día que Victoria Montenegro tomó la decisión de contar la estrecha relación que había tenido con su apropiador, al brindar su testimonio durante el juicio de apropiación de menores hijos de desaparecidos el 25 de abril último, ante el Tribunal Oral Federal 6.

Victoria recuperó su identidad en el año 2000. Entonces supo que es hija de Hilda Torres y Roque Montenegro. Su apropiador, el coronel Tetzlaff (fallecido), estaba desde mucho antes en la mira de la Justicia por su papel en grupos de tareas del centro clandestino El Vesubio y en Campo de Mayo, y también por su apropiación. Fue jefe del operativo en el que fueron secuestrados los padres de Victoria y cuando empezaba a avanzar la causa que mostraría cómo se quedó con ella, para la joven quedó en evidencia el vínculo que tenía con Romero Victorica, como relató ante el TOF6. El fiscal, dijo, “llamaba a casa y le daba información” adelantada sobre la causa en su contra.

Cuando Tetzlaff fue detenido por primera vez, por orden del ex juez Roberto Marquevich, Victoria atendió en su casa un llamado de Romero Victorica, que le dijo que se quedara tranquila, “que él iba poner a unos amigos (abogados) para que lo sacaran”. Hablaba, dijo la chica, del ex juez Martín Anzoátegui y los abogados Federico Casal y de Manuel Romero Victorica (sobrino del fiscal). Victoria contó que su apropiador le había confesado que había matado a sus padres y hasta le mostró el arma que utilizó. Dijo que Romero Victorica lo sabía.

El consejo evaluador de la Procuración analizó el testimonio de Montenegro y el descargo presentado por el fiscal de Casación, quien dijo que ese relato no tenían relación con la realidad y respondía a “mandatos” de “personas” que desconoce pero que quieren su desprestigio. Los fiscales evaluadores recomendaron iniciar el proceso de su destitución, que ahora quedó stand by, a la espera de una definición sobre su renuncia.

Organizaciones de derechos humanos piden la separación de juez procesado delitos lesa humanidad

Organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación por la "excesiva demora" del Consejo de la Magistratura para resolver la situación del juez mendocino Otilio Romano, quien permanece en su cargo pese a estar procesado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

En una solicitada publicada, decenas de organizaciones llaman a "avanzar en la renovación y democratización del Poder Judicial argentino", y piden al Consejo de la Magistratura que "asuma su responsabilidad en ese recambio" y que "impida que un magistrado procesado por crímenes de lesa humanidad continúe en su cargo".

Hoy, la Comisión de Disciplina y Acusación de ese órgano deberá resolver si separa de su cargo al juez federal de Mendoza Otilio Romano, procesado en 93 oportunidades con confirmación de la propia Cámara Federal mendocina, acusado de ser cómplice de casos de secuestros, torturas y desapariciones llevadas adelante por fuerzas armadas y de seguridad entre 1975 y 1983.

"Romano forma parte de la justicia argentina y se desempeña en un lugar clave como la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Es decir, quien está acusado de haber formado parte del accionar del terrorismo de Estado, sigue tomando decisiones sobre la vida y los derechos de las personas", señala en un tramo la solicitada.

Los firmantes, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asociación Buena Memoria, Centro de Estudios Legales y Sociales, Madres - Línea Fundadora, advierten sobre "supuestos apoyos políticos en su favor" que "le permitirían sortear una vez más el trámite de juicio político".

"De ser así, se estarían violando principios básicos referidos a los requisitos de idoneidad para ocupar cargos públicos en un Estado de derecho", advierten los organismos que desde fines de 2009 han presentado denuncias contra el magistrado.

CCD Mansión Seré : sólo diez represores a juicio

Diez represores, entre miembros y altos jefes de la Fuerza Aérea y policías bonaerenses, irán a juicio oral por secuestros y torturas de casi un centenar de personas que estuvieron cautivas en los centros clandestinos Mansión Seré, Primera Brigada Aérea de Palomar, Séptima Brigada Aérea de Morón y las Comisarías de Haedo, Castelar y Morón. Es porque el juez federal Daniel Rafecas elevó a juicio la investigación sobre el accionar y la responsabilidad de la Fuerza Aérea (en el área del Primer Cuerpo del Ejército) bajo el mando del brigadier general Orlando Ramón Agosti, quien integró la junta militar entre el 24 de marzo de 1976 y enero de 1979.

En una resolución de 1300 páginas que da por terminada esta parte de la pesquisa, Rafecas sostiene que está probada la intervención de los diez imputados en 95 privaciones de la libertad y torturas, además del homicidio de una pareja (Oscar Varela y Elsa Ramona Radisic). Describe que los detenidos eran sometidos a “condiciones de existencia inhumanas y degradantes, como el tabicamiento, la sujeción e inmovilización, la exposición a desnudez, las constantes amenazas a ser torturado o asesinado, la prohibición del habla, el alojamiento de los detenidos en lugares insalubres, la tortura con picana, la aplicación de golpes, y en este particular caso se verificó el sometimiento en el caso de catorce personas –doce de ellas mujeres– a torturas de carácter sexual, signadas por violencia de género”.

En el circuito represivo investigado, destaca Rafecas, se registró en forma generalizada el sometimiento de las detenidas a distintos tipos de abusos, prácticas que fueron consideradas como “torturas de carácter sexual”.

Posponen juicio a ex dictador Bignone

El proceso contra Reynaldo Bignone, último dictador del país, está acusado de operar un centro clandestino de detención

JUICIO. Bignone, de 83 años, enfrentará su cuarto juicio luego de que el pasado 14 de abril fuera condenado a cadena perpetua.

La justicia argentina postergó hoy de manera indefinida el inicio del cuarto juicio en contra del ex dictador Reynaldo Bignone, acusado de delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar (1976-1983).

El Tribunal Oral Federal Número 2 de Buenos Aires explicó que en las próximas semanas dará a conocer la nueva fecha del proceso en el que se investiga la participación del ex presidente de facto en la operación de un centro clandestino de detención.

Agregó que, una vez que inicie el juicio en el que testificarán 24 personas y en el que están acusados otros cuatro ex represores, el veredicto estará listo a más tardar en un mes.

Esta causa se refiere a la existencia de una cárcel ilegal que fue montada en un hospital y en el cual por lo menos fueron secuestradas 22 personas, cinco de las cuales sufrieron torturas.

Bignone, de 83 años, enfrentará así su cuarto juicio luego de que el pasado 14 de abril fuera condenado a cadena perpetua por el secuestro, tortura y asesinato de dos militantes políticos en la recta final de la dictadura.

El año pasado, quien fuera presidente de facto en Argentina entre el 2 de julio de 1982 y el 10 de diciembre de 1983, ya había sido condenado a 25 años de prisión como coautor de 56 casos de allanamiento ilegal, robo, secuestros y torturas.

Además, está en marcha un proceso en su contra por el robo de 33 bebés nacidos en centros clandestinos de detención y entregados en adopciones ilegales, delito compartido con el también dictador Jorge Rafael Videla.

Bignone, quien será recordado como el último dictador argentino, es uno de los máximos símbolos del terrorismo de Estado que dejó una estela de 30 mil desaparecidos y 500 bebés robados en centros clandestinos de detención.

Durante sus juicios, ha defendido, sin embargo, la sangrienta represión que se ejerció durante la dictadura con el argumento de que sólo así se podía combatir al 'comunismo subversivo' .

Audiencia en la Cámara de Casación para revertir absolución de un represor.

 Una nueva oportunidad para hacer justicia:

El represor Alejandro Duret, ex jefe de inteligencia del Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul, fue identificado como el responsable de la desaparición de Carlos Labolita, pero fue absuelto. Casación debe resolver si mantiene ese fallo.

 Por Diego Martínez

El 27 de abril de 1976, como jefe de inteligencia del Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul, el teniente Alejandro Duret recibió a Carlos Labolita detenido y lo convirtió en desaparecido. Los policías que sin suerte pidieron constancia de entrega vieron cuando le ponían la capucha. En la madrugada del 1º de mayo, acompañados por el cautivo destrozado por la tortura, un grupo de tareas allanó la casa de la familia en Las Flores. Lo encabezaba un oficial alto y rubio que la madre de Labolita había visto el 24 de marzo cuando detuvo a su esposo y al que identificó luego como Duret, acusación que confirmó durante un careo en 1985. El 3 de julio de 2009, a cinco días de la derrota electoral del kirchnerismo, los jueces Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo hicieron propios los argumentos del defensor y absolvieron al militar. Ayer, ante una sala colmada por familiares y amigos de víctimas de la dictadura de Las Flores pero también por militares retirados y por la apologista del genocidio Cecilia Pando, los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal tomaron nota de las pruebas y argumentos de las partes. Mariano González Palazzo, Gustavo Hornos y Augusto Díaz Ojeda tienen ahora veinte días, bien para anular el fallo y condenar a Duret, bien para confirmar la absolución que represores y cómplices celebraron hace dos años como el comienzo del fin del proceso de justicia por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

Labolita, de 23 años, casado con Gladis D’Alessandro, estudiaba sociología en La Plata y trabajaba en la petroquímica de Berazategui. Meses antes del golpe, por seguridad, la pareja abandonó su departamento. Se alojó primero en casa de Néstor y Cristina Kirchner, luego en una pensión. El 24 de marzo, treinta hombres al mando de Duret detuvieron a su padre. El militar admitió en los ’80 que “le tocó recibir el mensaje militar, secreto y encriptado” y “cumplir con la detención de Carlos Orlando Labolita”, y diferenció la información que ordenaba las capturas. La del padre era por “su actividad docente y su actuación afín a promover la teoría marxista”. “De Carlos Alberto, el mensaje militar cifrado lo vinculaba a la actividad terrorista, sindicándolo como integrante de la Organización Montoneros”. “Al no ser hallado Carlos Alberto Labolita el 24 de marzo –agregó–, el personal policial quedó con la consigna de proveer cualquier noticia que hubiera respecto de su presencia en Las Flores.”

Labolita visitó a su madre el 25 de abril. Media hora después lo detuvo la policía. En la comisaría dejaron constancia de que estaba “a disposición del área militar 125”. Dos días después se lo entregaron a dos uniformados en el cuartel de Azul. Policías que participaron del traslado declararon que Labolita no había sido golpeado, que vieron cuando lo encapuchaban y que les negaron un recibo de entrega. Uno identificó en 1985 a Duret, dato que reconoció en el juicio oral cuando le leyeron su testimonio.

Cinco días después, una patota a cara descubierta allanó la casa de Las Flores. Llevaban a Labolita con las manos atadas, encapuchado y descalzo. “Hace cinco días que estoy en la parrilla”, le confió a Gladis. Rosa Banegas, madre de Carlos, reconoció entre los secuestradores al joven alto y rubio que se había llevado a su esposo. Cuando ambas mujeres pidieron explicaciones, el jefe del cuartel les dijo que lo habían liberado. Sobrevivientes del centro clandestino de Azul fueron interrogados sobre Labolita. “A ése ya lo tenemos”, les confió un torturador.

En 1981, Rosa denunció la última visita de su hijo ante el subcomisario Héctor Bicarelli, juzgado en estos días por crímenes en Necochea. Contó que incluso increpó a Duret: “¿Qué buscás si ya estuviste?”. En 1985, en un careo frente a frente, Rosa no dudó en identificarlo. Duret respondió “casi con seguridad” que no había vuelto al hogar de Labolita tras el 24 de marzo y ante la firmeza de la mujer concedió que pudo haber ido a buscar libros o documentos. La declaración se incorporó por lectura, Rosa murió antes del juicio. Sus hijas y Gladis, en cambio, describieron al oficial que daba las órdenes. Los legajos de oficiales de Azul de 1976, en tanto, permitieron descartar que hubiera otro militar con esa fisonomía.

En 2009, el juez Carlos Rozanski votó en minoría por la condena. Esmoris y Jarazo, igual que el defensor Gerardo Ibáñez, pintaron a Duret como un oficial de bajo rango pese a que integraba el Estado Mayor, desacreditaron el relato de la madre de Labolita, que no podía ratificarlo, y el de los policías que entregaron al detenido por ser posibles imputados, objeción que debieron formular antes de citarlos. El fiscal Horacio Azzolín y el abogado César Sivo desmenuzaron ayer las incongruencias de la absolución, la eliminación artificial de pruebas de cargo, y pidieron la condena de Duret, que prefirió no pisar la sala. Ahora Casación tiene la palabra.